Colombia: Graves deficiencias en la protección de líderes sociales
Leer una descripción de texto de este vídeo
El simple hecho de intentar defender los derechos fundamentales,
los derechos humanos en una comunidad,
es para ser declarado “objetivo militar”.
En noviembre de 2016, el gobierno colombiano y las FARC llegaron a un histórico acuerdo de paz,
que llevó a la desmovilización de la guerrilla.
El acuerdo incluyó iniciativas específicas para prevenir asesinatos de defensores de derechos humanos.
Sin embargo, estos asesinatos han aumentado a medida que otros grupos armados
han ido ocupando el vacío que dejaron las FARC.
Defensoras y defensores de derechos humanos,
incluyendo líderes comunales, indígenas, campesinos y afro-colombianos,
han sido asesinados en zonas remotas a lo largo del país
donde la presencia del Estado es precaria.
Hubo después del acuerdo de paz, un tiempo, unos meses de mucha tranquilidad, realmente de paz
pero posteriormente estos territorios fueron ocupados por grupos armados
que se declararon en disidencia o nuevos grupos en función del negocio del narcotráfico,
para cuidar las rutas, para cuidar cultivos, para cuidar el laboratorio.
Como hay esa ausencia total del Estado,
nos toca a las comunidades asumir la responsabilidad
de gestionar la resolución de los distintos problemas que se nos presentan
y buscar que los derechos sociales, económicos, culturales y políticos sean
reconocidos, respetados, y que podamos hacer disfrute de ellos.
El Estado nos reconoce como defensoras y defensores de derechos humanos
porque ellos se han dado cuenta que nosotros estamos donde ellos no están,
que hacemos lo que a ellos les corresponde hacer.
Pero nosotros lo hacemos de manera voluntaria por el amor y el respeto a nuestra comunidad
porque conocemos integralmente el territorio,
conocemos las necesidades de la gente y vivimos esas necesidades.
Debido a la limitada presencia del estado en algunas zonas del país, en su mayoría rurales,
las organizaciones sociales llevan a cabo tareas normalmente asignadas a funcionarios del gobierno.
Esto aumenta la visibilidad de los defensores de derechos humanos y los expone a mayores riesgos.
Sentencian a muerte a todo aquel que denuncie,
que ponga en conocimiento público los atropellos, las violaciones a los derechos humanos,
la corrupción, las violaciones a las mujeres.
El grupo armado ilegal que opera en el territorio quiere es
la subordinación del territorio y su comunidad hacia ellos.
La pelea por los derechos humanos se ve restringida por la presión de estos grupos.
Colombia ha adoptado una amplia variedad de mecanismos para
prevenir abusos y proteger a los defensores de derechos humanos.
Sin embargo, su implementación ha sido pobre.
La Unidad Nacional de Protección ha hecho grandes esfuerzos para proporcionar esquemas de protección.
Pero la unidad enfrenta limitaciones presupuestarias
y la mayoría de los defensores asesinados no estaban en su radar.
Ellos piensan que tener un carro, tener un guardaespald
que esa es la solución a los conflictos que tenemos aca como sociedad civil,
y que defendemos derechos, y no es así.
Lo que necesitamos es que el Estado implemente los programas de protección colectiva
que nos serviría para liberar los territorios de los actores armados
para que las autoridades tradicionales puedan ejercer su rol
para [ayudar a] tener acceso a los servicios del Estado
y a los derechos económicos, sociales y culturales, que en última
son los que permiten que haya condiciones de vida digna.
Los esfuerzos para llevar a los responsables de asesinatos
de defensores de derechos humanos ante la justicia han sido más significativos.
No obstante, hacen falta avances serios para procesar a los determinadores,
es decir, quienes ordenaron estos asesinatos, y para desmantelar a los grupos armados.
Si ha habido aprensiones, ha habido capturas y eliminación fisica de, de algún miembro o algún jefe,
de algún grupo o banda armada ilegal. Pero nosotros vemos que las estructuras no
no se terminan, no se eliminan, ni siquiera se captura a toda la estructura.
El gobierno del Presidente Iván Duque ha anunciado nuevos planes para proteger a los defensores de derechos humanos,
en lugar de implementar debidamente los planes ya existentes.
Estos nuevos mecanismos no han tenido un impacto significativo en los territorios.
Vemos mucho discurso, pero realmente ya en la acción vemos muy poco.
Ya estamos hasta la coronilla de tantos planes, de tantas estrategias que no funcionan
que no se formulan con la gente, que no involucran a la gente.
Tanto diagnóstico ya estamos sobre diagnosticados.
A menos que el gobierno tome medidas serias de inmediato, es probable que muchos más
defensores y defensoras de derechos humanos sean asesinados en Colombia
y, en consecuencia, que cientos de comunidades queden indefensas.
(Washington D.C., 10 de febrero de 2021) – Mientras los grupos armados en Colombia asesinan de forma constante a defensores de derechos humanos, el gobierno ha reaccionado lenta y deficientemente en la implementación de políticas para prevenir estos homicidios, señaló Human Rights Watch en un informe presentado hoy.
El informe de 136 páginas, “Líderes desprotegidos y comunidades indefensas: Asesinatos de defensores de derechos humanos en zonas remotas de Colombia”, documenta casos ocurridos en el país en los últimos cinco años, así como las graves deficiencias en los esfuerzos gubernamentales para prevenir estos abusos, proteger a los defensores y juzgar a los responsables de estos crímenes. Más de 400 defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia desde 2016, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
