(Beirut) – Las Naciones Unidas deberían exhortar a los Emiratos Árabes Unidos a que pongan fin a la represión de los derechos humanos y a renunciar a sus planes de expandir la producción de combustibles fósiles al tiempo que los países inician las negociaciones en la conferencia anual de la ONU sobre el clima en Dubái, señaló hoy Human Rights Watch. La ONU también debería trabajar con urgencia en la formulación de criterios para los futuros anfitriones de la COP, a fin de garantizar que la sociedad civil pueda participar de manera significativa en las negociaciones globales sobre el clima sin temor a represalias.
Los EAU serán sede de la 28.º Conferencia de los Estados Partes (COP28) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que se desarrollará del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023 en Dubái.
“Muchos activistas climáticos que viajan a la COP28 están sumamente preocupados por su propia seguridad en un país anfitrión que ha encarcelado a personas por sus publicaciones en redes sociales y que hace que, en la práctica, las protestas sean ilegales”, explicó Richard Pearshouse, director de Medioambiente de Human Rights Watch. “La CMNUCC debe reflexionar en profundidad sobre cómo han permitido que se lleven a cabo negociaciones globales sobre el clima en un país donde la sociedad civil no puede reclamar medidas ambiciosas para la eliminación gradual de los combustibles fósiles sin autocensura o temor”.
El temor de los activistas climáticos a la posibilidad de represalias no es infundado. El 28 de noviembre, James Lynch, fundador y codirector de la organización FairSquare, recibió la confirmación de que se había denegado su solicitud de visa para asistir a la COP28. La Dirección General de Asuntos Extranjeros y de Residencia de los EAU confirmó a Lynch por correo electrónico que su solicitud había sido rechazada. Al momento de la redacción de este artículo, Lynch no había recibido novedades de las autoridades de los EAU y no está claro si se le permitirá ingresar. En 2015, a Lynch, quien entonces era director interino de la división de Empresas y Derechos Humanos de Amnistía Internacional, se le negó el ingreso en el aeropuerto de Dubái debido a su labor por los derechos humanos.
En los EAU, las manifestaciones en la práctica son ilegales, y expresar críticas al gobierno constituye un delito penal. El secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas firmó un acuerdo de sede para la COP28 con el gobierno de los EAU el 1 de agosto, y manifestó que “habrá espacio para que los activistas climáticos se reúnan de manera pacífica y hagan oír sus voces”. Sin embargo, no está claro qué significa este compromiso en términos prácticos, dado que en los EAU la libertad de expresión y la posibilidad de protesta están sujetos a restricciones severas.
El acuerdo de sede entre la CMNUCC y los Emiratos Árabes Unidos no se ha difundido en forma pública. La falta de transparencia y el hecho de que la ONU no ha aportado claridad sobre cuáles serían los riesgos de criticar a los EAU y protestar durante la COP28 implican graves peligros para los activistas climáticos que asistan a la COP28, apuntó Human Rights Watch.
Incluir una referencia expresa a la eliminación progresiva de todos los combustibles fósiles en el documento final de la COP28 constituiría un paso crucial para prevenir los peores resultados de la crisis climática. Sin embargo, la represión que se ejerce desde hace décadas en los EAU contra la libertad de expresión, reunión y asociación plantea serios interrogantes con respecto a cómo la sociedad civil, los activistas, los defensores de derechos humanos y los periodistas presentes en la COP28 podrán participar de manera significativa y ejercer presión en reclamo de acciones ambiciosas, incluido el llamado a eliminar de manera gradual los combustibles fósiles.
En una carta dirigida a todas las partes de la CMNUCC a mediados de noviembre, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos instó a estas a “asignar a los derechos humanos un lugar central en todas las decisiones sobre el clima”.
Las negociaciones en el marco de la CMNUCC también podrían verse menoscabadas por los intereses corporativos de la industria de los combustibles fósiles en el país anfitrión. Los EAU anunciaron hace poco que ampliarían todos los aspectos de sus operaciones de combustibles fósiles, a pesar del consenso cada vez mayor de que no puede haber nuevos desarrollos de petróleo, gas o carbón si los gobiernos pretenden cumplir con los objetivos climáticos globales y proteger los derechos humanos.
En respuesta a una investigación realizada por el Center for Climate Reporting y la BBC que concluyó que los EAU tenían previsto aprovechar su papel de anfitriones de las conversaciones climáticas de la ONU como una oportunidad para alcanzar acuerdos sobre petróleo y gas con otros países, la Secretaría de la CMNUCC manifestó que se espera que los anfitriones de la COP actúen “sin sesgos, prejuicios, favoritismo, arbitrariedad, interés propio, preferencia ni condescendencia”. Dado que este anfitrión de la COP no parece haber cumplido con esas expectativas, le corresponde a la CMNUCC insistir en que haya un proceso para que en las futuras ediciones de la COP se evite una situación similar.
A fin de estar a la altura de sus compromisos en materia de derechos humanos y recobrar credibilidad en el proceso, la CMNUCC debe interpelar a los gobiernos de los EAU a que respeten los derechos humanos de todos los participantes de la COP28, incluido el derecho a hablar libremente, tanto en internet como en medios tradicionales, y a protestar dentro y fuera de la sede oficial de la conferencia.
La ONU también debería instar a los EAU a que liberen de forma inmediata e incondicional a todos los activistas y defensores de los derechos humanos detenidos arbitrariamente, incluido Ahmed Mansoor, para demostrar que tienen intención de facilitar negociaciones sobre el clima que sean sólidas y respetuosas de los derechos de las personas antes de la COP28, y también durante el evento y con posterioridad. La ONU debería asimismo abordar los abusos generalizados de los que son objeto los trabajadores migrantes en los EAU, muchos de los cuales ayudaron a preparar y hacer posible la COP28, pero experimentan abusos laborales, como aranceles exorbitantes por reclutamiento, el robo de salarios y la exposición peligrosa al calor extremo.
Los trabajadores migrantes constituyen el 88 % de la población, y muchos proceden de países vulnerables al clima como Bangladesh, Pakistán y Nepal. Human Rights Watch ha documentado recientemente que los abusos que enfrentan los trabajadores migrantes en los EAU guardan relación de manera más general con daños relacionados con el clima. Los EAU también prohíben los sindicatos, lo cual coarta la posibilidad de que los trabajadores migrantes reclamen mayores protecciones laborales.
Para esta COP climática y otras futuras, la CMNUCC también debería hacer público el acuerdo de sede y verificar que cumpla con lo establecido por el derecho internacional de los derechos humanos. La ONU debería establecer criterios de derechos humanos para los futuros anfitriones de la COP, incluida la obligación de efectivizar los derechos de libertad de expresión y de reunión, que son condiciones previas para que la COP logre un resultado ambicioso. La ONU también debería asegurar que los intereses de la industria de combustibles fósiles no menoscaben la credibilidad y el resultado de las negociaciones en las futuras ediciones de la COP.
“La ONU ha hecho caso omiso de la realidad incómoda de que las negociaciones climáticas se celebran en un país sumamente represivo que está decidido a expandir su industria de combustibles fósiles”, explicó Pearshouse. “Lo mínimo que puede hacer en esta instancia es exhortar a las autoridades de los EAU a que respeten sus compromisos de derechos humanos para con los participantes de la COP28 y los defensores de derechos humanos que están encarcelados”.