(Washington D.C.) – El gobierno de Estados Unidos no regula adecuadamente los hospitales privados sin fines de lucro ni brinda alternativas de atención médica de calidad, y esto perjudica el acceso a la atención de la salud, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El informe de 62 páginas, “In Sheep’s Clothing: United States’ Poorly Regulated Nonprofit Hospitals Undermine Health Care Access” [Apariencia pura: Regulación deficiente de hospitales sin fines de lucro de EE. UU. perjudica el acceso a la atención de la salud], describe cómo la falta de orientación y supervisión por parte del Gobierno de Estados Unidos permite a los hospitales privados exentos de impuestos gastar mucho menos en hacer accesibles los servicios de salud para las personas sin medios para pagar que las enormes subvenciones públicas que reciben. En 2020, por ejemplo, los hospitales sin fines de lucro recibieron en total beneficios fiscales cercanos a USD 28.000 millones, pero solo destinaron alrededor de USD 16.000 millones a brindar “atención benéfica” en forma gratuita o a un costo reducido, según indica Kaiser Family Foundation.
Human Rights Watch documentó cómo muchos hospitales sin fines de lucro operan más como corporaciones con fines de lucro y cobran altas tarifas e impulsan y persiguen en forma enérgica el cobro de facturas de las personas que no pueden afrontar su pago.
“Los hospitales sin fines de lucro están contribuyendo al endeudamiento asociado con la atención de la salud y emplean prácticas abusivas de facturación y cobro de deudas”, explicó Matt McConnell, investigador de justicia y derechos económicos de Human Rights Watch. “Esto sigue ocurriendo por la falta de pautas claras y la aplicación inadecuada por el gobierno federal de las regulaciones vigentes”.
Human Rights Watch consultó informes de organizaciones no gubernamentales, estudios académicos y gubernamentales, datos de departamentos y organismos federales, bibliografía médica y encuestas representativas a nivel nacional. Human Rights Watch también compiló informes de medios y estudios de todo Estados Unidos que documentan decenas de miles de demandas presentadas por hospitales sin fines de lucro contra pacientes en los últimos años.
Human Rights Watch concluyó que el modelo estadounidense consistente en subsidiar a hospitales privados con exenciones fiscales para lograr una mayor accesibilidad de la atención hospitalaria para pacientes sin seguro médico y con seguro insuficiente no se encuentra debidamente regulado, permite que haya prácticas abusivas de facturación de servicios médicos y cobro de deudas, y cercena derechos humanos, incluidos el derecho a la salud y el derecho a la seguridad social.
Los hospitales sin fines de lucro gestionados en forma privada representan casi el 60% de los más de 5.000 hospitales comunitarios que hay en Estados Unidos. Cada año, los hospitales privados sin fines de lucro reciben subsidios públicos por un valor colectivo de decenas de miles de millones de dólares, en gran parte en forma de exenciones fiscales, a cambio de proporcionar “beneficios comunitarios”, como atención médica gratuita o a precio reducido para pacientes sin seguro o con seguro insuficiente.
Estados Unidos emplea asiduamente esta “atención benéfica” a través de hospitales sin fines de lucro para proporcionar atención a personas que no pueden costear el tratamiento que precisan. Sin embargo, la falta de orientación y supervisión por parte de las autoridades federales hace que estos hospitales tengan amplia discrecionalidad con respecto a cuánto gastan para que la atención resulte accesible a las personas que no pueden pagar, quiénes reúnen las condiciones para esta asistencia y hasta qué extremo están dispuestos a llegar para cobrar las deudas de los pacientes que no pueden pagar sus cuentas.
Como consecuencia de la regulación inadecuada, algunos hospitales sin fines de lucro recurren a prácticas abusivas de facturación médica y de cobro de deudas, incluso a través de la interposición de demandas y la comercialización de deudas a terceros cobradores.
No todos los hospitales sin fines de lucro de Estados Unidos recurren a estas prácticas y no son los únicos que contribuyen a la crisis de la deuda médica del país. Pero muchas de estas instituciones benéficas no están financiando la atención médica accesible en una proporción semejante a los subsidios públicos que reciben.
Pareciera haber poca diferencia entre cuánto gastan los hospitales con fines de lucro y aquellos sin fines de lucro para brindar atención gratuita y a precios reducidos. Por ejemplo, un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica, de carácter apartidista, encontró que la atención benéfica representó apenas el 1,5 % del gasto medio de los hospitales sin fines de lucro en 2018. La media de los hospitales que sí persiguen fines de lucro gastó casi lo mismo ese año, en tanto esos hospitales destinaron el 1,4 % de los gastos a la atención benéfica.
Este sistema profundamente viciado también afecta otros derechos, ya que el dinero necesario para pagar una atención hospitalaria costosa o la deuda por servicios médicos se obtiene dejando de cubrir otras necesidades como vivienda, educación y alimentos. Esto también profundiza las formas existentes de discriminación estructural, que afectan de manera desproporcionada a las mujeres, las comunidades de color, las personas con ingresos bajos y las personas con discapacidad.
Estados Unidos debe asegurar el acceso igualitario a una atención de la salud de calidad, con independencia de la capacidad de pago que tenga una persona. Para cumplir con este estándar, Estados Unidos debería apartarse de su modelo de servicios hospitalarios que dependen de la beneficencia y adoptar un modelo que resulte asequible para todas las personas.
En vez, Estados Unidos debería considerar las medidas adoptadas por muchos otros países de ingresos altos, como crear un sistema de salud pública que sea universalmente accesible para todos, con independencia de la capacidad de pago de las personas, la cobertura de seguro de salud universal o una combinación de estos.
En el corto plazo, el Servicio de Impuestos Internos y los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, las principales autoridades de regulación de los hospitales sin fines de lucro, deberían adoptar nuevas políticas y modificar las existentes para cerciorarse de que los hospitales sin fines de lucro proporcionen beneficios de atención de la salud a las comunidades a las que pertenecen, los cuales deberían ser al menos acordes con las exenciones fiscales que perciben.
Los legisladores nacionales y de los estados, al igual que otras autoridades administrativas pertinentes, como la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor, también deberían regular tanto a los hospitales sin fines de lucro como a los terceros cobradores de deudas para prohibir prácticas que sean particularmente perjudiciales, por ejemplo, la confiscación de la vivienda principal de una persona.
“El acceso a la atención de la salud no debería depender de la capacidad de pago de las personas”, explicó McConnell. “Para hacer realidad el derecho a la salud, Estados Unidos debe repensar cómo prestar atención médica a todas las personas. En este momento, puede dar un paso en la dirección correcta asegurando que los subsidios públicos que reciben los hospitales sin fines de lucro no contribuyan a prácticas que agobian a las personas con deudas que nunca podrán pagar”.
