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Asia del Sur: la justicia y los servicios pueden frenar la violencia sexual

La defensa de la pena de muerte ignora las soluciones reales a los errores regionales

(Nueva York) – Los gobiernos de Asia del Sur deberían ignorar la retórica populista a favor de la pena de muerte y escuchar a sus propios expertos para prevenir y poner fin a la violencia sexual contra las mujeres, recomendó Human Rights Watch en un video publicado hoy. Expertos en violencia sexual de Afganistán, Bangladesh, India, Maldivas, Nepal, Pakistán y Sri Lanka están abordando los crecientes movimientos de protesta en toda la región provocados por la mala gestión del gobierno frente a una serie de casos de violencia sexual de alto perfil.

“Las mujeres y niñas del sur de Asia están hartas de que sus gobiernos no hagan nada para lidiar con la violencia sexual”, dijo Meenakshi Ganguly, directora para Asia Meridional de Human Rights Watch. “Durante mucho tiempo han visto cómo sus gobiernos toleran, o incluso facilitan, la impunidad ante la violencia sexual, y están tomando las calles y exigiendo un cambio inmediato”.

En Pakistán, un jefe de policía criticó a una mujer que fue violada en grupo delante de sus hijos porque su coche se había quedado sin combustible. En India, la policía y las autoridades gubernamentales negaron que una mujer dalit de 19 años fuera violada en grupo a pesar de su declaración en su lecho de muerte, presuntamente para proteger a los acusados, que supuestamente pertenecían a una casta dominante. El primer ministro del estado acusó a los manifestantes que pedían justicia de ser “anarquistas”. En Bangladesh, el gobierno no tomó medidas para contener la propagación viral de un video de un grupo de hombres atacando, desnudando y agrediendo sexualmente a una mujer. Los tres casos dieron lugar a protestas en 2020 por parte de activistas por los derechos de las mujeres.

Las mujeres en Maldivas han protestado contra la violencia endémica de género, incluida la violencia sexual, y la inacción del gobierno. En Nepal, las protestas han sido provocadas por varios casos impactantes de violación, mientras que el gobierno tampoco ha respondido a una nueva ola de violencia de género en medios electrónicos. En Afganistán, las mujeres atrapadas entre la incapacidad del gobierno para proteger a las mujeres de la violencia y las represivas restricciones de los talibanes a la libertad de movimiento y sus derechos a la educación y el trabajo están reivindicando sus derechos en las protestas y las conversaciones de paz. En Sri Lanka, activistas exigen una reforma a la ley sobre violencia sexual, mientras que un movimiento de protesta de mujeres que busca información sobre seres queridos desaparecidos afronta la intimidación de las autoridades.

Activistas en muchos países de la región, han adaptado una canción de protesta chilena, “Un violador en tu camino”, traduciéndola a los idiomas locales y representándola en las manifestaciones. “El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer, y nuestro castigo es la violencia que no ves”, dice la canción. “El violador eres tú. Son los pacos (policías), son los jueces, el Estado, el presidente. El Estado opresor es un macho violador”.

Los expertos entrevistados por Human Rights Watch describieron los pasos clave que los gobiernos deberían tomar para responder a la violencia sexual. Las sobrevivientes a menudo tienen dificultades para acceder a los servicios. “Necesitamos más servicios de salud dirigidos a las sobrevivientes, necesitamos más servicios legales, necesitamos que la policía esté sensibilizada”, dijo Ambika Satkunanathan, ex comisionada de derechos humanos en Sri Lanka. “Por lo tanto, no es un proyecto a corto plazo, por así decirlo, sino que requiere un cambio a largo plazo para abordar el problema”.

En algunos países es urgente una reforma legal, pero aún más importantes son las brechas en la aplicación de la ley, que niegan justicia a las sobrevivientes. “Tenemos leyes y tenemos ciertos procedimientos”, señaló Farieha Aziz, cofundadora de la organización Bolo Bhi en Pakistán. “Pero es necesario que se implementen”.

Cuando las sobrevivientes buscan justicia, a menudo se encuentran con obstáculos insuperables en los tribunales. Las tasas de condenas por violencia sexual son extremadamente bajas en toda la región. Por ejemplo, en Bangladesh se estima que menos del uno por ciento de los casos de violación investigados por la policía acaban en una condena.

“No se trata solo de que la policía registre el caso”, dijo la Dra. Lhamo Yangchen Sherpa, una experta en Nepal. “Luego tienes que ir a la corte, lo que puede llevar años y años. … [Los acusados] tienen buenos abogados, lo que significa que el caso o se disuelve o se prolonga por mucho tiempo. Es por eso que las víctimas no denuncian o resuelven los casos fuera de los tribunales”.

Las personas sobrevivientes a menudo vuelven a traumatizarse durante el proceso legal. “Los jueces todavía consideran a la víctima como un o una criminal y hacen muchas preguntas que van en contra de la dignidad humana”, dijo Shabnam Salehi, comisionada de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán.

Fundamentalmente, los gobiernos deben hacer más para prevenir la violencia sexual, incluso tomar medidas para acabar con la desigualdad de género en la sociedad. “Un tema por el que hemos abogando y peleado es que la educación sexual integral sea obligatoria en todas nuestras escuelas”, dijo Umama Zillur, fundadora y directora de Kotha, una organización feminista contra la violencia de género en Bangladesh. Muchos niños y niñas en Asia del Sur reciben poca o ninguna educación en la escuela sobre sexualidad, consentimiento y relaciones saludables.

En lugar de tomar las medidas necesarias para lograr un cambio significativo, algunos gobiernos de la región han respondido a las protestas haciendo llamados populistas para ejecutar a los violadores. El primer ministro de Pakistán hizo un llamado para que los violadores sean ejecutados en público. En 2020, Bangladesh impuso la pena de muerte por violación. La ley india permite la pena capital para los infractores reincidentes o para la violación de niños menores de 12 años.

Los expertos coinciden en que la pena de muerte no es una solución. La imposición de la muerte puede disuadir aún más a algunas víctimas a denunciar su caso, y los expertos expresaron su preocupación por los deficientes sistemas de justicia que ejercen ese poder y el impacto de sistemas judiciales débiles en los derechos procesales, incluido el derecho a un juicio justo. “Cuando no se cuenta con un sistema de justicia fuerte, una sentencia de muerte puede resultar en la muerte de una persona inocente”, dijo Ikleela Hameed, fundadora de Voice of Children en Maldivas.

““[La] pena de muerte no es un elemento disuasorio de ningún delito”, dijo Vrinda Grover, una abogada de India. “Deja que el Estado se salga con la suya sin hacer el trabajo que debería hacer para garantizar que mujeres y niñas vivan libremente en este país”.
 

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