Las imágenes satelitales que circulan en redes sociales muestran marcadas caídas en la contaminación del aire en focos de coronavirus en todo el mundo, algo que ofrece una faceta esperanzadora en una historia que, por lo demás, es sumamente sombría. No obstante, estas imágenes representan también un gráfico recordatorio de la crisis climática que seguirá su curso después de la pandemia.
Cuando se levanten las medidas de confinamiento y la vida vuelva a desarrollarse como solía hacerlo, ocurrirá lo mismo con la contaminación que ensombrece los cielos y, junto con ella, los gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento global.
De hecho, el rebote podría ser aún peor.
Tras la crisis financiera mundial de 2008, las emisiones globales de CO2 provenientes de la combustión de combustibles fósiles y de la producción de cemento se redujeron inicialmente en un 1,4 %, para luego aumentar un 5,9 % en 2010. Y esta vez, la crisis podría tener un mayor impacto a largo plazo sobre el medioambiente —con un costo mucho mayor para la salud humana, la seguridad y la vida— si logra descarrilar las iniciativas globales para abordar el cambio climático.
Este debía ser un “año decisivo” para las iniciativas contra el cambio climático, tal como lo señaló el secretario general de la ONU António Guterres en una reciente comparecencia relativa a la cumbre anual sobre la acción climática de la ONU, que iba a tener lugar en Glasgow en el mes de noviembre.
De cara a la cumbre, se esperaba que 196 países presentaran nuevos, y más ambiciosos, planes para cumplir con las metas de reducción de emisiones establecidas conforme al Acuerdo de París de 2015. No obstante, el 1 de abril, frente al avance de la pandemia del coronavirus, la ONU anunció que postergaría la cumbre hasta el año próximo. el.
Esta fue apenas la última señal de que, entre las víctimas del COVID-19, también podrían contarse las iniciativas globales contra el cambio climático. Otras reuniones internacionales vinculadas con el clima —sobre la biodiversidad y los océanos— también se han visto alteradas. Aunque la necesidad de movilizar a los gobiernos para que adopten medidas rpara mitigar el calentamiento global nunca ha sido más urgente, en esta coyuntura se agrega la dificultad de no poder reunir a los líderes mundiales para abordar la cuestión.
La crisis del coronavirus también amenaza las iniciativas locales para cumplir con los compromisos ya asumidos en materia climática.
La Unión Europea está bajo presión para suspender iniciativas climáticas trascendentales. Polonia ha instado a que se difiera un programa de comercio de carbono, y la República Checa ha exhortado a que se desista del emblemático proyecto de ley sobre el clima de la UE, al tiempo que las aerolíneas han presionado a las autoridades con el fin de que posterguen las políticas de reducción de emisiones. China ya ha anunciado esas postergaciones, al extender los plazos para que las empresas puedan cumplir con las normas ambientales y posponer una subasta por la cual se otorgaría el derecho a construir enormes parques solares.
En Estados Unidos, tras el pedido de un poderoso lobby petrolero al gobierno de Trump para que flexibilizara la aplicación de las normas del sector, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) señaló que no sancionaría a las empresas que incumplan los requisitos federales de monitoreo o de presentación de informes si pueden demostrar que su incumplimiento se debió a la pandemia. Además, la EPA recientemente anunció que dejarían de aplicarse las normas sobre emisiones de automotores, una pieza clave en los esfuerzos estadounidenses para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Brasil, la autoridad federal ambiental anunció que flexibilizará sus actividades de fiscalización, que incluyen proteger a la Amazonia de la deforestación cada vez más intensa que podría tener como consecuencia la liberación de grandes cantidades de gases de efecto invernadero almacenados en uno de los sumideros de carbono más importantes del mundo.
Los gobiernos tienen una obligación de derechos humanos de proteger a las personas del daño ambiental, y esto incluye el deber de abordar el cambio climático.
Es posible que tengan motivos válidos para relajar temporalmente la aplicación de algunas normas ambientales en medio de los esfuerzos por intentar contener la pandemia y salvar sus economías. Sin embargo, estas medidas podrían ocasionar un daño permanente si se utilizaran para favorecer las agendas más amplias contra la protección ambiental de líderes como el presidente Donald Trump y el presidente de Brasil Jair Bolsonaro, que se oponen a las iniciativas globales para abordar el cambio climático.
El impacto real de la crisis del coronavirus sobre el planeta podría depender, en última instancia, de las decisiones que se tomen en función de cómo los gobiernos desean que luzcan sus economías cuando se recuperen y, en particular, en qué grado seguirán dependiendo de los combustibles fósiles. Si se pretende cumplir con el objetivo principal del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global, se deberá reducir la incidencia de esos combustibles.
Y en este punto, es posible que, en medio de la crisis, se abra una posibilidad esperanzadora.
Muchos consideran que los esfuerzos para contener las secuelas económicas que trae aparejadas la pandemia son también una oportunidad para acelerar la transición hacia alternativas energéticas más limpias, como las energías solar y eólica. Se podría exigir, por ejemplo, que los programas de estímulo económico den prioridad a las inversiones en energía sostenible, o establecer como condición para brindar asistencia que las empresas —especialmente las que pertenecen a sectores con altas emisiones de carbono— reduzcan drásticamente sus emanaciones. Asimismo, podría establecerse que, en los rescates para el sector financiero, se exija a los bancos que inviertan menos en combustibles fósiles y más en iniciativas de mitigación y resiliencia ante el cambio climático.
En Estados Unidos, los congresistas del Partido Demócrata propugnaron tales medidas en las negociaciones del último paquete de estímulo. En respuesta, el Presidente Trump amenazó con la posibilidad de vetar la iniciativa, y expresó en un tuit: “No estamos hablando del ridículo Nuevo Pacto Verde”. Las medidas propuestas no prosperaron. No obstante, los demócratas lograron bloquear USD 3000 millones que los republicanos pretendían emplear para la compra de petróleo destinado a la reserva estratégica.
En Europa, las perspectivas para el estímulo verde son más prometedoras. En respuesta al llamamiento de un líder europeo a abandonar las medidas relacionadas con el clima, un portavoz de la EU se manifestó de manera categórica: “Si bien en lo inmediato debemos concentrarnos en combatir la COVID-19, nuestra labor relativa al cumplimiento del Pacto Verde Europeo continúa. La crisis del clima sigue siendo una realidad y requiere de nuestra atención y nuestro esfuerzo constantes”.
Los esfuerzos para asegurar que las protecciones de derechos humanos y los compromisos en materia climática no sucumban como consecuencia indirecta de la COVID-19 continuarán en EE. UU., en la UE y en todos los demás países a medida que los gobiernos asumen la tarea de volver a poner en marcha sus economías en las semanas y meses venideros. El resultado que se alcance definirá nuestra capacidad y nuestra voluntad de mitigar lo que podría ser una catástrofe global mucho mayor —incluso— que la pandemia del virus.
