(Palma de Mallorca, 27 de mayo de 2019) – Más países están protegiendo a estudiantes, docentes y escuelas de las perniciosas consecuencias del uso militar de establecimientos educativos en épocas de guerra, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy, en vísperas de la III Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras que tendrá lugar el 28 y 29 de mayo de 2019 en Palma de Mallorca, España.
El informe de 137 páginas, “Prevenir el uso militar de escuelas: Leyes, políticas y doctrina militar” (“Protecting Schools from Military Use: Law, Policy, and Military Doctrine”), presenta ejemplos de normas y prácticas de 50 países, desde Afganistán hasta Yemen, que brindan algún tipo de protección para prevenir el uso militar de escuelas o universidades. Muchos de los ejemplos son de países que actualmente están en situación de conflicto armado o lo estuvieron recientemente.
“Cuando se desata un conflicto bélico, es común que las escuelas queden en el campo de batalla y que las aulas se conviertan en bases militares o búnkeres, o que se usen para guardar armas”, expresó Bede Sheppard, subdirector de Derechos del Niño de Human Rights Watch. “Pero cada vez son más las fuerzas militares que afirman que, con las políticas y medidas de planificación adecuadas, encuentran modos alternativos de desplegar a sus fuerzas sin tener que usar edificios educativos”.
El informe aborda las protecciones para escuelas y universidades contempladas en leyes, jurisprudencia, manuales militares, políticas militares y otras declaraciones de políticas.
Los gobiernos y las fuerzas armadas con experiencia directa en los problemas causados por el uso militar de escuelas han encontrado soluciones prácticas para disuadir esa práctica, señaló Human Rights Watch. Todos los gobiernos deberían seguir estos ejemplos y tomar medidas que aseguren que sus fuerzas se abstengan de usar escuelas para fines militares. Desde 2013, se ha documentado el uso militar de escuelas o universidades en al menos 30 países donde hay conflictos armados o inseguridad, según la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques, de la cual es miembro Human Rights Watch. Esa cifra representa a la mayoría de los países que sufrieron conflictos armados en ese período. Las fuerzas armadas toman escuelas y universidades en forma parcial o total para convertirlas en bases o cuarteles militares. Usan las escuelas para detener e interrogar a personas, entrenar a combatientes, almacenar armas y municiones o apoyar de otro modo la iniciativa militar.
Esta práctica pone en riesgo a alumnos y docentes, puede contribuir al deterioro y la destrucción de infraestructura educativa importante y puede interponerse al derecho de los estudiantes a la educación, señaló Human Rights Watch.
Junto con Noruega y Argentina, España organizará la III Conferencia Internacional sobre Escuelas Seguras, que reunirá a representantes de gobiernos de todo el mundo para tratar el problema global de los ataques contra estudiantes, docentes y escuelas, así como la cuestión conexa del uso militar de escuelas.
Muchos países que asistirán a la conferencia ya han respaldado la Declaración sobre Escuelas Seguras, un compromiso político que insta a los países a adoptar medidas concretas para que los alumnos, los docentes y las escuelas estén más seguros en épocas de conflicto armado, entre otras cosas, al asumir el compromiso de abstenerse de usar escuelas y universidades con fines militares. Se redactó en 2015 por iniciativa de Noruega y Argentina. Hasta el momento, 87 países han respaldado la declaración, y se espera que más lo hagan durante la conferencia.
Los gobiernos que todavía no han respaldado la Declaración sobre Escuelas Seguras deberían aprovechar la próxima conferencia para expresar su compromiso de proteger a niños y niñas, docentes y escuelas en contextos de guerra.
Los comités de las Naciones Unidas sobre derechos del niño, derechos de la mujer y derechos económicos y sociales, así como el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana y el Parlamento Europeo, han instado a todos los países a respaldar la Declaración sobre Escuelas Seguras. El Consejo de Seguridad de la ONU ha exhortado a todos los países a que “adopten medidas concretas” para disuadir el uso de escuelas por fuerzas armadas y grupos armados.
Desde 2009, Human Rights Watch ha investigado el uso militar de escuelas en Afganistán, Camerún, Colombia, la República Democrática del Congo, la República Centroafricana, India, Irak, Mozambique, Myanmar, Nigeria, Pakistán, Palestina, Filipinas, Somalia, Sudán del Sur, Siria, Tailandia, Ucrania y Yemen.
“Los gobiernos ahora saben que pueden tomar medidas sensatas para mantener seguros a los estudiantes durante los conflictos bélicos”, explicó Sheppard. “Casi la mitad de los países del mundo ya han respaldado la Declaración sobre Escuelas Seguras, y han reconocido así la importancia permanente de la educación para sus ciudadanos, incluso en períodos de conflicto armado”.
