(Washington, D.C.) – Evidencias inéditas comprometen al ex jefe del Ejército de Colombia, General Mario Montoya Uribe, en graves violaciones de derechos humanos, señaló hoy Human Rights Watch. Las evidencias muestran que el General Montoya no habría adoptado medidas razonables para impedir ni sancionar cientos de ejecuciones extrajudiciales. El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, debe reactivar el proceso penal contra el General Montoya, el cual se encuentra paralizado.
Montoya se encuentra bajo investigación al menos desde 2015 por casos de “falsos positivos” cometidos a lo largo del país mientras se desempeñó como comandante del Ejército entre febrero de 2006 y noviembre de 2008, un período durante el cual se registraron las cifras más altas de ejecuciones extrajudiciales. Los miles de casos de “falsos positivos”, perpetrados de manera sistemática por soldados a lo largo del país para incrementar fraudulentamente el número de bajas en combate, comenzaron a ocurrir de forma extendida en 2002. En marzo de 2016, Montoya fue citado a audiencia de imputación, pero la audiencia se suspendió y hasta el momento no se han formulado cargos en su contra.
“Montoya estuvo al frente del Ejército colombiano cuando se cometieron algunas de las atrocidades masivas más graves que hayan ocurrido en el hemisferio occidental en los últimos años”, manifestó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “El caso contra Montoya pone a prueba el compromiso del Fiscal Néstor Humberto Martínez de investigar penalmente a los máximos responsables de estos homicidios.”
En marzo de 2016, Montoya fue citado a una audiencia en la cual estaba previsto que fuera imputado, pero la Fiscalía General de la Nación suspendió la audiencia. En noviembre, abogados que representan a víctimas pidieron a la Fiscalía General de la Nación que fijara una fecha para una nueva audiencia, según se informó en los medios, pero esto no ha sucedido y Montoya no ha sido imputado. Días después, el fiscal a cargo del caso le habría contestado a los abogados de las víctimas que la fiscalía todavía estaba examinando la prueba contra Montoya. Sin embargo, abogados con conocimiento detallado del caso dijeron a Human Rights Watch que la investigación aparentemente se encuentra paralizada por decisión de las actuales autoridades de la Fiscalía General de la Nación.
En octubre de 2016, Human Rights Watch tuvo acceso a cientos de páginas de transcripciones de testimonios prestados por seis generales del Ejército a la Fiscalía General de la Nación, en audiencias celebradas a puertas cerradas entre agosto de 2015 y enero de 2016. Estos testimonios sugieren de manera convincente que el General Montoya sabía, o como mínimo contaba con información que demuestra que debería haber sabido, sobre los casos de falsos positivos cometidos bajo su mando, y no tomó medidas para impedir que siguieran ocurriendo.
Montoya es uno de los al menos 14 generales que están siendo investigados actualmente por su presunto rol en las muertes de falsos positivos. Otros generales bajo investigación son Luis Roberto Pico Hernández, quien estuvo al frente de una de las siete divisiones del Ejército en la época de Montoya, y Juan Pablo Rodríguez Barragán, actual comandante de las Fuerzas Militares de Colombia.
Human Rights Watch considera preocupante que la investigación penal de Montoya y otros oficiales pueda verse frustrada por la posibilidad de que muchos casos de falsos positivos sean juzgados en la Jurisdicción Especial para la Paz, un sistema judicial ad hoc creado por el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como parte del proceso de paz. Esta jurisdicción podría aplicar una definición restrictiva del principio de “responsabilidad de mando” que beneficiaría a los altos mandos del Ejército bajo investigación por los crímenes cometidos por sus subalternos.
Los testimonios a los que tuvo acceso Human Rights Watch muestran que el General Montoya no adoptó medidas para impedir los falsos positivos. Por ejemplo, el General Jorge Arturo Salgado Restrepo, que actualmente dirige una de las nueve divisiones del Ejército y también está siendo investigado, declaró ante la fiscalía que el General Montoya debió haber sabido sobre las ejecuciones de “falsos positivos” y no tomó medidas razonables para prevenir o castigar estos crímenes.
De manera similar, el General Gustavo Matamoros Camacho, quien fuera jefe de operaciones de Montoya, señaló que le advirtió a Montoya sobre irregularidades en las bajas en combate informadas en 2008, pero Montoya no adoptó medidas al respecto. Estas graves irregularidades debieron sugerirle a Montoya que las supuestas bajas eran en realidad ejecuciones extrajudiciales.
Estos testimonios se suman a otras pruebas que implican a Montoya. En 2009, el inspector general del Ejército informó a la Embajada de Estados Unidos que un factor clave detrás de los falsos positivos era la “constante presión de Montoya para [producir] bajas”, y manifestó que era uno de los oficiales que estuvieron “involucrados” en los crímenes, o que los “aprobaron tácitamente”, según un cable de la embajada examinado por Human Rights Watch. En 2015, el periodista colombiano Gonzalo Guillén entrevistó a un ex miembro del Ejército y paramilitar, quien sugirió que el General Montoya habría fomentado los falsos positivos.
En nuestro informe de junio de 2015, “El rol de los altos mandos en falsos positivos: Evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del Ejército colombiano por ejecuciones extrajudiciales”, Human Rights Watch presentó evidencias convincentes que sugieren que numerosos altos mandos, incluido el General Montoya, tendrían responsabilidad penal por casos de falsos positivos. Las evidencias contra Montoya que se exponen en el informe incluyen declaraciones de un oficial del Ejército, que declaró a la fiscalía que Montoya sabía de las ejecuciones cuando era el comandante del Ejército, y el testimonio del Teniente Coronel González del Río, quien afirmó que cuando Montoya desempeñaba ese cargo presionaba a los comandantes subordinados para elevar el número de bajas, los castigaba si no lo hacían, y era el principal “motivador” de falsos positivos.
“Las evidencias contra Montoya no dejan de acumularse, pero sólo juntan polvo en la estantería de una oficina de la Fiscalía General de la Nación”, declaró Vivanco. “Ya es hora de que la Fiscalía use la importante evidencia con la que cuenta y avancen en este caso”.
Montoya está siendo investigado por “homicidio en persona protegida”, un delito relacionado con el conflicto armado. Dado que la Jurisdicción Especial para la Paz tendrá competencia sobre casos que hayan tenido una “relación directa o indirecta” con el conflicto armado, es probable que este caso caiga dentro de su jurisdicción.
El componente de justicia del acuerdo de paz dispone que la Jurisdicción Especial aplicará una definición defectuosa del principio de responsabilidad de mando —es decir, la norma por la cual los superiores pueden responder por delitos que cometieron sus subordinados— que no se ajusta al derecho internacional. La definición podría exigir que las autoridades prueben que los comandantes efectivamente tenían conocimiento y control sobre las acciones de sus subordinados al momento en que cometieron los delitos.
Esta definición ad hoc del principio de responsabilidad de mando implicaría que los comandantes que no estuvieron presentes en el lugar de los hechos para ejercer control sobre sus soldados cuando se cometieron los delitos podrían evitar rendir cuentas ante la justicia.
Conforme al derecho internacional, los superiores tienen responsabilidad penal cuando estos sabían o deberían haber sabido que los subalternos bajo su control efectivo cometieron un delito, pero no adoptaron las medidas necesarias y razonables para prevenir o castigar estos actos.
“El caso de Montoya podría terminar siendo un ejemplo paradigmático sobre cómo las ambigüedades deliberadas que contiene el acuerdo de justicia pueden facilitar la impunidad de altos mandos del Ejército y negarles justicia a miles de víctimas”, sostuvo Vivanco.
Nuevos testimonios contra el General Montoya
En octubre de 2016, Human Rights Watch tuvo acceso a cientos de páginas de transcripciones de testimonios prestados por seis generales del Ejército a la Fiscalía General de la Nación. Estos testimonios sugieren de manera convincente que el General Montoya sabía, o como mínimo debería haber sabido, sobre las ejecuciones de falsos positivos bajo su mando, y no tomó medidas para impedir que siguieran ocurriendo.
Los oficiales que declararon en el caso contra el General Montoya son Freddy Padilla de León, comandante de las Fuerzas Militares colombianas entre 2006 y 2010; Gustavo Matamoros Camacho, jefe de operaciones del Ejército en 2008; Carlos Suárez Bustamante, quien fue el jefe de operaciones de las Fuerzas Militares en 2007 y 2008 y se desempeñó como inspector general del Ejército en 2009; Jorge Arturo Salgado Restrepo, quien en la actualidad comanda la Séptima División del Ejército y está siendo investigado por ejecuciones cometidas en 2006 y 2007; Reinaldo Castellanos Trujillo, comandante del Ejército hasta 2006; y Jorge Rodríguez Clavijo, que comandó la Cuarta Brigada del Ejército entre 2006 y 2007 mientras esta presuntamente participó en decenas de ejecuciones. Una parte de la declaración de Salgado fue publicada por el periódico colombiano El Espectador en abril de 2016.
Entre las pruebas que sugieren que Montoya sabía sobre los falsos positivos se incluyen las siguientes:
- El General Padilla de León, comandante de las Fuerzas Militares durante el período en que Montoya fue comandante del Ejército, señaló que, en 2007, Montoya y otros comandantes y funcionarios de alto rango, entre los cuales se encontraba el Presidente Juan Manuel Santos, que entonces era ministro de Defensa, se reunían con funcionarios del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) aproximadamente una vez por mes para recibir denuncias de ejecuciones extrajudiciales. El General Padilla señaló que estaban “aumentado” las denuncias contra el Ejército y que Montoya estaba al tanto de muchas de denuncias, porque se hablaba de estas en las reuniones a las que él asistía personalmente.
- El General Matamoros, que fue jefe de operaciones de Montoya en 2008, declaró a la fiscalía que, aproximadamente en marzo de 2008, funcionarios de la Fiscalía General de la Nación se reunieron con Montoya y le informaron sobre varios casos de “falsos positivos”.
Montoya como mínimo debió haber sabido sobre los falsos positivos
Las nuevas evidencias a las que tuvo acceso Human Rights Watch demuestran que Montoya tenía motivos para saber sobre los falsos positivos porque tenía un conocimiento detallado sobre las muertes en combate, acceso a reportes creíbles de falsos positivos, y sabía de las circunstancias implausibles de muchas de las bajas reportadas. De hecho, el General Matamoros, quien fue el jefe de operaciones de Montoya en 2008, dijo a la fiscalía que era posible que Montoya advirtiera que las muertes en combate informadas eran, en realidad, ejecuciones extrajudiciales.
De manera similar, el General Suárez señaló que mientras se desempeñó como inspector general del Ejército, inmediatamente después de la renuncia de Montoya, identificó numerosos falsos positivos en todo el país. Esto indica que habría sido posible que Montoya y sus inspectores estuvieran al tanto de estas ejecuciones extrajudiciales.
Las nuevas evidencias a las que tuvo acceso Human Rights Watch ofrecen diversas razones para creer que Montoya debió haber sabido sobre estas ejecuciones.
Primera razón: Montoya estaba al tanto de las circunstancias poco plausibles de las supuestas bajas en combate
Tal como señaló Human Rights Watch en El rol de los altos mandos en falsos positivos, las circunstancias poco plausibles de las supuestas bajas en combate deberían haber llevado a los comandantes a sospechar que se trataba de ejecuciones ilegales. Estas circunstancias poco plausibles incluyen los tipos de armas que presuntamente se encontraron en las víctimas, la ubicación y las funciones de las unidades militares que reportaron las muertes, y la gran cantidad de delincuentes comunes que se informaron como bajas en operativos militares. Las nuevas evidencias sugieren que el General Montoya sabía o podría haber sabido de estas irregularidades:
- Matamoros declaró a la fiscalía que había advertido a Montoya en 2008, en una reunión con otros oficiales de alto rango, que había irregularidades en las bajas informadas por las brigadas. En función de un análisis de las áreas en las cuales se informaron las muertes, Matamoros determinó que “la mayoría de las bajas no se estaban produciendo ahí en las áreas de base, que era donde se debían producir”. El General Matamoros también había notado, y le había dicho a Montoya, que “se estaba causando más bajas a milicianos con arma corta, que a encuadrillados con arma larga… y … que no se estaban identificando a los bandidos, sino que se estaban mandando ‘N. N.’ todos”. El General Matamoros señaló que esta información estaba “disponible” para los altos mandos, como Montoya, antes de que él fuera nombrado jefe de operaciones del Ejército en 2008.
- El General Salgado explicó a los fiscales que las circunstancias poco plausibles de las presuntas ejecuciones eran “fácil[es] de detectar” y que la cantidad de delincuentes comunes muertos en combate “deb[ía] crear una alerta” para los comandantes, porque el Ejército sólo puede aplicar la fuerza letal contra civiles en circunstancias excepcionales. Salgado también manifestó que los altos mandos del Ejército nunca preguntaban sobre las incongruencias que reportaban las brigadas, incluida la cantidad de muertes que se habían informado como “N. N.”, las numerosas ejecuciones informadas en áreas donde no había guerrillas y la cantidad de víctimas que se hallaron con pistolas y revólveres.
- Conforme a la legislación colombiana, tal como lo señalaron los generales Castellanos y Padilla de León en distintas declaraciones, se supone que el Ejército debe combatir la “delincuencia común” solamente en circunstancias excepcionales. No obstante, cifras oficiales presentadas por Human Rights Watch muestran que, entre 2004 y 2007, la cantidad de supuestos delincuentes comunes muertos en operaciones del Ejército aumentó un 1.200 por ciento, de 27 a 325. El General Suárez afirmó que el Ejército registraba estas muertes. Ello debió haber llevado al General Montoya a advertir irregularidades en las presuntas operaciones y a sospechar que se estaban produciendo ejecuciones ilegales.
- El General Rodríguez Clavijo declaró que el Batallón de Ingenieros Pedro Nel Ospina, bajo el mando del Coronel Edgar Emilio Ávila Doria, había reportado el mayor número de enemigos muertos en combate, al menos en 2006. Clavijo explicó que eso “no le cuadra[ba]” en ese momento, porque al tratarse de un batallón de ingenieros, se suponía que el Pedro Nel Ospina no debía participar en combates. Dado que Montoya tenía acceso a informes diarios y mensuales de las muertes informadas por cada unidad militar, esta información debió haberlo llevado a sospechar que se trataba de ejecuciones ilegales. (El medio de investigación colombiano La Silla Vacía cubrió el caso del Batallón Pedro Nel Ospina, y el Coronel Ávila Doria se encuentra bajo investigación).
Segunda razón: Montoya tuvo acceso a denuncias creíbles sobre falsos positivos
Al menos varios años antes de que se desatara el escándalo de Soacha a fines de 2008, ya habían trascendido denuncias públicas y creíbles de falsos positivos, como demostró Human Rights Watch. Las nuevas evidencias sugieren que estos señalamientos habían llegado a los más altos mandos del Ejército y que, por lo tanto, Montoya tenía acceso a ellos:
- El General Matamoros declaró que hubo “muchas” quejas de ejecuciones ilegales desde aproximadamente 2003 o 2004 por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Human Rights Watch y varias otras organizaciones.
- El General Salgado señaló que sabía que la Decimoprimera Brigada, bajo su mando, había recibido denuncias de falsos positivos y que la división a la cual pertenecía su brigada, la Séptima, había convocado reuniones “periódicamente” para analizarlas. En particular, Salgado recordó una reunión con comandantes de la Séptima División, que habría ocurrido alrededor de noviembre de 2007, durante la cual la CICR “[llamó] la atención sobre una cantidad de casos”.
- El General Padilla de León, comandante de las Fuerzas Militares durante el período en que Montoya fue comandante del Ejército, declaró que las fuerzas militares habían recibido múltiples denuncias de “procedimientos que no eran correctos”, incluso dos informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, en 2004 y 2005.
- El General Rodríguez Clavijo señaló que habló con el General Salgado cuando este fue nombrado comandante de la Decimoprimera Brigada en 2008 porque había “ruidos” acerca de los “resultados operacionales a los números que habían presentado sus antecesores” en la brigada.
Tercera razón: Montoya tenía un conocimiento detallado sobre las supuestas bajas en combate
Los oficiales de alto rango declararon que Montoya tenía un conocimiento detallado de las supuestas bajas en combate, lo cual hace todavía más probable que pudiera darse cuenta de que las brigadas del Ejército estaban perpetrando falsos positivos. Los generales señalaron que Montoya visitaba frecuentemente unidades militares, recibía informes diarios de actividades militares y tenía acceso a boletines mensuales y diarios sobre las muertes informadas por cada unidad. Su grado de conocimiento era tal que el General Matamoros sostuvo lo siguiente:
“Si alguien estaba enterado de todo lo que estaba pasando era el General Montoya. A pesar de que digan que él no sabía nada, si alguien no le llegaba a reportar a él… ese tipo firmaba su sentencia de muerte prácticamente. De tal manera que a él se le informaba absolutamente de todo y él estaba al tanto de absolutamente todo”.
Matamoros dijo que Montoya había dado órdenes de que debía ser informado inmediatamente sobre las bajas, y pedía detalles sobre cada una en particular, incluso sobre cómo había sucedido y dónde. De manera similar, el General Suárez dijo que en llamadas mensuales los comandantes daban detalles sobre las muertes, incluido dónde se habían producido, si los fallecidos pertenecían a guerrillas u otros grupos o eran delincuentes comunes, y qué armas se habían usado para matarlos. El General Montoya participaba de estas llamadas.
Cuarta razón: Las presiones de Montoya para incrementar el número de bajas
Las evidencias presentadas en El rol de los altos mandos en falsos positivos sugieren que los comandantes medían el éxito en función de las muertes en combate informadas y presionaban a los subordinados para que incrementaran estas cifras. Esta presión parece haber estado presente en toda la línea de mando del Ejército, desde el General Montoya hasta los soldados que llevaron a cabo las ejecuciones.
Las nuevas evidencias corroboran que las presiones del General Montoya para aumentar las muertes en combate podrían haber provocado los falsos positivos. A su vez, debido al modo irrazonable en que se ejercía esta presión sobre las brigadas —por ejemplo, comparando a brigadas que, por su ubicación y función, tenían más probabilidades de dar de baja a combatientes enemigos con otras que habitualmente no entraban en combate—, es probable que Montoya haya sabido que su política podría haber promovido que las tropas reportaran homicidios de civiles inocentes como bajas de enemigos muertos en combate. Entre las evidencias de que Montoya favoreció activamente las ejecuciones se encuentran las siguientes:
- El General Rodríguez Clavijo describió las presiones de Montoya para que hubiera bajas como “constantes”, y dijo que estas habían motivado las ejecuciones extrajudiciales. Clavijo señaló que Montoya se concentró de manera abrumadora en las bajas en combate, y no tomaba en cuenta otras variables relevantes. Clavijo manifestó que “nunca escuch[ó]” al General Montoya felicitar a un comandante porque una “zona [del país] estaba tranquila”. El General Clavijo dijo que creía que numerosos comandantes de brigadas fueron removidos de sus cargos porque no estaban reportando una cantidad significativa de muertes en combate en comparación con años anteriores. Como señaló el General Clavijo, esta exigencia “no tenía sentido” porque si los comandantes estaban “haciendo lo que tenía[n] que hacer, a no ser que el enemigo estuviera reclutando una cantidad impresionante de personas —que no nos había dado ese dato la Inteligencia— [...] se supone que [cada año] hab[ría] menos posibilidad de combate a [enemigos]”.
- El General Matamoros dijo que Montoya “clasificaba” las brigadas según el número de muertes que informaban y que había “gente que no estaba conforme porque había mucha gente que decía [...] ‘en mi área no pasa nada’, yo le decía al General Montoya, ‘mi General ¿cómo hago yo en Cundinamarca si no hay ningún bandido?’”. Matamoros declaró también que Montoya se concentraba en las muertes en combate y “los resultados daban una cantidad de privilegios a quienes estaban encima de los resultados, viajes al exterior, comisiones, serie de estímulos porque se suponía que eran los mejores, y lógicamente para aquellos que no presentaban resultados también entraban a cuestionarlos y había momentos en que… lo[s] relevaban”. Matamoros dijo que “había muchos Comandantes que se estaban jugando cosas importantes, que se estaban jugando ascensos, que se estaban jugando [una] comisión al exterior, que estaba jugando cosas y pudieron haber hecho cosas… en esa época había mucha presión, y sí, seguramente Comandantes débiles de carácter, hicieron cosas que no deberían hacer solamente por complacer a sus jefes”.
- El General Salgado dijo a la fiscalía que bajo el mando de Montoya “todo estaba orientado” a la cantidad de muertes en combate, incluidos los premios, y que se pedía a los comandantes que informaran muertes “que tenían que ser iguales o superiores” a las del año anterior. “Yo siento que todas las unidades o muchas unidades las que se vieron envueltos en falsos positivos en muchos sitios, pues… seguramente que [los soldados] fueron objeto por esa presión de obtener resultados ante personas inescrupulosas, pues… dijeron, ‘¡Ah! lo que quiere son resultados bueno, yo soy capaz de cumplir el objetivo … cruzando las líneas que tengan que cruzar’”.
No se tomaron medidas para prevenir y sancionar los falsos positivos
Human Rights Watch no ha encontrado evidencias de que comandantes militares hayan adoptado medidas para prevenir o sancionar los falsos positivos hasta 2007. En ese año, el comando general de las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa emitieron varias directivas nuevas, incluida una de noviembre de 2007 que otorgó prioridad a las desmovilizaciones y detenciones por sobre las muertes en combate. No resulta claro en qué medida, si es que alguna, estas medidas consiguieron que los comandantes revirtieran sus prácticas. Ciertamente, no bastaron para detener los falsos positivos. Los fiscales han iniciado investigaciones sobre más de 550 presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas en 2008 por agentes del Estado, en su mayoría por miembros del Ejército. Las evidencias de que estos crímenes estaban comenzando a mermar recién aparecieron cuando el gobierno destituyó a 27 oficiales del Ejército —y Montoya presentó su renuncia— luego del escándalo de Soacha, a fines de 2008.
Las nuevas evidencias corroboran que Montoya no adoptó medidas para prevenir o castigar falsos positivos. Por ejemplo, el General Matamoros sostuvo que Montoya no le dio ninguna orden específica frente a las irregularidades en las supuestas bajas en combate sobre las que él le había informado a Montoya en la reunión del 2008 mencionada con anterioridad.
En el mismo sentido, el General Salgado declaró lo siguiente:
Fiscal: ¿El Comandante del Ejército [Montoya] realizaba algún tipo de actividad para verificar que esa baja ... realmente estuviera bien hecha [es decir, que fuera una muerte legítima en combate]?
Salgado: No.
Fiscal: A nivel Comando Conjunto, División realizaban algún……
Salgado: ¿Control posterior? No.
Fiscal: Estamos hablando de una advertencia enfocada en el antes del resultado, nada durante, nada después, ¿así es respecto al control?
Salgado: Así es.
Asimismo, las declaraciones de oficiales de alto rango sugieren que los soldados eran rara vez, si es que alguna, investigados y castigados por el Ejército en relación con falsos positivos. El General Suárez dijo a la fiscalía que sólo podía recordar un caso “excepcional” de un miembro del Ejército que fue relevado de su cargo por un delito. El General Clavijo señaló que el General Pico Hernández —uno de los generales bajo investigación— era excesivamente permisivo con las brigadas de la Séptima División bajo su mando, y que cuando él fue nombrado comandante de la Cuarta Brigada en 2006: “faltaba control, había investigaciones quedadas con funcionarios de instrucción que no eran [competentes para abordarlas], unas que habían prescrito”.
Posible destrucción de pruebas
El testimonio de los oficiales de alto rango sugiere que el General Montoya y el General Pico Hernández, que entonces era comandante de la Séptima División del Ejército, podrían haber estado implicados en la destrucción de evidencias que sugieren que la presión por reportar bajas en combate habría motivado los falsos positivos:
- El General Salgado dijo a los fiscales en abril de 2008 que cuando comandaba la Decimoprimera Brigada, el General Pico Hernández ordenó que las brigadas y batallones de la Séptima División incineraran copias de una directiva que establecía premios para los soldados que informaran el mayor número de bajas. Salgado dijo que esa no era la práctica habitual para derogar directivas, ni la prevista en las normas vigentes. También dijo estar “seguro” de que la orden provino del General Montoya, porque como comandante del Ejército era el único autorizado a derogar esa directiva.
- El General Rodríguez Clavijo señaló que en 2008 cuando estaba al frente de la Decimoséptima Brigada recibió la orden del General Pico Hernández de incinerar una directiva, aparentemente la misma que mencionó el General Salgado. Clavijo dijo que la orden le impactó, porque no cumplía con los “parámetros normales y de los reglamentos”.
En marzo de 2016, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia informó que había tenido acceso a un “oficio militar reservado” que “evidencia” que un “comandante del Ejército” había dado la orden de incinerar una directiva que establecía premios para los soldados que informaran altos números de muertes en combate.
