(Nueva York) – El gobierno de Rafael Correa avanza en el cierre de una de las más importantes organizaciones que trabajan sobre la libertad de expresión en Ecuador, señaló hoy Human Rights Watch. El gobierno debería desistir inmediatamente de sus ataques contra organizaciones independientes de derechos humanos en el país.

El 7 de septiembre de 2015, la Secretaría Nacional de Comunicación inició un proceso administrativo para dictar la “disolución” de Fundamedios, una organización ecuatoriana que monitorea la situación de la libertad de expresión en el país. El gobierno sostiene que Fundamedios participó en actividades políticas, al publicar tuits con enlaces a blogs o artículos de noticias en los cuales se criticaba al gobierno. El cierre arbitrario de la organización violaría las obligaciones del gobierno de respetar y proteger los derechos fundamentales de libertad de expresión y libertad de asociación.

“El gobierno de Correa desea castigar a una organización por tuitear artículos con noticias y opiniones que le no le gustan”, observó Daniel Wilkinson, director gerente para las Américas de Human Rights Watch. “Es un evidente abuso de poder y un ejemplo claro de las prácticas autoritarias de este gobierno”.

El presidente de Ecuador, Rafael Correa, se dirige a la Asamblea Nacional en Quito el 24 de mayo de 2013.

© 2013 Reuters

La resolución dictada por la Secretaría Nacional de Comunicación acusa a Fundamedios de haber “difundido mensajes, alertas y ensayos, con indiscutibles tintes políticos” y presenta un anexo con 57 tuits, que en su mayoría contienen enlaces a artículos de opinión o noticias donde se expresan críticas al gobierno.

La Secretaría sostiene que estos mensajes contradicen el objetivo de Fundamedios de promover el “desarrollo social” a través de los medios de comunicación, y la prohibición de participar en asuntos de carácter político, establecidos en los propios estatutos de la organización.

Uno de los tuits, con el mensaje “Salvador Quishpe habla sobre la situación política de Ecuador de cara al paro”, incluye un enlace a una entrevista en el portal de investigación en línea Ecuador Review, donde Quishpe, un líder indígena crítico del gobierno, se refiere a una protesta nacional que iba a realizarse próximamente.  

Otro de los tuits dice “Las encuestas revelan que los ciudadanos quieren consulta” y contiene un enlace a un artículo de un periódico de Ecuador, en el cual el director de una encuestadora sostiene que los ecuatorianos desean ser consultados sobre temas que van desde la propuesta para permitir la reelección presidencial indefinida, hasta la de extraer petróleo en el Parque Nacional Yasuní, uno de los lugares con mayor biodiversidad del planeta. 

Fundamedios tiene 10 días para presentar un descargo ante la Secretaría Nacional de Comunicación, que tras ese período emitirá un pronunciamiento en el marco del proceso administrativo.

En 2013, el Presidente Correa dictó un decreto ejecutivo extremadamente vago que otorga al gobierno amplias facultades para intervenir en las actividades de organizaciones no gubernamentales, incluida la posibilidad de disolver a organizaciones cuando “afecten la paz pública” o se desvíen de los fines u objetivos que identificaron al momento de registrarse ante el gobierno. En agosto de 2015 se aprobó una versión modificada del decreto, que mantiene las amplias atribuciones para disolver a organizaciones no gubernamentales.

Es un evidente abuso de poder y un ejemplo claro de las prácticas autoritarias de este gobierno.

Daniel Wilkinson

Director gerente para las Américas

El gobierno de Ecuador debería concluir el proceso administrativo contra Fundamedios y derogar estas normas para cumplir con su obligación de proteger los derechos a la libertad expresión y asociación, señaló Human Rights Watch.

Según el derecho internacional, los gobiernos deben asegurar que se permita a los defensores de derechos humanos realizar sus actividades sin que medien represalias, amenazas, intimidación, acoso, discriminación u obstáculos legales innecesarios. La Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó en 2003 que el “respeto de los derechos humanos en un estado democrático depende, en gran parte, de las garantías efectivas y adecuadas de que gocen los defensores de derechos humanos para realizar libremente sus actividades”.

Si bien los derechos de libertad de expresión y asociación pueden estar sujetos a limitaciones, estas deben ajustarse a estándares estrictos, de modo tal que no obstaculicen indebidamente el ejercicio de tales derechos. Toda restricción deberá imponerse con arreglo a la ley, resultar necesaria en una sociedad democrática y ser proporcional al objetivo buscado, y no deberá “afect[ar] a los principios del pluralismo, la tolerancia y la amplitud de miras”.

El artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos estipula que el derecho de libertad de asociación “sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás”.

En 2012, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación observó que la “suspensión o la disolución involuntaria de una asociación deberá ser autorizada por un tribunal independiente e imparcial en caso de peligro claro e inminente de violación flagrante de las leyes nacionales, con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos”.

“El intento del gobierno de Correa por eliminar al mensajero solamente refuerza las graves preocupaciones que existen sobre las limitaciones a la libertad de expresión en Ecuador”, señaló Wilkinson.