(Kathmandu) – Tanto miembros de fuerzas gubernamentales como combatientes maoístas violaron y acosaron sexualmente a mujeres y jóvenes durante los diez años de conflicto armado en Nepal, señaló Human Rights Watch en un informe publicado hoy.
El documento de 78 páginas, “Silenciadas y olvidadas: Sobrevivientes de la violencia sexual durante el período del conflicto en Nepal” (Silenced and Forgotten: Survivors of Nepal’s Conflict-Era Sexual Violence) documenta actos de violencia sexual cometidos por combatientes de fuerzas gubernamentales y del Partido Comunista de Nepal (maoísta) durante el conflicto, que concluyó en 2006 con la suscripción de un acuerdo de paz. Muchos de estos delitos nunca fueron denunciados, en tanto las víctimas se encuentran aisladas y sin poder identificar vías para acceder a justicia y reparación. El gobierno de Nepal debería adoptar medidas inmediatas para instar a las mujeres a denunciar estos delitos y reclamar justicia, y establecer un programa de reparación para responder a necesidades críticas de sobrevivientes de violencia sexual y tortura, incluida la atención de la salud a largo plazo y la ayuda para la subsistencia.
“Durante más de 10 años, estas mujeres han sufrido en silencio y vivido atemorizadas, mientras sus agresores están en libertad”, observó Meenakshi Ganguly, directora para Asia Meridional de Human Rights Watch. “La posibilidad de justicia y reparaciones para mujeres que sufrieron agresiones sexuales es un tema pendiente desde la guerra civil, que debería haber sido abordado mucho tiempo atrás”.
Human Rights Watch entrevistó a más de 50 mujeres con la colaboración de Advocacy Forum, una organización no gubernamental nepalí, para documentar experiencias de agresiones sexuales ocurridas durante el conflicto, entre 1996 y 2006.
Las mujeres describieron la tensa situación que se vivía en ese momento, cuando la población civil quedó atrapada en medio de maoístas que les exigían apoyo, incluidos alimentos y refugio, y las fuerzas gubernamentales que castigaban a aquellos nepalíes que brindaban tal asistencia. Algunas de las mujeres contaron que miembros de las fuerzas de seguridad violaron a mujeres combatientes luego de detenerlas, y que perseguían deliberadamente a mujeres que fueran familiares de presuntos maoístas o que apoyaran a estos. Otra mujer contó que combatientes maoístas violaron a mujeres que se negaban a ayudarlos, o a mujeres que reclutaban por la fuerza para sumarlas a su movimiento insurgente. Algunas de las mujeres eran todavía menores de 18 años cuando fueron agredidas sexualmente.
El informe indica que, debido al fuerte estigma social asociado con las agresiones sexuales y el temor a represalias, muchas mujeres no denunciaron estos delitos durante el conflicto, y que esto todavía inhibe a muchas otras de hablar sobre lo sucedido. Existe una necesidad urgente de prestar asistencia psicosocial y médica a estas mujeres.
“Es difícil explicar lo desamparada que me sentí”, manifestó una de las mujeres. “No importa cuánto llorara, gritara o implorara. Todo lo que hicieron fue contra mi voluntad”.
Las víctimas entrevistadas viven en aldeas aisladas donde a menudo no hay presencia del gobierno, ni mucho menos acceso adecuado a atención de la salud y otros servicios. Si bien la guerra ha concluido, numerosas víctimas se sienten sumamente inseguras y su temor obstaculiza aún más su capacidad de denunciar y recibir resarcimiento por lo sucedido, indicó Human Rights Watch. Muchas de las mujeres indicaron que la violencia doméstica era consecuencia de las violaciones sexuales ocurridas durante el período del conflicto.
Si bien el gobierno y los partidos políticos han expresado públicamente su compromiso de que haya justicia y rendición de cuentas para las numerosas víctimas del conflicto, no se han previsto medidas para las víctimas de violencia sexual. No han sido incluidas por el gobierno en un programa provisional de reparaciones destinado a familiares de personas asesinadas o desaparecidas durante la guerra.
La Ley de la Comisión de Verdad y Reconciliación indica en concreto que los responsables de actos de violencia sexual no podrán beneficiarse con la amnistía. Sin embargo, las autoridades todavía no han asegurado la investigación y el juzgamiento genuino de los responsables ni un programa efectivo de resarcimiento para las víctimas.
“Si el gobierno se propone genuinamente abordar la violencia sexual durante el conflicto y sus secuelas, deberá incluir a quienes hayan sufrido violencia sexual en su programa de indemnizaciones”, señaló Ganguly. “El silencio absoluto con respecto a la posibilidad de que reciban un resarcimiento provisional, sumado a la cultura de impunidad extendida, empuja a estas víctimas todavía más a un lugar de invisibilidad”.
A su vez, el plazo de 35 días fijado en Nepal para la denuncia de hechos de violencia sexual supone un escollo adicional inadmisible e ilógico. Varias víctimas indicaron que no podían denunciar lo sucedido a la Policía porque ya había vencido el plazo de prescripción. El gobierno nepalí debería asegurar que se otorgue a la Comisión de Verdad y Reconciliación o a cualquier otra comisión independiente potestad para investigar denuncias de violaciones sexuales vinculadas con el conflicto y otras formas de violencia sexual.
El gobierno debería formular, en consulta con organizaciones de derechos de la mujer y mujeres de comunidades afectadas por conflictos, un programa de reparaciones que sea acorde con estándares internacionales. Asimismo, debería efectuar cambios legislativos, de políticas y programáticos, como parte de un marco más amplio para eliminar obstáculos y abordar falencias que impidieron que quienes sufrieron violación sexual en el período del conflicto intentaran obtener justicia.
El gobierno debería además garantizar a las mujeres un rol en el proceso de paz, incluso en comisiones de la verdad, y que las comisiones cumplan con estándares internacionales.
“La violencia sexual es un delito particularmente difícil de denunciar, debido al estigma con el cual está asociado”, observó Ganguly. “El gobierno de Nepal debe eliminar los obstáculos que interpone a las víctimas, y permitir que el proceso de denuncia de agresiones sexuales sea viable y accesible”.
