(Nairobi) – Soldados de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM, por sus siglas en inglés) han explotado y abusado sexualmente de mujeres y niñas somalíes vulnerables en sus bases de Mogadiscio, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. Los países que aportan contingentes, la Unión Africana (UA) y los donantes a la AMISOM deben abordar con urgencia estos abusos y fortalecer los procedimientos dentro de Somalia para buscar justicia.
El informe de 71 páginas, “‘The Power These Men Have Over Us’: Sexual Exploitation and Abuse by African Union Forces in Somalia” (“‘El poder que estos hombres tienen sobre nosotras’: La explotación sexual y el abuso por las fuerzas de la Unión Africana en Somalia”), documenta la explotación sexual y los abusos de mujeres y niñas somalíes cometidos en dos bases de la capital de Somalia, Mogadiscio, desde 2013. Los soldados de la UA, a través de intermediarios somalíes, han utilizado una variedad de tácticas, incluyendo la ayuda humanitaria, para coaccionar a mujeres y niñas vulnerables a participar en actividades sexuales. También han violado y asaltado sexualmente a mujeres que buscaban asistencia médica o agua en las bases de la AMISOM. Human Rights Watch entrevistó a 21 mujeres y niñas que describieron cómo fueron violadas y explotadas sexualmente por personal militar de Uganda o Burundi que servían con las fuerzas de la UA.
“Algunos soldados de la Unión Africana han abusado de sus posiciones de poder para explotar a las mujeres y niñas más vulnerables de Somalia”, dijo Liesl Gerntholtz, directora de derechos de la mujer de Human Rights Watch. “Somalia tiene muchos problemas difíciles de solucionar, pero las autoridades de Somalia y la Unión Africana podrían acabar con la explotación y los abusos sexuales presionando a los países que aportan contingentes para que lleven a los abusadores ante la justicia”.
La UA y la AMISOM deben fomentar una cultura institucional de “tolerancia cero” hacia las actividades ilegales en sus bases, señaló Human Rights Watch. Deberían establecer o fortalecer los instrumentos y organismos encargados de abordar estos abusos, como las unidades de conducta y disciplina, y un organismo de investigación independiente a nivel de la Unión Africana.
Human Rights Watch llevó a cabo una investigación en Somalia, Uganda y Burundi. Todas las mujeres y niñas somalíes entrevistadas pertenecían a comunidades desplazadas del centro-sur de Somalia. Human Rights Watch entrevistó a más de 30 testigos, observadores extranjeros, personal militar y funcionarios de los países que aportan contingentes. La investigación se centró en los incidentes en Mogadiscio, donde hay presencia de soldados ugandeses y burundeses, pero no se excluye la posibilidad de que abusos similares hayan ocurrido en otros lugares.
Años de conflicto y hambruna en Somalia han desplazado a decenas de miles de mujeres y niñas de sus comunidades, sus familias y sus redes de apoyo basadas en los clanes. Sin opciones de empleo ni recursos básicos, muchas no tienen otra alternativa que depender completamente de la ayuda externa y se ven forzadas a vivir situaciones de explotación y abuso para mantenerse a sí mismas y a sus hijas.
El Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana desplegó las tropas de paz conocidas como AMISOM en Somalia en 2007 en virtud de un mandato del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para proteger a los funcionarios y la infraestructura somalí y para contribuir a la prestación de asistencia humanitaria. Desde entonces, el mandato, tamaño y presencia geográfica de la AMISOM han aumentado de manera constante. La misión recluta a su personal militar de Uganda, Burundi, Kenia, Etiopía, Yibuti y Sierra Leona.
Las mujeres y niñas que buscan asistencia en los campamentos de la AMISOM en Mogadiscio corren riesgos considerables, reveló Human Rights Watch. Por ejemplo, a finales de 2013, Qamar R. (no es su nombre real), de 15 años, acudió a la base del contingente de Burundi para conseguir medicinas para su madre enferma. Un intérprete somalí le dijo que siguiera a dos soldados de Burundi para que le dieran la medicina. Sin embargo, éstos la llevaron a un área remota y uno de los soldados la violó. Qamar describió el ataque a Human Rights Watch: “Primero me arrancó el hiyab y luego me atacó”. Cuando ya se marchaba, el segundo soldado de Burundi le dio US$10.
Algunos soldados se han aprovechado de la pobreza de las mujeres y la falta de alimentos para fomentar la explotación sexual. En mayo de 2013, Kassa D. fue llevada ante un intérprete somalí en el campamento base de la AMISOM. “Estaba preocupado”, dijo. “Quería correr, pero sabía que lo mismo que me trajo aquí me ayudaría a salir de esto - el hambre. Había tomado una decisión y no podía dar marcha atrás”. Después de que Kassa tuvo relaciones sexuales con un soldado de Uganda, el intérprete le pagó US$10.
El boletín del Secretario General de la ONU de 2003 sobre medidas especiales de protección contra la explotación y el abuso sexual es un documento innovador de política para las misiones de paz de la ONU. El boletín prohíbe explícitamente que las fuerzas de paz intercambien dinero, bienes o servicios por sexo.
La evidencia sugiere que la explotación sexual no es un secreto en las bases de AMISOM en Mogadiscio, dijo Human Rights Watch. Las mujeres y las niñas han entrado en los campamentos a través de puertas custodiadas y han tenido acceso a áreas que teóricamente están restringidas. Dos mujeres dijeron a Human Rights Watch que los soldados con los que mantuvieron relaciones sexuales por dinero les dieron pases oficiales de la AMISOM para facilitar su ingreso a la base.
“El liderazgo militar y político de la UA tiene que hacer más para prevenir, detectar y sancionar el abuso sexual por parte de sus tropas", dijo Daniel Bekele, director para África de Human Rights Watch. “A medida que se cierne una nueva crisis alimentaria sobre los campos de desplazados de Mogadiscio, las mujeres y las niñas están nuevamente desesperadas por conseguir alimento y medicinas. No tendrían que verse en la necesidad de vender sus cuerpos para que sus familias sobrevivan”.
Soldados de la AMISOM también han sometido a mujeres y niñas a otros abusos y les han expuesto a graves riesgos de salud, dijo Human Rights Watch. Varias mujeres describieron haber sido abofeteadas y golpeadas por los soldados con los que mantuvieron relaciones sexuales. Otras dijeron que los soldados se habían negado a usar preservativos, contagiándoles infecciones de transmisión sexual.
Algunas de las mujeres entrevistadas dijeron que no denunciaron sus experiencias por temor a represalias de sus agresores, las autoridades y el grupo insurgente islamista Al-Shabaab, así como al estigma y el castigo de sus propias familias. Otras dijeron a Human Rights Watch que no deseaban a perder su única fuente de ingresos. Como resultado, Human Rights Watch no pudo sacar conclusiones sobre el alcance del problema ni los niveles oficiales de participación.
Los países que aportan tropas a la AMISOM son los principales responsables de la conducta de sus soldados en Somalia y tienen jurisdicción exclusiva sobre su personal en caso de cualquier delito. Estos países cuentan, en diversos grados, con procedimientos establecidos para hacer frente a la mala conducta, incluyendo el despliegue de asesores legales e investigadores militares y, en el caso de Uganda, el envío temporal de un consejo de guerra a Somalia para juzgar los casos.
Sin embargo, los países que aportan contingentes no han proporcionado los recursos necesarios para investigar las denuncias ni han dado prioridad a la investigación y persecución de los casos de explotación y abuso sexual, dijo Human Rights Watch. Sólo un caso de violación, en el que la víctima era menor de edad, se encuentra en el tribunal militar de Uganda en Kampala.
El liderazgo de la AMISOM ha tomado algunas medidas para combatir la violencia sexual y de género, incluida la redacción de una política de prevención y respuesta a la explotación y el abuso sexual así como iniciativas de difusión. Sin embargo, se debería hacer más para asegurar que estos esfuerzos proporcionen justicia para las víctimas, señaló Human Rights Watch.
Las fuerzas de la UA, junto con la ONU y el gobierno de Somalia, deberían adoptar medidas para prevenir la explotación y el abuso sexual, así como crear un entorno en el que las mujeres puedan denunciar los abusos. Los países que aportan contingentes deben reforzar sus capacidades de investigación y enjuiciamiento dentro de Somalia. También deben garantizar, junto con la AMISOM y la ONU, que las supervivientes reciban atención médica y socio-psicológica y protección, especialmente durante las investigaciones y los enjuiciamientos.
Los donantes internacionales, especialmente las Naciones Unidas, la Unión Europea, Estados Unidos y Reino Unido, deben promover una supervisión independiente más estricta de la conducta de las tropas de la UA y el personal civil, y asegurarse de que no sean cómplices de los abusos cometidos por las fuerzas de la AMISOM, dijo Human Rights Watch.
“La UA ya no puede hacer la vista gorda ante los abusos que se cometen en las bases de la AMISOM, ya que debilita la credibilidad de la propia misión”, dijo Gerntholtz. “Los gobiernos que apoyan a la AMISOM deberían trabajar con la UA para poner fin a los abusos sexuales y la explotación de mujeres y niñas somalíes por parte de sus tropas, tomar medidas contra las tropas que contribuyen a ello y hacer todo lo posible para evitar nuevos casos de explotación y abuso sexual de las mujeres somalíes”.
