Los gobiernos estatales de India central y Chhattisgarh deben pedir cuentas a las fuerzas de seguridad estatales y a los vigilantes apoyados por el Estado responsables de atacar, matar y desplazar por la fuerza a decenas de miles de personas en operaciones armadas en contra de los rebeldes maoístas desde mediados de 2005 en el sur de Chhattisgarh, Human Rights Watch dijo en un nuevo informe publicado hoy.
Human Rights Watch pidió terminar todo apoyo gubernamental para actividades ilícitas de los vigilantes Salwa Judum, e instó a los gobiernos de los estados afectados a que adopten medidas inmediatas para proteger a las decenas de miles de personas desplazadas. Human Rights Watch también pidió a los rebeldes maoístas conocidos como naxalitas terminar con los ataques contra civiles y otros abusos.
El informe de 182 páginas, "'Ser neutral es nuestro mayor crimen": Abusos del gobierno, de los vigilantes y naxalitas en el estado de Chhattisgarh en India", documenta los abusos de derechos humanos contra la población civil, particularmente en las comunidades indígenas tribales, quienes se encuentran atrapadas en una guerra brutal entre las fuerzas del gobierno, los vigilantes Salwa Judum y los naxalitas.
Human Rights Watch encontró que desde mediados de 2005 las fuerzas de seguridad gubernamentales y miembros del Salwa Judum, que funcionarios falsamente describen como un movimiento espontáneo de ciudadanos anti-naxalitas, atacaron aldeas, asesinaron y violaron a sus pobladores, y quemaron cabañas para obligar a las personas a refugiarse en campamentos del gobierno. Human Rights Watch recolectó más de 50 testimonios de ataques que involucraron a las fuerzas de seguridad gubernamentales en 18 pueblos diferentes de los distritos de Dantewada y Bijapur en Chhattisgarh. Al mismo tiempo, los naxalitas han provocado explosiones, y han secuestrado, golpeado y ejecutado a civiles, en particular a los sospechosos de apoyar al Salwa Judum. Decenas de miles de personas internamente desplazadas (PID) están hundidas en campamentos gubernamentales en Chhattisgarh o en las vecinas tierras forestales del estado de Andhra Pradesh.
"El gobierno de Chhattisgarh niega apoyar al Salwa Judum, pero docenas de testigos presenciales han descrito a la policía participando en las incursiones violentas de los Salwa Judum en las aldeas - asesinando, saqueando y quemando sus poblados", dijo Jo Becker, directora de Incidencia Política de los Derechos del Niño de Human Rights Watch y miembro del equipo de investigación. "En lugar de promover a vigilantes, el gobierno de Chhattisgarh debería promover el respeto de los derechos humanos y perseguir la rendición de cuentas".
"Ser neutral es nuestro mayor crimen" se basa en cuatro semanas de investigación sobre el terreno en Chhattisgarh y Andhra Pradesh a finales de 2007 y principios de 2008, incluyendo aproximadamente 175 relatos de pobladores afectados, dirigentes Salwa Judum, funcionarios del gobierno y la policía, y ex miembros naxalitas.
Rebeldes naxalitas han tomado represalias en un modo brutal, secuestrando, asaltando y asesinado a civiles aparentemente partidarios del Salwa Judum. Incluso antes de que el conflicto se intensificara a mediados-2005 debido a las operaciones del Salwa Judum, los naxalitas han sido responsables de violaciones generalizadas de los derechos humanos, incluyendo tortura, extorsión, ejecuciones sumarias y reclutamiento de niños soldados.
El conflicto ha dado lugar a una de las mayores crisis de desplazamiento interno en la India - por lo menos 10,0000 personas se han reasentado en los campamentos del sur de Chhattisgarh o huyeron a estados vecinos, principalmente a Andhra Pradesh, de acuerdo a Human Rights Watch. Los que viven en los campamentos tienen un acceso limitado a servicios de salud gubernamentales o a oportunidades de subsistencia. El saneamiento básico es a menudo insuficiente. Según algunos residentes del campamento, el gobierno ha reducido o no ha provisto en absoluto raciones de alimentos gratuitas. El conflicto ha desplazado por la fuerza y reasentado a muchos otros aldeanos a sitios en el sur de Chhattisgarh que no son reconocidos como campamentos por el gobierno. No existe prácticamente información sobre estas poblaciones, y se dispone de poca información acerca de sus condiciones de vida.
"Miles de familias han perdido sus tierras, hogares, y sus medios de subsistencia, y ahora sobreviven hacinados en campamentos decrépitos con poca asistencia", dijo Becker. "Los funcionarios de Chhattisgarh deberían ayudar a restaurar las vidas de aquellos que desean regresar a sus hogares, y mejorar las condiciones para los que temen regresar."
Entre 30,000 y 50,000 personas desplazadas se han asentado en los bosques de Andhra Pradesh y están doblemente desposeídas. Diciendo que sus aldeas son ilegales, las autoridades de Andhra Pradesh han utilizado una fuerza excesiva para desalojar o reubicarlos en varias ocasiones, sin consultar a los desplazados u ofrecerles alternativas para una vivienda adecuada. Los funcionarios forestales han quemado completamente en varias ocasiones muchas de estas aldeas. Human Rights Watch encontró que el gobierno de Andhra Pradesh sigue una política discriminatoria que se niega a extender a estas comunidades desplazadas los beneficios de los sistemas de asistencia gubernamentales, tales como los subsidios para alimentos y garantías de empleo. Los niños desplazados se ven obligados a abandonar sus estudios debido al distinto idioma de instrucción en las escuelas de Andhra Pradesh. Muchas de estas personas desplazadas están esperando regresar a sus aldeas de origen en Chhattisgarh.
Human Rights Watch pide a la naxalitas terminar de inmediato todos los ataques a civiles y permitir a los residentes de los campamentos regresar a sus aldeas de origen sin represalias.
El informe destaca el impacto de este conflicto en la vida de los niños. Los naxalitas han utilizado por largo tiempo a menores desde los seis años de edad como informantes y a niños desde doce años de edad en operaciones armadas. La policía de Chhattisgarh han reclutado y utilizado a niños como oficiales de la policía especial para ayudar a las fuerzas de seguridad gubernamentales en la región, a menudo desplegándolos en operaciones de alto riesgo contra naxalitas. Si bien la policía Chhattisgarh ha reconocido esto como un error, el gobierno todavía tiene que idear un sistema para la determinación sistemática, la desmovilización y la rehabilitación de dichos menores de edad miembros de la policía especial.
El conflicto también ha afectado gravemente el acceso de los niños a la educación. Una vez que el Salwa Judum inició sus operaciones, muchos niños dejaron de asistir a la escuela por temor al secuestro. Los naxalitas han destruido muchas escuelas, aparentemente para impedir su uso con fines militares o en operaciones Salwa Judum. Escuelas han sido reubicadas en campamentos, donde niños desplazados estudian en condiciones de hacinamiento.
Extractos de los testimonios:
"Judum y la policía vinieron a nuestro poblado. Vinieron en tres o cuatro camionetas, y muchos más a pie… vinieron y quemaron nuestro pueblo - unas seis chozas fueron incendiadas. La primera vez que vinieron, llegaron temprano en la mañana - algo así como a las 4 a.m. Primero quemaron algunas cabañas y luego anunciaron que si no abandonábamos nuestro pueblo y nos íbamos al campamento de Injeram este sería el destino de todos en el pueblo, y que quemarían todas las cabañas… También golpearon al sarpanch [funcionario de la aldea] y al poojari [sacerdote]. Golpearon a otros también. La gente que vino a nuestra aldea tenía arcos y flechas, palos, y la policía tenía rifles. En nuestro pueblo también violaron a [nombre retenido] (alrededor de 20 años de edad). La violaron y la dejaron en el pueblo."
-- Aldeano que huyó de Mukudtong, en el distrito de Dantewada, Chhattisgarh, noviembre de 2007
"Tenemos empleo sólo una vez el año pasado…. Cuando estaba en [nombre del pueblo retenido], tenía campos y solía cultivarlos. Ahora es sólo una jungla en exceso donde no podemos cultivar más.… Ahí tenemos todas nuestras tierras y bienes [en la aldea]. Si fallecemos, queremos morir en nuestra tierra. No queremos morir en el campamento. El último lugar donde queremos es morir es en el campamento."
-- Residentes de un campamento en el distrito de Dantewada, diciembre de 2007
"Mi marido regresó a la aldea [del campamento] para traernos granos para comer. Cuando regresó, ellos [naxalitas] lo secuestraron, lo mataron y dejaron su cuerpo en la carretera.… Esto sucedió en julio del año pasado [2006]… y no he regresado a mi pueblo ni una sola vez. No sé por qué los naxalitas mataron a mi marido – él que no era un sarpanch [oficial de aldea], él no era un patel [jefe de aldea], él no era un APE [agente de la policía especial], él no era nadie."
-- Residentes de Dornapal, campamento Salwa Judum administrado por el gobierno, diciembre de 2007
