Tengo el honor de dirigirme a Usted en relación con la extradición la semana pasada de varios líderes paramilitares de Colombia a Estados Unidos. El hecho que estos jefes criminales enfrenten a la justicia es un acontecimiento positivo. En caso de ser administrada adecuadamente la extradición, también podría representar un paso importante para desmantelar a los grupos paramilitares responsables de mucha de la violencia contra sindicalistas en Colombia. Aunque aún se necesitan medidas adicionales para lidiar con el alto grado de violencia antisindical y romper el poder de estos grupos, la extradición avala la decisión del Congreso de postergar la ratificación del Tratado de Libre Comercio hasta que Colombia demuestre resultados concretos, sustanciales y sostenidos frente a estos problemas.
Human Rights Watch ha instado al gobierno colombiano durante años a que utilizara la opción de la extradición de manera efectiva, y a que enviara a los Estados Unidos a los jefes paramilitares de alto rango que no cumplieran con los compromisos asumidos en el proceso de “desmovilización” que se está llevando a cabo actualmente en Colombia. Consideramos positiva la posibilidad de que algunos de los autores de las más graves violaciones de los derechos humanos de la historia reciente de Colombia ahora tengan que enfrentarse a penas de prisión significativas en Estados Unidos por algunos de sus delitos relacionados con el narcotráfico. Esto significa que ya no podrán administrar sus nefastas organizaciones ni continuar ordenando la comisión de hechos delictivos. También implica que ya no pueden esperar recobrar su libertad en unos pocos años tras cumplir con penas rebajadas, bajo condiciones sumamente laxas, lo que ciertamente podría haber sucedido si hubieran permanecido en Colombia.
No obstante, si bien hemos instado durante tanto tiempo la extradición de estos individuos, también nos inquietan las razones que impulsaron al gobierno colombiano a adoptar esta medida en este momento en particular. El presidente Álvaro Uribe ha señalado que el motivo por el que decidió extraditar a estos jefes paramilitares es que no estaban cumpliendo con sus obligaciones bajo la Ley de Justicia y Paz. En realidad, durante el período inicial que siguió a su supuesta “desmovilización” —hace alrededor de tres años—, cuando varios de estos líderes claramente estaban incumpliendo sus compromisos, Uribe ignoró los pedidos de extradición. La decisión de extraditarlos se produjo justo después de que algunos paramilitares comenzaran a cooperar y de que otros anunciaran que pensaban hacerlo, al empezar a hablar con los funcionarios judiciales colombianos acerca de sus vínculos con integrantes del ejército colombiano y autoridades públicas (congresistas y otros), incluyendo a algunos generales y políticos cercanos al presidente. Muchos colombianos sospechan que Uribe envió estos hombres a Estados Unidos para impedir que identificaran a más personas. De ser cierto, es probable que la extradición cause un efecto opuesto al deseado por todos nosotros; en vez de fomentar la colaboración de mandos medios de estos grupos con las autoridades judiciales colombianas, les proporcionará un fuerte incentivo para permanecer en silencio.
La opinión de que la extradición podría provocar un impacto negativo sobre investigaciones en Colombia es compartida por muchas de las principales autoridades sobre el proceso de desmovilización del país. Tanto el Procurador General de Colombia como el Presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación han señalado que podría debilitar las investigaciones en curso en Colombia sobre las atrocidades cometidas por paramilitares. Del mismo modo, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha manifestado su preocupación acerca del riesgo de que “las extradiciones debiliten las posibilidades de avanzar, eficaz y oportunamente, en la lucha contra la impunidad de violaciones graves de derechos humanos”. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA ha expresado que la extradición “impide la investigación y el juzgamiento de graves crímenes” e “interfiere con los esfuerzos por determinar los vínculos entre agentes del Estado y estos líderes paramilitares”.
Consideramos que Estados Unidos tiene un papel crítico que jugar para asegurar que la extradición no atente en la práctica contra las iniciativas para desarticular a los grupos paramilitares y promover el juzgamiento de las atrocidades en Colombia. A tal fin, nos hemos dirigido al Fiscal General Michael B. Mukasey el viernes pasado, 16 de mayo, con el propósito de sugerir cuatro medidas esenciales que consideramos que debe adoptar el Departamento de Justicia al procesar a estos jefes mafiosos. Estas medidas son las siguientes:
1. Generar incentivos jurídicos significativos para que los líderes paramilitares revelen información completa acerca de los crímenes atroces que cometieron e identifiquen a autoridades públicas que puedan haber facilitado su actividad delictiva;
2. Analizar todas las vías posibles para que sean juzgados no sólo por sus delitos de narcotráfico, sino también por los abusos de derechos humanos que han cometido en Colombia, incluída, específicamente, la comisión de hechos de tortura, que constituye un delito federal (párr. 2340A del título 18 del Código de los Estados Unidos), susceptible de acción judicial en Estados Unidos, aun cuando haya sido cometido en el exterior por ciudadanos extranjeros;
3. Garantizar que los fiscales federales a cargo de estos casos se familiaricen plenamente con la inmensa cantidad de pruebas relevantes que los investigadores policiales, fiscales y jueces de Colombia han recopilado durante los últimos años en relación con los delitos de los paramilitares; y
4. Colaborar activamente con las iniciativas de los funcionarios judiciales colombianos que investigan las redes paramilitares en Colombia, compartiendo información relevante siempre que sea posible y permitiéndoles el acceso a los líderes paramilitares bajo la custodia de Estados Unidos.
El Congreso de Estados Unidos también podría contribuir instando al gobierno del Presidente Bush a cumplir su promesa de facilitar la cooperación entre los funcionarios judiciales de Estados Unidos y Colombia que investigan los delitos de estos líderes paramilitares.
Por otra parte, la medida más importante que el Congreso debería adoptar es continuar postergando la ratificación del Tratado de Libre Comercio con Colombia. Como ha señalado Human Rights Watch reiteradamente, todo tratado de libre comercio debe celebrarse sobre la base del respeto por los derechos humanos fundamentales y, en especial, los derechos de los trabajadores que producen los bienes que se comercializarán. Colombia incumple ese estándar debido a los altos niveles de violencia contra sindicalistas, la impunidad casi absoluta que impera respecto de esos hechos de violencia, y el hecho que el gobierno colombiano aun no ha desmantelado efectivamente los grupos paramilitares que son los principales responsables de tal violencia. (Si bien la cifra de asesinatos de sindicalistas bajo en el 2007, sigue siendo sumamente alta y ha aumentado de manera considerable en el 2008). La extradición de varios jefes paramilitares es un importante golpe a las estructuras de mando de sus organizaciones, pero no es de por sí suficiente para asegurar el desmantelamiento completo de estas organizaciones complejas y bien financiadas, ni para asegurar la justicia por actos de violencia contra sindicalistas. Al contrario, la extradición puede generar dificultades para el esclarecimiento de la verdad sobre los cómplices de los paramilitares, ya que los jefes extraditados ahora tienen menos incentivos para cooperar con investigaciones en Colombia.
Por consiguiente, consideramos que el Congreso debe continuar postergando la ratificación del tratado hasta que el gobierno colombiano demuestre resultados concretos, sustanciales y sostenidos durante un período de tiempo razonable en relación con estos graves problemas. Específicamente, debe exigir, entre otros pasos, que el gobierno colombiano:
- Asegure un número sustancial de condenas bien fundamentadas de los autores de violencia contra sindicalistas;
- Asegure justicia en relación con los cómplices de los paramilitares en el sistema político y militar, sus financiadores, y los mandos medios que puedan seguir manejando sus organizaciones y amenazando a sindicalistas;
- Identifique y confisque los bienes ilícitos que los paramilitares hayan escondido por medio de testaferros (no sólo aquellos bienes que aparezcan bajo su nombre o los de sus familiares) y que los restituya a sus propietarios o poseedores legítimos; y
- Establezca medidas eficaces para proteger a las víctimas y testigos contra los paramilitares y sus cómplices. (Según informes de prensa, un importante testigo contra políticos vinculados a paramilitares fue asesinado en los últimos días.)
La pregunta de si la extradición ocurrida la semana pasada llegará a tener un impacto positivo para los derechos humanos en Colombia dependerá, en definitiva, de las medidas que tome el propio gobierno colombiano. La promesa de un acuerdo comercial en el futuro continúa siendo el incentivo más poderoso con el que cuenta Estados Unidos para persuadir al gobierno colombiano de que demuestre resultados en la desarticulación de las mafias paramilitares de ese país y el juzgamiento de sus líderes y cómplices.
Le agradecemos la atención que se sirva prestar a esta importante materia. Aprovechamos la oportunidad para expresarle las manifestaciones de nuestra mayor consideración y estima.
Atentamente,
/s/
José Miguel Vivanco
Director de las Américas
Human Rights Watch
/s/
Tom Malinowski
Director en Washington
Human Rights Watch
