Este mes se cumplen tres años de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la pandemia de Covid-19. Desde entonces, se han reportado más de 750 millones de casos de Covid-19 y más de 6,8 millones de muertes. Esta crisis de salud pública sin precedentes ha puesto al descubierto  lfallas sistémicas en la estructura sanitaria mundial, y las respuestas y medidas gubernamentales han agravado las desigualdades sociales y vulnerado un extenso repertorio de derechos humanos. Danielle Mulima, coordinadora de Salud e Incidencia de Human Rights Watch, reunió a un grupo de investigadores de esa organización para analizar las diversas violaciones de derechos humanos relacionadas con la pandemia y qué es lo que los gobiernos y los actores no estatales, como las empresas farmacéuticas, deberían hacer antes de que se produzca la próxima pandemia.

¿Cómo han sido las respuestas de los gobiernos nacionales y de organismos internacionales frente a la pandemia?

Kyle Knight, investigador sénior de salud y derechos humanos: la pandemia ha sido desastrosa para los derechos humanos, pero creo que lo peor de todo ha sido ver a las instituciones desaparecer y, en cierta forma, darse por vencidas.

Es un enorme desafío estar ingresando en el tercer año de una pandemia que ha marcado una era y ver que, ante esto, muchas autoridades de salud se limitan a encogerse de hombros: el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. básicamente ha renunciado a cualquier sentido de protección equitativa.

Pero la pandemia también está modificando de manera fundamental cómo funciona el mundo, aunque las autoridades pretendan ignorarlo. No podría ser de otra manera. Por ejemplo, la respuesta del país más rico de la historia de la humanidad (Estados Unidos) frente al coronavirus fue tan negligente, que hubo más de un millón de muertes a pesar de que el gobierno tenía a su alcance recursos casi incomparables. Ese tipo de cosas invierten la forma de pensar en “mundo desarrollado/en desarrollo” y nos interpelan a analizar rigurosamente cómo se lleva a cabo la gobernanza.

También debemos considerar los primeros tres años de la pandemia de Covid-19 y darnos cuenta que el debate sobre políticas globales más importante al respecto (aquel relativo a la propiedad intelectual de vacunas, pruebas y tratamientos) se desarrolló en el seno de un organismo de comercio, la Organización Mundial del Comercio (OMC), que no tiene mandato sobre temas de salud ni de derechos humanos.

Estos son solo dos ejemplos que plantean interrogantes importantes sobre si el actual dominio de los sistemas de mercado y capitalistas es adecuado en lo que se refiere a defender el derecho a la salud. ¿Podemos, en verdad, observar el actual sistema de patentes de medicamentos, que protege principalmente los intereses del sector privado, y luego ver un mapa de la pésima cobertura de vacunas en los países de bajos recursos, y aún así pensar que las cosas están funcionando?

La conclusión es que la pandemia no ha terminado, y que las autoridades afirmen lo contrario no implica que eso sea así. La carga de las infecciones, enfermedades y muertes se está desplazando a líneas predecibles de comunidades marginadas y vulnerables. Esto no es una sorpresa, sino algo totalmente evitable; a decir verdad, parte de las obligaciones de derechos humanos de los gobiernos es trabajar para que eso no ocurra. Uno de los principales interrogantes es si la OMS extenderá la etapa de la pandemia o declarará que la emergencia ha finalizado, y qué significará eso para el futuro del coronavirus, la salud mundial, la confianza en las instituciones y la protección de los derechos fundamentales.

En un esfuerzo por reducir la velocidad de propagación del Covid-19, los gobiernos de todo el mundo cerraron escuelas y pasaron al aprendizaje en línea. ¿De qué forma el uso de productos de aprendizaje en línea afectó la privacidad de niños y niñas, en ese momento y ahora?

Hye Jung Han, investigadora de derechos de niños y niñas y tecnología: en el apuro para que niños y niñas se conectaran a clases virtuales durante la pandemia, muchos gobiernos recomendaron productos de aprendizaje en línea que no eran seguros para ellos. La inmensa mayoría de las aplicaciones y sitios web que analizamos podían vigilar o efectivamente vigilaron a niños y niñas. Utilizaron técnicas invasivas que hacían un rastreo de su actividad en internet fuera del horario escolar, y se inmiscuyeron en lo más íntimo de sus vidas, en la mayoría de los casos, con fines comerciales y publicitarios.

El aprendizaje a través de internet llegó para quedarse, aunque muchos estudiantes regresen a las aulas físicas. Aun así, muchas escuelas siguen utilizando estos productos de aprendizaje en línea, recomendados por los gobiernos, que vulneran la privacidad de niños y niñas.

Sea que los niños asistan a la escuela en forma presencial o virtual, tienen derecho a recibir protecciones especiales que salvaguarden todos sus derechos, incluida su privacidad. Dado que la información que se recolecta sobre lo que un niño o una niña hacen en sus clases virtuales puede ser tan delicado y revelador como los registros escolares físicos, es importante proteger ambos ámbitos para que niños y niñas gocen de espacios seguros donde puedan crecer, jugar y aprender.

Durante la pandemia muchos países han tenido dificultades para acceder a vacunas, a pesar de que los países más ricos y las empresas farmacéuticas se encontraban en una posición que les permitía facilitar el acceso. ¿Qué debería hacerse distinto en lo sucesivo?

Margaret Wurth, investigadora sénior sobre derechos de niños y niñas: incluso antes de que las vacunas contra el Covid-19 fueran aprobadas por la OMS, unos pocos países ricos habían negociado acuerdos poco transparentes con fabricantes de vacunas y adquirido la gran mayoría de las vacunas que se estaban desarrollando. Este “nacionalismo de las vacunas” debilitó los llamados a la solidaridad y la cooperación mundial para que hubiera un acceso universal y equitativo a las vacunas y una recuperación mundial.

Muchos de esos mismos gobiernos ricos bloquearon una propuesta presentada por la India y Sudáfrica ante la OMS, que consistía en dispensar de las normas de propiedad intelectual a los productos sanitarios relacionados con el Covid-19, como pruebas, tratamientos y vacunas. Una dispensa integral podría haber ayudado a extender y diversificar la fabricación de medicamentos que salvan vidas y de otros productos sanitarios necesarios para responder al Covid-19. En lugar de eso, tras 20 meses de negociaciones estancadas, los gobiernos parte de la OMS no acordaron una dispensa integral y decidieron, en cambio, proteger los monopolios de las empresas farmacéuticas a costa del acceso mundial a vacunas, pruebas y tratamientos relacionados con el Covid-19.

El resultado final de esto fue que las empresas farmacéuticas desarrollaron vacunas contra el Covid-19 que salvan vidas, así como otros productos de salud relacionados, utilizando ingentes cantidades de fondos públicos, pero se negaron a compartir sus conocimientos y su tecnología con el mundo, colocando así el lucro por sobre las vidas humanas.

De cara al futuro, los gobiernos deberían asegurarse de que los fondos públicos se utilicen para el bien público mundial y no para procurarles ganancias a las empresas, sobre todo durante una crisis de salud global. Los gobiernos deben exigir a las empresas farmacéuticas que compartan sus conocimientos y transfieran tecnologías de modo que haya vacunas y otros productos que salvan vidas y todas las personas puedan acceder a ellos, independientemente de dónde vivan o cuán ricos sean.

¿De qué forma las desigualdades económicas se han agravado con la pandemia?

Sarah Saadoun, investigadora sobre justicia económica y derechos: los efectos sanitarios y económicos de la pandemia han seguido el rumbo de las desigualdades actuales y han afectado especialmente a las personas de ingresos bajos, por lo que la brecha de riqueza ha aumentado. Por ejemplo, las políticas para contener al virus (como obligar a las personas a quedarse en casa en lugar de ir a trabajar) perjudicaron a las personas en los sectores más pobres, al igual que la avalancha de problemas económicos que siguieron.

Además, las perturbaciones en el comercio internacional provocadas por la pandemia, junto con otros factores, contribuyeron a que hubiera alta inflación, que luego se agravó considerablemente debido a la invasión de Rusia a Ucrania, un importante exportador tanto de granos como de petróleo y gas. Esto generó un incremento mundial en los precios de los alimentos y los combustibles. Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), unos 345 millones de personas experimentarán inseguridad alimentaria este año, una cifra que supera en más del doble a los niveles anteriores a la pandemia.

Mientras tanto, el 1 % más rico ha captado dos tercios de toda la nueva riqueza desde 2020, y 95 empresas de alimentos y energía han conseguido ganancias imprevistas por USD 306.000 millones, según indica Oxfam.

Los gobiernos ya tenían recursos escasos como consecuencia de la pandemia, y debido a los nuevos problemas económicos, muchos de ellos han tenido que recortar gastos de formas que han hecho que las cosas sean todavía más difíciles para las personas. Por ejemplo, se ha reducido el acceso a servicios públicos, como salud y educación, o la calidad de esos servicios.

Muchas personas perdieron ingresos o incluso sus trabajos durante la pandemia, en especial, en el sector de venta minorista y de alimentación y en sectores informales. Muchos gobiernos respondieron aprobando paquetes de medidas para ayudar a quienes los necesitaban, que incluyeron pagos en efectivo, mejores beneficios por desempleo y asistencia alimentaria. ¿Los resultados de tales programas fueron satisfactorios?

Sarah Saadoun: la pandemia dejó al descubierto la frágil posibilidad de las personas de hacer realidad sus derechos humanos. La mitad de la población mundial (4000 millones de personas) no tiene cobertura de seguridad social ni otras formas de protección social que las ayuden cuando no ganan lo suficiente para pagar cosas como alimentos, vivienda o atención de salud. Muchas de las personas que son elegibles no reciben montos suficientes o no reciben nada en absoluto, a menudo debido a corrupción, mala gestión u obstáculos burocráticos.

Del mismo modo, la decisión de algunos gobiernos de ampliar las redes de seguridad y otros tipos de asistencia durante la pandemia resultó ser efectiva para ayudar a las personas individualmente y para que la economía fuera más resiliente.

Por ejemplo, en Estados Unidos, la pobreza cayó a niveles bajos históricos, a pesar del desempleo récord, luego de que el Congreso sancionó una de las mayores ampliaciones del sistema de protección social estadounidense desde el New Deal, que fue un paquete de políticas para combatir la Gran Depresión de 1930. Sin embargo, después de que vencieron estos beneficios (como USD 600 adicionales en los beneficios de desempleo semanales), ocho millones de personas cayeron en la pobreza.

En Jordania, el gobierno amplió el programa nacional de transferencia limitada de efectivo durante los primeros dos años de la pandemia. Esa medida incluyó a las familias de decenas de miles de trabajadores informales más; sin embargo, el gobierno dejó vencer estas ampliaciones en diciembre de 2021. Debido a la creciente inflación, las personas tenían más dificultades para pagar lo que necesitaban, y los índices de pobreza siguieron estando más de 8 puntos porcentuales por encima de los niveles anteriores a la pandemia.

Los adultos mayores y las personas con discapacidad, en especial quienes viven en algún tipo de institución, tienen más riesgos de sufrir síntomas graves de Covid-19 o de fallecer debido al virus. Por ejemplo, en EE. UU. alrededor del 40 % de las muertes por Covid-19 informadas por el Estado correspondían a personas que vivían en instituciones. ¿De qué forma pueden protegerse mejor los derechos de los adultos mayores y de las personas con discapacidad?

Bridget Sleap, investigadora sénior de derechos de los adultos mayores, señala lo siguiente sobre los derechos de estas personas: el Covid-19 ha tenido un efecto devastador en la vida de los adultos mayores. En EE. UU., por ejemplo, el 93 % de todas las muertes por Covid-19 se han producido en personas mayores de 50 años. Durante la pandemia los derechos de las personas mayores quedaron, en todo el mundo, bajo el foco de la atención, debido a comentarios públicos discriminatorios referentes a la edad, restricciones discriminatorias a la libertad de circulación basadas en la edad y sistemas de registro de vacunación en línea que pusieron en evidencia los obstáculos que las personas mayores pueden enfrentar en el acceso a servicios esenciales en internet. En las casas de reposo, pudimos observar un aumento en el uso de contención química —o fármacos para inmovilizar a las personas— así como prohibiciones de visitas.

Tres años más tarde, esto parece haberse olvidado. Una vez más, los derechos de los adultos mayores se han invisibilizado. Analicemos, por ejemplo, los hechos del mes de febrero, en que ni el Secretario General de la ONU ni el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos los reconocieron al dirigirse al Consejo de Derechos Humanos en el 75.mo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El edadismo persiste.

Esta falta de reconocimiento está profundamente arraigada, y se necesita un cambio fundamental para proteger mejor los derechos de los adultos mayores. Los gobiernos, los proveedores de servicios, las figuras públicas y todos nosotros, deberíamos reconocer a los adultos mayores como derechohabientes y rechazar el edadismo, debido al prejuicio sobre el cual se construye. Una nueva convención de la ONU sobre los derechos de los adultos mayores representaría un paso importante en ese sentido. Es lo que los adultos mayores reclaman y lo que los gobiernos deberían comenzar a elaborar cuando se reúnan en la ONU para tratar los derechos de los adultos mayores en abril de 2023.

Emina Cerimovic, investigadora sénior sobre derechos de las personas con discapacidad, señala con respecto a los derechos de esas personas: la pandemia de Covid-19 ha puesto de manifiesto, aún con mayor claridad, los numerosos riesgos que plantea la vida en instituciones. Evidencias de todo el mundo –no solamente de Estados Unidos, sino también de Gran Bretaña, Francia, Italia y Rusia, por nombrar algunos países— mostraron, desde las primeras etapas de la pandemia, que las tasas de muertes e infecciones por Covid-19 eran mayores en instituciones residenciales.

Esto no sorprendió a quienes hemos pasado décadas documentando las diversas violaciones de derechos humanos y los riesgos que surgen de la institucionalización, comenzando por la internación involuntaria, el hacinamiento, el abandono, la segregación y el abuso.

Por ejemplo, cuando visité una institución en Serbia en 2015 y 2017, vi hasta 17 niños y adultos con discapacidad viviendo juntos en una habitación. Pasaban la mayor parte de los días y las noches ahí y a menudo debían compartir la ropa. Algunas personas con discapacidad con necesidades médicas y de apoyo significativas fueron confinadas a pabellones superpoblados de los que raramente salían, ni siquiera para tomar aire fresco. Estas instituciones no estaban sujetas a supervisiones independientes que aseguraran que los niños y adultos con discapacidad que vivían allí estuvieran protegidos contra abusos y desatención. Publicamos estos hallazgos y otras cuestiones de gravedad, como desatención y medicación inadecuada, en un informe de 2016. Pese a publicar informes periódicos sobre infecciones en instituciones durante todo el año 2020, Serbia se negó a publicar datos sobre cuántas personas con discapacidad y adultos mayores que vivían en instituciones han fallecido.

Con respecto a qué cambios se deben instrumentar para brindar una mejor protección a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad —en un contexto de pandemia o no—, la medida prioritaria que se debe tomar es sacar a las personas de las instituciones. En vez de esto, se les deben proporcionar el apoyo y los servicios necesarios para que puedan vivir y participar en la comunidad. El tratado de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad, ratificado por 185 países de todo el mundo, exige que los gobiernos dejen de institucionalizar a las personas con discapacidad y, en cambio, les proporcionen un sistema de apoyos para la vida en comunidad que respete la autonomía, la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad.

Durante toda la pandemia, especialmente durante los confinamientos, se produjo un incremento en los informes de violencia doméstica. Aun así, muchas mujeres y niñas enfrentaron otros obstáculos al intentar acceder a servicios para sobrevivientes. ¿En qué aspectos necesitan mejorar los gobiernos?

Hillary Margolis, investigadora sénior sobre derechos de la mujer: la atención otorgada a la violencia doméstica durante la pandemia fue sumamente necesaria y representaba una deuda de larga data. No obstante, lamentablemente, la situación parece haber “vuelto a la normalidad”: los agresores no responden por sus acciones y los servicios para sobrevivientes, principalmente dirigidos por organizaciones locales, se encuentran desbordados y funcionan con presupuestos minúsculos.

Algunos servicios como refugios o centros para casos de crisis han abierto sus puertas nuevamente, lo cual brinda a las personas sobrevivientes la posibilidad de volver a obtener apoyo en persona. No obstante, otros han mantenido cambios que pueden plantear dificultades para las sobrevivientes. Por ejemplo, es posible que las líneas de asistencia telefónica o los servicios a través de internet no sean útiles para mujeres o niñas que vivan con sus agresores o están controladas por estos, y los servicios con cita previa no resultan adecuados para las emergencias.

Lo que vemos una y otra vez, en todo el mundo, es que los gobiernos hablan de poner fin a la violencia contra mujeres y niñas, pero no toman medidas suficientes para implementar y hacer valer leyes que las protejan. Tampoco brindan apoyo a proveedores de servicios que se encuentran desbordados por la demanda y no cuentan con los recursos necesarios.

Los problemas para abordar la violencia doméstica no fueron causados por la pandemia, ésta simplemente los agudizó. Son resultado de que por mucho tiempo los gobiernos no financiaron a proveedores de servicios que previenen la violencia contra mujeres y niñas, protegen a las personas sobrevivientes y castigan a los responsables. Lo que resulta decepcionante es que, si bien algunos gobiernos ahora parecen tener mayor conciencia sobre cómo las emergencias impactan sobre la violencia de género, los gobiernos no trataron la pandemia como una verdadera señal de alarma sobre la violencia doméstica, y no aprovecharon el momento para impulsar un cambio sistémico que es sumamente necesario.

En algunos casos, como en el del Reino Unido, los gobiernos continuaron excluyendo abiertamente a algunas mujeres o niñas de los recursos de protección contra la violencia doméstica aun tras la pandemia. En otros, como Turquía y Túnez, la implementación deficiente de las leyes ha dejado a las mujeres y niñas expuestas a un grave riesgo de violencia e incluso de muerte. Los gobiernos deben comprometerse a financiar la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas. En particular, deben priorizar el financiamiento para servicios especializados como refugios y salud mental, asistencia jurídica y socioeconómica. Deben incluir los servicios diseñados para miembros de grupos marginados y dirigidos por estos. También deben fortalecer y hacer cumplir la legislación para mejorar la respuesta policial y judicial —incluidas medidas para proteger a las mujeres contra la violencia, como órdenes de restricción— y asegurarse de que los responsables sean castigados.

Se perdería una oportunidad si los gobiernos no aprenden de lo que la pandemia puso en evidencia y no cierran las brechas inmensas en lo que refiere a abordar la violencia doméstica a largo plazo.
 

La pandemia ocasionó un aumento drástico en los hechos de racismo y crímenes de odio contra muchas comunidades asiáticas en todo el mundo. ¿Las comunidades asiáticas siguen siendo objeto de estas acciones? ¿Qué deberían hacer los gobiernos?

Suze Bergsten Park, coordinadora sénior de derechos de la mujer: la pandemia causó un aumento en los delitos de odio contra la comunidad asiática en todo el mundo. En algunas ocasiones, con resultados violentos e incluso letales. En ciertos países, fueron funcionarios gubernamentales quienes contribuyeron a propiciar el sentimiento de odio difundiendo información falsa o expresando comentarios o declaraciones racistas. Hubo casos en los cuales el odio también se trasladó a otras minorías.

Desde 2020 hasta 2021, a medida que la pandemia ganaba terreno, se produjo un incremento del 339 % en los delitos de odio contra la comunidad asiática en Estados Unidos. En 2022, se produjo una leve reducción con respecto a 2021, pero los números aún eran elevados en comparación con las cifras anteriores a la pandemia. El año pasado se denunciaron numerosos ataques e incidentes de racismo, aunque es posible que las cifras no reflejen el verdadero alcance de la situación, ya que los delitos de odio a menudo no se denuncian en su real medida. De hecho, un estudio realizado por la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea mostró que 9 de 10 delitos de odio no se denuncian.

Tras el aumento de los delitos de odio contra las comunidades asiáticas, una de cada tres personas asiático-estadounidenses manifiestan haber alterado sus rutinas diarias por temor a sufrir ataques. Algunas reiteran que el racismo antiasiático existe desde hace mucho tiempo, pero que antes no se había abordado con seriedad.

Los gobiernos deben tomar medidas para prevenir la discriminación y la violencia racista y xenófoba, y tener presente la retórica que puede llevar a un aumento de la violencia dirigida a comunidades determinadas. Los gobiernos también deben asegurarse de que se recopilen datos sobre crímenes de odio y que se investiguen los incidentes denunciados. En lugares con altas tasas de delitos de odio contra la comunidad asiática, los líderes locales y nacionales deben consultar y desarrollar planes, junto con las comunidades locales afectadas, y asegurarse que los recursos y servicios sean accesibles.

Un modo de ayudar a combatir el racismo a largo plazo es cerciorarse de que en el plan de estudios escolar se incluya una diversidad de culturas, religiones y estereotipos —además de los eventos históricos relacionados con distintas comunidades— para que puedan debatirse.

¿Cómo les fue durante la pandemia a los migrantes y solicitantes de asilo en los países donde los gobiernos los excluyen de la atención a la salud?

Nadia Hardman, investigadora sobre derechos de refugiados y migrantes: en tanto derecho universal, el derecho a la salud debería aplicarse a todas las personas, independientemente de su ciudadanía o condición inmigratoria. Pero es muy frecuente que esto no ocurra. Mucho antes de que comenzara la pandemia, los refugiados sirios en el Líbano tuvieron que lidiar con políticas y restricciones discriminatorias que hicieron que resultara difícil acceder a muchos servicios, incluida la atención a la salud. Cuando comenzó la pandemia de Covid-19, en municipios libaneses se utilizó esta situación para imponer toques de queda discriminatorios y restricciones a la circulación que se aplicaban solamente a los refugiados sirios. Como consecuencia, muchas de esas personas enfrentaron dificultades para acceder a recursos de salud e insumos esenciales.

Inicialmente, incluso acceder a vacunas fue difícil para los refugiados, pese a que el gobierno libanés se comprometió a vacunar a todas las personas en el país. En general los refugiados no tenían información sobre la vacuna, sobre cómo registrarse para obtenerla y adónde dirigirse. Muchos refugiados sirios temían que, si se registraban a través de una plataforma administrada por el gobierno para obtener una vacuna, podrían ser arrestados, detenidos o incluso deportados, sobre todo si no tenían residencia legal. Muchos refugiados también creían que sería difícil llegar a los lugares de vacunación debido a las restricciones a la circulación y los costos de transporte. Las medidas coercitivas extremas que enfrentan los refugiados sirios en el Líbano empeoraron durante la pandemia, y la tasa de muertes entre estos refugiados debido a Covid-19 superó en más del cuádruple al promedio nacional.

La pandemia de Covid-19 ha tenido impactos globales de gran alcance. Los gobiernos no estaban preparados y, en sus acciones por dar respuesta a la pandemia, muchos violaron derechos humanos. ¿Qué está ocurriendo a nivel internacional como parte de la preparación para futuras pandemias y emergencias de salud globales?

Kayum Ahmed, asesor especial sobre el derecho a la salud: una de las principales tareas que está llevando adelante la OMS es proponer la creación de un Tratado sobre Pandemias. El tratado propone aprovechar lo aprendido —para bien y para mal— de la pandemia de Covid-19 que se encuentra en curso, a fin de crear un marco de colaboración global como un modo de anticiparse a la próxima pandemia.

Básicamente, podría estipular lo que debemos organizar ahora para evitar que la situación desastrosa que se desencadenó durante el pico de la pandemia de Covid-19 vuelva a ocurrir. Esto incluye el acaparamiento de vacunas por países ricos y la negativa, por parte de compañías farmacéuticas, a compartir la fórmula de la vacuna con fabricantes del hemisferio sur.

Entonces, mientras anticipamos una futura pandemia, lo cual es inevitable, ¿puede la comunidad global encontrar maneras de trabajar juntos, para compartir información científica y para dar un lugar central a los derechos humanos, particularmente el derecho a la salud, en sus procesos de toma de decisiones? Esto debe cubrir todo, desde la distribución de vacunas hasta el acceso a mascarillas para trabajadores de la salud.

Lo que espero es que el Tratado sobre Pandemias cuestione la lógica de las compañías farmacéuticas de maximizar el lucro, como así también la posición dominante de Europa y Estados Unidos sobre la estructura sanitaria mundial. A su vez, tengo que ser realista sobre lo que un tratado internacional puede y no puede hacer. Pero Human Rights Watch se compromete a trabajar junto con otras organizaciones para presionar a los gobiernos y a la OMS para que en el Tratado sobre Pandemias se reconozca un lugar central al derecho a la salud, a fin de que no repitamos los errores catastróficos de los últimos años.