El presidente Bernardo Arévalo asumió el cargo en 2024 a pesar de los esfuerzos de la fiscal general y otros actores por impedir su toma de posesión. El Ministerio Público ha impulsado procesos penales por motivos políticos contra funcionarios del gobierno de Arévalo, periodistas, líderes indígenas y defensores de derechos humanos.
Persisten en el país elevados índices de pobreza y desigualdad, así como discriminación estructural contra pueblos indígenas.
Independencia judicial
Los procesos opacos de selección de altas autoridades judiciales, junto con la presión política y la corrupción, siguen debilitando la independencia judicial.
En 2026, Guatemala elegirá un nuevo fiscal general, una nueva Corte de Constitucionalidad, un nuevo Tribunal Supremo Electoral y un nuevo contralor general.
En mayo, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados advirtió que los procesos de nombramiento de altos funcionarios judiciales en Guatemala son vulnerables a la interferencia de actores corruptos.
En noviembre, la Organización de los Estados Americanos (OEA) desplegó una misión de observación para los procesos de selección.
Investigaciones penales arbitrarias
Los procesos penales espurios impulsados por la fiscalía, dirigida por Consuelo Porras, han deteriorado el estado de derecho y la protección de derechos humanos.
En abril, la policía detuvo a los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán por su participación en protestas pacíficas de 2023 en respuesta a los intentos de la fiscal general y otros para anular ilegalmente los resultados electorales. El Ministerio Público los acusó de “terrorismo” y otros delitos, y un juez los envió a prisión preventiva, donde permanecían al momento de redacción de este informe.
En agosto, la policía detuvo al líder indígena Esteban Toc por cargos similares; al momento de redacción de este informe, seguía bajo arresto domiciliario a la espera de juicio.
En septiembre, la policía detuvo al exestudiante Edmar Arriola Toc por protestar contra el nombramiento de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos (USAC) en 2022. Estados Unidos sancionó a Mazariegos en 2023 por aceptar el cargo tras “un proceso de selección fraudulento”. Toc enfrenta cargos de “usurpación agravada” y “daños al patrimonio cultural”.
Ramón Cadena, abogado y defensor de derechos humanos, es acusado de “sedición” y otros delitos por asesorar en 2022 y 2023 a estudiantes y profesores de la USAC sobre el derecho a participar en protestas.
El exfiscal anticorrupción Stuardo Campo permanece en prisión preventiva desde diciembre de 2023 por cargos relacionados con su trabajo.
Claudia González, exfuncionaria de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un mecanismo respaldado por la ONU, continuaba sometida a una investigación penal basada en cargos espurios, al momento de redacción de este informe.
Otros exfiscales anticorrupción, entre ellos Virgina Laparra y Juan Francisco Sandoval, permanecen en el exilio mientras enfrentan cargos penales. En julio, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados señaló que más de 50 funcionarios del sistema judicial continúan en el exilio.
La fiscal general ha intentado en repetidas ocasiones retirar la inmunidad del presidente Arévalo y miembros de su administración para que puedan ser investigados penalmente por cargos aparentemente falsos. El juez Fredy Orellana, sancionado por la Unión Europea (UE) y los Estados Unidos por socavar procesos democráticos, ordenó en noviembre de 2024 la cancelación de la personería jurídica del partido de gobierno, Movimiento Semilla. En octubre, Orellana ordenó la “nulidad absoluta” de Semilla, en un aparente intento por destituir a funcionarios electos de ese partido, pero la Corte de Constitucionalidad anuló la resolución.
El presidente debe nombrar a un nuevo fiscal general en mayo de 2026 a partir de una lista de candidatos preseleccionados por una comisión de postulación.
Ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos
Las detenciones y los procesos penales arbitrarios han creado un entorno hostil para los periodistas y defensores de derechos humanos y han debilitado el derecho a la libertad de expresión y la libertad de prensa.
José Rubén Zamora, periodista y fundador de El Periódico, fue detenido en 2022 por cargos de lavado de dinero. Zamora permaneció detenido durante más de dos años hasta que un tribunal ordenó su traslado a arresto domiciliario en octubre de 2024. Sin embargo, en marzo, un juez ordenó su regreso a prisión, donde permanecía al momento de redacción de este informe. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria concluyó que Zamora fue detenido, de manera arbitraria, debido al ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión.
Según la Asociación de Periodistas de Guatemala, 19 periodistas permanecían en el exilio en mayo.
En 2024, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) documentó más de 4.000 incidentes—entre ellos, procesos penales arbitrarios, acoso, difamación, estigmatización, amenazas, intimidación y violencia—contra defensores de derechos humanos, periodistas y funcionarios judiciales.
Según el Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO, 23 periodistas habían sido asesinados en Guatemala desde 2015 hasta septiembre, entre ellos Ismael Alonzo González, quien aparentemente investigaba a organizaciones criminales cuando fue asesinado en marzo. Solo seis casos han sido “resueltos”, ya sea porque se condenó al responsable o este falleció, o porque las investigaciones judiciales concluyeron que el asesinato del periodista no estuvo relacionado con la labor periodística de la víctima.
UDEFEGUA informó que al menos 28 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Guatemala en 2024, la cifra más alta registrada desde 2017. Global Witness documentó los asesinatos de 20 defensores del ambiente y territorio en 2024, frente a 4 casos en 2023. En noviembre, el gobierno adoptó una política pública para la protección de los defensores de derechos humanos.
Al momento de redacción de este informe, Guatemala no había ratificado el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (“Acuerdo de Escazú”), un instrumento regional para la protección de los defensores del medioambiente.
Derechos de las mujeres y las niñas
Las mujeres y las niñas enfrentan barreras estructurales para acceder a la justicia, la atención médica, la educación y la seguridad social. Estos retos son especialmente graves para las niñas que han sobrevivido a violencia sexual y han sufrido embarazos forzados. Entre 2018 y 2024, casi 15.000 niñas de 14 años o menos dieron a luz y se convirtieron en madres, en muchos casos en contra de su voluntad.
El acceso de las niñas a servicios de salud integrales es muy limitado. Las largas distancias de traslado, la escasez de personal capacitado y la insuficiencia de recursos en los centros de salud dificultan gravemente el acceso oportuno a servicios y recursos esenciales, como anticoncepción de emergencia y atención prenatal, durante el parto y posnatal.
La legislación guatemalteca solo permite el aborto cuando la vida de la persona embarazada corre peligro, pero el estigma y el desconocimiento de la ley entre los profesionales de salud impiden el acceso.
La falta de apoyo institucional, el estigma, la presión familiar y la violencia contribuyen a las altas tasas de deserción escolar entre las niñas embarazadas. Los programas de protección social son inadecuados; el programa “Vida” de asistencia financiera para niñas embarazadas y madres menores de 14 años tiene una baja cobertura debido a estrictos requisitos de elegibilidad y obstáculos burocráticos.
Estereotipos, malos tratos y oficinas públicas inaccesibles impiden que niñas sobrevivientes de violencia sexual accedan a la justicia. Estos obstáculos tienen un impacto desproporcionado en niñas de comunidades rurales e indígenas.
A pesar de estos desafíos, en 2025 se lograron importantes victorias legales en casos de violencia contra mujeres y niñas.
En agosto, seis exfuncionarios públicos fueron condenados a penas de prisión por su responsabilidad en un incendio ocurrido en 2017 en el que 41 niñas murieron y 15 más resultaron heridas. En el momento del incendio, las víctimas se encontraban encerradas en un refugio administrado por el gobierno.
En mayo, un tribunal guatemalteco declaró culpables a tres exparamilitares de crímenes contra la humanidad y los condenó a 40 años de prisión por la violación de seis mujeres indígenas mayas achí entre 1981 y 1983, durante el conflicto armado interno (1960-1996).
En junio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que Guatemala había violado los derechos de Fátima, una niña de 13 años que en 2010 fue obligada a continuar con un embarazo resultado de una violación.
Derechos económicos, sociales y culturales
Según datos del gobierno de 2023, el 56 % de los guatemaltecos vive por debajo del umbral nacional de pobreza. Entre los pueblos indígenas, la tasa de pobreza afecta al 75 % de las personas.
Guatemala tiene la tasa más alta de desnutrición crónica de América Latina. Casi el 47 % de los niños menores de cinco años sufren desnutrición crónica, y la cifra asciende al 58 % entre los niños indígenas.
El 40 % de los guatemaltecos vive sin acceso a agua corriente dentro de sus viviendas y un tercio de los hogares depende de letrinas, pozos ciegos o defecación al aire libre. La falta de servicios de saneamiento adecuados, incluidas plantas de tratamiento de aguas residuales, provoca una contaminación generalizada del agua, y pone en grave riesgo la salud de quienes dependen de lagos y ríos como fuente de agua principal. En octubre, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales dio a conocer una propuesta de ley de aguas. Al momento de redacción de este informe, el gobierno aún no había enviado la iniciativa al Congreso.
En 2023, la carga tributaria en Guatemala, los ingresos por impuestos como porcentaje del PIB, fue del 14 %, muy por debajo del promedio regional que alcanza el 21 %, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esto limita los recursos disponibles para servicios públicos esenciales, como acceso al agua y al saneamiento, atención médica, educación y asistencia social.
Los desalojos forzados contribuyen a la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a bienes esenciales, en particular para las comunidades indígenas, campesinas y de bajos ingresos. La falta de demarcación y titulación adecuada de tierras indígenas y ancestrales socavan los derechos económicos y culturales y aumentan el riesgo de desalojo.
Seguridad pública
Guatemala enfrenta desafíos derivados del crimen organizado y el narcotráfico, agravados por las deficiencias institucionales de su sistema de justicia.
En agosto, varios custodios fueron tomados como rehenes y uno de ellos murió durante los disturbios ocurridos en la cárcel. En octubre, el gobierno anunció que 20 presuntos miembros de la pandilla Barrio 18 habían escapado de una prisión de máxima seguridad. A la semana siguiente, el Congreso designó a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha como organizaciones terroristas, anunció la creación de nuevas cárceles de máxima seguridad y aumentó las penas para determinados delitos.
Según el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Guatemala registró 326 homicidios más entre enero y julio que en el mismo periodo de 2024, un aumento del 21 %, que elevó la tasa de homicidios a 17,65 por cada 100.000 habitantes.
Según el centro de estudios Diálogos Guatemala, el Ministerio Público registró 25.151 denuncias por extorsión en 2024, un aumento del 39 % con respecto a 2023.
Las debilidades del sistema de justicia guatemalteco contribuyen a la impunidad. En julio, la relatora especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados informó que, desde 2018, el Ministerio Público solo había logrado presentar acusaciones o conseguir condenas en menos del 9 % de los 3,8 millones de expedientes que cerró.
Género y sexualidad
Guatemala no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo ni el reconocimiento legal de género para las personas transgénero, y carece de una legislación integral contra la discriminación LGBT.
Grupos de la sociedad civil guatemalteca informaron de al menos 16 asesinatos violentos de personas LGBT entre enero y agosto de 2025.
Migración
Entre enero y agosto, más de 27.000 migrantes guatemaltecos fueron devueltos a Guatemala desde Estados Unidos.
El gobierno guatemalteco adoptó el “Plan Retorno al Hogar” para apoyar a migrantes retornados, y abrió centros de atención de migrantes donde reciben alimentos, atención médica y, cuando es necesario, una derivación a instituciones que brindan otros servicios, como asistencia jurídica.
Sanciones
Varios gobiernos extranjeros, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y la Unión Europea, han impuesto sanciones contra la fiscal general Porras y a otros funcionarios judiciales por presunta corrupción y acciones que socavan el estado de derecho.
En junio, la UE impuso una nueva ronda de sanciones contra una entidad y tres personas, entre ellas un juez, por la “persecución e intimidación” de fiscales, abogados y periodistas.