En febrero, el presidente Nayib Bukele logró una victoria contundente en las elecciones presidenciales para el periodo 2024-2029, consiguiendo un segundo mandato a pesar de que la Constitución prohibe la reelección inmediata. Su partido, Nuevas Ideas, obtuvo una supermayoría legislativa en parte gracias a reformas previas al sistema electoral.
Desde que asumió el cargo en 2019, el gobierno de Bukele ha desmantelado sistemáticamente las instituciones democráticas y ha concentrado el poder en el ejecutivo. El régimen de excepción adoptado por la Asamblea Legislativa, que suspende ciertos derechos básicos, sigue vigente. Las autoridades han cometido violaciones generalizadas de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias masivas, desapariciones forzadas, tortura, y otros malos tratos en detención y graves violaciones del debido proceso. La violencia relacionada con las pandillas ha disminuido notablemente.
Elecciones libres y justas
En febrero, Nayib Bukele ganó un segundo mandato con más del 80 % de los votos, saltándose disposiciones constitucionales que prohiben la reelección inmediata. Legisladores del partido de gobierno Nuevas Ideas aseguraron 54 de los 60 escaños en la Asamblea Legislativa. La reelección fue posible gracias a un fallo de 2021 de la Corte Suprema, cuya composición había sido modificada por la Asamblea para incluir jueces cercanos al gobierno.
Una misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) que supervisó las elecciones expresó preocupaciones sobre la imparcialidad del proceso, citando desigualdad en el financiamiento de las campañas, el acceso a medios de comunicación y el uso de recursos estatales. También expresaron preocupación por las reformas que amenazaban la independencia judicial y por la celebración de elecciones durante el régimen de excepción.
Previo a las elecciones, la Asamblea Legislativa aprobó reformas electorales que favorecían a los partidos más grandes, facilitando la consolidación del poder del partido de gobierno. Estos cambios incluyeron la reducción de escaños de la Asamblea Legislativa de 84 a 60 y cambios en la fórmula para la asignación de escaños legislativos. Además el número de municipios se redujo de 262 a 44.
En septiembre, la Asamblea Legislativa eligió a los cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para un mandato de cinco años. El opaco proceso de selección y la aparente falta de independencia de algunos magistrados elegidos sonaron alarmas sobre la independencia de la autoridad electoral.
Políticas de seguridad
El régimen de excepción adoptado en marzo de 2022, que suspende ciertos derechos básicos, incluyendo protecciones del debido proceso, había sido extendido 30 veces y seguía vigente al momento de la redacción de este informe.
En 2022, la Asamblea aprobó un conjunto de reformas penales aumentando las penas máximas de prisión a 10 años para niños y niñas de 12 a 15 años, y hasta 20 años para aquellos de 16 a 18 años que sean acusados de los delitos de pertenencia a “agrupaciones ilícitas”. Cambios legales posteriores también han permitido juicios masivos y han ampliado el uso de la detención provisional obligatoria.
Bajo el régimen de excepción, la policía y los soldados han realizado cientos de operativos indiscriminados, particularmente en comunidades de bajos ingresos, deteniendo a más de 83.000 personas, entre ellas más de 3.000 niños. Las autoridades informaron para agosto de 2023 de que 7.000 personas habían sido liberadas de prisión desde el inicio del régimen de excepción.
Grupos locales e internacionales de derechos humanos han documentado detenciones arbitrarias masivas, tortura y, en algunos casos, violencia sexual contra mujeres y niñas en detención, y desapariciones forzadas. Las autoridades no han informado sobre acusaciones, imputaciones o condenas contra ningún policía o soldado en relación con estos abusos. En un informe publicado en septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), encontró “denuncias” de “violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos" e instó a las autoridades a “poner fin” al régimen de excepción.
En muchos casos, los detenidos no tienen conexiones aparentes con la violencia de las pandillas. A menudo, las detenciones parecen haberse basado en la apariencia física de los detenidos y en denuncias anónimas, en lugar de evidencia creíble. Tipicamente las fuerzas de seguridad no presentaron órdenes de detención ni proporcionaron razones para las detenciones. Muchas detenciones parecen haber sido impulsadas por una política de “cuotas” impuesta por jefes policiales.
El encarcelamiento masivo ha elevado la población carcelaria de El Salvador a aproximadamente 108.000 detenidos, excediendo en 38.000 la capacidad oficial y empeorando las ya precarias condiciones penitenciarias. Un alarmante 1,7 % de la población del país está ahora detenida.
Al menos 261 detenidos han muerto en prisión durante el régimen de excepción, según informó Cristosal, una organización de derechos humanos, en julio. El fiscal general Rodolfo Delgado dijo en junio de 2023 que 142 investigaciones sobre muertes bajo custodia habían sido archivadas.
En enero, El Salvador rechazó una solicitud de visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de las Naciones Unidas.
Violencia de pandillas
La violencia de las pandillas ha disminuido significativamente. Durante décadas, las pandillas ejercieron control territorial sobre comunidades en todo el país, cometiendo homicidios, reclutamiento forzado de niños, violaciones y agresiones sexuales, secuestros, extorsión y desplazamiento.
La alta tasa de homicidios del país, que alcanzó un máximo de 105 por cada 100.000 habitantes en 2015, ha disminuido drásticamente desde 2019, y, según cifras oficiales, alcanzó un mínimo histórico en 2023. Los casos de extorsión también han disminuido, informaron las autoridades.
Los gobiernos anteriores han oscilado entre negociaciones secretas con pandillas y medidas de seguridad de “mano dura” basadas en el encarcelamiento masivo. Ambas estrategias provocaron un recrudecimiento de violencia y resultaron en violaciones de derechos humanos.
Previo al régimen de excepción, el gobierno de Bukele habría negociado con las pandillas, ofreciéndoles beneficios penitenciarios a cambio de una reducción en la tasa de homicidios y de apoyo electoral durante las elecciones. El aparente colapso de las negociaciones entre el gobierno y la pandilla MS-13 habría provocado una escalada de violencia en marzo de 2022.
Algunos líderes de pandillas que habían sido condenados y sentenciados a prisión en El Salvador fueron identificados y detenidos en el extranjero. César Humberto López Larios, un líder de la MS-13, fue capturado en México y extraditado a Estados Unidos en junio. Elmer “Crook” Canales, otro líder de la MS-13, fue liberado mientras cumplía una condena de 40 años en El Salvador en noviembre de 2021, y presuntamente escoltado a Guatemala por un funcionario del gobierno. Un año después, las autoridades mexicanas detuvieron a Canales y lo pusieron bajo custodia de las autoridades estadounidenses, que lo habían acusado en 2020.
Derechos económicos, sociales y culturales
Según cifras oficiales, el 27 % de la población de El Salvador vivía por debajo de la línea de pobreza nacional en 2023, un aumento del 0,4 % con respecto a 2022. Casi el 9 % de la población vivía en la pobreza extrema.
En 2023, los salvadoreños de 6 años y más completaron un promedio de 7,3 años de escolaridad, con disparidades significativas entre las zonas rurales (5,6 años) y urbanas (8,3 años). Además, el 21,5 % de los salvadoreños de 15 a 24 años no estaban empleados ni asistían a la escuela en 2023. Entre las personas de 16 a 18 años, el 30 % no asistía a la escuela en 2023, una disminución del 5 % con respecto a 2022. De los mayores de 60 años, el 28 % no sabía leer ni escribir.
Independencia judicial y Estado de derecho
El gobierno de Bukele ha socavado el Estado de derecho, incluyendo mediante la cooptación de los tribunales y la aprobación de cambios legislativos que amplían el control del gobierno sobre el poder judicial.
En septiembre, la Asamblea Legislativa eligió a siete nuevos magistrados de la Corte Suprema. Organizaciones de la sociedad civil criticaron la falta de transparencia en el proceso y expresaron preocupaciones sobre la falta de independencia de los candidatos.
La Procuraduría General de la República, que durante mucho tiempo ha estado sobrecargada de casos, sufrió una reducción significativa de personal. Hasta abril, cada uno de sus 281 defensores públicos manejaba un promedio de 280 casos derivados del régimen de excepción. La situación se agravó en septiembre cuando 400 trabajadores de la institución, entre ellos más de 130 defensores públicos, fueron obligados a renunciar.
En abril, la Asamblea Legislativa avanzó con una reforma del proceso de enmienda constitucional. La reforma permitió que una sola legislatura cambie la Constitución con una mayoría de tres cuartos de los votos.
En enero, los legisladores enmendaron la Ley Especial contra Actos de Terrorismo para otorgar al Fiscal General la autoridad de añadir individuos y organizaciones a una “lista nacional de personas y entidades designadas como terroristas” sin supervisión judicial.
En mayo de 2021, legisladores del partido de gobierno destituyeron y reemplazaron de manera sumaria al fiscal general y a los cinco jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. En septiembre de 2021, los diputados aprobaron leyes que permitían a la Corte Suprema y al fiscal general destituir a jueces y fiscales mayores de 60 años. Las nuevas leyes también ampliaron sus poderes para permitir el traslado de jueces y fiscales. Las leyes contradicen estándares internacionales de derechos humanos sobre independencia judicial y se han utilizado para destituir o trasladar a jueces y fiscales independientes.
Transparencia y lucha contra la corrupción
El Salvador enfrenta desafíos significativos en transparencia, con el gobierno actual restringiendo severamente el acceso a la información pública. Según Cristosal, más del 73 % de las solicitudes de información son denegadas o ignoradas, mientras que la clasificación excesiva de la información de interés público por parte de las autoridades, requisitos onerosos de presentación y un instituto de supervisión debilitado, dificultan el acceso. Esta falta de transparencia facilita la corrupción y limita la supervisión ciudadana.
La puntuación de El Salvador en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, que mide la corrupción percibida en el sector público a nivel mundial, ha caído drásticamente de 36 en 2020 a 31 en 2023, su nivel más bajo en 12 años.
La Corte Suprema ha clasificado la declaración de bienes del presidente Bukele, apartándose de la práctica anterior. Según una investigación de los medios de comunicación Redacción Regional, Focos y Dromómanos, Bukele y su familia adquirieron 363 hectáreas de tierra durante su primer mandato presidencial. Otra investigación de los mismos medios reveló que el hermano y principal asesor de Bukele, Karim Bukele, compró un edificio en el centro histórico de San Salvador por US$1,3 millones apenas tres meses después de que la Asamblea Legislativa aprobara una ley que exime a los inversores de impuestos en esa área.
Libertad de expresión y asociación
El gobierno ha creado un ambiente hostil para periodistas, líderes sindicales y activistas de la sociedad civil. Los funcionarios han intentado desacreditar el trabajo de los periodistas y organizaciones de la sociedad civil, incluso acusándolos de ser “defensores de las pandillas”.
En octubre, la policía hostigó e intimidó a la madre del periodista independiente Ricardo Vaquerano tras la publicación de una investigación en el medio Gato Encerrado sobre una red de policías vinculados a cientos de asesinatos.
La maestra y líder sindical Idalia Zúniga fue destituida en octubre después de participar en una protesta contra la propuesta de reducir en US$121 millones los presupuestos de los ministerios de salud y educación para 2025. Para noviembre, 74 personas habían sido despedidas, la mayoría del Ministerio de Salud, muchas de ellas aparentemente separadas de sus cargos después de participar en protestas.
En septiembre, un medio de comunicación reveló grabaciones de audio de Alejandro Muyshondt, un ex asesor de seguridad nacional de Bukele que murió bajo custodia en febrero en circunstancias que no han sido adecuadamente investigadas. En los audios se escucha a Muyshondt y a Ernesto Castro, entonces secretario privado de Bukele, discutiendo planes para espiar a periodistas, medios de comunicación y opositores políticos.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció 311 “vulneraciones a la libertad de prensa” durante 2023, incluyendo acoso digital, declaraciones estigmatizantes contra periodistas y restricciones al trabajo periodístico y al acceso a la información pública. Entre marzo y mayo, la APES reportó 50 violaciones a la libertad de prensa.
Entre enero de 2022 y agosto de 2024, cinco periodistas se exiliaron temiendo represalias por su trabajo, mientras que otros 16 abandonaron el país temporalmente, según la APES.
Acceso al aborto
El Salvador penaliza el aborto en cualquier circunstancia. Durante años, los tribunales también han condenado a mujeres que han sufrido abortos o emergencias obstétricas, con penas de hasta 50 años de prisión por cargos relacionados con el aborto. La última mujer que cumplía una sentencia de prisión por homicidio agravado fue liberada el pasado noviembre, tras la defensa de organizaciones feministas. Hasta enero, había 11 mujeres procesadas por delitos relacionados con el aborto.
En marzo de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos celebró una vista sobre el caso de Beatriz, a quien El Estado de El Salvador negó un aborto en 2013 a pesar de su embarazo de alto riesgo. La sentencia seguía pendiente en el momento de redactar este informe.
Género y sexualidad
En febrero, el Ministerio de Salud ordenó la eliminación de todo material oficial que hiciera referencia a la “diversidad sexual” y a las personas “LGTBI”. Al parecer, esto incluyó información relacionada con enfermedades de transmisión sexual y formularios médicos que anteriormente permitían a los pacientes indicar su identidad de género. El Ministerio de Educación también ordenó la eliminación de todo material relacionado con la “ideología de género”, un término general y vago que suele utilizarse para desacreditar los derechos de las mujeres y las personas LGTBI.
En mayo, la nueva Asamblea Legislativa eliminó varias comisiones legislativas especializadas, incluida su Comisión de la Mujer y la Igualdad de Género, que existía desde 2009.
El Salvador no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo ni el reconocimiento legal de género para las personas transgénero y carece de una legislación integral contra la discriminación LGBT. El poder legislativo sigue ignorando una orden de la Corte Suprema de 2022 para crear un procedimiento de reconocimiento legal de género que permita a las personas transgénero cambiar sus nombres en los documentos de identidad.