En un contexto de frágiles instituciones democráticas, Ecuador ha experimentado un fuerte aumento de la violencia por parte del crimen organizado, que llevó las tasas de homicidio a niveles sin precedentes.
Tras la decisión del presidente Daniel Noboa de anunciar que el país se encuentra en un “conflicto armado interno”, las fuerzas de seguridad cometieron graves violaciones de los derechos humanos.
Problemas estructurales de larga data, como el acceso a la salud, la educación y el empleo, no han sido resueltos, lo que limita el disfrute de los derechos económicos y sociales.
Violencia y delincuencia
Los homicidios aumentaron un 430 % entre el primer semestre de 2019 y 2024, cuando se registraron un total de 3.036 homicidios. Esta cifra refleja una reducción del 16 % en comparación con el mismo periodo de 2023, pero sigue siendo superior a los 2.128 homicidios registrados en 2022, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Hasta septiembre, la policía habría recibido más de 2.000 denuncias por secuestro y más de 10.700 por extorsión. Uno de cada tres ecuatorianos reporta haber sido víctima de la delincuencia, la cifra más alta de la región.
Desde enero, tras una escalada de violencia, el presidente Noboa ha decretado varios estados de excepción de varios meses de duración y declarado un “conflicto armado interno” contra grupos de delincuencia organizada. Según la Corte Constitucional, el gobierno no ha proporcionado “información suficiente para justificar la existencia de uno o más CANI (conflicto armado no internacional)”.
La militarización de las calles y las cárceles, iniciada en enero, ha provocado graves violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, incluidas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y malos tratos.
Condiciones carcelarias
La falta de control estatal, el hacinamiento y las malas condiciones penitenciarias han permitido al crimen organizado controlar las cárceles.
Desde enero, los militares han mantenido a muchas personas privadas de libertad incomunicadas durante largos períodos, obstaculizando su acceso a abogados y a atención médica. Otros abusos denunciados contra personas privadas de libertad incluyen palizas, uso indebido de gases lacrimógenos, descargas eléctricas, violencia sexual y muertes.
En febrero, un juez concluyó que los militares pusieron en peligro a las personas privadas de la libertad y las autoridades penitenciarias incumplieron sus obligaciones, ordenando atención médica y una investigación sobre torturas. Las organizaciones de derechos humanos, los familiares de las personas privadas de la libertad y el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas también expresaron su preocupación por las condiciones inhumanas en las cárceles, incluyendo la escasez de alimentos.
Instituciones democráticas y Estado de derecho
Las instituciones democráticas, en particular el sistema de justicia, siguen siendo frágiles, están marcadas por señalamientos de corrupción y cuentan con escasa capacidad para combatir la impunidad y el crimen organizado.
La Fiscalía General del Estado ha abierto varias investigaciones contra jueces, fiscales y autoridades del Consejo de la Judicatura por presunta participación en los delitos de delincuencia organizada, soborno, lavado de dinero, tráfico de influencias y obstrucción de la justicia.
La seguridad de jueces y fiscales está en riesgo y estos carecen de la protección adecuada. Al menos 15 jueces o fiscales han sido asesinados desde 2022.
Continuaron los señalamientos sobre faltas de garantías del debido proceso y las presiones indebidas sobre tribunales y jueces. En febrero, el presidente Noboa tildó a un juez de “antipatria” después de que éste fallara en contra de las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos cometidas en las cárceles.
También continuaron los reportes sobre irregularidades en los procesos de selección y nombramiento de altos funcionarios. El Comité de Derechos Humanos de la ONU y organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación por los procesos de selección de jueces, incluyendo el proceso de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia, alegando falta de transparencia y escrutinio público, lo que planteaba dudas sobre su imparcialidad. Además, se manifestaron inquietudes por los retrasos y el reglamento del proceso de selección del próximo o próxima fiscal general.
En noviembre, el Ministerio de Trabajo suspendió a la vicepresidenta Verónica Abad por “abandono injustificado” de sus funciones pocas semanas antes de que tuviera que sustituir al presidente Noboa durante la campaña electoral. El Ministerio no proporcionó una base legal para su decisión. El mismo mes, el Tribunal Supremo Electoral descalificó a Jan Topic como candidato en las elecciones presidenciales de 2025, basándose en “pruebas reservadas”, lo que suscitó preocupación sobre el respeto al debido proceso y a los derechos políticos.
Derechos económicos, sociales y culturales
En junio, la pobreza a nivel nacional se situó en el 26 %, y en las zonas rurales las cifras ascendían a cerca del 43 %. Además, el 10,6 % de los ecuatorianos vivía en “pobreza extrema”, es decir, con ingresos familiares per cápita inferiores a US$51,6 al mes. La cifra de pobreza extrema en zonas rurales alcanzaba el 24,1 %.
A pesar de una ligera disminución de la tasa de desempleo a nivel nacional en comparación con el segundo semestre de 2023, esta se situó en el 3,5 %, mientras que el 52,5 % de las personas ocupadas trabajaba en el sector informal.
Ecuador ocupa el tercer lugar en Sudamérica, después de Bolivia y Venezuela, con la mayor prevalencia de hambre, que afecta a 2,5 millones de personas, según el Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición de la ONU.
Millones de personas se han visto afectadas por los cortes de electricidad en todo el país, causados por una sequía que afecta la generación de energía hidroeléctrica, lo que impacta sus derechos a la educación, el trabajo y la salud, entre otros.
Libertad de expresión
En noviembre, la organización Fundamedios reportó más de 160 “agresiones” contra la libertad de expresión y de prensa, incluyendo discursos estigmatizantes, agresiones verbales contra periodistas y obstáculos para acceder a la información, la mayoría de las cuales fueron llevadas a cabo por actores estatales y por el crimen organizado.
En junio, se canceló el programa de televisión “Los Irreverentes”, aparentemente debido a presiones del gobierno, según Fundamedios. Ese mismo mes, la Cancillería canceló la visa de la periodista cubana Alondra Santiago por “atentar contra la seguridad pública y la estructura del Estado” después de que ella criticara al gobierno mediante una canción basada en el himno nacional.
Migrantes, solicitantes de asilo y refugiados
A pesar de un marco constitucional y legal progresista, muchos migrantes y solicitantes de asilo en Ecuador tienen dificultades para obtener un estatus regular e integrarse. Aunque hay más de 77.900 refugiados en el país, la aplicación de la definición ampliada de refugiado de la Declaración de Cartagena por parte de Ecuador es inconsistente.
Un proceso de regularización de 2022 concedió a más de 95.000 extranjeros, principalmente venezolanos, una visa para tener un estatus regular por dos años, pero el proceso está actualmente cerrado. En agosto, el gobierno amplió el proceso de regularización para regularizar a los venezolanos que se habían registrado dentro de los plazos establecidos pero que no habían podido obtener sus visas.
Si bien en 2021 apenas unos cientos de ecuatorianos cruzaron el Tapón del Darién entre Colombia y Panamá, la cifra se disparó en 2023, impulsada por factores económicos y la inseguridad, alcanzando los 57.250. Más de 14.700 ecuatorianos cruzaron la selva entre enero y agosto de 2024.
Derechos de los niños y niñas
La violencia sexual sigue siendo endémica en las escuelas de Ecuador y obtener justicia resulta difícil para muchas supervivientes. Entre enero de 2014 y agosto de 2024, las autoridades registraron más de 6.700 casos de violencia sexual contra estudiantes cometidos por profesores, personal escolar, otros estudiantes o conductores de transporte escolar.
Las medidas adoptadas por el gobierno para responder a la violencia sexual en las escuelas no han progresado a la escala y celeridad necesarias para garantizar la seguridad de todos los niños, niñas y adolescentes ante la violencia sexual en el ámbito educativo.
En agosto, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de 2020 en el caso Paola Guzmán Albarracín vs. Ecuador, el presidente Noboa firmó una política destinada a erradicar la violencia sexual en las escuelas para 2030. Sin embargo, grupos de la sociedad civil expresaron su preocupación por la insuficiencia del presupuesto destinado a su implementación.
El aumento de la violencia y el crimen organizado ha impactado gravemente los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Los homicidios de adolescentes de entre 15 y 19 años aumentaron un 17 % en el primer semestre de 2024, en comparación con el mismo periodo de 2023, según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado. Además, este fenómeno ha incrementado el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes y ha puesto en riesgo su derecho a un entorno de aprendizaje seguro.
En abril, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU canceló su sesión por falta de fondos, lo que limitó el escrutinio de los acontecimientos en Ecuador.
Derechos de las mujeres y las niñas
El aborto está penalizado en Ecuador, excepto cuando el embarazo pone en riesgo la salud o la vida de la persona embarazada o cuando este es consecuencia de una violación. En abril, Justa Libertad, una coalición de ocho organizaciones de la sociedad civil, presentó una demanda ante la Corte Constitucional de Ecuador con el fin de despenalizar el aborto en todas las circunstancias.
Siguen existiendo importantes barreras para acceder a este servicio esencial, incluyendo la estigmatización, el maltrato por parte del personal de salud, el miedo a la persecución penal y una interpretación restrictiva de las excepciones legales para el aborto. Las mujeres y niñas que se enfrentan a procesos penales en virtud de leyes restrictivas suelen vivir en la pobreza y proceder de comunidades indígenas o afrodescendientes.
El Ministerio de la Mujer y los Derechos Humanos reportó 222 muertes violentas de mujeres y niñas (asesinatos, homicidios y feminicidios) hasta finales de junio. La Fiscalía General informó de 59 feminicidios—asesinatos que se consideran perpetrados por motivos de género—entre enero y septiembre.
Orientación sexual e identidad de género
En junio, el gobierno promulgó un reglamento que establece un procedimiento legal de reconocimiento de género para personas transgénero, basado en el principio de autodeterminación, en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional de 2017.
El poder legislativo no ha cumplido otras órdenes judiciales de revisar las disposiciones sobre el matrimonio civil para incluir a las parejas del mismo sexo, regular los métodos de reproducción asistida; y permitir a las parejas del mismo sexo registrar a sus hijos con sus apellidos.
La Constitución discrimina a las parejas del mismo sexo al excluirlas del acceso a la adopción.
Protección del medioambiente y derechos de los pueblos indígenas
En mayo, el presidente Noboa creó un comité encargado de definir los mecanismos para implementar el mandato popular de 2023 de detener la perforación petrolera, tanto actual como futura, en el área Ishpingo, Tambococha y Tiputini (ITT) del Parque Nacional Yasuní. Este parque, designado como Reserva Mundial de la Biosfera por la ONU, es también el territorio ancestral de los pueblos indígenas Waorani, Tagaeri y Taromenane, estos dos últimos en situación de aislamiento voluntario. El gobierno no cumplió el plazo de un año establecido por la Corte Constitucional para suspender las actividades y afirmó que lo hará “de manera progresiva”.
Un grupo de niñas indígenas siguieron impulsado, a pesar de los actos de intimidación denunciados, que el gobierno apagara los mecheros que queman gas de la industria petrolera y afectan a sus comunidades en la región amazónica, como exige una sentencia de 2021. En mayo, el gobierno había apagado 145 de los 424 mecheros registrados.