El gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva tomó importantes medidas para reducir la deforestación de la Amazonia, pero planea invertir miles de millones de dólares en combustibles fósiles. Hubo inundaciones devastadoras en el sur de Brasil y una sequía récord en todo el país que propició graves incendios.
Los abusos policiales siguen afligiendo a Brasil. En el estado de São Paulo hubo un aumento dramático de los homicidios a manos de la policía desde que el actual gobernador asumió el cargo en 2023.
Brasil avanzó en la protección de los derechos digitales de los niños.
Estado democrático de derecho
Hasta noviembre, los fiscales habían presentado cargos contra más de 1.600 personas que supuestamente apoyaron o formaron parte de una multitud que invadió y damnificó edificios federales en Brasilia el 8 de enero de 2023, pidiendo un golpe de Estado. De ellas, 284 habían sido condenadas. Mientras tanto, el Congreso estudiaba un proyecto de ley para concederles una amnistía.
En noviembre, la policía acusó al expresidente Jair Bolsonaro y a otras 36 personas, incluidos exministros y militares, de planear un golpe de Estado. La policía detuvo a cuatro militares y a un policía por supuestamente conspirar para matar al presidente Lula, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes en 2022 para impedir que Lula asumiera el cargo.
También en noviembre, un hombre detonó explosivos y se suicidó frente al Tribunal Supremo, tras haber supuestamente proferido amenazas contra éste.
El Congreso eliminó el requisito de que los partidos asignaran el mismo nivel de fondos electorales públicos a los candidatos negros y no negros. Los partidos también se concedieron indultos a sí mismos tras haber violado la norma de asignación en las elecciones anteriores, en las que varios partidos favorecieron a candidatos blancos.
Investigadores recopilaron 338 casos de amenazas y violencia, incluidos 33 asesinatos, contra candidatos—o sus familiares—en el periodo previo a las elecciones municipales de octubre.
Corrupción y transparencia
El Congreso estaba estudiando un proyecto de ley que reduciría el periodo en que los políticos condenados por delitos tienen prohibido presentarse a elecciones.
La policía federal recomendó a la fiscalía presentar cargos contra el expresidente Bolsonaro en marzo, basándose en pruebas de que falsificó su registro de vacunas, y en julio por supuestamente apropiarse de joyas recibidas de gobiernos extranjeros.
En mayo, los fiscales acusaron a un diputado y a su hermano, un funcionario público que era miembro del Tribunal de Cuentas de Río de Janeiro, de ordenar el asesinato en 2018 de la concejala y defensora de los derechos humanos Marielle Franco, a la que supuestamente consideraban un “obstáculo” para sus actividades ilegales, que incluían apropiación de tierras y vinculación con grupos paramilitares. La fiscalía también acusó al entonces jefe de la policía civil de Río de Janeiro de ayudarles. El chófer de Franco, Anderson Gomes, también fue asesinado. En octubre, dos expolicías que confesaron haber llevado a cabo el asesinato fueron condenados a décadas de prisión.
En agosto, el Tribunal Supremo suspendió las asignaciones presupuestarias decididas por legisladores hasta que el Congreso adopte normas que garanticen una mayor transparencia. En 2024, el Congreso controlaba una cuarta parte de todo el gasto discrecional del gobierno, que ascendía a 49.000 millones de reales (US$9.000 millones). El fiscal general presentó cargos de corrupción por el uso de esos fondos contra tres miembros del Congreso.
En 2023, el gobierno denegó 1.339 solicitudes de información, alegando que contenían datos personales. Clasificó como confidencial durante 100 años la lista de reuniones de la primera dama y una declaración de conflicto de intereses de un ministro. En septiembre, el gobierno anunció algunas medidas para aumentar la transparencia.
Libertad de expresión
Un estudio identificó más de 47.800 publicaciones en las redes sociales que atacaban a los medios de comunicación durante la campaña electoral.
En mayo, el Tribunal Supremo dictaminó que la presentación de múltiples demandas contra periodistas sobre los mismos hechos en distintas jurisdicciones constituía acoso judicial destinado a silenciarlos. Consideró que los periodistas sólo son responsables de difamación si existen pruebas “inequívocas” de intención maliciosa o “negligencia evidente” en su trabajo de recabar información.
Derechos digitales
En agosto, un juez del Tribunal Supremo suspendió las operaciones de X en Brasil durante más de cinco semanas después de que la plataforma de redes sociales se negara a bloquear cuentas que probablemente se dedicaban al doxing. El magistrado también ordenó multas para los usuarios que accedieran a X a través de redes privadas virtuales (VPN). La falta de transparencia sobre las órdenes de eliminación de cuentas por parte del Tribunal Supremo y la inadecuada moderación de contenidos por parte de X han perjudicado a los usuarios.
En junio, se descubrió que las fotos personales de 358 niños brasileños se habían utilizado indebidamente para crear herramientas de inteligencia artificial (IA) que, a su vez, fueron utilizadas por otros para crear deepfakes maliciosos de otros niños.
Entre noviembre de 2023 y abril de 2024, al menos 85 niñas de seis estados dijeron a la policía que sus fotos en las redes sociales habían sido manipuladas, utilizando IA, para convertirlas en deepfakes sexualmente explícitos de ellas.
En junio, el gobierno se comprometió a desarrollar una política nacional para proteger los derechos digitales de los niños.
En julio, la Autoridad Nacional de Protección de Datos prohibió a Meta utilizar datos personales de sus usuarios menores de edad para desarrollar sus sistemas de IA.
Educación
Las disparidades raciales en el acceso a la educación continuaron. El 48 % de los brasileños negros de 25 años o más habían terminado la enseñanza secundaria en 2023, frente al 62 % de los brasileños blancos de la misma edad.
En junio, el Observatorio Nacional de la Violencia contra los Educadores, que está apoyado por el gobierno, puso en marcha una iniciativa para investigar el acoso contra los profesores que abordan temas como género y sexualidad, y racismo en las aulas. En agosto, el gobierno creó un grupo de trabajo para tratar el acoso, los prejuicios y la discriminación en las escuelas.
G20
En noviembre, el G20 acordó asegurarse de que las personas muy ricas tributen de forma efectiva luchando contra la evasión fiscal y fomentando el diálogo sobre cuestiones fiscales, tal y como propuso Brasil. El G20 también respaldó la alianza mundial creada por Brasil para luchar contra el hambre y la pobreza, la cual pretende promover programas sociales de transferencia de dinero y comidas escolares, entre otras iniciativas.
Seguridad pública y conducta policial
Los homicidios descendieron un 5 % de enero a septiembre, en comparación con el mismo periodo de 2023.
La policía había matado a 4.565 personas hasta septiembre. Los análisis de años anteriores mostraron que más del 80 % de las víctimas de homicidios por la policía eran negras. Aunque algunos de esos homicidios son en defensa propia, muchos otros son consecuencia del uso ilegal de la fuerza.
En São Paulo, los homicidios causados por la policía aumentaron un 55 % de enero a septiembre, en comparación con el mismo periodo de 2023. La policía mató al menos a 84 personas en dos operaciones en la región de la Baixada Santista, en 2023 y 2024. Los fiscales habían presentado cargos en sólo cinco de esas muertes, hasta noviembre.
En Río de Janeiro, los homicidios causados por la policía han caído drásticamente desde que una sentencia del Tribunal Supremo en 2020 ordenó al estado de Río de Janeiro tomar medidas para frenar los abusos policiales. De enero a septiembre, el número de víctimas bajó un 24 %, en comparación con el mismo periodo de 2023.
En junio, el Tribunal Supremo despenalizó la posesión de marihuana para uso personal. En respuesta, el Congreso estaba estudiando una enmienda constitucional para criminalizarla. La policía brasileña utiliza regularmente la ley antidroga como justificación para realizar redadas letales en barrios de bajos ingresos.
En 2023, 118 policías murieron por suicidio, un aumento del 26 % en comparación con 2022, informó el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), una organización sin ánimo de lucro, superando el número de homicidios de policías en servicio (54) y fuera de servicio (73).
En dos sentencias publicadas en marzo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que la policía de los estados de São Paulo y Paraná había cometido graves violaciones de derechos humanos. El tribunal ordenó a Brasil que parara de juzgar en tribunales militares los delitos contra civiles cometidos por la policía militar y que, en su lugar, recurriera a tribunales civiles.
En un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en octubre, los expertos de la ONU en justicia racial e igualdad en el cumplimiento de la ley denunciaron el racismo sistémico existente en Brasil e instaron al gobierno a adoptar una estrategia nacional para reducir los homicidios a manos de la policía y garantizar investigaciones adecuadas de los casos de abusos policiales.
Condiciones de detención
Más de 668.500 personas estaban encarceladas en junio de 2024, superando en un 37 % la capacidad de las instalaciones carcelarias brasileñas. Otras 220.221 personas estaban bajo arresto domiciliario.
El Mecanismo Nacional para la Prevención y el Combate a la Tortura y el Consejo Nacional de Justicia denunciaron hacinamiento, condiciones insalubres y malos tratos y tortura en instalaciones penitenciarias en por lo menos seis estados en 2023.
El número de niños y jóvenes recluidos en centros de detención juvenil—11.757—siguió disminuyendo, con un descenso del 6 % en 2023 respecto a 2022.
Violencia de género
Unas 3.060 mujeres y niñas fueron asesinadas entre enero y septiembre. La policía registró cerca de un tercio de esas muertes como feminicidios, definidos por la ley brasileña como asesinatos “por ser personas de sexo femenino”.
Entre enero y septiembre hubo unas 51.400 denuncias de violaciones de mujeres y niñas. En 2023, las niñas menores de 14 años fueron víctimas de tres cuartas partes de todas las violaciones denunciadas. Las niñas negras tenían el doble de probabilidades de ser víctimas de violación que las blancas, según un estudio.
En una encuesta nacional publicada en 2024, casi la mitad de las mujeres afirmaron haber sufrido violencia doméstica.
En septiembre, el presidente Lula despidió al ministro de derechos humanos después de que surgieran alegaciones de que había acosado sexualmente a la ministra de igualdad racial y a otras mujeres. Él negó las acusaciones. Entre enero y agosto, oficinas de asuntos internos de órganos gubernamentales recibieron 557 denuncias de acoso sexual que implicaban a funcionarios públicos.
Aborto
El aborto sólo es legal en Brasil en caso de violación, para salvar la vida de la mujer o en caso de anencefalia del feto. La criminalización del aborto aleja a mujeres, niñas y personas embarazadas del sistema de salud. Las personas que se someten a abortos ilegales pueden enfrentarse a penas de hasta tres años de cárcel, y las que los practican, a cuatro años.
En junio, miles de personas protestaron contra un proyecto de ley que equipararía el aborto después de las 22 semanas al homicidio, incluso tras una violación.
Abusos de la era militar
Desde 2012, los fiscales han presentado cargos en más de 50 causas penales por violaciones de derechos humanos durante el régimen militar de Brasil (1964-1985). Los tribunales han desestimado la mayoría, alegando la prescripción o una ley de amnistía aprobada por la dictadura y confirmada por una sentencia del Supremo Tribunal Federal de 2010. La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que esa decisión del Supremo Tribunal Federal violaba las obligaciones de Brasil según el derecho internacional.
En mayo, los fiscales acusaron a cuatro exfuncionarios y a un médico forense del asesinato en 1969 de Carlos Marighella, un exdiputado que lideró la oposición armada a la dictadura, y de encubrir el crimen. Los fiscales también presentaron demandas civiles contra más de 100 exfuncionarios por torturas, desapariciones y asesinatos.
En marzo, el presidente Lula dio instrucciones a su gobierno de no celebrar actos en recuerdo del 60 aniversario del golpe. El relator especial de la ONU sobre la verdad, la justicia y la reparación dijo que el silencio “revictimiza” a las víctimas.
El gobierno de Lula pidió perdón por los abusos contra los pueblos indígenas durante la dictadura y restableció una comisión para investigar los asesinatos y las desapariciones forzadas que el gobierno de Bolsonaro había desmantelado.
Derechos de los pueblos indígenas, afrodescendientes y defensores del medio ambiente
El gobierno de Lula ha otorgado títulos de propiedad de 13 territorios indígenas y ha avanzado en el reconocimiento de otros 11, pero cientos de procesos siguen pendientes.
Un obstáculo clave ha sido el intento de sectores de la agroindustria de negar el derecho de los pueblos indígenas a sus tierras tradicionales si no estaban físicamente presentes en ellas cuando se aprobó la Constitución de Brasil en 1988. En 2023, el Tribunal Supremo dictaminó que esa fecha límite era inconstitucional, pero el Congreso la convirtió en ley. La cuestión está pendiente de nuevo ante el tribunal.
La titulación de tierras indígenas es clave para garantizar los derechos sobre la tierra y puede frenar la deforestación. De 1985 a 2023, los territorios indígenas perdieron menos del 1 % de su vegetación autóctona, frente al 28 % en las zonas privadas, según MapBiomas, un consorcio de científicos.
En septiembre de 2024, el gobierno de Lula entregó 21 títulos de propiedad a comunidades rurales afrodescendientes. Sin embargo, al ritmo actual, el gobierno tardaría 2.708 años en concluir las solicitudes de titulación pendientes, según mostró un estudio de la organización sin ánimo de lucro Tierra de Derechos.
Los defensores de los derechos medioambientales y territoriales siguieron enfrentándose a la violencia.
La Comisión Pastoral de la Tierra, organización sin ánimo de lucro, registró en el primer semestre de 2024 más de 1.000 conflictos por la tierra y los recursos en todo Brasil, muchos de ellos relacionados con la tala ilegal, la minería o la apropiación de tierras. Estos conflictos se saldaron con 11 asesinatos, hasta noviembre.
En noviembre, el Congreso estaba considerando la aprobación del Acuerdo de Escazú, que exige la protección de los defensores del medio ambiente y el acceso a la información y la participación pública en asuntos medioambientales.
Medio ambiente
Los fenómenos meteorológicos extremos causaron graves impactos sanitarios y medioambientales en Brasil. Los expertos afirmaron que el cambio climático aumenta la probabilidad y la intensidad de estos fenómenos.
Entre abril y mayo, más de 180 personas murieron en las peores inundaciones de los últimos 80 años en el estado de Rio Grande do Sul, que desplazaron a decenas de miles de habitantes.
A nivel nacional, Brasil sufrió la peor sequía de que hay registros. Y los incendios arrasaron todo el país, muchos de ellos provocados para usar la tierra para criar ganado o la agricultura, según los expertos. De enero a octubre se quemaron más de 27 millones de hectáreas, más del doble que el año anterior.
Brasil contribuye a la crisis climática como uno de los 10 mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo.
El gobierno de Lula ha reducido la deforestación, una fuente clave de emisiones. De agosto de 2023 a julio de 2024, se talaron 6.288 kilómetros cuadrados de selva amazónica, un 31 % menos que en el mismo periodo de 2023.
En mayo, el Ministerio de Agricultura creó un grupo de trabajo para diseñar un sistema de seguimiento del ganado, en respuesta a una ley de la Unión Europea que restringe la venta de varios productos vinculados a la deforestación, entre ellos la carne y el cuero. La ganadería es el mayor impulsor de la deforestación en la Amazonia.
En agosto, Brasil adoptó una Política Nacional de Transición Energética que, según los expertos, carecía de plazos y compromisos concretos. El gobierno de Lula ha previsto una inversión de 288.000 millones de reales (US$47.000 millones) en petróleo y gas de 2023 a 2026, la gran mayoría proveniente de fondos públicos, frente a sólo unos 87.000 millones de reales (US$11.000 millones) de inversión en energías renovables, que espera que procedan en su totalidad del sector privado. El presidente Lula abogó por la exploración de combustibles fósiles.
En mayo, el Congreso anuló el veto presidencial a un proyecto de ley que otorgaba al ministerio de agricultura la autoridad principal sobre la regulación de los pesticidas, reduciendo el papel de las autoridades sanitarias y medioambientales. Los pesticidas causan graves daños a la salud y al medio ambiente.
Derechos de las personas discapacitadas
En Brasil viven unos 18,6 millones de adultos y niños mayores de 2 años con discapacidad. Miles están recluidos en instituciones, a veces de por vida, donde pueden sufrir abandono y malos tratos. El gobierno lanzó un plan para las personas con discapacidad, pero no incluyó medidas concretas para fomentar la desinstitucionalización.
En diciembre, el Congreso aprobó un proyecto de ley para implantar una política de cuidados que incluya ayudas para las personas con discapacidad.
Inmigrantes, refugiados y solicitantes de asilo
Miles de venezolanos han cruzado la frontera con Brasil en los últimos años, huyendo del hambre, la falta de atención sanitaria o la persecución.
Unos 568.000 venezolanos vivían en Brasil a principios de junio, de los cuales el 23 % había sido reconocido como refugiado y más del 84 % contaba con permiso de residencia. Un programa de reubicación voluntaria había beneficiado a más de 141.000 personas hasta octubre.
En agosto, el gobierno prohibió a las personas en tránsito sin visado solicitar asilo, obligándolas a continuar hasta su destino o regresar a su país de origen.