La política de “retroceso” del gobierno español y su inacción a la hora de ofrecer rutas legales para solicitar asilo en sus fronteras siguieron contribuyendo a la muerte de inmigrantes en el mar. A pesar de las múltiples peticiones de rendición de cuentas, no hubo ninguna investigación creíble sobre la muerte de los más de 20 hombres africanos que perdieron la vida en la frontera terrestre entre España y Marruecos en junio de 2022.
Una reforma fallida de la ley de consentimiento sexual en 2022 dio lugar a controvertidas reducciones de sentencias y excarcelaciones de personas condenadas por delitos sexuales.
El gobierno también adoptó medidas positivas, al aprobar una nueva ley para mejorar el derecho a la vivienda, simplificar los procedimientos de reconocimiento de género para las personas transgénero, fortalecer los derechos de las personas LGBTI, reducir los obstáculos a la atención del aborto y derogar el delito de sedición. A finales de noviembre un nuevo gobierno tomó cargo, tras las elecciones anticipadas de julio..
Aunque más de una cuarta parte de la población seguía en riesgo de pobreza o exclusión social, las tasas de pobreza cayeron marginalmente según datos de mitad de año.
Inmigración y asilo
La agencia de las Naciones Unidas para los refugiados (ACNUR) dijo que, a principios de noviembre, al menos 45.575 personas habían llegado de forma irregular por mar a España, más de dos tercios a las Islas Canarias, mientras que 437 lo hicieron por tierra. Caminando Fronteras, un grupo de defensa de los derechos de los migrantes, calculó que 951 personas, entre ellas 49 niños y niñas, murieron intentando cruzar en barco desde África a España durante el primer semestre del año, principalmente por la ruta del Atlántico.
Hasta el momento de redactar este informe, no se había abierto ninguna investigación, no se había hecho justicia ni se había concedido ningún tipo de reparación creíble por los eventos del 24 de junio de 2022, cuando al menos 23 hombres africanos murieron mientras intentaban ingresar desde Marruecos al enclave vallado español de Melilla. En febrero, España y Marruecos anunciaron una cooperación “intensificada” en materia de control migratorio. En marzo, el Defensor del Pueblo dijo que 470 devoluciones realizadas el 24 de junio de 2022 eran ilegales. En mayo, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa pidió la rendición de cuentas por las muertes y señaló la falta de vías legales para entrar en los enclaves españoles y solicitar protección internacional. El comisario pidió a España que garantice que su cooperación con Marruecos no contribuya a nuevos abusos. En agosto, el Comité de la ONU contra la Tortura hizo un llamado por que se abriese una investigación independiente sobre las muertes de junio de 2022 y se adoptasen medidas para evitar que tales hechos se repitan.
En mayo se archivó una proyecto de ley, propuesto en febrero, para regularizar la situación de hasta 470.000 migrantes en España tras una campaña de petición a nivel nacional.
El disfuncional sistema digital para solicitar citas para presentar solicitudes relacionadas con el asilo y la migración fue reemplazado en gran medida por un mercado clandestino. En abril, el Defensor del Pueblo criticó a las autoridades por no emprender las reformas estructurales necesarias. En junio, más de 20 organizaciones presentaron conjuntamente una denuncia ante la Comisión Europea argumentando que la falla en el sistema de citas digitales violaba la ley de la Unión Europea.
Pobreza y desigualdad
Según datos oficiales publicados en junio, el 26 % de la población estaba “en riesgo de pobreza o exclusión social” en el país en 2022, y el 7,7 % enfrentaba “privaciones materiales o sociales graves”. Aunque ambas tasas disminuyeron con respecto al año anterior, aproximadamente la mitad de los hogares monoparentales, en su mayoría encabezados por mujeres, seguían en riesgo de pobreza y el riesgo entre las personas mayores está aumentando. Un análisis detallado mostró que las regiones del sur estaban experimentando tasas de riesgo superiores al promedio.
En agosto, el descenso de la inflación, junto con medidas gubernamentales para reducir los impuestos a la energía, limitar los precios del combustible y extender una moratoria sobre los cortes de servicios públicos a los hogares considerados “social o económicamente vulnerables”, parecieron aliviar parte de la presión sobre los hogares de bajos ingresos.
En enero, el Defensor del Pueblo instó a las autoridades a arreglar una falla en el sistema para solicitar citas en las oficinas de la seguridad social, señalando el impacto específico de las demoras en los desempleados, las personas en espera de evaluaciones de discapacidad y las personas mayores. En marzo y mayo, un equipo de periodistas de Civio documentó un colapso casi completo del sistema de petición de citas digital.
En mayo, el gobierno aprobó una nueva ley de vivienda para aumentar la provisión de viviendas públicas, fijar límites más claros al aumento de los alquileres privados, fortalecer los derechos de los inquilinos y mejorar las salvaguardias contra los “desahucios abiertos”, en los que no se informa al ocupante de la fecha de ejecución. Algunos activistas por el derecho a la vivienda acogieron con satisfacción el énfasis de la ley en el derecho a la vivienda, mientras que otros criticaron el hecho de que la ley no incluye el conjunto completo de protecciones del derecho internacional de los derechos humanos contra los desahucios forzosos ni hace ninguna mención a los propietarios-ocupantes hipotecados ni a sus metas insuficientes para la construcción de nueva vivienda pública.
En junio, el gobierno prorrogó hasta fin de año una moratoria sobre el desalojo de personas que pudieran demostrar “vulnerabilidad social y económica”, pero aumentó los topes máximos para los alquileres de viviendas privadas, con algunas excepciones.
En lo que el Defensor del Pueblo calificó como una “emergencia humanitaria”, en el momento de redacción de este informe, las autoridades no habían restablecido el suministro eléctrico a unas 4.500 personas, entre ellas 1.800 menores, en el asentamiento informal de la Cañada Real, cerca de Madrid, a pesar de una recomendación de adoptar medidas inmediatas emitida por el Comité Europeo de Derechos Sociales en octubre de 2022.
Violencia de género, incluido el abuso sexual
Para septiembre, se habían reducido las penas de 1.205 personas condenadas por delitos sexuales y 121 habían sido puestas en libertad como resultado de una laguna jurídica en la legislación de 2022 sobre violación y consentimiento sexual en España. En abril, el presidente del gobierno se disculpó públicamente por estos “efectos no deseados”.
A mediados de octubre, fuentes oficiales confirmaron que 51 mujeres habían sido asesinadas por violencia de género durante el año.
El Defensor del Pueblo informó en marzo que había recopilado 445 testimonios de supervivientes en su investigación en curso sobre abuso sexual clerical. En junio, los obispos de la Conferencia Episcopal Española reconocieron que tenían conocimiento de los abusos sexuales de 927 niños en instituciones o actividades eclesiásticas entre 1945 y 2022. Las investigaciones del periódico El País sugieren que se trata de una subestimación y que el pago de las indemnizaciones a las víctimas está siendo lento.
En septiembre la Fiscalía de la Audiencia Nacional presentó cargos de agresión sexual contra el entonces presidente de la federación de fútbol, quien posteriormente dimitió, por besar a una jugadora sin su consentimiento después de que la selección española ganara la Copa Mundial Femenina. Las jugadoras llevan mucho tiempo exigiendo cambios sistémicos para proteger y respetar sus derechos, que les paguen lo mismo que a los hombres y eliminar a los entrenadores y funcionarios abusivos de sus lugares de trabajo.
El Convenio sobre la violencia y el acoso (C190) de la Organización Internacional del Trabajo entró en vigor en España en mayo.
Derecho a la salud
En febrero, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) sostuvo que las autoridades sanitarias españolas violaron los derechos de una mujer en 2009 cuando realizaron un parto por cesárea sin su consentimiento. El comité recomendó reparaciones estatales, mejoras sistemáticas en la capacitación sobre consentimiento informado y violencia de género en contextos de salud reproductiva, y un mejor acceso a recursos para las víctimas de violencia obstétrica.
Las reformas legales aprobadas en febrero eliminaron obstáculos a la atención del aborto –como un período obligatorio de espera de tres días y el consentimiento necesario de los padres para las niñas de 16 y 17 años— y limitaron el derecho de los profesionales de la salud a declarar “objeción de conciencia”. La comisionada del Consejo de Europa para los derechos humanos reconoció estos avances, pero señaló que algunas regiones todavía no contaban con servicios de aborto en los hospitales públicos. En julio, el Tribunal Constitucional dictaminó que las autoridades de salud pública de Murcia violaron los derechos de una mujer al no garantizar su acceso a los servicios públicos de aborto, remitiéndola en cambio a servicios privados a unos 400 kilómetros de distancia, en Madrid.
Los datos del gobierno atribuyeron más de 3.000 muertes al calor extremo entre junio y septiembre. En julio, el gobierno español creó un Observatorio de Salud y Cambio Climático para estudiar los impactos de la crisis climática en la salud y mejorar los sistemas de emergencia.
Orientación sexual e identidad de género
En febrero, el Parlamento aprobó una nueva ley que crea un procedimiento de reconocimiento de género para las personas transgénero basado en la autodeterminación sin diagnóstico ni tratamiento médico discriminatorio. La ley también amplió el acceso a técnicas de reproducción asistida, fortaleció la educación sexual, prohibió las cirugías médicamente innecesarias para niños y niñas intersexuales e instituyó el reconocimiento parental para parejas no casadas del mismo sexo.
Discriminación e intolerancia
En julio, el Ministerio del Interior publicó datos que mostraban que las fuerzas del orden habían investigado 1.869 delitos de odio durante 2022, un ligero aumento con respecto a 2021; casi la mitad de los delitos tenían motivos racistas o xenófobos y una cuarta parte estaban relacionados con la orientación sexual o la identidad de género.
En julio, el gobierno aprobó un plan de acción contra los delitos de odio. El Ministerio del Interior emitió directrices sobre la suspensión de eventos deportivos en respuesta a comportamientos racistas o xenófobos después de casos de abuso racista durante partidos de fútbol en la primera mitad del año. Las ONG y los grupos de la sociedad civil criticaron los retrasos en la creación de una Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, prometida en una ley de igualdad de 2022.
Estado de Derecho
En su Informe anual sobre el Estado de Derecho, la Comisión Europea criticó la falta de progreso de España en la renovación de los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial y en la realización de los cambios necesarios en el proceso de nombramiento de los miembros y su incapacidad para emprender reformas estructurales para garantizar un fiscal general genuinamente independiente.
Tanto la Comisión Europea como la comisionada de Derechos Humanos del Consejo de Europa señalaron la falta de avances en la reforma de una restrictiva ley de seguridad pública de 2015 que limita las libertades de reunión y expresión, incluido el trabajo de los periodistas.
En agosto, el Comité Contra la Tortura de la ONU recomendó que España revisara su definición de tortura para cumplir con la Convención contra la Tortura y también pidió la abolición de la detención en régimen de incomunicación y el fin de las devoluciones sumarias y las expulsiones migratorias.
En septiembre, por primera vez, un juez dictaminó que era admisible una demanda que alegaba torturas y crímenes contra la humanidad durante la dictadura franquista. Anteriormente, este tipo de demandas fueron bloqueadas por una ley de amnistía de 1977, cuyo alcance quedó limitado por la aprobación de la Ley de Memoria Democrática de 2022.
Después de que entrara en vigor en enero una reforma del código penal, un juez de instrucción retiró los cargos de sedición contra cinco políticos catalanes independentistas por sus acciones durante el controvertido referéndum de independencia de 2017, pero mantuvo los cargos de malversación contra tres. En febrero, el Tribunal Supremo levantó las prohibiciones previamente impuestas para ocupar cargos públicos a cuatro políticos catalanes independentistas y a un activista de la sociedad civil, pero mantuvo la inhabilitación impuesta a otros cuatro políticos independentistas.
En julio, el juez que investigaba el uso del software espía Pegasus en 2020-2021 para hackear los teléfonos de altos ministros del gobierno archivó la investigación, citando una falta de cooperación jurídica de las autoridades de Israel, donde se desarrolló el software espía.