La prolongada crisis económica en Argentina, que provocó altos niveles de inflación y una fuerte devaluación de su moneda en 2023, aumentó la pobreza y afectó la realización de derechos económicos y sociales.
El gobierno impulsó un proceso de destitución de los jueces de la Corte Suprema en el Congreso, motivado políticamente, y empleó una retórica hostil contra el poder judicial.
El Congreso lleva años sin nombrar un procurador general, un defensor del Pueblo y un magistrado de la Corte Suprema, figuras clave en la protección de los derechos humanos y cuyos nombramientos requieren de una mayoría legislativa de dos tercios. La elevada polarización, que se incrementó durante la campaña presidencial de 2023, contribuyó al estancamiento de la actividad legislativa y al debilitamiento del Estado de derecho.
En noviembre, Javier Milei derrotó al entonces ministro de Economía, Sergio Massa, en la segunda vuelta presidencial. Como candidato, Milei prometió llevar a cabo severos recortes en el gasto público, puso en duda la existencia del cambio climático, minimizó las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas durante la última dictadura y criticó la despenalización del aborto. Milei asumió el 10 de diciembre, en el 40 aniversario del regreso de la democracia en Argentina.
Amenazas a las instituciones democráticas
En enero, el entonces presidente Alberto Fernández pidió al Congreso que destituyera a los cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia. En febrero, una comisión del Congreso controlada por legisladores oficialistas votó a favor de iniciar el proceso de juicio político. Al mes de octubre, la comisión se encontraba deliberando y convocando a testigos a declarar. Para la destitución se requiere de una mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados y, posteriormente, en el Senado.
El proceso de juicio político se basa en tres sentencias de la Corte Suprema: una de 2017 que abrió la puerta a la liberación anticipada de personas condenadas por crímenes de lesa humanidad; una de 2021 que convirtió al presidente de la Corte Suprema en presidente del Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de nombrar a jueces federales y nacionales; y una de 2022 que determinó una distribución de fondos públicos desde el gobierno nacional más favorable a la ciudad de Buenos Aires, gobernada por la oposición.
El pedido de juicio político se produjo en el contexto de una retórica hostil de autoridades de alto nivel contra jueces y fiscales que deciden en causas que afectan al gobierno o investigan la presunta participación de la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en hechos de corrupción.
En septiembre, senadores del oficialismo y aliados prorrogaron el mandato de una jueza a cargo de una causa por corrupción contra la entonces vicepresidenta. El entonces presidente Fernández ratificó la prórroga. La Corte Suprema determinó, en septiembre, que el mandato de la jueza había concluido en agosto, cuando cumplió 75 años de edad, y por lo tanto no podía ser prorrogado.
La Corte Suprema tiene una vacante desde 2021. La Constitución establece que el presidente nombra a los jueces de la Corte Suprema con el acuerdo de dos tercios del Senado. El expresidente Fernández no nominó a ningún candidato.
En 2015, la Corte Suprema concluyó que la demora en el nombramiento de jueces, que provoca que jueces subrogantes ocupen cargos durante años, atenta contra la independencia judicial. A octubre de 2023, había 282 puestos vacantes en la justicia federal y nacional.
El procurador general se encuentra en calidad de interino desde 2018, ya que el Senado no logra reunir la mayoría de dos tercios requerida para nombrar a una persona para ese cargo. En septiembre, el procurador general en funciones denunció un “contexto hostil” para su trabajo, con múltiples intentos por destituirlo.
Desde 2009, el Congreso no ha cumplido con su mandato de designar a un defensor del Pueblo, lo que ha debilitado el funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, un órgano que es formalmente independiente del poder ejecutivo y que tiene mandato de documentar e investigar actos del gobierno nacional. En 2013, la Defensoría dejó de funcionar con normalidad cuando el mandato del defensor del Pueblo adjunto concluyó.
Derechos económicos y sociales
La inflación interanual al mes de septiembre fue del 138,3 %, según informó el gobierno, con un aumento de los precios de los alimentos y las bebidas no alcohólicas del 150,1 %. El gobierno de Fernández intentó, sin éxito, frenar la inflación, incluyendo mediante controles de precios, congelamiento de tarifas y cierre de exportaciones.
Según datos oficiales, a junio de 2023 el 40,1 % de la población vivía en situación de pobreza, un fuerte aumento respecto al 27,5 % de 2019, previo a la pandemia. Las personas en situación de indigencia—es decir, aquellas que no podían cubrir sus necesidades alimentarias más básicas—representaban el 9,3 % de la población. Casi la mitad de los niños y niñas menores de 14 años vivían en la pobreza, y más de uno de cada diez en la indigencia.
A marzo de 2023, datos oficiales mostraban que el 36,7 % de los trabajadores estaban empleados en el mercado laboral informal, sin protecciones laborales. Tres de cada cuatro personas que se desempeñan en el trabajo doméstico, casi todas ellas mujeres y adolescentes, trabajaban de manera informal, según esos datos.
Condiciones en centros de detención y abusos por miembros de las fuerzas de seguridad
En los últimos años, Argentina ha experimentado un aumento significativo de la población carcelaria, lo que ha provocado una sobrepoblación penitenciaria en varias provincias. El gobierno informó que en 2022 había más de 100.000 personas privadas de libertad en cárceles, lo que representa un incremento del 77 % en relación al año 2010. Más de 12.000 personas detenidas se encontraban en dependencias policiales o de fuerzas de seguridad.
Según datos oficiales, al 2022 el 41 % de las personas detenidas en cárceles no tenían condena.
La Procuración Penitenciaria de la Nación informó que hubo 316 presuntos casos de tortura o maltrato en cárceles federales durante 2022 y 66 casos entre enero y marzo de 2023. El Ministerio Público reportó la muerte de 42 personas detenidas en cárceles federales durante 2022, incluyendo 10 muertes violentas.
En junio, las fuerzas de seguridad de la provincia de Jujuy habrían hecho un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes que protestaban en contra de reformas a la constitución provincial. Varias personas resultaron heridas. Entre los cambios constitucionales propuestos, se destacan disposiciones que criminalizarían los cortes de ruta, en violación de estándares internacionales de derechos humanos sobre libertad de expresión y asociación.
En julio, tres policías de la ciudad de Buenos Aires fueron condenados a prisión perpetua por el homicidio de Lucas González, de 17 años, a quien dispararon tras salir de un entrenamiento de fútbol en 2021. Otros cinco policías fueron condenados a penas de entre cuatro y seis años de prisión por encubrimiento.
En agosto, el fotoperiodista Facundo Morales murió después de que la policía lo inmovilizara contra el suelo durante una manifestación en la ciudad de Buenos Aires. El jefe de gobierno de la ciudad sostuvo que Morales murió de un ataque cardíaco. Organizaciones de derechos humanos señalaron a la policía como responsable de su muerte. Una investigación sobre la muerte de Morales se encontraba en desarrollo a octubre.
Libertad de expresión
En Rosario, provincia de Santa Fe, grupos vinculados al crimen organizado han amenazado a periodistas y arrojado explosivos contra sus oficinas, en un contexto de aumento de los homicidios y de la violencia relacionada al narcotráfico en la ciudad.
Autoridades de alto nivel, incluyendo el entonces presidente Fernández y la entonces vicepresidenta Fernández de Kirchner, han empleado una retórica hostil para estigmatizar a periodistas y medios independientes, acusándolos de propagar “noticias falsas”, incitar “al odio” y promover “campañas de difamación”.
En la provincia de Salta, los legisladores aprobaron una ley que controlaría la difusión de noticias falsas. La ley establece penas de hasta 25 días de cárcel para quienes “crearan o difundieren noticias falsas con el fin de inducir pánico”. Estas disposiciones tan amplias podrían ser utilizadas fácilmente para perseguir a periodistas y críticos.
Derechos de mujeres y niñas
En 2020, en una decisión histórica, el Congreso sancionó una ley que legalizó el aborto hasta la semana 14 de gestación. La ley también permite la interrupción del embarazo luego de ese período en casos de violación o cuando la vida o la salud de la persona gestante se encuentra en riesgo.
Las autoridades informaron que a lo largo de 2022 se realizaron más de 96.000 abortos legales. Sin embargo, persisten obstáculos relacionados con la falta de acceso a información sobre la ley; la invocación abusiva de la “objeción de conciencia”, que permite al personal médico negarse a realizar abortos; y retrasos indebidos y disparidades en el acceso a los servicios entre las provincias.
En enero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Argentina por la muerte de Cristina Brítez Arce, quien falleció de un paro cardíaco en 1992 mientras se le inducía el parto. La corte consideró que Brítez no recibió un tratamiento médico adecuado, de acuerdo con los factores de riesgo de su embarazo, ni se le dio información adecuada sobre las posibles alternativas de tratamiento. Utilizando el término por primera vez, la Corte Interamericana calificó el tratamiento recibido por Brítez de “violencia obstétrica”.
A pesar de una ley de 2009 que dispone medidas exhaustivas para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres, la impunidad por homicidios de mujeres sigue siendo un problema grave. En 2022, el Registro Nacional de Femicidios reportó 226 femicidios (es decir, homicidios de mujeres debido a su género) y apenas 4 condenas.
Derechos ambientales y de los pueblos indígenas
La Constitución argentina reconoce la propiedad comunitaria indígena de tierras tradicionales. En 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Argentina adoptar medidas legislativas para garantizar ese derecho. Sin embargo, continúa posponiéndose el debate acerca de una ley para hacer efectivas estas protecciones.
En 2021, Argentina ratificó el Acuerdo de Escazú, un acuerdo regional para garantizar el acceso a la información y a la participación pública en temas ambientales, así como la protección de defensores del medioambiente. Un análisis del gobierno de 2022 sobre la aplicación del acuerdo concluyó que el marco legal del país no garantiza una participación pública efectiva en la gestión de los bosques. En 2022, Argentina perdió 231.000 hectáreas de bosque primario, según informó Global Forest Watch. La mayor parte de esta pérdida se dio en la región biodiversa del Gran Chaco, impulsada por la ganadería y el cultivo de soja como sus principales factores.
Juicios por abusos del pasado
A comienzos de la década del 2000, la Corte Suprema y la justicia federal declararon la nulidad de los indultos y las leyes de amnistía concedidos a exmilitares implicados en los delitos cometidos durante la última dictadura (1976-1983). El Ministerio Público informó que, desde 2006 y hasta septiembre de 2023, se registraban 3.732 personas que habían sido o son investigadas por crímenes de lesa humanidad, incluyendo 1.159 condenadas y 178 absueltas. Debido a la gran cantidad de víctimas, presuntos implicados y causas, los jueces y fiscales enfrentan desafíos para llevar a los responsables ante la justicia en el marco del debido proceso.
Hasta septiembre, se habían identificado 133 personas apropiadas ilegalmente de sus padres durante la infancia en la dictadura, según la organización Abuelas de Plaza de Mayo. Muchas personas apropiadas se han reencontrado con sus familias.
Aún no hay condenados por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 1994, en el cual perdieron la vida 85 personas y más de 300 resultaron heridas. En febrero de 2019, un tribunal condenó a un exjefe de inteligencia y a un juez por el entorpecimiento de la investigación inicial del atentado, pero absolvió al expresidente Carlos Menem. La apelación de la condena al juez se encontraba en trámite a septiembre de 2023.
En 2015, el fiscal Alberto Nisman, quien había acusado a la entonces presidenta Fernández de Kirchner de encubrir el papel de Irán en el atentado, fue encontrado muerto. En 2018, un tribunal de apelaciones señaló que la muerte de Nisman habría sido un homicidio. A octubre de 2023, ninguna persona había sido condenada en relación con su muerte.
En 2021, un tribunal federal desestimó la acusación de Nisman contra Fernández de Kirchner, al sostener que los actos por los cuales se la acusaba no constituían delito. En septiembre de 2023, un tribunal de apelación revocó la decisión y ordenó que Fernández de Kirchner fuera a juicio.
Actores internacionales clave
En 2022, el gobierno de Fernández renegoció un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$44.000 millones. En 2018, el gobierno del entonces presidente Mauricio Macri había acordado un préstamo por US$57.000 millones que, según el FMI, no cumplió sus objetivos. Durante 2023, Argentina y el FMI volvieron a rediscutir varias metas económicas, incluyendo el déficit fiscal, el gasto público y la devaluación de la moneda.
Política exterior
Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en el 2023 Argentina apoyó el escrutinio de violaciones de derechos humanos de varios países. Argentina votó a favor de resoluciones para extender los mandatos del grupo de expertos de la ONU que investiga violaciones sistemáticas de derechos en Nicaragua, de un grupo similar sobre Siria y de los relatores especiales sobre la situación de derechos humanos en Rusia, Irán y Bielorrusia.
Durante el proceso electoral en Guatemala, Argentina expresó su preocupación por los intentos de actores políticos y de distintas instituciones de interferir en las elecciones y llamó a respetar la voluntad popular.
En agosto, los BRICS—un grupo de economías emergentes que incluye a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica—invitó a Argentina, junto con otros cinco países, a unirse al grupo a partir de 2024.
El presidente Milei indicó que se alinearía con Israel y los Estados Unidos. En campaña dijo que rechazaría la invitación a unirse a los BRICS y que rompería relaciones con China y con el gobierno del presidente Lula da Silva en Brasil.