Luiz Inácio Lula da Silva asumió la presidencia el 1 de enero de 2023. Siete días después, los partidarios del candidato derrotado y expresidente Jair Bolsonaro asaltaron el Congreso, el Supremo Tribunal Federal y el palacio presidencial, llamando sin éxito a un golpe militar.
El gobierno de Lula revirtió algunas políticas del gobierno de Bolsonaro que eran perjudiciales para el medioambiente y los derechos sexuales y reproductivos, pero no tomó medidas decisivas para abordar el problema crónico de los abusos policiales.
El gobierno de Lula tampoco defendió de manera consistente los derechos humanos en su política exterior.
En una decisión emblemática, el Supremo Tribunal Federal defendió los derechos territoriales de los pueblos indígenas, pero el Congreso reaccionó aprobando un proyecto de ley contrario a la sentencia. La deforestación en la Amazonía disminuyó drásticamente, pero los defensores de los bosques siguieron sufriendo amenazas y ataques.
Sistema democrático
Por orden de un juez del Supremo Tribunal Federal, la policía detuvo a unas 1.500 personas en relación con el asalto y saqueo de edificios federales en Brasilia el 8 de enero. En octubre, los fiscales habían acusado a unas 1.300 personas y 128 permanecían en prisión preventiva. A mediados de noviembre, veinticinco habían sido condenadas.
Una investigación parlamentaria pidió a las autoridades abrir investigaciones penales contra Bolsonaro y otras 60 personas, entre ellas antiguos miembros del gabinete y militares de alto rango, en relación con los ataques.
En junio, el Tribunal Superior Electoral prohibió a Bolsonaro presentarse a elecciones durante ocho años, dictaminando que había abusado de su poder y de los medios de comunicación. Esto se debió a una reunión con embajadores transmitida por la televisión pública que tuvo lugar menos de tres meses antes de las elecciones presidenciales, durante la cual el entonces presidente insistió, sin evidencia, en que el sistema electoral de Brasil no era confiable.
En noviembre, los legisladores estaban considerando una amnistía para partidos políticos que habían violado normas sobre asignaciones mínimas de fondos electorales a candidatas mujeres y candidatos negros, y que no rindieron cuentas adecuadamente sobre el uso de fondos electorales públicos.
Corrupción e independencia judicial
El expresidente Bolsonaro y sus colaboradores estaban siendo investigados por falsificar registros sanitarios para demostrar que había recibido una vacuna contra el Covid-19, vender regalos que había recibido de gobiernos extranjeros e incitar a los ataques del 8 de enero de 2023.
En 2019 y 2021, Bolsonaro rompió con una práctica, existente desde 2003, de seleccionar al fiscal general de una lista de tres candidatos elegidos por fiscales de todo el país. Esta práctica había sido pensada para fortalecer la independencia del fiscal general frente a los políticos. El fiscal general nombrado por Bolsonaro fue ampliamente criticado por falta de independencia y por tomar decisiones que beneficiaban a Bolsonaro. En noviembre, el presidente Lula también eligió a un fiscal general fuera de la lista.
Libertad de expresión y acceso a la información
Las organizaciones de defensa del periodismo registraron 45 casos de amenazas, destrucción de equipos y agresiones a periodistas por manifestantes en el contexto de los ataques perpetrados en Brasilia del 8 al 11 de enero de 2023.
En agosto, el gobierno anunció que desbloquearía a más de 3.000 usuarios de redes sociales a los que el gobierno de Bolsonaro había bloqueado de cuentas institucionales. No dijo si los integrantes del gobierno también desbloquearían a usuarios en las cuentas personales que utilizan para discutir asuntos de interés público.
Condiciones de detención
Más de 649.000 personas estaban encarceladas en junio de 2023, superando la capacidad del sistema carcelario en un 34 %. Otras 190.080 personas se encontraban bajo arresto domiciliario.
El Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la Tortura denunció hacinamiento, condiciones insalubres, castigos colectivos y malos tratos (incluida la tortura) de adultos y niños detenidos en ocho estados en 2022.
En 2022, estaban recluidos en centros de detención para jóvenes 12.154 personas de entre 12 y 21 años que infringieron la ley siendo niños, un 50 % menos que en 2018, según informó el Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), una organización sin fines de lucro.
Seguridad pública y conducta policial
Los homicidios cayeron un 3 % en el primer semestre de 2023, en comparación con el mismo periodo del año anterior, sin contar muertes causadas por la policía.
La policía, en servicio y fuera de servicio, mató a 6.429 personas en todo el país en 2022, aproximadamente el mismo número que el año anterior, reportó el FBSP. Los estados de Amapá, Bahía y Río de Janeiro registraron las tasas más altas de muertes causada por la policía.
Tras caer un 59 % en dos años, los homicidios cometidos por policías en servicio en el estado de São Paulo aumentaron un 45 % de enero a septiembre de 2023, en comparación con el mismo periodo del año anterior. De fines de julio a inicios de septiembre, la policía mató a 28 personas en la región de Baixada Santista en São Paulo durante una operación lanzada después de que un agente de la policía militar fuera asesinado. Human Rights Watch identificó importantes fallas en las investigaciones, como análisis forenses deficientes.
Para cumplir una orden del Supremo Tribunal Federal, el estado de Río de Janeiro publicó en diciembre de 2022 una versión actualizada de su plan para frenar los homicidios a manos de la policía. En octubre, el Tribunal ordenó al estado de Río que tuviera en cuenta las sugerencias de un grupo de expertos y otros miembros de la sociedad civil que pedían objetivos explícitos para la reducción de muertes causadas por la policía.
En agosto, el gobierno condicionó la transferencia de fondos federales de seguridad pública para los estados a la reducción de homicidios policiales y otros factores.
En 2022, 161 policías fueron asesinados en todo el país, el 70 % mientras estaban fuera de servicio. Otros 82 policías murieron por suicidio.
Al menos dos suicidios de policías en 2023 parecieron motivados por acoso en el trabajo: en junio, se suicidó una policía que había denunciado acoso, incluyendo acoso sexual, en el estado de Minas Gerais y, en agosto, lo hizo un policía en el estado de Maranhão que había denunciado acoso y discriminación por su orientación sexual.
Abusos del periodo militar
Desde 2012, fiscales federales han presentado cargos en más de 50 causas penales por violaciones de derechos humanos durante el régimen militar en Brasil, de 1964 a 1985. Los tribunales han desestimado la mayoría, citando la prescripción del crimen o una ley de amnistía aprobada por la dictadura y confirmada por una sentencia del Supremo Tribunal Federal de 2010 que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, violaba las obligaciones de Brasil según el derecho internacional.
En junio, un tribunal federal condenó a un expolicía por ayudar a ocultar cadáveres durante la dictadura. El tribunal sostuvo que la ley de amnistía era incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y no se aplicaba a las desapariciones forzadas, ya que son crímenes continuos.
En enero, un tribunal federal condenó a tres exfuncionarios de la policía civil a pagar 1 millón de reales brasileños (US$198.404) cada uno por la tortura y el asesinato de 25 personas durante la dictadura.
El gobierno de Lula comenzó a reevaluar las solicitudes de reparación por persecución política durante el régimen militar, tras constatar que el 95 % de las peticiones habían sido denegadas durante el gobierno de Bolsonaro. Sin embargo, hasta mediados de noviembre, no había cumplido su promesa de restablecer una comisión para investigar las muertes y las desapariciones forzadas por motivación política, desmantelada por el gobierno de Bolsonaro.
Derechos de mujeres y niñas
Las denuncias de violencia basada en el género aumentaron en el primer semestre de 2023, informó el FBSP. Entre enero y junio, 34.000 mujeres y niñas sufrieron violación, un aumento del 15 % en comparación con el mismo periodo de 2022.
En el primer semestre de 2023, los asesinatos de mujeres subieron 2,6 %, llegando a 1.902. La policía registró más de un tercio de ellos como feminicidios, definidos por la ley brasileña como el asesinato de mujeres “por el hecho de ser personas de sexo femenino”.
Más de un millón de casos de violencia doméstica estaban pendientes en los tribunales a finales de 2022.
Hasta noviembre, los jueces habían concedido más de 350.000 órdenes de protección, que típicamente exigen a los presuntos abusadores mantenerse alejados de las mujeres agredidas. La ley estipula que los jueces deben tomar una decisión sobre solicitudes de órdenes de protección en un plazo máximo de 48 horas, pero la mayoría de los tribunales tarda más; en promedio, los tribunales del estado de Sergipe tardaron 165 días, según el Consejo Nacional de Justicia (CNJ).
El Congreso aprobó una ley que exige que las comisarías especializadas para mujeres permanezcan abiertas 24 horas al día, 7 días a la semana, y otra ley que garantiza la igualdad salarial entre mujeres y hombres que realizan los mismos trabajos. Hasta noviembre, Brasil aún no había ratificado el Convenio sobre la Violencia y el Acoso (C190) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El aborto sólo es legal en Brasil en caso de violación, para salvar la vida de la mujer o cuando el feto tiene anencefalia. Las mujeres y niñas que abortan ilegalmente se arriesgan a sufrir lesiones e incluso la muerte, y hasta tres años de cárcel. Las personas que practican abortos ilegales se enfrentan a penas de hasta cuatro años de prisión. En septiembre, la entonces presidenta del Supremo Tribunal Federal votó en favor de despenalizar el aborto hasta las 12 semanas. Al mes de noviembre estaba pendiente una decisión del pleno del Tribunal.
Una encuesta publicada en agosto estimaba que una de cada siete mujeres había abortado antes de los 40 años, particularmente mujeres negras e indígenas, residentes de regiones pobres y aquellas con bajo nivel educativo.
En enero, el gobierno de Lula revocó una normativa de 2020 que obligaba a profesionales sanitarios a denunciar a la policía a supervivientes de violaciones que quisieran interrumpir el embarazo.
Derechos de las personas con discapacidad
En Brasil viven unos 18,6 millones de adultos y niños mayores de 2 años con discapacidad. Miles de ellos están recluidos, a veces de por vida, en instituciones donde algunos se enfrentan a negligencias y abusos. En 2021, el Consejo Nacional del Ministerio Público aprobó una resolución que obliga a fiscales a inspeccionar anualmente las instituciones para adultos con discapacidad y a emprender acciones legales en casos de abusos. El Consejo no ha publicado información sobre la aplicación de la resolución.
Alrededor del 26 % de las personas con discapacidad había completado la educación secundaria, frente a casi el 57 % de personas sin discapacidad, según una encuesta gubernamental publicada en 2023. El 29 % de las personas con discapacidad tenía un empleo, frente al 66 % sin discapacidad.
En enero, el presidente Lula revocó una política del gobierno de Bolsonaro que parecía destinada a establecer escuelas segregadas para ciertos niños con discapacidad.
Educación
En abril, Human Rights Watch descubrió que, entre 2021 y 2023, sitios web educativos desarrollados o gestionados por las secretarías de educación de Minas Gerais y São Paulo enviaban datos personales de niños a empresas de publicidad.
En respuesta, las autoridades brasileñas abrieron investigaciones sobre sitios web educativos; la secretaría de educación de Minas Gerais eliminó todo el rastreo de anuncios de su sitio web; y al menos dos empresas tomaron medidas para proteger a niños contra la captación de sus datos.
En agosto, el gobierno anunció la reanudación de una iniciativa para promover la educación sobre sexualidad y salud reproductiva en las escuelas, que el gobierno de Bolsonaro había interrumpido.
Derechos de personas indígenas, afrodescendientes y defensoras ambientales
En una decisión histórica adoptada en septiembre, el Supremo Tribunal Federal rechazó un intento de impedir que los pueblos indígenas obtuvieran la titularidad de sus tierras tradicionales si no estaban físicamente presentes en ellas cuando se adoptó la Constitución de Brasil en 1988. El Congreso reaccionó aprobando un proyecto de ley –y posteriormente anulando un veto presidencial al mismo– que va en contra de la sentencia. Grupos indígenas solicitaron al Supremo Tribunal que anulara la ley.
El presidente Lula nombró a los primeros líderes indígenas para presidir la agencia de asuntos indígenas de Brasil y el recién creado Ministerio de Pueblos Indígenas.
El gobierno de Lula retiró un proyecto de ley que el gobierno de Bolsonaro había presentado para permitir la minería y otras actividades comerciales en territorios indígenas y revocó las políticas que facilitaban la invasión de esos territorios. El gobierno reanudó la titulación de tierras indígenas.
En enero, el gobierno documentó malnutrición y enfermedades graves asociadas a actividades mineras ilegales en el territorio indígena yanomami y lanzó una operación a gran escala para desalojar a miles de mineros que operaron prácticamente sin ninguna traba durante el gobierno de Bolsonaro. Algunos respondieron disparando contra las fuerzas del orden. En agosto, las asociaciones yanomami informaron de la persistencia de problemas de salud y el regreso de algunos mineros.
Por primera vez, Brasil publicó datos demográficos completos sobre las comunidades rurales afrodescendientes, revelando más de 1,3 millones de habitantes. En marzo, el gobierno concedió títulos colectivos de propiedad de la tierra a tres comunidades. Sin embargo, las comunidades afrodescendientes siguen enfrentándose a la violencia. En agosto, Bernadete Pacífico, una dirigente del estado de Bahía que estaba bajo protección policial, fue asesinada tras haber recibido amenazas de muerte.
Al menos 11 personas murieron en conflictos por la tierra y los recursos en la Amazonía en el primer semestre de 2023, según informó la Comisión Pastoral de la Tierra, una organización no gubernamental.
En mayo, el presidente Lula envió al Congreso el Acuerdo de Escazú, que obliga a los gobiernos de América Latina y el Caribe a proteger a las personas defensoras del medioambiente y a garantizar el acceso a la información y la participación pública en asuntos medioambientales. Al mes de noviembre, la aprobación por parte del Congreso estaba pendiente.
Política sobre cambio climático e impactos
Brasil contribuye a la crisis climática como uno de los diez mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo.
En 2019 y 2020, el aumento de la deforestación causada por el debilitamiento de la aplicación de la ley en la Amazonía disparó las emisiones en general, que subieron un 12 % en 2021, el mayor incremento en casi dos décadas, según la organización no gubernamental Observatorio del Clima.
Datos oficiales preliminares mostraron que, de enero a octubre de 2023, se talaron 4.776 kilómetros cuadrados de selva amazónica, un descenso del 49 % en comparación con el mismo periodo de 2022. Sin embargo, durante los mismos meses de 2023, se deforestaron 6.802 kilómetros cuadrados del ecosistema de sabana arbolada, conocido como Cerrado, lo que supuso un aumento del 34 %.
En noviembre, el gobierno actualizó su plan de acción climática con objetivos más ambiciosos, prometiendo una reducción del 48 % de las emisiones para 2025 y del 53 % para 2030. El presidente Lula lanzó un plan para luchar contra la deforestación en la Amazonía, renovando el compromiso de poner fin a la deforestación ilegal para 2030.
Pero el gobierno envió señales contradictorias sobre la posible autorización para la exploración petrolífera en alta mar en la desembocadura del río Amazonas. A pesar de prometer impulsar la transición ecológica y convertir a Brasil en “una gran potencia sostenible”, prometió inversiones en combustibles fósiles que impulsan el cambio climático. En diciembre, el gobierno de Lula anunció en la conferencia climática de las Naciones Unidas, COP 28, que Brasil planeaba unirse al grupo OPEP+ de naciones productoras de petróleo como observador.
Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo
Miles de venezolanos han cruzado la frontera con Brasil en los últimos años, huyendo del hambre, la falta de atención médica básica o la persecución.
Unos 499.650 venezolanos vivían en Brasil en octubre de 2023. Brasil había concedido el estatus de refugiado a 53.307 en 2022, al haber facilitado el asilo al reconocer que en Venezuela existe una “violación grave y generalizada de los derechos humanos”. Los venezolanos también pueden solicitar la residencia en Brasil.
El gobierno de Lula adoptó procedimientos simplificados para revisar las solicitudes de asilo basadas en la identidad de género o la orientación sexual de personas procedentes de países que penalizan las conductas sexuales entre personas del mismo sexo, y de niñas y mujeres que han sufrido mutilación genital.
Actores internacionales clave
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) y relatores especiales de la ONU expresaron su preocupación por la violencia y los conflictos por la tierra que afectan a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
En la Cumbre sobre la Amazonía, celebrada en agosto, los países que comparten este bosque tropical se comprometieron a protegerlo, pero no anunciaron objetivos de reducción de la deforestación.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Comité contra la Tortura, la OACNUDH y la CIDH denunciaron la violencia policial en Brasil, expresaron preocupación por su impacto en las personas negras e instaron a las autoridades a garantizar investigaciones exhaustivas.
En noviembre, el Mecanismo de Expertos de la ONU para Promover la Justicia e Igualdad Racial en la Aplicación de la Ley visitó Brasil.
El Parlamento Europeo, el Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores, la OACNUDH y la CIDH condenaron el ataque de enero de 2023 contra las instituciones democráticas brasileñas.
Política exterior
Brasil mantuvo posiciones inconsistentes sobre derechos humanos en su política exterior.
En junio, Brasil instó al Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU a adoptar un tratado que reconozca el derecho a educación secundaria gratuita y al menos un año de educación preescolar gratuita.
El presidente Lula se ofreció como mediador en conversaciones de paz para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania, pero hizo declaraciones públicas controvertidas, como sugerir incorrectamente que Kiev y Moscú eran igualmente responsables de iniciar ese conflicto armado.
El presidente Lula restableció los lazos diplomáticos con Venezuela. En mayo, calificó de “narrativa construida” la preocupación por el debilitamiento de las instituciones democráticas en ese país.
En marzo, Brasil se negó a firmar una declaración del CDH que condenaba los abusos en Nicaragua. Más tarde, sus funcionarios dijeron que estaban “extremadamente preocupados” por las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua y se ofrecieron a acoger a refugiados políticos a los que el gobierno de Managua había despojado de la nacionalidad. Brasil se ha negado sistemáticamente a apoyar las declaraciones de preocupación por los crímenes contra la humanidad cometidos por China contra personas uigures en Xinjiang.
En octubre, Brasil propuso una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU destinada a facilitar ayuda humanitaria a los civiles de Gaza en medio de la escalada de hostilidades en Israel y Palestina. Estados Unidos la vetó.
Brasil fue elegido miembro del CDH para el periodo 2024-2026.