Grecia

Grecia siguió acogiendo a un gran número de solicitantes de asilo pero no protegió adecuadamente sus derechos.

En agosto, el Comité contra la Tortura de la ONU criticó la política del gobierno griego, vinculada al acuerdo de la UE y Turquía, de bloquear a los solicitantes de asilo que llegan a las islas del Egeo para que no se trasladen a tierra firme.

Desde agosto, hubo un drástico aumento en el número de llegadas a las islas, lo que provocó un severo hacinamiento y condiciones inhumanas y degradantes en los campamentos de la isla. En el momento de redacción de este artículo, había en las islas 37.000 solicitantes de asilo, la mayoría mujeres y niños. Más de 33.400 de ellos se encontraban en campamentos diseñados para albergar como máximo a unos 6.200.

Aunque las autoridades permitieron más transferencias durante el año, la política continuó atrapando en las islas a miles de inmigrantes y solicitantes de asilo en condiciones abismales y de hacinamiento, incluyendo una severa sobrepoblación, condiciones antihigiénicas y la falta de servicios básicos como agua y alimentos. La atención médica, el asesoramiento en caso de trauma y el apoyo psicosocial siguieron siendo inadecuados. Como consecuencia, la salud mental entre los solicitantes de asilo fue empeorando, exacerbada por las condiciones de detención y la incertidumbre sobre la situación de sus casos.

La ausencia de instalaciones adecuadas y seguras hizo que la violencia física y de género fuera común en los campamentos de asilo. En su informe de agosto, el Comité contra la Tortura de la ONU instó a Grecia a tomar medidas efectivas para garantizar que se investigue la violencia contra las mujeres refugiadas, solicitantes de asilo e inmigrantes; se procese a los responsables y se indemnice a las víctimas.

En octubre, una nueva ley de asilo facilitó la detención de solicitantes de asilo durante períodos más largos. También redujo las garantías para los solicitantes de asilo e incluso eliminó las protecciones para las personas vulnerables.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó dos veces, en febrero y junio, que Grecia estaba violando sus obligaciones de derechos humanos al detener a niños no acompañados bajo la denominada “custodia protectora”, en celdas de comisarías de policía y centros de detención. A pesar de las sentencias, en el momento de redacción de este informe, 234 niños seguían detenidos en dichas dependencias, mientras que otros cientos se encontraban en campamentos con adultos, o carecían de alojamiento debido a que las autoridades no proporcionaron refugios adecuados ni atención de acogida. La ley de asilo de octubre no derogó el régimen de “custodia protectora”.

En marzo, un fiscal lanzó una investigación sobre denuncias de devoluciones en la frontera terrestre greco-turca. Estas devoluciones, incluidas las de solicitantes de asilo turcos, continuaron durante todo el año. Una investigación similar de 2018 realizada por el defensor del pueblo griego aún no arrojó resultados.

En junio, el gobierno modificó el código penal para definir la violación como una relación sexual sin consentimiento, luego de las críticas generalizadas a un proyecto de ley que no la definía como tal.

En un informe de julio, el defensor del pueblo reveló que las personas con discapacidad tienen acceso limitado a espacios públicos, servicios estatales y medios de transporte; enfrentan discriminación en el lugar de trabajo, y tienen dificultades para acceder a la educación. En una revisión de septiembre, el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad criticó el trato de Grecia a los solicitantes de asilo y refugiados con discapacidad. El Comité del Consejo de Europa para la Prevención de la Tortura publicó un informe en febrero en el que expresa su preocupación por el trato inhumano y degradante en hospitales psiquiátricos y centros de detención de inmigrantes.