Si bien Grecia continuó albergando a un gran número de solicitantes de asilo, no protegió adecuadamente sus derechos. El número total de llegadas aumentó en comparación con el mismo período de 2017. Las deficiencias en el sistema de recepción y asilo empeoraron: problemas graves de hacinamiento, condiciones insalubres y antihigiénicas y una ausencia de atención especializada, incluida la atención médica, el asesoramiento para superar situaciones de trauma y apoyo psicosocial. Los incidentes de violencia física y de género fueron comunes en los campamentos de asilo, y las ONG denunciaron el deterioro de las condiciones de salud mental entre los solicitantes de asilo. La mayoría de los niños no acompañados continuaron siendo ubicados en campamentos con adultos, bajo la llamada custodia o detención policial “protectora” o se arriesgaban a quedarse sin hogar, en medio de la inacción por parte de las autoridades para abordar la escasez de refugios para menores o el cuidado de acogida.
La política de Grecia respaldada por la UE de confinar a los solicitantes de asilo que llegaron por mar a las islas del mar Egeo mantuvo atrapadas a miles de personas en estas condiciones.
Si bien el gobierno transfirió a 18.000 solicitantes de asilo de las islas a la Grecia continental luego de una campaña concertada de distintas ONG en noviembre, se negó a aplicar un fallo vinculante de la Corte Suprema para poner fin a la política de confinamiento para los recién llegados, y en su lugar adoptó una nueva ley en mayo para continuarla. En Lesbos, una inspección de la autoridad regional en septiembre concluyó que el campamento de Moria, el más grande de su clase, presentaba un peligro para la salud pública y el medio ambiente, e instó al gobierno a abordar las graves deficiencias o cerrar el campamento.
Algunos inmigrantes y solicitantes de asilo que intentaban cruzar la frontera terrestre desde Turquía hacia el noreste de la región de Evros denunciaron que fueron devueltos a Turquía durante el año, en ocasiones de forma violenta. Grecia no abordó las necesidades de recepción de los solicitantes de asilo recién llegados a la región, a pesar de un aumento en las llegadas a partir de abril. Como resultado, mujeres y niñas fueron alojadas con hombres con los que no mantenían ningún tipo de vínculo en emplazamientos para la recepción o detención de solicitantes de asilo y donde carecían de acceso a servicios esenciales.
Menos del 15 por ciento de los niños solicitantes de asilo tenían acceso a la educación en las islas, y sólo uno de cada dos en el continente estaba matriculado en una escuela pública.
Los grupos de extrema derecha continuaron haciendo campaña contra los solicitantes de asilo en las islas, y los medios de comunicación informaron sobre ataques en todo el país contra personas consideradas inmigrantes o musulmanas. Las estadísticas policiales de delitos de odio para 2017 publicadas en marzo pusieron en evidencia un marcado aumento en comparación con el año anterior.
El Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa visitó Grecia en abril y emitió un informe preliminar en el que expresaba su preocupación por los tratos inhumanos y degradantes en establecimientos psiquiátricos y centros de detención de inmigrantes.
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