La canciller Angela Merkel anunció en octubre que no se presentaría a una quinta reelección después de que su partido Unión Democrática Cristiana (CDU, por sus siglas en alemán) y su partido hermano, la Unión Social Cristiana (CSU) obtuvieran malos resultados en varias elecciones estatales. Los esfuerzos de la CSU en las elecciones de Baviera para emular la retórica y la agenda antiinmigrante de la Alternativa para Alemania (AfD, por sus siglas en alemán) fracasaron ya que la CSU perdió votantes ante la AfD y los Verdes, los cuales se convirtieron en el segundo partido más grande de ese estado.

Las llegadas de solicitantes de asilo e inmigrantes cayeron por tercer año consecutivo, y las autoridades federales lograron durante el año un progreso significativo en la reducción de la acumulación de solicitudes de asilo sin procesar. A fines de julio, se habían registrado 96.644 nuevos solicitantes de asilo, una disminución de una sexta parte con respecto al año anterior.

A pesar de los desacuerdos dentro del gobierno de coalición federal recién formado sobre el enfoque de Alemania con respecto a la política de inmigración y asilo de la UE, Alemania continuó desempeñando un papel de liderazgo en el reasentamiento de refugiados. En abril, el gobierno anunció que Alemania aceptaría a 4.600 refugiados reasentados en 2018 y a 5.600 en 2019 como contribución a un programa de la UE. En julio, el gobierno concedió la admisión a hasta 300 refugiados evacuados de Libia a Níger.

Las ONG criticaron aspectos del sistema de deportación de Alemania después de denuncias de una serie de casos en que los solicitantes de asilo fueron devueltos a sus países de origen mientras sus casos aún seguían pendientes de evaluación, entre ellos el de un tunecino que fue deportado a pesar de una orden judicial que bloqueaba su devolución por riesgo de sufrir tortura.

Aunque hubo menos que en años anteriores, los ataques contra refugiados y solicitantes de asilo siguieron siendo motivo de preocupación. En la primera mitad de 2018, la policía registró 627 ataques contra refugiados y solicitantes de asilo fuera de su hogar, y 77 ataques contra albergues para refugiados.

Las manifestaciones xenófobas en la ciudad de Chemnitz provocadas por el asesinato de un hombre alemán, presuntamente por dos ciudadanos extranjeros, en agosto y la explotación del asesinato por la extrema derecha, protagonizó escenas violentas, incluyendo ataques contra personas percibidas como “no alemanas”.

En marzo, un juez de Dresde declaró culpables a ocho personas de un grupo de extrema derecha por delitos de terrorismo e intento de asesinato en 2015 contra albergues para refugiados y un político local que asistía a inmigrantes recién llegados. En julio, un juez de Múnich declaró culpable de asesinato, delitos de terrorismo e incendio a un hombre en un caso relacionado con una serie de asesinatos cometidos por un grupo neonazi entre 2000 y 2006. Cuatro cómplices fueron declarados culpables de delitos menores.

La controvertida Ley sobre el cumplimiento de la normativa en las redes sociales (NetzDG) entró en vigor el 1 de enero. Esta ley obliga a las empresas de redes sociales a eliminar el discurso de odio y otros contenidos ilegales o enfrentar severas multas. La ley fue criticada luego de que varios usuarios de redes sociales de alto perfil vieron bloqueadas sus cuentas o su contenido, ya fuera como resultado de la NetzDG o por las condiciones de uso de las compañías.

Un grupo de corresponsales extranjeros, con el apoyo de los sindicatos de periodistas alemanes y otros grupos de libertad de prensa, presentó en enero un desafío ante el Tribunal Constitucional Federal para cuestionar el poder de la agencia de inteligencia nacional alemana para vigilar las comunicaciones de los extranjeros, argumentando que infringe su derecho a la libertad de expresión y privacidad.

Las autoridades judiciales alemanas continuaron investigando delitos internacionales graves cometidos en países del extranjero, entre ellos Siria.

 

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