En cierto modo, estos son tiempos oscuros para los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de que los autócratas y los responsables de graves violaciones de derechos humanos eclipsan los titulares, los activistas, la democracia y el estado de derecho están a su vez cobrando fuerza. Los mismos populistas que están propagando el odio y la intolerancia también están generando una resistencia que está cosechando sus propias victorias. El triunfo en ningún caso está garantizado, pero en el último año han surgido suficientes batallas como para sugerir que los excesos de un régimen autocrático están avivando un poderoso contraataque.

A diferencia de los dictadores tradicionales, los aspirantes a autócratas de hoy en día normalmente emergen de entornos democráticos. La mayoría persigue una estrategia en dos fases para socavar la democracia: primero, demonizan a las minorías vulnerables y las convierten en chivo expiatorio para reforzar su apoyo popular; a continuación, debilitan los controles institucionales al poder del gobierno necesarios para preservar los derechos humanos y el estado de derecho, tales como, medios de comunicación libres, un poder judicial independiente y grupos de la sociedad civil comprometidos. Incluso las democracias más establecidas del mundo se han mostrado vulnerables ante esta demagogia y manipulación.

Los líderes autocráticos rara vez resuelven los problemas que utilizan para justificar su ascenso al poder, en cambio sí crean su propio legado de abuso. En sus países, estos gobiernos que no rinden cuentas se vuelven propensos a la represión, la corrupción y la mala gestión. Se argumenta que los autócratas son mejores a la hora de obtener resultados, pero dado que suelen darle prioridad a la perpetuación de su propio poder, el costo humano puede ser enorme, como la hiperinflación y la devastación económica que se ve en la Venezuela otrora rica en petróleo, la ola de asesinatos extrajudiciales como parte de la “guerra contra las drogas” en Filipinas, o la detención masiva en China de más de 1 millón de musulmanes turcos, en su mayoría uigures.

Como no les gusta el escrutinio en materia de derechos humanos, los líderes autocráticos también tienden a abstenerse de defender los derechos más allá de sus fronteras. Esta retracción ha facilitado el camino para que los líderes violentos eludan las consecuencias de las atrocidades a gran escala que han cometido, como la guerra de Siria contra civiles en áreas controladas por fuerzas antigubernamentales, el bombardeo y bloqueo indiscriminados de la coalición liderada por Arabia Saudita que están acabando con la vida y matando de hambre a civiles yemeníes, y los asesinatos masivos, las violaciones y los incendios provocados por el ejército birmano contra los musulmanes rohinyá.

Frente a estas perturbadoras tendencias, las nuevas alianzas de gobiernos respetuosos de los derechos humanos, a menudo impulsados y reforzados por grupos de la sociedad civil y el público en general, han organizado una resistencia cada vez más efectiva. Los líderes políticos deciden violar los derechos humanos porque ven ventajas, ya sea conservar el control sobre el poder, llenar sus cuentas bancarias o recompensar a sus secuaces. Esta creciente resistencia ha elevado repetidamente el precio de esas decisiones abusivas. Dado que incluso los gobiernos abusivos sopesan los costos y los beneficios, incrementar el costo de la violación es la forma más segura de modificar sus cálculos de la represión. Puede que esta presión no tenga éxito de inmediato, pero tiene un historial comprobado a largo plazo.

Gran parte de esta resistencia se ha desarrollado en las Naciones Unidas, un hecho notable dados los intentos de muchos autócratas por debilitar esta institución multilateral y socavar las normas internacionales que establece. En el último año, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por ejemplo, tomó medidas importantes—a veces sin precedentes—para intensificar la presión sobre Birmania, Arabia Saudita y Venezuela. Los Estados que se oponen al cumplimiento de los derechos humanos, como China, Rusia, Egipto y Arabia Saudita, tradicionalmente tienen un peso considerable en estos foros. Por eso fue asombroso ver la frecuencia con la que perdieron el año pasado. Dada la reciente reticencia de muchas grandes potencias occidentales a promover el cumplimiento de los derechos humanos, los líderes de esta resistencia han surgido a menudo de coaliciones de Estados más pequeños y medianos, incluidos algunos aliados no tradicionales.

También se ejerció una presión significativa por la defensa de los derechos fuera de la ONU. En el último año, esta presión se tradujo en los esfuerzos para prevenir una masacre en Siria, combatir las tendencias autocráticas en Europa, defender la prohibición de armas químicas, convencer a un presidente africano para que acepte los límites constitucionales de su mandato, y presionar para que se abra una exhaustiva investigación sobre el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi.

Esta creciente presión pone en evidencia la posibilidad de defender los derechos humanos—de hecho, la responsabilidad de hacerlo— incluso en los tiempos más oscuros. La promesa de un gobierno democrático que respeta los derechos —de gobiernos responsables que responden a las necesidades de sus ciudadanos en lugar del poder y la riqueza de los altos funcionarios—, sigue siendo una visión vital y que empuja a la acción. El año pasado demuestra que las batallas en defensa de los derechos humanos siguen valiendo la pena lucharlas.

El lado oscuro de los regímenes autocráticos

A pesar de la creciente resistencia, las fuerzas de la autocracia han experimentado un auge. Por ejemplo, Brasil eligió como presidente a Jair Bolsonaro, un hombre que, pese al riesgo que puede representar el empleo de la seguridad pública, no duda en alentar abiertamente el uso de la fuerza letal por parte de los militares y la policía en un país ya devastado por una tasa desorbitada de asesinatos a manos de la policía y más de 60.000 homicidios al año.

Los autócratas consolidados y sus admiradores continuaron haciendo alarde de su desprecio por los derechos fundamentales. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, y el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, persistieron en silenciar las voces independientes y los grupos de la sociedad civil, así como en encerrar a miles de personas por sus presuntas opiniones políticas. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, alentó más ejecuciones sumarias, supuestamente de presuntos traficantes de drogas, pero a menudo simplemente personas que no tienen otra culpa que ser hombres jóvenes y pobres. El primer ministro de Hungría, Viktor Orban, propugnó su marca de “democracia antiliberal”. El gobernante de facto de Polonia, Jarosław Kaczyński, trató de colmar los tribunales de su país con jueces de su elección, socavando severamente la independencia del poder judicial. El ministro del interior y viceprimer ministro de Italia, Matteo Salvini, cerró los puertos a los refugiados y los inmigrantes, frustró los esfuerzos para salvar vidas de migrantes en alta mar y alimentó el sentimiento antiinmigrante. El primer ministro de la India, Narendra Modi, no logró frenar la demonización de los musulmanes Y emprendió ataques contra grupos de la sociedad civil por criticar su historial de derechos o políticas ambientales. El primer ministro de Camboya, Hun Sen, reforzó su control sobre el poder convocando elecciones fraudulentas en las que la participación del partido de la oposición estuvo prohibida. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, menospreció a inmigrantes y minorías y no dudó en intimidar a los jueces y periodistas que, según su opinión, se interponían en su camino. La Rusia controlada por el presidente Vladimir Putin continuó su represión de varios años contra las voces independientes y la oposición política. China eliminó cualquier posibilidad de oposición organizada al gobierno casi totalitario de Xi Jinping.

Al margen de las víctimas más inmediatas, algunos de los costos económicos de los gobiernos autocráticos se hicieron más evidentes a lo largo del año. Venezuela, rica en petróleo, llegó a disfrutar de uno de los niveles de vida más altos en América Latina, pero actualmente, bajo el régimen autocrático del presidente Nicolás Maduro, los venezolanos sufren una grave escasez de alimentos y medicamentos, lo que ha hecho que millones de personas hayan huido del país. En su empeño por sacar adelante proyectos de construcción a gran escala que a menudo beneficiaban a sus aliados, el presidente Erdogan favoreció el declive de su moneda y el encarecimiento de la vida en Turquía. Mozambique descubrió que US$2.000 millones en fondos públicos habían desaparecido de sus arcas.

La promocionada iniciativa china “One Belt, One Road” (Una franja, una ruta) para desarrollar infraestructura comercial fomentó una mala gestión autocrática en otros países. Siguiendo la práctica de larga data de Beijing, los préstamos del programa Belt y Road venían sin condiciones obvias, lo que convertía a la capital china en un deseado prestamista para los autócratas. Estas inyecciones no escrutadas de fondos en efectivo permitieron que funcionarios corruptos se llenaran los bolsillos mientras le endosaban a su pueblo una deuda masiva al servicio de

proyectos de infraestructura que, en muchos casos, beneficiaban más a la propia China que a la nación endeudada.

En Malasia, el primer ministro Mahathir bin Mohamad canceló tres grandes proyectos de infraestructura financiados con préstamos chinos en medio de las preocupaciones de que su predeceseor, Najib Razak, había accedido a condiciones poco favorables para obtener el capital con el fin de encubrir un escándalo de corrupción. Incapaz de asumir la carga de su enorme deuda, Sri Lanka se vio obligada a ceder a China el control de uno de sus puertos, construido con financiación china pero sin ningún lógica económica en el distrito natal del ex presidente Mahinda Rajapaksa. En Kenia descarriló una inversion china para construir una línea ferroviaria que no ofrecía ninguna viabilidad económica. Pakistán, Yibuti, Sierra Leona y las Maldivas expresaron su arrepentimiento por haber acordado ciertos proyectos financiados con capital chino.  Así se hicieron comunes las referencia a la “trampa de la deuda” china.

La resistencia

La creciente resistencia contra los regímenes autocráticos y la corrupción que con frecuencia alimentaron adoptó varias formas durante el año pasado. A veces el mecanismo fueron las elecciones o la presión pública. Los votantes malasios derrocaron a su primer ministro corrupto, Najib Razak, y a la coalición gobernante que llevaba casi seis décadas en el poder, y los sustituyeron por una coalición cuya agenda se concentra en una reforma enfocada en los derechos humanos. Los votantes de Maldivas rechazaron a su presidente autocrático, Yameen Abdulla Gayoom. En Armenia, cuyo gobierno estaba sumido en la corrupción, el primer ministro Serzh Sargsyan tuvo que dimitir en medio de masivas protestas. El primer ministro checo, Andrej Babis, enfrentó crecientes protestas contra su presunta corrupción. Etiopía, bajo la presión popular, reemplazó un gobierno que durante mucho tiempo fue abusivo por uno nuevo dirigido por el primer ministro Abiy Ahmed, quien ha lanzado un impresionante programa de reformas. En las elecciones de mitad de periodo para la Cámara de Representantes, los votantes estadounidenses dieron señales de reprender las políticas divisorias y antiderechos del presidente Trump.

En ocasiones, las instituciones fundamentales de gobierno se resistieron a las extralimitaciones de los líderes de sus países. Los jueces independientes de Polonia se negaron a retirarse de sus cargos ante la campaña de purga de Kaczyński; a continuación, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respaldó su negativa a ser destituidos. El Tribunal Constitucional de Guatemala revocó el intento del presidente Jimmy Morales de prohibir la entrada en el país del investigador principal de un organismo anticorrupción respaldado por la ONU después de que comenzara a investigar sus presuntos delitos financieros. El presidente del Tribunal Supremo de EE.UU., John Roberts, nombrado por el ex presidente George W. Bush, reprendió públicamente al presidente Trump por desacreditar a “un juez de Obama” que había dictaminado en contra de sus esfuerzos para limitar el derecho de los migrantes a solicitar asilo.

En muchos casos, el público lideró la resistencia en las calles. Grandes multitudes en Budapest protestaron por las medidas de Orban para cerrar la Universidad Centroeuropea, un bastión académico de investigación y librepensamiento. Decenas de miles de polacos salieron a las calles en repetidas ocasiones para defender a sus tribunales de los intentos del partido gobernante de socavar su independencia. Miles de personas y decenas de empresas de EE.UU. se manifestaron en contra de la separación forzosa de los niños inmigrantes y sus padres impuesta por Trump.

Oposición multilateral

Nuevos regímenes tuvieron que retomar la defensa de los derechos humanos porque varios gobiernos importantes flaquearon. El presidente Trump prefirió acoger a autócratas a quienes consideraba afines a él, incluso cuando partes del gobierno del país a menudo intentaban evitar a la Casa Blanca. El gobierno británico, preocupado por el Brexit, se mostró dispuesto a defender públicamente los derechos humanos, pero principalmente en países donde el comercio británico o los intereses comerciales eran limitados. El presidente francés, Emmanuel Macron, defendió retóricamente los valores democráticos, pero a menudo encontró razones para evitar aplicar esos principios cuando implicaban esfuerzos para frenar la migración, combatir el terrorismo o asegurar oportunidades comerciales. La canciller alemana, Angela Merkel, se pronunció en contra de las políticas antiderechos provenientes de Moscú y Washington, pero con frecuencia se encontró asediada por los desafíos políticos en su propio país. China y Rusia hicieron todo lo posible por socavar el ejercicio de los derechos universales, mientras que en sus respectivos países aplicaron la mayor represión vista en décadas.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU

Contra este telón de fondo especialmente complejo una masa crítica de defensores de los derechos humanos que se ha puesto regularmente a la altura de las circunstancias. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU de 47 miembros fue una plataforma  especialmente importante. Jugó un papel destacado a pesar de que el gobierno de Trump retiró a EE.UU. del Consejo, convirtiéndolo en el primer país en hacerlo, en un esfuerzo fallido por desacreditar las periódicas críticas del Consejo a Israel. La Casa Blanca estaba en contra del enfoque del Consejo en Israel, que se debe en parte a que muchas administraciones estadounidenses, incluida la del presidente Trump, utilizan el veto estadounidense en el Consejo de Seguridad de la ONU para proteger a Israel de cualquier crítica en ese foro. El Consejo de Derechos Humanos ha tomado en repetidas ocasiones medidas importantes para defender los derechos en Corea del Norte, Siria, Birmania, Yemen, Sudán, Sudán del Sur, Burundi y la República Democrática del Congo, países con historiales de derechos humanos gravemente problemáticos que el gobierno de EE.UU. dijo que debían ser abordados. Sin embargo, el presidente Trump estaba dispuesto a poner eso en peligro en nombre del debilitamiento del Consejo por denuncias políticas tales como el bloqueo paralizante de Gaza y el régimen de asentamientos discriminatorios e ilegales en Cisjordania.

El Consejo de Derechos Humanos hizo grandes avances a pesar de, y en un caso posiblemente gracias a, la ausencia de EE.UU. Por ejemplo, la posibilidad de un veto chino, ruso o incluso estadounidense en el Consejo de Seguridad de la ONU parecía condenar cualquier esfuerzo para remitir a Birmania a la Corte Penal Internacional (CPI) por las masivas atrocidades cometidas por su ejército, principalmente los crímenes de lesa humanidad que empujaron a 700.000 musulmanes rohinyá a huir a Bangladesh. En respuesta, el Consejo de Derechos Humanos, donde no hay veto, intervino para crear un mecanismo de investigación semiprocesal para preservar las pruebas, identificar a los responsables y construir casos para el día en que haya un tribunal disponible para juzgar estos delitos. Ese esfuerzo ganó abrumadoramente, con 35 votos a favor y sólo 3 en contra (hubo 7 abstenciones), lo que envía la señal de que estas atrocidades no se pueden cometer con impunidad, incluso a pesar de que la líder Aung San Suu Kyi y el ejército continuaron negando que hubieran ocurrido.

La Unión Europea presentó conjuntamente la resolución del Consejo sobre los rohinyá frente a la Organización de Cooperación Islámica (OCI), que hasta los ataques de Birmania contra los rohinyá se había opuesto a todas las resoluciones que criticaran a cualquier país que no fuera Israel. Y en lo que podría ser una ruta alternativa a la Corte Penal Internacional (CPI) que no dependiese del Consejo de Seguridad, el fiscal de la CPI abrió una investigación preliminar de la supuesta deportación de rohinyás de Birmania, utilizando como jurisdicción el hecho de que el delito se había cometido cuando los rohinyás fueron obligados a exiliarse a Bangladesh, un Estado miembro de la CPI.

Con Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Irlanda y Canadá asumiendo el liderazgo, el Consejo de Derechos Humanos también se opuso a los esfuerzos de Arabia Saudita para impedir la investigación de los crímenes de guerra cometidos en Yemen, como los repetidos bombardeos por parte de la coalición liderada por Arabia Saudita y el bloqueo devastador que han dejado a millones de yemeníes al borde de la inanición, una situación que la ONU describe como la peor crisis humanitaria del mundo. Un mes antes de la votación, aparentemente para indicar la posibilidad de represalias más amplias, Arabia Saudita se ensarzó en una crisis diplomática con Canadá e impuso sanciones contra el país después de las críticas totalmente justificadas que hizo la ministra de Relaciones Exteriores Chrystia Freeland de la represión del activismo por los derechos de las mujeres. (El príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salman, prefirió retratar sus concesiones en materia de derechos de las mujeres, como la concesión del derecho a conducir aunque sin suprimir las reglas de “tutela” que tratan a las mujeres como niñas, como temas de privilegio real en lugar de como conformidad con la demanda popular). Aun así, el Consejo de Derechos Humanos decidió continuar una investigación internacional abierta el año pasado por crímenes de guerra en Yemen por una votación de 21 contra 8 y 18 abstenciones.

El Consejo de Derechos Humanos condenó por primera vez la severa represión en Venezuela bajo la presidencia de Maduro. Una resolución, liderada por un grupo de naciones latinoamericanas, ganó por una votación de 23 contra 7 y 17 abstenciones. Esto ocurrió después de la salida del gobierno de EE.UU. del Consejo, lo que hizo que para los patrocinadores de la resolución fuera más fácil demostrar que estaban abordando la cuestión de Venezuela como una cuestión de principios en lugar de una herramienta ideológica de Washington.

Además, cinco países de América Latina y Canadá instaron a la Corte Penal Internacional a iniciar una investigación de los crímenes cometidos en Venezuela, la primera vez en que un gobierno había solicitado una investigación de la CPI sobre delitos que tuvieron lugar completamente fuera de su territorio. Otros gobiernos, incluidos el de Francia y Alemania, respaldaron la medida. Un grupo de estados latinoamericanos encabezados por Argentina también organizó en el marco del Consejo de Derechos Humanos la primera declaración conjunta, firmada por 47 países, sobre el recrudecimiento de la represión en Nicaragua, a medida que el presidente Daniel Ortega responde con violencia a las crecientes protestas contra su régimen represivo.

Las instituciones europeas y la agencia de armas químicas

Aparte del Consejo de Derechos Humanos, los gobiernos también defendieron los derechos humanos en otros foros. Uno de ellos fue la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ), que sólo tenía autorización para determinar en cada caso si se habían usado armas químicas o no, no quién las usó. Rusia se opuso a consentir alguna investigación internacional para atribuir responsabilidad, dado su respaldo y protección del gobierno sirio, que repetidamente usó armas químicas, y su presunto uso del gas nervioso Novichok en un intento de asesinato de un ex espía en Gran Bretaña. Por ejemplo, Moscú vetó la renovación en el Consejo de Seguridad de la ONU de una investigación independiente para identificar a responsables del uso de armas químicas en Siria, el Mecanismo Conjunto de Investigación de la ONU y la OPAQ. La resistencia provino de una iniciativa liderada por Francia y Gran Bretaña, frente a la oposición de Rusia, que resultó en que los Estados miembros de la OPAQ votaron 82 a favor y 24 en contra de otorgarle el mandato para comenzar a identificar a los usuarios de armas químicas. También se rechazó un intento ruso por bloquear la financiación de este nuevo mandato.

En respuesta a los esfuerzos del gobierno polaco por socavar la independencia del poder judicial y la puesta en práctica de la “democracia antiliberal” en Hungría, la Unión Europea puso en marcha un proceso que podría terminar con la imposición de sanciones políticas en virtud del artículo 7 del Tratado de la UE; la Comisión Europea actuó en el caso de Polonia y una mayoría de dos tercios del Parlamento Europeo actuó en el caso de Hungría. Si bien Polonia y Hungría tienen el poder bajo las reglas de unanimidad para protegerse mutuamente de la imposición real de tales sanciones, el proceso del artículo 7 sienta las bases para recurrir a la influencia proporcionada por el próximo presupuesto quinquenal de la UE, que debe ser adoptado a fines de 2020. Polonia es el mayor receptor de fondos de la UE, y Hungría se encuentra entre los mayores receptores per cápita. Tanto el gobierno polaco como el húngaro han utilizado estos fondos para su ventaja política, por lo que es razonable preguntarse si la UE debería seguir financiando con la misma generosidad sus ataques contra los valores democráticos fundamentales de la UE.

El principal órgano intergubernamental de derechos humanos de Europa, el Consejo de Europa, se resistió a los intentos del gobierno autoritario de Azerbaiyán de influir indebidamente en los miembros de la Asamblea Parlamentaria del Consejo (PACE, por sus siglas en inglés) para suavizar las críticas al historial de derechos humanos del país. Tras las denuncias de periodistas y activistas, el Consejo de Europa lanzó una investigación que puso en evidencia “una fuerte sospecha” de “actividad de naturaleza corrupta” por parte de algunos miembros actuales y anteriores de la PACE debido al cabildeo ilícito del gobierno azerbaiyano. La investigación dio lugar a dimisiones, diversas sanciones y la introducción de nuevas reglas de cabildeo político.

Siria y Arabia Saudita

La acción multilateral que posiblemente haya salvado el mayor número de vidas durante el año pasado se centró en Siria. En los últimos años, a medida que el ejército sirio, con el respaldo de Rusia, Irán y Hezbolá, fue recuperando gradualmente un enclave tras otro en manos de fuerzas antigubernamentales, a muchos de los residentes que temían las represalias o las detenciones en las notorias cámaras de tortura y ejecución del gobierno se les concedió la opción de mudarse a la provincia de Idlib y las áreas circundantes en el noroeste de Siria, donde las fuerzas antigubernamentales seguían conservando el control. Hoy en día, se estima que tres millones de personas viven allí, al menos la mitad de ellas desplazadas de otras partes de Siria.

Pero habiendo cerrado Turquía su frontera (después de haber recibido a 3,5 millones de refugiados sirios) y con la amenaza de la alianza militar sirio-rusa de una ofensiva contra Idlib, el baño de sangre parecía inevitable, dada la indiscriminación con la que los militares sirios y rusos han combatido en la guerra hasta la fecha. El Kremlin tenía el poder para determinar si esta temida masacre de civiles procedía o no ya que el ejército sirio era incapaz de sostener una ofensiva sin el apoyo aéreo ruso. Una intensa presión internacional sobre el gobierno ruso finalmente convenció al presidente Putin para que acordara con el presidente turco Erdogan un alto el fuego en Idlib, a partir de septiembre. En el momento de redacción de este informe a principios de diciembre queda por ver si el alto al fuego fracasa, como lo han hecho otros, o resiste, pero su existencia demuestra que incluso en una situación tan complicada como la de Siria en tiempos de guerra, la presión conjunta puede salvar vidas.

Las repercusiones del espantoso asesinato de Jamal Khashoggi por parte del gobierno saudí en su consulado de Estambul proporcionaron otro ejemplo de una presión multilateral generalizada si bien todavía selectiva. Aunque es lamentable que fuera necesario el asesinato de un prominente periodista y no bastaran las vidas de innumerables civiles yemeníes desconocidos para desatar la indignación mundial ante el historial de derechos humanos de Riad, ya que este único asesinato resultó decisivo. El gobierno saudí promovió una serie de historias como coartada pero todas fueron refutadas con pruebas publicadas pieza por pieza por el gobierno turco (que, sin embargo, continuó con la represión de los periodistas, activistas, académicos y políticos que se atrevieron a criticar al presidente Erdogan).

Gradualmente, EE.UU. y Canadá impusieron sanciones específicas contra muchos de los saudíes implicados en el asesinato. En Europa, Alemania dio el paso sin precedentes de impedir que 18 funcionarios saudíes ingresaran en la zona Schengen de 26 naciones, mientras que Alemania, los Países Bajos, Dinamarca y Finlandia cesaron la venta de armas al reino. Sin embargo, el presidente Trump se negó inequívocamente a respaldar el presunto hallazgo de la CIA de que el príncipe heredero saudí habría ordenado el asesinato de Khashoggi, ofreciendo como única reacción un arrogante y exculpatorio “tal vez lo hizo y tal vez no”. Al igual que sus contrapartes británico y francés, Trump se negó a suspender las lucrativas ventas de armas a Arabia Saudita, como si un número indeterminado de empleos en el país pesara más que la pérdida a gran escala de miles de vidas civiles yemeníes. Muchos miembros del Congreso de EE.UU. de ambos partidos, junto con representantes de los medios de comunicación y el público del país, denunciaron esta despiadada decisión.

África

La presión de un grupo de Estados africanos fue clave para finalmente persuadir al presidente Joseph Kabila de la República Democrática del Congo a que convocara elecciones para encontrar a un sucesor. Al no poder presentarse a una reelección debido a los límites impuestos a los mandatos por la Constitución pero reacio a renunciar al poder, Kabila desplegó fuerzas de seguridad para detener e incluso disparar contra activistas a favor de la democracia. Sólo cedió ante la presión coordinada de varios estados africanos, principalmente Angola y Sudáfrica, así como de gobiernos occidentales como EE.UU. y Bélgica. En el momento de redacción de este informe no estaba claro si las elecciones programadas para el 23 de diciembre tendrían lugar y si las condiciones serían libres y justas.

La amenaza de una retirada masiva de África de la Corte Penal Internacional siguió perdiendo fuerza tras la resistencia de los gobiernos africanos y los grupos de la sociedad civil que apoyan a la CPI. Hasta la fecha, el único Estado africano que ha abandonado la CPI es Burundi, cuyo presidente, Pierre Nkurunziza, espera eludir cargos penales por su brutal represión de la oposición a su enmienda a los límites del mandato constitucional sobre su cargo. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU repudió la solicitud de inmunidad de Nkurunziza al reafirmar el escrutinio de la ONU del historial de derechos de Burundi con una votación de 23 votos a favor frente a 7 en contra y 17 abstenciones.

China

También empezó a acumularse una presión multilateral sobre el gobierno chino, que significa un peligroso desafío para los derechos humanos no sólo por la severidad de su represión, la peor desde el violento castigo del movimiento democrático de la Plaza de Tiananmen en 1989, sino también porque representa el sueño de cualquier autócrata: la perspectiva de poder a largo plazo y ganancias económicas sin derechos humanos, democracia o un estado de derecho.

Pero en el último año se observó un mayor escrutinio de las desventajas de un gobierno que no rinde cuentas. Algunos críticos se centraron en las ambiciones de vigilancia masiva de las autoridades chinas: el despliegue de sistemas que usan software de reconocimiento facial, inteligencia artificial y big data para monitorear más efectivamente a la población y predecir, entre otras cosas, la lealtad política. Las empresas internacionales también se vieron sometidas a una creciente presión para no convertirse en cómplices de estas prácticas intrusivas.

El asunto que acaparó la mayor atención fue la detención masiva y arbitraria en campos de “reeducación” por parte del gobierno chino de más de 1 millón de musulmanes en la región de Xinjiang, en su mayoría uigures, para obligarlos a renunciar a su fe musulmana e identidad étnica. Estos esfuerzos de lavado de cerebro no se limitaron a la expansión de los centros de detención en China, sino que el gobierno también desplegó a cerca de un millón de funcionarios para que vivan en las casas de los musulmanes y los espíen para asegurar su lealtad política y cultural.

Como consecuencia, China fue cuestionada por muchos países durante una revisión periódica en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y una coalición de 15 embajadores occidentales, encabezada por Canadá, trató de abordar con el secretario del partido de Xinjiang, Chen Quanguo, estos abusos. En declaraciones ante el Consejo de Derechos Humanos apenas una semana después de su nombramiento, la nueva alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, la ex presidenta chilena Michelle Bachelet, expresó su preocupación por la represión de los uigures y pidió que se abriera el acceso a la región.

Sin embargo, en cuanto a la defensa de los musulmanes perseguidos por Birmania, en el momento de redacción de este informe, los 57 países de mayoría musulmana de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) todavía no habían hecho ningún llamamiento por la protección de los musulmanes en China, aparte de Turquía, que planteó el tema ante la ONU, y el político malasio Anwar Ibrahim de Malasia, líder de la coalición gobernante del país, que abordó públicamente el problema.

Inmigración y asilo

En Occidente, la cuestión más controvertida explotada por los políticos autocráticos fue la inmigración, incluso en lugares como Polonia y el este de Alemania donde hay relativamente pocos inmigrantes. Algunos políticos centristas apostaron a que la mejor manera de derrotar esta amenaza autocrática era imitarla, incluso a costa de incorporar su retórica de odio y polaridad. Esa estrategia fracasó estrepitosamente, por ejemplo, para el ministro del interior de Alemania, Horst Seehofer, cuyo partido, la Unión Demócrata Cristiana, sufrió una debacle electoral en su estado natal de Baviera, mientras que la extrema derecha ganó posiciones. En contraste, los oponentes alemanes más contrarios a la extrema derecha, los Verdes, tuvieron un éxito sin precedentes. Los resultados de las elecciones locales en los Países Bajos y Bélgica y las elecciones generales en Luxemburgo sugieren lo mismo.

Pero la resistencia contra la respuesta xenófoba a la inmigración, y la islamofobia con la que a menudo venía acompañada, no fue lo suficientemente fuerte. Los gobiernos europeos, por ejemplo, non han hecho muchos esfuerzos por evaluar las políticas que no han integrado adecuadamente a comunidades de inmigrantes de larga duración. Ese fracaso, a su vez, facilita la demonización de los recién llegados. En su lugar, los líderes europeos trataron de cerrar sus fronteras incluso a los solicitantes de asilo, que tienen derecho a la oportunidad de defender las razones por las que creen merecer protección.

También intentaron facilitar la denegación del asilo incluso a quienes han llegado, bajo el argumento de que podrían haber buscado protección en un país fuera de la UE considerado “seguro”, aunque muchos carezcan de la capacidad para procesar las solicitudes de asilo o brindar una protección eficaz. Y las deportaciones de inmigrantes que llegaron en busca de oportunidades económicas, que en su mayoría no tienen derecho a entrar ni permanecer en el país, a menudo se llevaron a cabo de manera inhumana e insegura. Hungría, Bulgaria, Croacia, Polonia, España y Grecia obligaron a muchas personas a regresar a países no pertenecientes a la UE, en algunos casos de forma violenta. Italia dirigió las iniciativas para lograr que la Guardia Costera de Libia devolviera a los migrantes a espantosas condiciones de detención en Libia y bloqueó los esfuerzos de rescate humanitario en el mar Mediterráneo, aparentemente con la despiadada esperanza de que un aumento en el número de muertes en el mar disuadirían a los migrantes. La UE también reclutó a gobiernos problemáticos como Sudán y Malí para reducir el número de migrantes y solicitantes de asilo que llegan a Europa.

En EE.UU., el presidente Trump utilizó la amenaza percibida de una caravana de solicitantes de asilo que huían de la violencia en Centroamérica para movilizar su base política justo antes de las elecciones al Congreso del país. Fue tan lejos como desplegar 5.000 tropas estadounidenses a lo largo de la frontera con México en una despilfarradora maniobra política. También ordenó la separación de niños inmigrantes de sus padres y restringió ilegalmente el derecho de los solicitantes de asilo a presentar su caso a su llegada a la frontera.

A pesar de las críticas generalizadas a la política de separación familiar, los opositores políticos de Trump no lograron articular una visión positiva alternativa sobre la inmigración, por ejemplo, una que distinga a los inmigrantes de larga duración que se han convertido en estadounidenses en todo menos los papeles (a menudo con niños y cónyuges con ciudadanía de EE.UU., y una estabilidad en el lugar de trabajo y la comunidad) y los recién llegados que no están buscando asilo y por lo general no tienen derecho a quedarse.

Pese a la polaridad política en EE.UU., en el pasado se forjó un amplio consenso para la reforma migratoria, por lo que debería ser posible articular una visión que facilite la aplicación de la ley en las fronteras a la vez que se respeta el asilo para los refugiados y las salvaguardias humanas que deberían proteger de la deportación a la mayoría de los inmigrantes de larga duración.

Más allá de un aniversario

Los desafíos del año pasado surgieron en un contexto en el que el mundo celebraba el 70 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como el 20 aniversario del tratado que fundó la CPI y el 40 aniversario de Human Rights Watch. Claramente este no es momento para la complacencia. Aun cuando las normas de derechos humanos se han afianzado profundamente como una forma de medir cómo los gobiernos tratan a sus pueblos, los derechos humanos siguen estando bajo amenaza.

Pero a pesar de los vientos poco favorables, el año pasado fue un claro ejemplo de que defender los derechos humanos sigue siendo un imperativo digno. Cuando los regímenes detectan una ventaja política o económica en la violación de los derechos, los activistas todavía pueden incrementar el precio del abuso y modificar la proporción de costo-beneficio a fin de convencer a los gobiernos de que la represión no es rentable. El terreno para la lucha ha cambiado, con la desaparición en acción de muchos participantes tradicionales, algunos de los cuales incluso se han cambiado de bando. Pero han surgido coaliciones efectivas para oponerse a los gobiernos que no rinden cuentas ante sus pueblos ni respetan sus derechos. Con este informe, Human Rights Watch busca ampliar esta defensa global revigorizada de un futuro donde se respeten los derechos humanos.