Resumen

El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, describió una vez el descubrimiento del petróleo en la década de 1990 en la costa de esa pequeña nación de África Central como un “maná del cielo”, en alusión al pan bíblico que Dios envió en un momento crítico a los israelitas que vagaban por el desierto. Arrasado por casi seis siglos de colonialismo, a los que siguió una dictadura despiadada que se extendió durante once años, el país era uno de los más pobres y peor gobernados del mundo cuando, en 1979, Obiang tomó el poder tras deponer a su tío.

El descubrimiento de petróleo en 1991 ofreció la oportunidad de cambiar el destino de Guinea Ecuatorial y así lo hizo en muchos aspectos. Antes del hallazgo de petróleo, el ingreso total del país era de USD 132 millones, o USD 330 per cápita. En la década siguiente, el producto interno bruto (PIB) se incrementó significativamente, a niveles comparables con los de muchos países industrializados, y en 2012 alcanzó su nivel máximo de USD 19.000 millones (USD 24.304 per cápita). No obstante, la producción de petróleo ha disminuido desde 2012, y se prevé que el petróleo se agotará para el año 2035, a menos que se encuentren nuevas reservas.

Repentinamente, el pequeño país de cerca de un millón de habitantes, con una superficie de 28.050 kilómetros cuadrados, se encontró frente a una oportunidad formidable, pero fugaz, de brindar servicios sociales ejemplares a sus ciudadanos, tal como lo exigen sus obligaciones en materia de derechos humanos. Obiang generó expectativas y señaló, en reiteradas oportunidades, que daría prioridad a los servicios de salud y la educación, pero, de hecho, las asignaciones presupuestarias a salud y educación han sido ínfimas: en 2011, el año más reciente sobre el cual existen datos, el gobierno gastó el 3 % de su presupuesto en educación y menos del 2 % en salud, según datos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Otros 45 países en el rango de PIB per cápita de Guinea Ecuatorial gastaron, como mínimo, cifras cuatro veces superiores en salud y educación durante el mismo período. En vez, el país realizó ingentes inversiones en proyectos de infraestructura a gran escala, que insumieron el 82 % de su presupuesto total en 2011. Esta estrategia ha sido criticada en reiteradas oportunidades por el FMI y el Banco Mundial.

Obiang, el presidente que más tiempo ha ocupado este cargo en todo el mundo, justifica la enorme inversión en infraestructura alegando que forma parte de una estrategia que permitiría sentar las bases para una economía moderna. Sin duda, esta inversión ha mejorado la infraestructura de transporte del país, que incluye una red de más de 2.000 kilómetros de carreteras, cinco aeropuertos y ocho puertos, como así también varios hospitales modernos y un campus universitario nacional. No obstante, según indica el FMI, esta estrategia “contribuye a que se dispongan escasos fondos para la prestación de servicios de salud y educación”. También determinó que, en los proyectos de infraestructura, “los costos y el despilfarro han sido considerables, debido a limitaciones en la supervisión y presiones para promover proyectos con alta visibilidad”.

Este informe muestra cómo, a lo largo de dos décadas, el gobierno de Guinea Ecuatorial generó las condiciones para la situación actual, y no supo aprovechar la promesa que representaba el descubrimiento de petróleo, al destinar un porcentaje extremadamente bajo de su presupuesto al bienestar social y realizar gastos excesivos en proyectos de infraestructura que supusieron un derroche de recursos y estuvieron marcados por corrupción. Mientras tanto, no ha cumplido con sus obligaciones en materia de derechos humanos de materializar, de manera gradual, el derecho de sus habitantes a recibir educación y atención médica digna y asequible. El informe describe cómo, aunque en apariencia el país debería estar en el grupo de las naciones con ingresos encima de la media, Guinea Ecuatorial enfrenta graves dificultades que son comunes en países de bajos ingresos, especialmente en los ámbitos de salud y educación. Documenta evidencias de que se han adjudicado importantes contratos públicos a empresas que son de propiedad total o parcial del presidente, miembros de su familia o altos funcionarios gubernamentales. En algunos casos, los empresarios afirman que fueron alentados por funcionarios del gobierno a incrementar artificialmente el valor de los contratos, para que los funcionarios pudieran cobrar cuantiosos sobornos.

A su vez, esta investigación se suma a un gran volumen de trabajos sobre la corrupción en Guinea Ecuatorial, incluidas numerosas investigaciones internacionales que han permitido identificar pruebas de corrupción en las más altas esferas. Por ejemplo, una investigación llevada a cabo por el Senado de Estados Unidos en 2004 sobre Riggs Bank, un banco comercial con sede en Washington DC, reveló que hubo transferencias directas de millones de dólares desde cuentas donde estaban depositados fondos originados en los recursos petroleros del país hacia cuentas que, presuntamente, eran controladas por el presidente. Investigaciones sobre la supuesta participación del hijo mayor del presidente —que fue nombrado vicepresidente en junio de 2016— en maniobras de lavado de dinero sugieren que, en un período de aproximadamente cinco años, gastó USD 110 millones en Estados Unidos y EUR 175 millones (USD 189 millones al tipo de cambio actual) en Francia. El fiscal francés sostuvo que se habían transferido EUR 110 millones del tesoro público de Guinea Ecuatorial a las cuentas personales de Teodorín, y que parte de ese dinero fue utilizado en las abultadas compras que este realizó en Francia.

En España, se encuentra en curso un proceso judicial iniciado a partir de pruebas de que altos funcionarios gubernamentales compraron mansiones en ese país, con fondos trasferidos desde la cuenta de fondos petroleros radicada en Riggs Bank. En Italia, la policía financiera, al investigar una de las empresas constructoras de mayor envergadura que operan en el país, halló millones de dólares vinculados a una red de cuentas bancarias internacionales pertenecientes al presidente y a su hijo.

Todo esto contribuye a la lamentable falta de inversión, por parte del gobierno, en salud y educación, y tiene un elevado costo humano.

Relegamiento del derecho a la salud

Con el descubrimiento de petróleo, Guinea Ecuatorial tuvo una oportunidad extraordinaria de mejorar la atención médica invirtiendo en la provisión de agua potable, infraestructura de saneamiento adecuada, la lucha contra enfermedades infecciosas y otros determinantes claves de la salud, como así también en el fortalecimiento de su sistema público de atención médica.

A lo largo de dos décadas, ha desaprovechado esta posibilidad, y ha invertido fondos insuficientes en el sector social, en comparación con otros países con la misma categoría de ingresos. Además, ha realizado gastos desatinados en proyectos de capital, como los nuevos y sofisticados hospitales de La Paz en Malabo y Bata, que parecen brindar servicios casi exclusivamente a sectores de élite, en lugar de estar destinados a una atención médica primaria que beneficie a la mayoría de los ciudadanos.

Si bien la falta de datos hace que sea difícil evaluar en forma integral el desempeño de Guinea Ecuatorial respecto de indicadores claves en el sector de salud, los datos que sí están disponibles sugieren que, pese a contar con recursos muy superiores a los de otros países de la región, los avances han sido escasos. Por ejemplo:

• Guinea Ecuatorial ocupa el puesto 138 entre 188 países en el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que brinda una medición de desarrollo social y económico. Su puntuación es similar a la de Ghana y Zambia, pese a contar con un ingreso per cápita que es más de cinco veces mayor.
• Más de la mitad de la población de Guinea Ecuatorial no tiene acceso a agua potable segura cerca de su lugar de residencia, y este porcentaje no se ha modificado desde 1995.
• Las tasas de vacunación infantil se han reducido sustancialmente desde fines de la década de 1990 y están entre las peores del mundo. Por ejemplo, la tasa informada de vacunación contra la tuberculosis para recién nacidos y bebés fue del 99 % en 1997; 64 % en 2014; y 35 % en 2015, el último año para el cual hay datos disponibles.

Además, una encuesta de hogares llevada a cabo en 2011 determinó que uno de cada cuatro niños tiene impedimentos físicos debido a la mala nutrición, y dos tercios sufren anemia, al igual que la mitad de las mujeres. El Banco Mundial estima que el 60 % de las muertes son ocasionadas por enfermedades contagiosas o afecciones maternas, prenatales o problemas de nutrición que podrían prevenirse. La mortalidad materna es un indicador de salud en el cual Guinea Ecuatorial parecería haber avanzado a un ritmo mayor que la mayoría de los países de la región. La cantidad de muertes maternas se redujo de 1.050 por cada 100.000 nacimientos con vida en 1995, a 342 en 2015, según datos de las Naciones Unidas.

Pese a ser considerado un país con ingresos medios/altos, el sistema de atención de la salud de Guinea Ecuatorial sigue presentando muchos de los problemas que suelen afectar a los países de ingresos bajos, como personal insuficiente, tiempos de espera prolongados, falta de medicamentos e insumos médicos básicos y errores de diagnóstico frecuentes. Diversos médicos, personal de enfermería y pacientes señalaron a Human Rights Watch que el Hospital General de Malabo exigía un pago en efectivo por adelantado para prestar cualquier tipo de servicio, y que es habitual que a las personas que no pueden realizar ese pago por adelantado se les niegue la atención. “Si las personas [que se encuentran en estado crítico] no tienen dinero, mueren”, señaló un médico que trabajaba en el Hospital General de Bata.

Con los fondos limitados que se asignan al sector de salud, el gobierno ha realizado una importante inversión en La Paz, que es el nombre de los dos modernos hospitales de Malabo y Bata, cuyo personal está integrado mayormente por profesionales extranjeros. Ambos hospitales cuentan con buen equipamiento y cobran tarifas muy superiores a las que podrían afrontar los ciudadanos comunes de Guinea Ecuatorial.

Relegamiento del derecho a la educación

La forma en la que el gobierno ha relegado la educación se refleja en la precariedad de las instalaciones educativas y la baja calidad de los servicios, así como en los resultados, que muchas veces son inferiores a los promedios regionales y, en algunos casos, son incluso peores a los conseguidos antes de que empezara el auge del petróleo. Por ejemplo:

• En 2012, el 42 % de los niños en edad de escolaridad primaria —46.000 niños— no asistían a la escuela. Esta representa la séptima peor tasa de escolarización mundial, y en general son los países devastados por guerras los que tienen un nivel peor que ese.
• La mitad de los niños que empiezan la escuela primaria nunca llegan a terminarla, y menos de la cuarta parte de quienes la completan, continúan en la escuela secundaria.
• Algunos estudiantes comienzan tarde sus estudios y las tasas de repitencia son altas: como consecuencia, las edades de los estudiantes de un mismo curso pueden variar sustancialmente. En 2012, solamente el 57 % de los estudiantes estaba en el grado que le correspondía por su edad, lo cual representa una reducción de 10 puntos porcentuales con respecto al año 2000, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), una agencia especializada de la ONU.

La legislación de Guinea Ecuatorial prevé la educación primaria gratuita, en consonancia con las normas internacionales de derechos humanos, que también exigen que Guinea Ecuatorial impulse la eliminación de pagos en la educación secundaria, según los recursos de que disponga. Aun así, socios locales y especialistas en educación manifestaron que las escuelas primarias públicas cobran al menos algunas cuotas de inscripción.

Muchos docentes tienen escasa formación o no cuentan con capacitación de ningún tipo, y esto redunda en una baja calidad de la educación pública. Desde 2006, muchos docentes han recibido capacitación a través de un programa de 10 años de duración financiado conjuntamente por el gobierno y Hess Oil, que desarrolla actividades en el país. Según datos de la UNESCO, solamente la mitad de los docentes de escuela primaria recibieron algún tipo de formación en 2011.

Guinea Ecuatorial ha invertido apenas una pequeña fracción de su presupuesto en su sistema educativo, y la mayor parte del gasto en educación se ha destinado al nivel universitario. Según un informe confidencial preparado por el gobierno en el año 2016, del presupuesto de un programa de varios años llamado “Educación para todos”, el 64 % se asignó a la educación superior, aunque este nivel solamente representa al 2 % por ciento de los estudiantes, de acuerdo con datos del Banco Mundial.

Gasto excesivo y autocontrataciones en infraestructura

La asignación insuficiente de fondos por parte del gobierno a los sectores de salud y educación, contrasta notablemente con el gasto desorbitante en proyectos de infraestructura de gran envergadura, muchos de los cuales tiene una utilidad social cuestionable y podrían ser medios ideales para la corrupción y las irregularidades en la administración. Human Rights Watch halló pruebas de que altos funcionarios del gobierno tienen intereses en empresas que resultan adjudicatarias de contratos públicos de construcción, incluidos el propio presidente y su familia.

Después de haber gastado abultadas sumas de dinero en construcciones tanto en la capital de la isla, Malabo, como en Bata, la ciudad más grande del país que se encuentra en el territorio continental y funciona como capital alternativa, en la actualidad el gobierno está construyendo una nueva capital administrativa, Oyala, en medio de la selva. Si bien se desconoce el costo total de Oyala, se cree consumió  la mitad del total de la inversión pública en 2016, según un informe del FMI que no ha sido publicado. Las normas sobre “contenido local”, que exigen que todas las empresas que operan en el país tengan un porcentaje de titularidad local de al menos el 35 %, parecen haber sido aplicadas de manera indebida para orientar los negocios hacia compañías que buscan, ante todo, obtener beneficios económicos para personas que tienen contactos políticos. El FMI advierte sobre los altos niveles de gasto en Oyala, en un contexto de “avances limitados de reformas estructurales, y problemas de gobernabilidad frágil y corrupción [que] siguen siendo un impedimento grave”.

Un cable del Departamento de Estado de EE. UU. difundido por WikiLeaks indicaba que el único importador de cemento del país, Abayak, es “parcialmente, de propiedad del presidente y la primera dama”. El empresario italiano Roberto Berardi fundó una empresa constructora con el hijo mayor y sucesor putativo del presidente, Teodoro Nguema Obiang Mangue (“Teodorín”), que entonces era ministro de Agricultura y Bosques, y luego, en 2016, fue nombrado vicepresidente. Berardi escribió en una declaración formal que Teodorín no había aportado capital ni tiempo a la empresa, y que su única función era obtener subcontratos de proyectos públicos lucrativos adjudicados a ABC Construction, empresa que era de propiedad —al menos parcialmente— de la primera dama.

En el marco de una investigación impulsada por el Departamento de Justicia de EE. UU. sobre presuntas actividades de lavado de dinero por parte de Teodorín, y que finalmente concluyó con un acuerdo extrajudicial en 2014, trascendieron señalamientos de que daba instrucciones a una de las empresas constructoras más grandes que operaban en Guinea Ecuatorial que aumentara artificialmente el valor de las facturas que presentaba al gobierno, y que muchos de estos fondos se transferían, posteriormente, a su cuenta personal.

La investigación concluyó con un acuerdo extrajudicial en octubre de 2014, cuando Teodorín aceptó ceder USD 30 millones —aproximadamente el valor de su mansión en Malibú, California— para que fueran donados a una organización de caridad y se usaran en beneficio de la población de Guinea Ecuatorial. La justicia francesa investigó la compra por Teodorín, por un valor superior a EUR 175 millones, de una mansión en París, una flota de autos de lujo, artículos de diseño y otros gastos extravagantes. Aunque Teodorín sostiene que el dinero provino de negocios legítimos, el 25 de mayo de 2016, los tres jueces a cargo de la causa hallaron pruebas suficientes de presunto lavado de dinero y desvío de recursos públicos para dictar el procesamiento de Teodorín. Se prevé que el juicio dará inicio el 19 de junio de 2017.

Al desperdiciar recursos, el gobierno ya ha perdido oportunidades de invertir en salud y educación. El deterioro a largo plazo —y la inevitable desaparición— del sector de petróleo, deja al gobierno muy poco tiempo para revertir el curso que siguió hasta ahora e invertir de manera significativa y sostenible en estos sectores. La caída en la producción de petróleo y el piso histórico alcanzado por este hidrocarburo ya han hecho que el PIB de Guinea Ecuatorial se reduzca en un 29 % entre 2012, cuando llegó a su nivel máximo, y 2016; y el FMI prevé una mayor contracción de estos valores en el futuro.

Para cumplir con su obligación en materia de derechos humanos de garantizar los derechos de sus ciudadanos a recibir educación y atención de la salud dignas y asequibles, el gobierno debería cambiar inmediatamente las prioridades de inversión e iniciar una reforma integral destinada a erradicar la corrupción, regular los conflictos de intereses y hacer que el proceso de contratación pública sea transparente y competitivo.

Dado que el país es pequeño, incluso una inversión social moderada podría aportar un beneficio sensible. Aunque no es demasiado tarde para tomar medidas que harían que las riquezas petroleras del país se pongan al servicio de todos los habitantes de Guinea Ecuatorial, esa posibilidad desaparecerá pronto.

Recomendaciones

Al gobierno de Guinea Ecuatorial

• Publicar periódicamente información completa sobre los ingresos y gastos, proyectados y reales, del gobierno. Clasificar los gastos por función, incluidos los correspondientes a salud y educación.
• Llevar a cabo investigaciones creíbles e independientes sobre señalamientos de uso irregular de fondos públicos.
• Aumentar las inversiones en salud pública, el sistema de atención médica, servicios de educación e infraestructura que beneficien a la mayoría de la población. Tomar medidas urgentes para asegurar que estos servicios sean accesibles y se encuentren disponibles para todas las personas, y que todos reciban oportunamente la atención médica que necesitan por parte de personal idóneo.
• Asegurar que los servicios de atención de la salud resulten asequibles para todos los habitantes de Guinea Ecuatorial.
• Garantizar la educación primaria gratuita para todos, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, y tomar medidas para eliminar las cuotas monetarias en la educación secundaria.
• Sancionar y hacer cumplir leyes que definan claramente, regulen y hagan visibles los conflictos de intereses entre funcionarios gubernamentales y sus negocios privados, en consonancia con lo exigido por las mejores prácticas internacionales.
• Sancionar y hacer cumplir leyes para garantizar un proceso de contratación pública competitivo y transparente, que incluya licitaciones abiertas y los nombres de las empresas que resulten adjudicatarias de los contratos, así como también sus beneficiarios finales y el valor y el objeto de cada contrato adjudicado. Dichas normas deberían extenderse también a las empresas que resulten adjudicatarias de los subcontratos para proyectos públicos.
• Ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención de la Unión Africana para Prevenir y Combatir la Corrupción.
• Asegurar la independencia del organismo auditor establecido en la reforma constitucional de 2011 e investigar, de manera creíble, los señalamientos de corrupción, incluso contra altos funcionarios gubernamentales.

Al Fondo Monetario Internacional

• Incluir los gastos destinados a salud y educación, además de un análisis y recomendaciones sobre administración de las finanzas públicas, en los informes anuales preparados en virtud del artículo IV que analizan los acontecimientos económicos y financieros en Guinea Ecuatorial. Incluir fuentes para todos los indicadores sociales y articular todas las inquietudes metodológicas que se identifiquen en relación con los datos. No incluir datos sociales que no resulten confiables.
• Alentar y asistir a Guinea Ecuatorial para mejorar la transparencia y la calidad de la información en los presupuestos gubernamentales y reformar su administración de las finanzas públicas, a fin de adecuarlas a los estándares internacionales.
• Alentar y asistir a Guinea Ecuatorial para que establezca mecanismos de rendición de cuentas en materia financiera, que incluyan un Tribunal de Cuentas independiente, un órgano que fue establecido por la reforma constitucional de 2011.
• Ejercer presión sobre Guinea Ecuatorial a fin de que cumpla con todos los requisitos necesarios para incorporarse a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas y proteja los derechos de los medios de comunicación y la sociedad civil de pronunciarse contra la corrupción y las violaciones de derechos humanos.

Al Banco Mundial

• Confeccionar y publicar, en forma periódica, un Análisis de Gasto Público sobre Guinea Ecuatorial, que incluya información detallada sobre los sectores de salud y educación.

A los inversionistas privados

• Llevar a cabo procedimientos para determinar si alguna relación comercial existente o potencial, incluso a través de subcontratos, beneficia a funcionarios gubernamentales o miembros cercanos de la familia del presidente. En lo posible, poner fin a tales relaciones o evitarlas. Cuando no exista una alternativa viable, asegurarse de que la relación sea transparente y no se beneficie con influencia indebida.
• Asegurar que todas las contrataciones de la empresa se realicen mediante un proceso de licitación abierto y transparente.

A los gobiernos extranjeros

• Investigar posibles hechos de lavado de dinero u otros delitos financieros cometidos por funcionarios de Guinea Ecuatorial que estén cubiertos por la jurisdicción interna.
• Establecer y/o hacer cumplir normas que exijan la publicación de todos los beneficiarios finales de las sociedades inscriptas en su territorio para mitigar el riesgo de lavado de dinero y otros delitos financieros.
• Establecer y/o hacer cumplir normas que exijan que instituciones financieras y vendedores, lleven a cabo procedimientos de debida diligencia respecto de la fuente de donde provienen los fondos para transferencias o compras superiores a un cierto valor, a fin de mitigar el riesgo de lavado de dinero y otros delitos financieros.

Metodología

En este informe se analiza el gasto de Guinea Ecuatorial destinado a salud y educación y el impacto que tiene la asignación insuficiente de fondos de manera crónica. También analiza proyectos de infraestructura de gran escala, el sistema de administración de las finanzas públicas que se aplica a tales proyectos, y los señalamientos de autocontratación por parte de altos funcionarios gubernamentales y miembros de la familia del presidente.

Guinea Ecuatorial es, por lejos, el país del mundo con la brecha más grande entre riqueza per cápita y la posición conseguida en el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que mide el desarrollo social y económico. Las importantes reservas de petróleo con que cuenta Guinea Ecuatorial colocan al país entre aquellos con recursos suficientes para invertir en servicios sociales, incluidos salud y educación, y para efectivizar, de manera gradual, derechos económicos y sociales en consonancia con sus obligaciones regionales e internacionales en materia de derechos humanos.

Al realizar las investigaciones para este trabajo, Human Rights Watch analizó los informes de instituciones financieras internacionales que se encontraban disponibles para el público, así como también un documento preliminar aún no publicado; documentos del presupuesto nacional para todos los años comprendidos entre 2003 y 2016, salvo 2012, y otros documentos del gobierno; documentos vinculados con investigaciones impulsadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre presunto lavado de dinero por parte de un alto funcionario de Guinea Ecuatorial; datos nacionales e internacionales sobre salud y educación; y otros documentos.

Debido a la ausencia de datos gubernamentales creíbles, exhaustivos y actualizados, Human Rights Watch recurrió a una variedad de fuentes y utilizó los datos más recientes que estaban disponibles. Al mismo tiempo, dio prioridad en los casos en que resultó posible, a los datos recabados a través de encuestas o estudios, por sobre proyecciones basadas en modelos matemáticos. En algunos casos, hay discrepancias en los datos informados por distintas instituciones. En caso de discrepancias sobre los datos financieros, Human Rights Watch utilizó las cifras del Fondo Monetario Internacional (FMI), ya que se basan en información obtenida y analizada por expertos del FMI que trabajan en el país, en lugar de utilizar solamente documentación presentada por el gobierno.

En los casos en que estaban disponibles, incluimos datos de salud extraídos de una encuesta de hogares de 2011 realizada por ICF International, junto con datos más recientes de instituciones internacionales basados en proyecciones o en documentación presentada por el gobierno a tales instituciones. Teniendo en cuenta los escasos antecedentes de recopilación de datos por parte del gobierno, la encuesta de hogares debería considerarse más confiable. Con respecto a educación, utilizamos datos internacionales y gubernamentales, y señalamos cualquier diferencia entre las dos fuentes.

El personal de Human Rights Watch llevó a cabo investigaciones de campo durante diez días en Malabo y Bata en 2016, y entrevistó a un total de 35 personas. Por motivos de seguridad, no pudimos entrevistar a una cantidad mayor de personas. Las personas entrevistadas incluyeron a personal de enfermería, empleados de instituciones internacionales que desarrollan actividades en el sector de salud en el país, expacientes de los hospitales generales de Malabo y Bata, docentes y especialistas en educación contratados por instituciones internacionales que tienen actividades en el país. Además, Human Rights Watch llevó a cabo entrevistas telefónicas o personales con tres expertos del FMI y un especialista en presupuesto de Guinea Ecuatorial; un abogado de Guinea Ecuatorial; un especialista en la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas; un especialista de la organización no gubernamental (ONG) de transparencia Publish What You Pay; funcionarios del gobierno estadounidense; abogados y representantes de organizaciones involucradas en acciones legales contra funcionarios de Guinea Ecuatorial por hechos de corrupción; y otras personas. Un traductor de español actuó como facilitador para algunas de las entrevistas.

Human Rights Watch no reveló la identidad de algunas de las personas entrevistadas por temor a posibles represalias; y el informe indica los casos en los que se utilizaron seudónimos. Todas las personas entrevistadas prestaron su consentimiento de manera libre y Human Rights Watch les explicó el objeto de la entrevista, cómo se utilizaría la información recopilada, y no ofreció remuneración alguna.

Human Rights Watch escribió cartas a algunas de las empresas mencionadas en el informe, pero no se comunicó con otras porque ya no están activas, no tenían una dirección pública de correspondencia o de correo electrónico, o solamente se mencionaban brevemente en el informe. También enviamos notas a los hospitales La Paz en Malabo y Bata, y compartimos los hallazgos preliminares sobre el informe con la Embajada de Guinea Ecuatorial en Washington, DC. También solicitamos información a los ministerios de Salud, Educación, Hacienda y Presupuestos, y Planificación y Desarrollo. La embajada confirmó su recepción y se comprometió a hacerlas llegar a los ministros correspondientes. No hemos recibido respuesta a estas cartas.

Los hallazgos del presente informe se basan, en gran medida, en las pruebas documentales e indicadores básicos mencionados anteriormente, que ofrecen ejemplos tangibles de los problemas sistémicos expuestos en este trabajo.

Nota sobre conversión de moneda: en el presente informe se utilizó un tipo cambiario de 622 francos de África Central (francos CFA) por dólar estadounidense para las tasas actuales, que fue el tipo cambiario del 21 de febrero de 2017. Las sumas en francos CFA para los años anteriores se calcularon en función del tipo cambiario del 31 de diciembre de ese año.

I.Antecedentes

Antes del petróleo: Colonialismo, la dictadura de Macías y el golpe de Estado de Obiang

El colonialismo y la dictadura de Macías

Colonizada por España hasta 1968, Guinea Ecuatorial es el único país independiente de habla hispana en África. Portugal cedió el territorio a España a través de un tratado de intercambio de tierras en 1777, pero las primeras actividades que España desarrolló allí fueron esporádicas, y no ejerció el control total hasta principios del siglo XX[1]. En las últimas décadas de su dominio, España comenzó a explotar, de manera más intensiva, la riqueza extraordinaria del suelo de Guinea Ecuatorial para cultivar cacao y café. Las grandes plantaciones coloniales reclutaron a numerosos trabajadores de países vecinos, principalmente Nigeria, que a menudo trabajaban en condiciones deplorables[2].

Como resultado de esta historia, cuando Guinea Ecuatorial declaró la independencia en 1968, sus instituciones administrativas y su infraestructura estaban mucho menos desarrolladas que las de otros países de la región[3]. Su ingreso per cápita era uno de los más altos del África subsahariana, pero su economía dependía casi exclusivamente de unos pocos cultivos comerciales, producidos por mano de obra extranjera[4]. El país tampoco contaba con un sistema legal o legislación local desarrollada, y la constitución, al conseguir la independencia, estableció que debía utilizarse la legislación española para cubrir esos vacíos.

Después de la independencia, Francisco Macías Nguema se transformó en el primer presidente de Guinea Ecuatorial. Los 11 años del gobierno de Macías estuvieron marcados por violencia política y mala administración fiscal, que destruyeron la economía y socavaron numerosas instituciones estatales[5]. Después de un intento de golpe de Estado en 1969, Macías suspendió todas las libertades civiles y declaró la ilegalidad de los partidos políticos distintos del oficialismo. Las personas que se sospechaba que eran de otro signo político —habitualmente, miembros de la élite política, intelectual o cultural— solían ser detenidas, torturadas o asesinadas, muchas veces después de intentos de golpe de Estado reales o presuntos[6]. Macías mostraba además escasa tolerancia a la educación y a los intelectuales[7]. Se refería a sí mismo como “Milagro Único”, prohibió la educación privada, cerró todos los periódicos, prohibió recopilar estadísticas e incluso llegó a extremos como no permitir el uso del término “intelectual”[8].

El 3 de agosto de 1979, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, sobrino de Macías y, en ese momento, viceministro de las Fuerzas Armadas, dirigió con éxito un golpe de Estado para derrocar a su tío. Para entonces, un tercio de la población —que ascendía a 300.000 habitantes— se había exiliado y se creía que, al menos, otros 20.000 habían sido asesinados[9]. La economía había colapsado y la administración pública se había interrumpido casi totalmente[10]. Prácticamente no había servicios básicos, como electricidad, servicios bancarios, servicios postales, transporte o líneas telefónicas[11]. No existían universidades y la mayoría de las escuelas secundarias y de oficios se habían cerrado[12]. Macías se había apropiado de los magros ingresos que percibía el Estado y los guardaba en su casa de Mongomo, se pagaba a sí mismo millones de dólares en concepto de salario y enviaba maletas llenas de dinero en efectivo a sus cuentas en el exterior[13].

Difícilmente puede exagerarse la devastación causada por siglos de colonialismo, seguidos por el régimen del terror instaurado por Macías, y el efecto de esto aún se percibe en la capacidad administrativa gravemente limitada del país, sus paupérrimos indicadores sociales y el sistema político represivo. No obstante, esta historia no justifica en modo alguno las violaciones de derechos humanos que tienen lugar en la actualidad, incluido el relegamiento de derechos económicos y sociales. Por el contrario, el gobierno debería trabajar para contrarrestar los efectos negativos del sistema colonial promoviendo activamente la transparencia, la rendición de cuentas y el Estado de derecho, e invirtiendo en salud y educación.

Gobierno del presidente Obiang

El presidente Obiang es el gobernante no perteneciente a la realeza que más tiempo ha permanecido en el poder en todo el mundo. Cuando asumió por primera vez, se comprometió a gobernar respetando los principios democráticos y los derechos humanos[14]. Después del golpe, el Estado empezó a retomar sus funciones básicas; las escuelas volvieron a abrir sus puertas y se reanudó la prestación de servicios públicos. Con el transcurso del tiempo, algunos indicadores sociales, como la expectativa de vida y la mortalidad infantil, comenzaron a mejorar[15]. No obstante, en muchos aspectos, el golpe de Estado no condujo a cambios fundamentales en el gobierno ni al respeto de los derechos humanos. La inquietud de las Naciones Unidas por la situación de los derechos humanos en el país hizo que mantuvieran un experto independiente para Guinea Ecuatorial durante 20 años[16].

Hasta el descubrimiento de petróleo en la costa de Guinea Ecuatorial, la situación económica no mejoró sustancialmente durante el mandato de Obiang, y el país siguió siendo uno de los más pobres de África. En 1991, el año en que comenzó la producción de petróleo, pero aún no había tenido un impacto económico significativo, el PIB total fue de USD 132 millones, lo cual equivale a USD 330 per cápita[17]. El país, no obstante, comenzó a recibir grandes volúmenes de ayuda del extranjero, gracias a la mejora en las relaciones con naciones extranjeras, como Estados Unidos y España[18]. Pero la corrupción gubernamental erosionó la eficacia de algunos proyectos financiados con esa ayuda, como el Proyecto de Rehabilitación del Cacao del Banco Mundial[19]. El objetivo de este proyecto de USD 9,3 millones, que se implementó entre 1985 y 1990, era ofrecer crédito a los productores de café y cacao y fortalecer su capacidad como medio para reactivar la producción de cacao, que en algún momento había sido muy lucrativa para el país[20]. Robert Klitgaard, un funcionario del FMI que vivía en Guinea Ecuatorial cuando el proyecto estuvo en curso, señaló en un libro que escribió sobre su trabajo que el gobierno abusaba del programa, al nacionalizar los mejores establecimientos de producción de cacao anticipándose al otorgamiento de los préstamos a los productores, para luego transferirlos a miembros de la élite gobernante, incluido el presidente. Muchos de estos nuevos productores de cacao nunca devolvieron los préstamos que les habían otorgado y utilizaron ese dinero para financiar un ostentoso estilo de vida, en vez de invertir en la producción de cacao[21].

La época del petróleo: Represión política, corrupción y falta de transparencia

En pocos años, el descubrimiento del petróleo transformó al país, que pasó de ser uno de los países más pobres del mundo a tener un PIB per cápita equiparable al de muchos países industrializados. La compañía petrolera texana Walter International comenzó a producir petróleo en el yacimiento Alba en 1991, pero el aumento meteórico del PIB de Guinea Ecuatorial empezó con el descubrimiento en 1995, por parte de Mobil (actualmente ExxonMobil), del yacimiento petrolífero Zafiro, con reservas de 1.100 millones de barriles. La producción comenzó al año siguiente e impulsó la tasa de crecimiento anual a cifras de dos —e incluso tres— dígitos, a medida que las arcas del Estado se engrosaban de a miles de millones de dólares[22]. Es difícil asignarle una cifra exacta al valor de los contratos de petróleo, ya que esa información no se pone a disposición del público. Como medida parcial, el Banco Mundial estima que el Estado recibió USD 25.000 millones en ingresos provenientes del petróleo entre 2000 y 2008[23]. Según un documento de presupuesto del año 2015 obtenido por Human Rights Watch, el Estado recibió otros USD 20.000 millones en ingresos provenientes de hidrocarburos entre 2009 y 2013[24].

Este ingreso masivo de recursos no se ha traducido en mejoras significativas en las condiciones de vida para la mayor parte de la población. Pese a tener el mayor ingreso nacional bruto per cápita de todos los países africanos, Guinea Ecuatorial ocupa el puesto 138 de 188 países incluidos en el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que mide el grado de desarrollo social y económico. Esta diferencia entre la riqueza y la puntuación en materia de desarrollo humano es, por lejos, la más amplia del mundo. La Sección III de este informe describe las condiciones en los sectores de salud y educación.

Human Rights Watch documentó en su informe de 2009, Bien engrasado: Petróleo y derechos humanos en Guinea Ecuatorial, evidencias de cómo la corrupción extendida, el nepotismo, las irregularidades en la administración y la represión política, así como también la falta de rendición de cuentas y la falta de transparencia del gobierno, contribuyeron a que grandes cantidades de ingresos provenientes del petróleo fueran desviados por la élite gobernante mientras que la población siguió sumida en la pobreza. La persistencia de estos problemas, ahora que se reducen los recursos del gobierno como consecuencia de la caída en la producción y los precios del petróleo, amenaza con agravar aún más la situación ya precaria de los sistemas públicos de salud y educación.

Represión política

Obiang mantuvo la prohibición de la actividad política que había establecido Macías, invocando el pretexto de la grave situación económica, hasta el año 1991, en que levantó esta veda[25]. No obstante, la detención de los oponentes políticos continuó durante el mandato de Obiang, especialmente después de intentos —reales o ficticios— de golpes de Estado[26]. Obiang también ha nombrado a familiares directos, incluso a sus hijos, en cargos clave del gobierno y tiene pleno control sobre las cuentas bancarias del país, lo cual vuelve difusa la línea que divide los fondos públicos del patrimonio de su familia.

La constitución, sancionada en 1982 y reformada por última vez en 2012, reserva al presidente amplias facultades[27]. Por ejemplo, el presidente es el primer magistrado y designa a todos los jueces de la Corte Suprema sin supervisión parlamentaria, lo cual compromete la independencia del poder judicial[28]. En 2011, Obiang inició un proceso de reforma constitucional, cuyos resultados fueron criticados ampliamente por consolidar aún más el poder presidencial y obstaculizar la rendición de cuentas[29]. No obstante, la reforma también incluyó un límite al mandato presidencial de dos períodos consecutivos de siete años, la creación de una legislatura bicameral, y el establecimiento de un Tribunal de Cuentas y un Defensor del Pueblo para promover la transparencia y la rendición de cuentas en el gobierno[30]. El Tribunal de Cuentas aún no se ha establecido, y la oficina del Defensor de Pueblo se creó en 2015[31]. Otra enmienda elimina el límite de edad máximo de 75 años para candidatos presidenciales, lo cual permitiría que Obiang, que en ese momento tenía 69 años, pueda seguir postulándose a la presidencia.

El Departamento de Estado de Estados Unidos y otros actores han documentado ampliamente el hostigamiento y la detención de líderes y miembros de la oposición en los períodos previos a elecciones, así como incontables violaciones de procedimientos y fraudes en las jornadas electorales, incluidas la intimidación de votantes, apertura de boletas y votos emitidos en nombre de menores de edad y personas fallecidas[32]. En la última elección presidencial, que se llevó a cabo el 24 de abril de 2016, se registraron numerosos problemas similares. La fecha de la elección, que fue ocho meses antes de la finalización oficial del mandato de Obiang, se anunció mediante un decreto presidencial con sólo seis semanas de antelación. Obiang obtuvo la victoria con el 93,7 % de los votos.

Obiang se postuló a las elecciones tras declarar que la reforma constitucional —que establecía un límite de dos mandatos presidenciales consecutivos de siete años— no era retroactiva[33]. Los partidos de la oposición sostenían que la fecha electoral temprana contravenía una disposición constitucional que establece que los comicios deberían celebrarse no más de 45 días antes del fin del mandato presidencial[34]. Las partes boicotearon las elecciones argumentando que se habían producido situaciones de hostigamiento, irregularidades en los procesos, ausencia de un órgano electoral independiente y falta de acceso por los medios de comunicación[35]. Human Rights Watch, la embajada de Estados Unidos y otros actores criticaron la atmósfera restrictiva previa a las elecciones, e incluso trascendió que militares habrían rodeado la sede de un partido político opositor y que se había suspendido a la principal organización independiente del país que promueve el buen gobierno, y por ende no podía actuar como observador nacional[36]. La embajada señaló que, el día de las elecciones, los observadores presenciaron casos de intimidación de votantes, violación del voto secreto y otras irregularidades[37].

Falta de transparencia

Una gestión de gobierno transparente, que brinde al público acceso a sus decisiones administrativas —por ejemplo, las relativas a ingresos, presupuestos y contratación pública— es fundamental para que los gobiernos rindan cuentas y para combatir la corrupción. No obstante, como se indica en un informe reciente del FMI, en Guinea Ecuatorial “es muy difícil que el público pueda acceder incluso a los datos más elementales”[38].

Intento fallido de sumarse a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas

El gobierno publica escasa información sobre sus ingresos o gastos[39]. Una excepción es un informe publicado en 2010 como parte del intento fallido de incorporarse a la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), una norma voluntaria que exige a los gobiernos dar a conocer los pagos que perciben de empresas petroleras y mineras, así como también otra información[40]. Guinea Ecuatorial fue aceptada como candidata para la EITI en febrero de 2008, y se suponía que este iba a ser un paso positivo hacia la transparencia y la participación de la sociedad civil en la supervisión de los recursos del país. Si bien la EITI no exige que los gobiernos publiquen información sobre gastos, estos deben trabajar en el marco de un grupo nacional integrado por múltiples partes interesadas de la industria y la sociedad civil, para definir objetivos en la implementación de la EITI.

El gobierno publicó su primer informe sobre ingresos provenientes del petróleo exactamente antes de que venciera el plazo para cumplir con los requisitos para la EITI, el 9 de marzo de 2010, y no hubo tiempo para que un observador externo lo revisara con el detenimiento necesario[41]. El gobierno solicitó una prórroga a la junta de la EITI, pero las normas de la EITI estipulan que estas solo se otorgan en circunstancias “excepcionales e imprevisibles” que escapan al control del país aspirante[42]. La junta denegó la solicitud por considerar que no estaba justificada. Un especialista en la EITI de la ONG Publish What You Pay, que participó activamente en el proceso, señaló a Human Rights Watch que la junta de la EITI también estaba afectada por las restricciones a la sociedad civil[43].

Desde ese momento, el presidente ha ratificado que mantiene su compromiso con la transparencia y con la EITI. Después de extensas demoras, en 2015 se estableció nuevamente un comité directivo nacional de la EITI, que incluye representantes gubernamentales, de compañías petroleras y de la sociedad civil, con el objetivo de volver a solicitar la membresía. No obstante, el proceso se paralizó en marzo de 2016 cuando el ministro del Interior dispuso la suspensión de una de las organizaciones de la sociedad civil que formaban parte del comité directivo[44]. El comité finalmente volvió a reunirse en noviembre de 2016 y en febrero de 2017, pero las restricciones a la sociedad civil siguen siendo tema de controversia[45].

Disponibilidad de información financiera

En 2015, el gobierno divulgó, por primera vez, algunos datos generales sobre el presupuesto, lo cual llevó a International Budget Partnership, una organización independiente que colabora con la sociedad civil para aplicar el análisis presupuestario y la incidencia a mejorar la gobernanza y reducir la pobreza, a elevar la puntuación del país de cero a cuatro sobre cien en su medición de transparencia del presupuesto[46]. La medida asigna a los países una puntuación basada en una encuesta de 140 preguntas sobre el acceso público a documentos presupuestarios clave, de conformidad con las mejores prácticas internacionales.

Diversas instituciones financieras internacionales, como el FMI, también han producido alguna información financiera sobre Guinea Ecuatorial. En general, el FMI celebra reuniones anuales con cada uno de sus países miembros a fin de brindar su evaluación sobre la situación económica del país y recomendaciones para mejorar. Como parte de este proceso, elabora un informe con resúmenes de sus hallazgos y las respuestas del gobierno, denominados informes del Artículo IV, que se dan a conocer al público, salvo que el gobierno se oponga. Desde 2003, el FMI publicó esos informes relativos a Guinea Ecuatorial, salvo los correspondientes a los años 2004, 2009, 2010, 2011 y 2014[47]. En 2010, el Banco Mundial publicó un Análisis de Gasto Público de Guinea Ecuatorial, con información detallada, que incluye valiosos datos y análisis sobre el gasto gubernamental. Human Rights Watch también ha podido obtener los presupuestos del gobierno correspondientes a casi todos los años desde 2000, pero estos documentos no se encuentran disponibles al público.

Más allá de la información presupuestaria del gobierno, son muy pocos los datos que se dan a conocer sobre las actividades gubernamentales. En algunas oportunidades, en la página web oficial del gobierno se publican resúmenes breves y poco precisos, pero no hay protocolos de sesiones parlamentarias ni otras reuniones oficiales. Tampoco existe una base centralizada de datos jurídicos que reúna todas las leyes y decretos ejecutivos del país, lo cual hace que resulte difícil encontrar muchas normas[48]. Por ejemplo, Human Rights Watch no ha podido obtener una copia de la ley de educación, y esto limitó nuestro análisis del sector educativo.

En muchos casos, ni siquiera se recopilan datos financieros y sociales básicos, lo cual afecta la capacidad del gobierno de implementar políticas efectivas. Un representante del FMI que brinda asistencia técnica a Guinea Ecuatorial sobre administración de ingresos señaló a Human Rights Watch que la ausencia de datos es la “deficiencia principal” que se interpone a la posibilidad de mejorar la recaudación de impuestos y aranceles aduaneros. “No tenemos idea de cuáles son los ingresos recibidos a nivel global ni cuál es su destino. Este punto ciego hace que sea muy difícil trabajar en temas de recaudación fiscal”[49].

Deficiencias en la recopilación de datos socioeconómicos

El gobierno recopila muy pocos datos socioeconómicos confiables, lo cual dificulta las evaluaciones de indicadores como salud, educación y pobreza. La falta de datos sociales y económicos confiables, supone un grave obstáculo no solo para tomar decisiones informadas sobre política, sino además para evaluar el impacto social de estas decisiones, incluidas las asignaciones presupuestarias. El informe del FMI para 2015 señala que existe una “escasez crítica de datos macroeconómicos y sociodemográficos” que lleva a “una gran incertidumbre en torno a los datos demográficos (y, por consiguiente, a los indicadores sociales)”[50].

Incluso el tamaño de la población es incierto: diversos cálculos internacionales indicaron, para el año 2015, que la población era de 845.000 habitantes, pero el gobierno sostiene que, para ese año, era de 1,2 millones, cifra que muestra una reducción respecto del número estimado por el gobierno en 2012, de 1,6 millones[51]. El FMI ha instado durante mucho tiempo al gobierno a que mejore la transparencia y la recopilación de datos, no solo para lograr avances en materia de gobernanza y rendición de cuentas, sino también porque “la falta de datos publicados es probablemente una disuasión para inversores potenciales”[52]. Paradójicamente, el presidente se ha ocultado detrás de esta deficiencia para defender a su gobierno frente a las críticas, argumentando que los críticos utilizan información desactualizada[53].

El gobierno ha adoptado algunas medidas positivas en los últimos años para intentar resolver sus graves deficiencias en materia de datos estadísticos. Creó legalmente el Instituto Nacional de Estadística de Guinea Ecuatorial (INEGE) en 2001, aunque este recién comenzó a desarrollar actividades en los últimos años e inauguró sus oficinas en mayo de 2016. No obstante, es difícil evaluar la confiabilidad de los datos generados por esa institución. Por ejemplo, el INEGE informó a la ONU y al FMI que la pobreza se había reducido de un 77 % en 2006 al 44 % en 2011, y que la pobreza extrema se redujo de un 33 % al 14 % en esos años[54]. Ambas instituciones publicaron esas conclusiones, aunque un miembro del personal del FMI que trabajó en la publicación dijo a Human Rights Watch que analizó estos datos “con los organismos de la ONU, y estuvimos de acuerdo en que existen deficiencias metodológicas significativas”[55]. Estas reservas no se expresaron en el informe del FMI de 2016 en el cual aparecen estos datos, que, con una perspectiva bastante positiva, señala que “una Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico de buena calidad ha sido elaborada”. No obstante, el año anterior, el FMI determinó que el organismo “dispone de poco personal con experiencia”.[56] En una medida que fue positiva, el gobierno adoptó, en 2016, el Sistema General de Divulgación de Datos (SGDD) del FMI, que establece normas sobre calidad, alcance y difusión de datos estadísticos nacionales[57]. Durante años, las autoridades se habían mostrado renuentes a implementar las recomendaciones del FMI de suscribirse al sistema, y se había transformado así en uno de los dos únicos países del África subsahariana que no lo habían hecho[58].

II.Falta de inversión en salud y educación

Los sistemas de atención médica y educación de Guinea Ecuatorial están gravemente afectados por problemas que son comunes en países pobres y en desarrollo, con la particularidad de que, técnicamente, Guinea Ecuatorial no es un país pobre desde que comenzó el auge del petróleo dos décadas atrás. El país se destaca por la amplia brecha entre sus recursos disponibles y las sumas que gasta para intentar resolver estos problemas. Esto se refleja en resultados en materia de salud y educación que son sensiblemente inferiores a los de otros países con riquezas comparables, y en muchos casos, tiene promedios aún más bajos que los determinados para países pobres. En esta sección, se analiza el gasto público, y los resultados se abordan en la sección siguiente.

Guinea Ecuatorial tiene la obligación de derechos humanos de usar sus recursos públicos, que derivan en gran medida de las riquezas petroleras, para mejorar gradualmente los sistemas de salud y educación del país, que presentan graves deficiencias, y también para ampliar el acceso a servicios básicos, como instalaciones sanitarias y de agua potable. Aun así, pese a haber asumido el compromiso de priorizar el gasto social, el gasto gubernamental en salud y educación es casi ínfimo. En cambio, el país asigna la mayor parte de sus recursos a proyectos de construcción a gran escala, como edificios gubernamentales e infraestructura de transporte, algunos de los cuales tienen un valor social mínimo. El relegamiento de la salud y la educación comporta una violación de las obligaciones en materia de derechos humanos que Guinea Ecuatorial tiene respecto de sus ciudadanos.

La ventana de oportunidad de Guinea Ecuatorial para invertir fondos que mejoren las condiciones sociales de su población y diversifiquen su economía, y prepararse así para una etapa posterior a la del petróleo, se está cerrando rápidamente. En la actualidad, la producción ya está decayendo, y esta situación se ve agravada por los precios del petróleo, que están en un nivel bajo histórico. Esto ha propiciado una drástica caída en los ingresos del Estado, que se prevé que se acentuará en el futuro próximo. El PIB alcanzó su pico máximo en 2012 y se redujo en los últimos cuatro años; disminuyó en un 7,4 % en 2015 y el FMI prevé que tendrá una nueva contracción del 9,9 % en 2016[59]. Según datos del Banco Mundial, se prevé que las reservas conocidas de petróleo se habrán agotado para el año 2035[60].

Falta de transparencia presupuestaria

Es imposible analizar de manera integral los presupuestos de Guinea Ecuatorial debido a la escasez de datos disponibles y a las deficiencias fundamentales de los presupuestos. Guinea Ecuatorial no publica los presupuestos gubernamentales, si bien, tal como se señaló en la sección anterior, en 2015 puso a disposición algunos datos generales por primera vez. Human Rights Watch pudo obtener numerosos documentos vinculados con presupuestos; no obstante, su utilidad para aportar transparencia y rendición de cuentas en materia de gastos gubernamentales es limitada, ya que, en apariencia, son incompletos y no desglosan ni clasifican los gastos.

Los presupuestos gubernamentales en Guinea Ecuatorial aparentemente no reflejan la totalidad del gasto y, en muchos casos, no se explica cuánto dinero se gasta en realidad. Tal como lo expresó un informe del Banco Mundial: “El presupuesto público no registra la totalidad del gasto público y el valor de los gastos extrapresupuestarios es difícil de evaluar”[61]. Un asesor del FMI que brinda asistencia técnica a la administración de ingresos de Guinea Ecuatorial señaló a Human Rights Watch: “No tenemos idea de cuáles son los ingresos percibidos a nivel global ni cuál es su destino”[62].

Los presupuestos tampoco clasifican el gasto por función (p. ej., defensa, transporte, salud, educación). La clasificación funcional es la práctica estándar para los presupuestos gubernamentales, y el FMI considera que es crucial supervisar la implementación presupuestaria, analizando la asignación de recursos entre los diferentes sectores y haciendo un seguimiento del gasto para reducir la pobreza[63]. En cambio, el presupuesto se divide en gastos de capital y gastos corrientes. El gasto de capital incluye inversiones en activos como edificios, carreteras y aeropuertos, mientras que el gasto corriente (conocido también como recurrente) incluye salarios y otros bienes y servicios para un año en particular. El presupuesto divide el gasto corriente en aproximadamente 180 rubros, pero el gasto de capital, que comprende la totalidad del presupuesto, se registra en una suma global única. La ausencia de una clasificación funcional en los presupuestos de Guinea Ecuatorial no solo complejiza su análisis, sino que además indica “deficiencias en los mecanismos de supervisión y control” subyacentes, según lo señala el FMI[64].

Si bien estas deficiencias hacen que resulte difícil cuantificar los gastos totales en el sector social y compararlos con el gasto social de otros países de la región, es posible extraer algunas conclusiones sobre la base de la información disponible. A veces los economistas usan el gasto corriente como una medida para determinar si un presupuesto puede brindar servicios sociales de calidad[65]. Un Análisis del Gasto Público de Guinea Ecuatorial de 2010 realizado por el Banco Mundial e informes del FMI publicados periódicamente ofrecen otras perspectivas para analizar las finanzas de GE, al igual que los documentos presupuestarios sobre el programa de inversión pública (PIP) del país[66]. El PIP consiste, casi en su totalidad, en proyectos de construcción y, a diferencia del presupuesto general, el PIP se encuentra clasificado por función. Las cuatro categorías (social, administración pública, producción e infraestructura) están, a su vez, subdivididas y ofrecen la información más precisa que se encuentra disponible sobre gasto en salud y educación. En conjunto, estos documentos ofrecen un panorama elocuente, aunque fragmentado, del gasto gubernamental en salud, educación e infraestructura.

Relegar la salud y la educación para favorecer proyectos de infraestructura

En 1997, poco después de que se iniciara el auge del petróleo, el gobierno organizó una conferencia sobre desarrollo en la que se comprometió a asignar el 40 % del gasto público al sector social, el 15 % a educación y ciencia y el 10 % a salud[67]. El gobierno nunca llegó siquiera a estar cerca de cumplir con este compromiso, y lo reemplazó, una década más tarde, por un nuevo plan de dos etapas, denominado Horizonte 2020, con el objetivo expreso de que Guinea Ecuatorial se transformara en una economía emergente para el año 2020. En el plano formal, el enfoque de la primera fase, que finalizó en 2013, fue transformar la base económica del país invirtiendo en infraestructura, buen gobierno, bienestar social y capital humano. Se supone que la segunda parte, que se encuentra en curso, establecerá los pilares para una economía diversificada mejorando el clima de negocios, invirtiendo en capital humano y desarrollando industrias alternativas como agricultura, pesca y turismo[68].

En la práctica, no se concretaron inversiones significativas en el sector social; en lugar de ello, el gobierno ha destinado la mayor parte de sus recursos a proyectos de infraestructura. Habitualmente, los gastos de capital representan, aproximadamente, entre un cuarto y un tercio del presupuesto de un país (el promedio es del 30 % para el África subsahariana), y el resto del presupuesto se destina al gasto corriente[69]. El gasto de Guinea Ecuatorial en inversiones de capital, que alcanzó un promedio de USD 4.200 millones o el 81 % entre 2009 y 2013, es exactamente el opuesto de la norma[70].

Entre 2009 y 2013, Guinea Ecuatorial recibió un promedio de USD 4.000 millones por año en ingresos provenientes de recursos naturales y USD 400 millones en recaudación fiscal y otros ingresos, y gastó, en promedio, alrededor de USD 5.200 millones por año[71]. En términos absolutos, Guinea Ecuatorial gastó más de USD 20.000 millones en inversiones de capital en esos cinco años, y posiblemente haya habido otros gastos no registrados en sus presupuestos. En contraposición con ello, en 2011 el gobierno gastó aproximadamente USD 140 millones (o el 3 % de sus gastos totales) en educación, y USD 92 millones (2 %) en salud, según datos del FMI[72]. De manera similar, en 2008 gastó USD 60 millones (2 %) de su presupuesto en educación y USD 90 millones (3 %) en salud[73].

El FMI señala que las partidas de Guinea Ecuatorial en salud y educación “son sustancialmente inferiores a las de otros países de alto ingreso, incluso los que tienen un PIB per cápita más bajo”[74]. En promedio, los países con un PIB per cápita equivalente al de Guinea Ecuatorial gastaron alrededor del 14 % de sus presupuestos en educación y salud, respectivamente; en una comparación de alrededor de 45 países dentro de la categoría amplia de PIB per cápita de Guinea Ecuatorial, ningún otro país gastó menos del 5 % en cada una de estas categorías[75].

Según un documento borrador no publicado del informe del FMI para 2016, la situación sigue siendo la misma pese a haber atravesado la transición, en 2014, a la segunda etapa de Horizonte 2020:

Hasta la fecha, se ha producido un movimiento limitado sobre las reformas estructurales, y la corrupción y la fragilidad en la gobernanza siguen siendo un impedimento grave. No obstante, aún se encuentran en marcha proyectos de gran visibilidad y escala. Entre estas iniciativas, se prevé que la nueva capital en Oyala representará, aproximadamente, la mitad de las inversiones públicas durante 2016[76]. 

Una explicación para el elevado gasto sostenido en infraestructura de Guinea Ecuatorial puede hallarse en que el país estableció una “regla de oro”, que destina la totalidad del ingreso proveniente del petróleo a inversiones físicas, y utiliza los ingresos fiscales para el gasto corriente, según lo señala el Banco Mundial[77]. La lógica de este principio, según lo indica el Banco Mundial, sería asegurar que los ingresos provenientes del petróleo se utilicen en beneficio de las generaciones futuras[78]. No está claro cuándo Guinea Ecuatorial estableció esta norma y, en cualquier caso, tampoco se sigue rigurosamente, ya que el gasto de capital suele superar los ingresos anuales procedentes del petróleo. Esto obliga al gobierno a usar fondos procedentes del petróleo de años anteriores, y el gasto corriente a menudo excede los ingresos fiscales. No obstante, sí parece delinear, en gran medida, los presupuestos del gobierno[79].

Desde una perspectiva de derechos humanos, realizar inversiones importantes en construcciones nuevas no entraña en sí mismo un problema; muchos de los proyectos se necesitaban para modernizar un país extremadamente subdesarrollado. A su vez, parte de este gasto—aunque solamente una pequeña proporción—se utilizó para pagar infraestructura clave de salud y educación, incluido un campus universitario nacional y modernos hospitales.

No obstante, en el caso de Guinea Ecuatorial, el gasto excesivo en infraestructura constituye un problema por dos motivos. En primer lugar, tal como se documenta en la presente sección, el énfasis excesivo del gobierno en inversiones de capital va en detrimento del sector social, incluidas las áreas de salud y educación. En segundo lugar, y conforme se documenta en la sección siguiente, estas inversiones de capital parecen estar fuertemente marcadas por corrupción en las altas esferas del poder y por irregularidades en la administración, lo cual se debe, en parte, a que las normas y prácticas que rigen los contratos públicos permiten la autocontratación por parte de funcionarios del gobierno.

En 2016, el FMI concluyó que el gasto elevado en infraestructura tenía como consecuencia un bajo gasto social:

La composición del gasto se inclina actualmente a favor del gasto de capital en una proporción de 2:1 —es decir, la relación inversa a la que existe en otros países de la CEMAC—, lo cual contribuye a que se destinen magras partidas a la prestación de servicios de salud y educación. Las asignaciones presupuestarias deberían estar mejor coordinadas con las prioridades sociales del programa de desarrollo nacional[80].

Esto replica las críticas vertidas en reiteradas oportunidades por el Banco Mundial y el FMI acerca de que el alto gasto de Guinea Ecuatorial en inversiones físicas no resulta sustentable en términos financieros ni sociales, inquietud que se ha agudizado desde que comenzó la crisis del petróleo. El Banco Mundial ha señalado que la regla de oro de Guinea Ecuatorial “no brinda un marco macroeconómico adecuado” y puede conducir a un exceso de inversiones[81]. También determinó que “pese al considerable gasto público, la estructura presupuestaria no favorece la inversión social” y que “el gasto del sector social es demasiado bajo para abordar las necesidades de la población pobre del país”[82].

Gasto en salud y educación

Los datos disponibles sobre el gasto gubernamental en salud y educación son muy limitados. El documento de Revisión del Gasto Público para Guinea Ecuatorial de 2010, confeccionado por el Banco Mundial y basado principalmente en datos de 2008, ofrece el más reciente (y quizás el único) análisis integral disponible para el público sobre el gasto gubernamental en estos sectores[83]. Sin embargo, datos más recientes tomados de

informes del FMI y de documentos presupuestarios confidenciales del gobierno sugieren que las tendencias indicadas en el informe del Banco Mundial aún se mantienen.

2008

En 2008, estaba proyectado que el gobierno recibiera USD 4.700 millones en ingresos, de los cuales USD 4.400 provenían del petróleo, según datos del FMI[84]. En el mismo año, su presupuesto ejecutado total fue de USD 2.800 millones[85]. Gastó USD 90 millones (3,2 %) en el sector de salud, aunque solamente USD 17,7 millones se destinaron al gasto corriente[86]. El Banco Mundial señala que, si bien el total de gasto en salud se incrementó significativamente desde 2004, los fondos adicionales se destinaron principalmente a inversiones de capital, “lo cual da por resultado un gasto público corriente per cápita muy bajo, de EUR 16 (francos CFA 10.600), que no logra satisfacer las necesidades de atención médica de la población”[87]. De hecho, determinó que el gasto corriente era tan bajo que era necesario cobrar cargos a los usuarios para complementar el presupuesto destinado a los salarios de funcionarios de salud[88]. En otras palabras, los costos de personal se trasladaron a los pacientes que usaban el sistema.

Otro problema que identificó el Banco Mundial fue que había un gasto “excesivo” en administración y en “tratamientos hospitalarios que no satisfacen las necesidades de la población general”[89]. En función de su análisis de los resultados de salud y gastos gubernamentales, el Banco Mundial extrajo las siguientes conclusiones:

A diferencia de la mayoría de los países del África subsahariana, Guinea Ecuatorial cuenta con los medios financieros para mejorar la salud de su población. No obstante, la concentración de gastos en inversiones [de capital] todavía no ha producido ningún impacto visible, en la mejora de las condiciones de salud ni en la calidad y cantidad de los servicios de salud.

Para remediar este problema, recomendó que la “infraestructura del sector de salud debe complementarse con un aumento significativo en el capital humano[90].

El gobierno gastó aún menos en educación que en salud en 2008. El gasto total fue de USD 60 millones (2,14 %)[91]. En los cinco años transcurridos entre 2004 y 2008, solamente el 7 % del gasto gubernamental se destinó a educación, según el informe del Banco Mundial. Tal como lo señala el Banco Mundial, esto es significativamente inferior a los porcentajes asignados por otros países de la región como Uganda y Tanzania (30 %), Ghana (25 %) o Camerún, Congo y Gabón (16 %)[92]. Expresado en otros términos, el gasto público de Guinea Ecuatorial en educación se mantuvo en el orden del 1 % de su PIB para esos cinco años. Este porcentaje es uno de los más bajos del mundo[93]. En contraposición con ello, los países de ingresos medios gastaron un promedio de 4,3 % del PIB y el gasto promedio en el África subsahariana fue del 3,9 %[94].

El desequilibrio entre gasto de capital y gasto corriente no fue tan extremo en el sector de educación como en el de salud. No obstante, muestra igualmente una marcada tendencia a favorecer la infraestructura. De los USD 60 millones de fondos públicos destinados a educación en 2008, USD 25 millones se asignaron a gastos corrientes y USD 35 millones se utilizaron para gastos de capital[95]. No obstante, el gasto corriente relativamente más alto se debe, en gran medida, a los casi USD 12 millones gastados en becas para que alumnos universitarios cursen estudios en el extranjero y en federaciones deportivas, y no a que se hayan mejorado los salarios de los docentes o la calidad de la educación en los niveles primario y secundario[96]. El gasto favoreció marcadamente a la educación superior, pese a que representa solamente el 2 % de la población estudiantil: el gobierno gasta USD 410 por estudiante primario, mientras que el gasto por estudiante de educación superior es de USD 11.435. Estos porcentajes están entre los menos equitativos de la región, según datos del Banco Mundial[97].

Tal como ocurre en el sector de salud, las decisiones de asignación en educación van en detrimento de los salarios del personal. Según el informe del Banco Mundial, los docentes que terminaron la escuela secundaria ganaban USD 175 por mes, los que tenían un título docente ganan USD 232 y los graduados universitarios, USD 296. El informe también señala que aproximadamente el 40 % de los docentes se consideran “voluntarios” y sus haberes no son pagados por el Estado, sino que reciben pagos directos de los padres. El informe también señala que existe una “marcada disparidad” en los salarios del sector de educación, y que el personal directivo gana siete veces más que los docentes. Sobre la base de su análisis, el Banco Mundial concluyó que “el financiamiento público del sector [de educación] no resulta suficiente para las imperiosas necesidades” y que “las autoridades deben aumentar los gastos recurrentes del sector (en lugar del gasto de capital) a fin de asegurar una fuente estable de financiamiento para contratar a más docentes y capacitarlos”[98].

2010 y 2011

El gasto en salud y educación no cambió significativamente en 2010, si bien se produjo una leve baja general en el gasto de capital en relación con el gasto corriente, que pasó del 81 % del presupuesto en 2008 al 75 % en 2014[99],

Los documentos presupuestarios relativos a proyectos de inversión pública en 2010 y 2011 obtenidos por Human Rights Watch indican que la parte de los gastos de capital dedicados al sector social seguían estando en el mismo nivel bajo que en años anteriores. En 2011, Guinea Ecuatorial obtuvo ingresos por USD 4.800 millones. De esta cifra, USD 4.400 millones provinieron del sector de hidrocarburos. El gasto total del gobierno para el año fue de USD 4.600 millones. Como se señaló anteriormente, solamente cerca de USD 140 millones (el 3 %) de su presupuesto se destinó a educación y aproximadamente USD 92 millones (el 2 %) a salud[100].

Para el mes de junio de 2011, solo el 1,3 % (USD 18,6 millones) del presupuesto de PIP se destinó a educación y el 1,8 por ciento (USD 27 millones) se asignó al sector de salud[101]. Esto coincide con el gasto del período de 2005 a 2008, en el cual entre el 1 % y el 3 % del gasto de capital se destinó al sector de salud y el 0,5 % al 4 % se asignó a educación. En comparación, durante el mismo período, una cuarta parte del presupuesto de PIP (USD 365,7 millones) se gastó en aeropuertos, carreteras e infraestructura urbana. Estos números, pese a ser cifras pobrísimas, fueron mejores que los del año anterior: en los primeros tres meses de 2010, solamente el 0,4 % (USD 3,3 millones) del presupuesto de PIP se destinó a educación y el 2,7 % (USD 20 millones) se gastó en el sector de salud. Comparativamente, durante el mismo período, el 23,6 % del presupuesto de PIP (USD 175 millones) se gastó en aeropuertos, carreteras e infraestructura urbana[102].

Asimismo, el gasto anual proyectado en salud y educación para ambos años fue significativamente menor que las cantidades aprobadas por ley, mientras que el gasto en aeropuertos, carreteras e infraestructura urbana prácticamente se duplicó. La Ley de Presupuesto de 2011 aprobó entre USD 100 millones y USD 125 millones para educación, salud y agua potable, individualmente. No obstante, al 30 de junio, el gobierno solamente había gastado USD 60 millones, en total, en las tres categorías. A su vez, ya había gastado más de USD 80 millones en deportes, con lo cual superó el presupuesto aprobado total correspondiente al año; y se proyectó que los gastos en aeropuertos, carreteras e infraestructura urbana aumentarían de una cifra aprobada de USD 783 millones a casi USD 1.500 millones. Según datos del FMI, solamente el 3 % de los gastos de capital se destinó finalmente a salud y educación en 2011, mientras que el 50 % se gastó en aeropuertos, carreteras e infraestructura urbana[103].

Probablemente, las diferencias entre el gasto aprobado y el gasto real en el sector social hayan sido aún mayores en 2010. La ley aprobó USD 687,8 millones, pero hasta fines de marzo, solamente se había gastado el 7,4 % de ese monto, y el total proyectado revisado para ese año se redujo en, aproximadamente, un tercio, para situarse en USD 465 millones. El sector de educación se vio particularmente afectado: se aprobaron USD 123,7 millones para el sector, pero para fines de marzo, solamente se había gastado el 2,6 %, mientras que la proyección revisada para el año fue de USD 43,8 millones, aproximadamente un tercio del monto aprobado. Por otro lado, al igual que en 2011, la Ley de Presupuesto de 2010 aprobó USD 756 millones para gastos en aeropuertos, carreteras e infraestructura urbana, pero se proyectó que ese número se incrementara a casi USD 1.500 para fin de ese año. Human Rights Watch no pudo obtener documentos que reflejen los gastos totales de PIP para el año 2010.

El período 2014-2016 y la crisis económica inminente

Solo se cuenta con datos limitados sobre el gasto social correspondiente a los años posteriores a 2011. El informe elaborado en 2016 por el FMI conforme al Artículo IV establece que el 14 % del presupuesto para inversiones se asignó al sector social, término que no define, y no incluye datos sobre gastos reales, que en años anteriores fueron sensiblemente inferiores a los asignados[104]. En la primera mitad de 2014, el 6,2 % del presupuesto para inversiones se asignó a salud, educación y saneamiento, lo cual ascendió a un total de USD 827 millones de un presupuesto total para inversiones de USD 13.300 millones[105]. El FMI también señala que el “gasto actual se mantiene bajo... con previsiones relativamente bajas para salud y educación”[106].

Un informe gubernamental confidencial para 2016, confeccionado en colaboración con el Banco Mundial, incluye información presupuestaria sobre los programas insignia de salud y educación del gobierno —de varios años de duración— denominados “Educación para Todos” y “Salud para Todos”, si bien no está claro qué años o qué porción del presupuesto total para educación cubren estos. Según el informe, el gobierno gastó USD 37 millones en los proyectos completos de “Educación para Todos”, y hay proyectos en curso por valor de otros USD 1.180 millones (y aproximadamente la misma cantidad asignada a proyectos futuros). La distribución del gasto, no obstante, es similar a las prioridades de los años anteriores: solamente el 1 % se destina a la enseñanza, y el resto a “acceso e infraestructura”; 21 % (USD 262 millones) a construir y renovar establecimientos de educación preescolar, primaria y secundaria, y el 64 % a educación superior (USD 800 millones)[107]. El valor total de los proyectos de “Salud para Todos” que se han completado o se encuentran en curso, según el informe, también era similar, de USD 1.230 millones (y estaba previsto asignar otros USD 475 millones)[108].

Los presupuestos gubernamentales para 2015 y 2016 que se encuentran incorporados a los registros de Human Rights Watch incluyen el gasto real para el período 2009 a 2014, como así también los fondos asignados para 2015 y 2016[109]. Dado el sistema de clasificación deficiente que se describe en secciones anteriores de este informe, su utilidad se limita, principalmente, a comparar en general el gasto corriente y el de capital. Aunque, tal como se señaló, el gasto corriente se desglosa en alrededor de 180 partidas, la mayoría de las descripciones resultan demasiado imprecisas o amplias para categorizar el gasto social. En función de los cálculos de Human Rights Watch, las partidas que se relacionan explícitamente con educación presentan entre el 0,8 % y el 3,1 % del gasto corriente para el período de 2009 a 2014, mientras que el rango para salud es del 1,8 % al 3,6 %[110]. El presupuesto modificado para 2015 y el presupuesto proyectado para 2016 estuvieron levemente por encima de este rango, con aproximadamente el 4 % del gasto corriente asignado a salud y educación, respectivamente, para ambos años, si bien, a menudo, el gasto real en el sector social fue inferior a los montos asignados[111].

Funcionarios del gobierno han asumido el compromiso de que la nueva etapa de Horizonte 2020 dedique mayores recursos al sector social. En mayo de 2016, el presidente Obiang señaló que sus “mayores prioridades en este momento son los servicios de salud y la educación”[112]. No obstante, existe un riesgo real de que la crisis económica inminente, causada por la baja en el precio y el ritmo más lento de la producción de petróleo, tenga un impacto negativo sobre el gasto gubernamental en estos sectores. Desde enero de 2014 hasta 2015, el precio del petróleo se redujo a la mitad, y cayó de USD 100 por barril a USD 50. A causa de esto, el gobierno se vio obligado a modificar su presupuesto para 2015. Los recortes fueron amplios, pero la partida que recibió el mayor impacto, sin lugar a dudas, fueron las becas universitarias, que en 2015 sufrieron una reducción del 60 %[113]. En ese momento, la organización de derechos humanos ecuatoguineana con base en Estados Unidos EG Justice informó que los estudiantes de Malabo y Bata habían realizado protestas pacíficas por los cortes, pero fueron dispersados por la policía con gases lacrimógenos. Según EG Justice, alrededor de 100 estudiantes fueron arrestados, de los cuales 56 permanecieron detenidos durante 10 días sin que se formulara ninguna acusación concreta en su contra. Los ministros de Educación y Seguridad Nacional presuntamente habrían interrogado a algunos estudiantes sobre el partido político que estaba detrás de las protestas antes de que policías les propinara golpes con sus bastones[114].

Gasto en inversiones improductivas

El FMI ha determinado que los presupuestos desproporcionados y carentes de transparencia para proyectos de infraestructura han tenido como resultado no solo un bajo gasto social, sino también un gasto excesivo e inversiones con un valor de desarrollo mínimo. En 2013, por ejemplo, señaló que “los costos y el despilfarro han sido considerables debido a limitaciones en la supervisión y presiones para promover proyectos con alta visibilidad”[115]. Un año después concluyó, de manera similar, que “algunos de los proyectos de mayor envergadura tienen un beneficio económico limitado”[116]. Más específicamente, determinó que: “El programa de inversión en infraestructura también ha incluido proyectos con un escaso impacto sobre los indicadores sociales, como instalaciones deportivas y una nueva capital administrativa en Oyala”[117].

La impactante cifra que se ha destinado a Oyala convierte a la ciudad en un claro ejemplo de inversiones cuyos beneficios resultan dudosos. La capital oficial de Guinea Ecuatorial es Malabo, ubicada en la isla de Bioko, pero el gobierno funciona seis meses por año desde Bata, la ciudad más grande del país ubicada en la zona continental. Para coordinar el funcionamiento de lo que, en la práctica, serían capitales duales, el gobierno construyó en cada ciudad flamantes edificios nuevos que serían sede de los diversos ministerios. Sin embargo, hace alrededor de cinco años, el gobierno comenzó a construir una nueva capital en medio de la selva, a aproximadamente 65 kilómetros (40 millas) de la localidad de residencia del presidente, Mongomo, con lo cual, en los hechos, destinó miles de millones de dólares a una tercera capital para un país con una población de aproximadamente un millón de habitantes.

En una entrevista ofrecida a los medios en el año 2012, Obiang señaló que la construcción de la nueva capital había sido impulsada por motivos de seguridad. Según señaló, la ubicación de Malabo y Bata sobre el agua lo exponen a la posibilidad de un golpe de Estado[118]. Según el informe del FMI para el año 2015, el gasto planificado para Oyala ascendía a USD 8.000 millones, lo cual representa casi una cuarta parte del presupuesto total del programa de infraestructura pública para varios años, de USD 36.000 millones[119]. Un borrador no publicado del último informe del FMI concluye que se prevé que represente la mitad del total del gasto gubernamental en 2016.

Esta preferencia por la infraestructura también ha desembocado en un gasto ineficiente en salud y educación, según datos del FMI y el Banco Mundial. El gasto en estos sectores no solo es demasiado bajo, sino que además favorece de manera desproporcionada las inversiones de capital —como edificios de hospitales, oficinas administrativas y campus universitarios— en desmedro del gasto corriente en partidas como salarios y capacitaciones para médicos y docentes, medicamentos y libros de estudio. De un presupuesto total previsto de inversión pública para varios años de USD 36.000 millones, USD 2.500 millones (el 7 %) se asignaron a salud, educación y saneamiento[120]. Si bien el gobierno solamente ha ejecutado una parte de los proyectos planificados, el FMI determinó que el sesgo a favor de la infraestructura ha llevado a que los avances en salud y educación no sean parejos:

Aunque los indicadores del desarrollo que dependen de la infraestructura, como el acceso al agua y a la electricidad, han experimentado una marcada mejora, el bajo nivel del gasto global en la prestación de servicios de salud y educación ha dado como resultado tasas de vacunación y de finalización de la escuela primaria muy inferiores a las de otros países de ASS con ingresos per cápita mucho más bajos. De cara a un nivel de ingreso petrolero significativamente menor, las autoridades deben reorientar los limitados recursos hacia el sector de la salud y la educación[121].

Este hallazgo refleja las conclusiones del FMI y el Banco Mundial en el pasado. En 2015, el FMI recomendó que las asignaciones presupuestarias fueran “revisadas” de conformidad con las prioridades de desarrollo, “especialmente en salud y educación”[122]. El Banco Mundial señaló en 2010 que “el gasto corriente [del gobierno] es insuficiente para brindar servicios sociales públicos significativos”[123].

Las elevadas sumas de dinero gastadas en infraestructura —y las exiguas cantidades destinadas a salud y educación— también deben considerarse en el contexto de evidencias que indican que funcionarios gubernamentales han obtenido enormes riquezas a partir de contratos públicos.

III.El costo humano del financiamiento insuficiente en las áreas de salud y educación

Los ciudadanos comunes de Guinea Ecuatorial pagan un alto precio por la falta de inversión del gobierno en salud y educación.

Guinea Ecuatorial ha debido afrontar el legado de extrema pobreza y cinismo de la dictadura de Macías que, aunque terminó hace 38 años, diezmó las instituciones y dejó en el país pocos médicos y docentes preparados. Esta debería haber sido una razón más que suficiente para que el gobierno invirtiera una proporción significativa de sus ingresos petroleros en el sector social, sobre todo en salud y educación. Si bien el país ha registrado mejoras en algunos indicadores claves de salud, como las tasas de mortalidad materna, los indicadores de educación disponibles no muestran adelantos significativos. En muchos indicadores de salud y educación, Guinea Ecuatorial simplemente se ha mantenido en el mismo nivel que el continente africano, a pesar de su enorme ventaja en cuanto a recursos. Resulta sorprendente que algunos indicadores, como las tasas de vacunación y las tasas netas de escolaridad primaria, hayan empeorado desde que comenzó el auge del petróleo.

Salud

Datos sobre salud

Como se señaló anteriormente, Guinea Ecuatorial no suele recopilar ni publicar datos sobre salud u otros indicadores, y esto complica la posibilidad de realizar una evaluación completa de su desempeño. Aun así, un análisis de datos y estimaciones disponibles —a partir de informes de la ONU y de una encuesta de hogares de 2011— sugiere que, a pesar del aumento masivo de los recursos, el avance en la mayoría de los indicadores de salud ha sido limitado y a menudo se ubica por debajo del de otros países más pobres de la región, mientras que en algunos casos los indicadores de salud, de hecho, han empeorado.

Indicador	Desempeño de Guinea Ecuatorial	Contexto
Esperanza de vida	57,6 (2014)	En 2014, la esperanza de vida en Guinea Ecuatorial se ubicaba un año por debajo del promedio de 58,6 años del África subsahariana, mientras que en 1995, cuando comenzó el auge del petróleo, estaba levemente por encima del promedio regional. La esperanza de vida promedio en los países con ingresos de medios/altos era 74,4 años en 2014[124].
Índice de Desarrollo Humano	138 (2015)	Guinea Ecuatorial ocupa el puesto 138 entre 188 países, lo cual lo convierte en el país con la brecha más amplia entre su riqueza per cápita y el estado del desarrollo humano. Su puntuación es prácticamente idéntica a la de Ghana y Zambia, pese a contar con un ingreso per cápita que es más de cinco veces mayor[125].
Mortalidad infantil (por cada 1.000 nacimientos)	65 (2011, EDS)[126]; 68.2 (2015, BM)[127]	La tasa de mortalidad infantil en Guinea Ecuatorial ha sido sistemáticamente más alta que el promedio del África subsahariana, y se reduce a un ritmo similar al del resto del continente. En 2015, el promedio del África subsahariana era 56,4 (Banco Mundial) y 15,2 para países con ingresos medios/altos[128].
Mortalidad de menores de 5 años (por cada 1.000 nacimientos)	113 (2011, EDS)[129]; 94.1 (2015, BM)[130]	Al comienzo del auge del petróleo, la mortalidad de menores de 5 años en Guinea Ecuatorial era levemente inferior al promedio del África subsahariana, pero desde 2003 no sigue en forma sistemática el ritmo de avance de la región. En 1995, se estimaba que su tasa era de 171,2 muertes por cada 1.000 nacimientos, en comparación con el promedio del África subsahariana de 173,2; en 2015, según los datos del Banco Mundial, se estimaba que era de 94,1 muertes por cada 1.000 nacimientos, en comparación con el promedio para toda la región de 83,2. La encuesta de hogares sugiere que la cantidad real es más elevada que las proyecciones del Banco Mundial[131].
Mortalidad materna (por cada 100.000 nacimientos con vida)	308 (2011, EDS)[132]; 342 (2015, BM)[133]	El avance de Guinea Ecuatorial en este indicador ha superado significativamente al de la región del África subsahariana. En 1995, la tasa de Guinea Ecuatorial de 1.050 muertes por cada 100.000 nacimientos con vida se encontraba entre las peores de la región. Para 2015, su tasa se ubicaba muy por debajo del promedio del África subsahariana (547), aunque aún era significativamente más alta que el promedio para los países con ingresos medios/altos (54)[134].
Acceso a agua mejorada (% de hogares)	56 % (2011, EDS)[135]; 47,9 % (2015, BM)[136]	La tasa de acceso a agua potable mejorada en Guinea Ecuatorial no ha aumentado en los últimos 20 años, y ha rondado el 50 % en todo ese período. En 1995, la puntuación de Guinea Ecuatorial en este indicador era similar al promedio de la región del África subsahariana; para 2015, el promedio regional había aumentado al 67,6%, según la Organización Mundial de la Salud (OMS)[137].
Porcentaje de bebés entre 12 y 23 meses con vacunas completas	27% (2011, EDS)[138]	Las tasas de vacunación de niños de Guinea Ecuatorial se han reducido drásticamente desde fines de los años noventa y se encuentran entre las peores del mundo. Por ejemplo, la tasa informada de vacunación contra la tuberculosis para recién nacidos y niños pequeños fue del 99 % en 1997; 64 % en 2014; y 35 % en 2015, el último año para el cual hay datos disponibles[139].
Porcentaje de niños menores de 2 años que no recibieron ninguna vacuna	25 % (2011, EDS)[140]	El porcentaje de niños menores de dos años que no recibieron vacunas se encuentra entre los más altos de la región. A modo de comparación, las tasas eran del 5 % en Camerún (2011, EDS); 4 % en Gabón (2012, EDS); 21 % en Nigeria (2013, EDS); y del 3 % en Santo Tomé y Príncipe (2009, EDS)[141].

Los datos y estimaciones indicados arriba son claros: Guinea Ecuatorial es un país de ingresos medios/altos que tiene cifras peores a las de muchos países de bajos ingresos en numerosos indicadores claves de salud.

Casi seis de cada diez personas mueren de enfermedades contagiosas o afecciones maternas, prenatales o vinculadas con problemas de nutrición[142]. El desempeño de Guinea Ecuatorial en el indicador de vacunación es ilustrativo de la falta de inversión del gobierno en la salud de su población. Un empleado de un organismo humanitario con presencia activa en el país contó a Human Rights Watch que UNICEF financiaba el programa de vacunación de Guinea Ecuatorial en la década de 1990, cuando la tasa de vacunación para poliomielitis y DTP era superior al 80 %[143]. Cuando los ingresos del petróleo comenzaron a llenar las arcas del país hacia fines de esa década, UNICEF discontinuó su asistencia financiera, puesto que se suponía que el gobierno del país se haría cargo. Sin embargo, no lo hizo. Entre 1998 y 2000, las tasas de vacunación correspondientes a poliomielitis y DTP, entre otras, cayeron hasta aproximadamente el 40 %. En general, las tasas han empeorado desde el comienzo del auge del petróleo en cada una de las vacunas de las que hace un seguimiento la Organización Mundial de la Salud (OMS)[144].

En los últimos años, después de un leve repunte, las tasas de vacunación se redujeron aún más y mostraron una caída drástica de 2014 a 2015, el año más reciente sobre el cual hay datos disponibles. Según una encuesta de hogares sobre salud de 2011, un cuarto de los niños menores de 2 años no reciben ninguna vacuna y solo un cuarto de los niños recibieron todas las vacunas recomendadas[145]. La tasa de vacunación contra la tuberculosis en 2015 (35 %) fue la segunda tasa más baja del mundo[146]. La vacunación contra el sarampión experimentó una caída similar, de un valor máximo del 82 % en 1997 al 43 % en 2014, y al 26 % en 2015. Incluso antes de esta última caída de 17 puntos en 2015, Guinea Ecuatorial tenía la segunda peor tasa del mundo, y solo era mejor que la de la República Centroafricana. Las tasas de vacunación contra la poliomielitis fueron las peores del mundo, del 27 % en 2015, habiendo caído de un valor del 64 % en 1997; Somalia tiene la segunda peor tasa, con el 42 %. La caída en las tasas de vacunación da cuenta del deterioro general de la economía en Guinea Ecuatorial, lo cual genera preocupación sobre cómo la persistencia de la contracción económica prevista afectará los programas de salud pública.

Resulta asimismo inaceptable que el gobierno no haya mejorado el acceso al agua potable segura en los últimos 20 años. Si bien la falta de acceso es especialmente grave en áreas rurales, muchos vecindarios de Malabo y Bata —la capital y el centro económico— también dependen de agua contaminada de pozos o del río, y esto pone en una dura disyuntiva a los ciudadanos comunes de Guinea Ecuatorial. Por ejemplo, Arturo, un padre de dos hijos que vive en Malabo y tiene un puesto administrativo en un organismo internacional, contó a Human Rights Watch que no puede costear el gasto de hervir el agua del río antes de beberla: “Preferimos ahorrar el dinero para cocinar con gas en lugar de hervir agua”[147]. Los riesgos para la salud que implican el agua contaminada y la salubridad deficiente son particularmente altos para los niños. Investigadores que realizaron una encuesta de salud en 2011 determinaron que uno de cada cinco niños menores de cinco años había tenido diarrea en las dos semanas anteriores a su visita y casi uno de cada tres había tenido fiebre[148].

Falta de acceso a atención de la salud asequible

El gobierno de Guinea Ecuatorial está obligado en virtud del derecho internacional a asegurar el acceso a servicios de atención de la salud que resulten asequibles para todos. En términos prácticos, las iniciativas creíbles para cumplir esta obligación son también indispensables para el éxito de cualquier esfuerzo gubernamental de garantizar progresivamente el derecho a la salud con el tiempo[149]. El derecho internacional de los derechos humanos no es prescriptivo en cuanto a la manera en que los países deben garantizar esto, pero el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), el órgano de expertos independientes que supervisa la implementación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por los Estados Parte, ha aclarado lo siguiente:

Los pagos por servicios de atención de la salud y servicios relacionados con los factores determinantes básicos de la salud deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una carga desproporcionada, en lo que se refiere a los gastos de salud, en comparación con los hogares más ricos.

Desde 2005, la Asamblea Mundial de la Salud insta a los países a adoptar sistemas de financiamiento de la salud para “repartir el riesgo dentro de la población y evitar que las personas incurran en gastos sanitarios desastrosos o caigan en la pobreza por haber requerido atención de salud”[150].

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un llamado universal a la acción impulsado por la ONU para terminar con la pobreza, preservar al planeta y asegurar que todas las personas disfruten de paz y prosperidad para el año 2030, requieren la adopción de cobertura universal de salud, lo cual garantizaría el acceso a servicios de salud básicos de calidad y protegería a los pacientes de gastos de salud que puedan tener consecuencias desastrosas[151].

***

El sistema de salud de Guinea Ecuatorial El Ministerio de Sanidad y Bienestar Social supervisa la administración del sistema de salud pública de Guinea Ecuatorial. El presupuesto del ministerio es determinado por el Ministerio de Hacienda y Presupuestos, aunque el Ministerio de Planificación e Inversiones Públicas supervisa la implementación de los gastos de capital, que representan la mayor parte del presupuesto. En 2009, el año más reciente sobre el cual hay datos, había 45 centros de salud financiados con fondos públicos, que proporcionaban servicios médicos básicos, y 18 hospitales (12 de distrito; 4 provinciales y 2 regionales). Las áreas rurales suelen ser atendidas por centros de salud más pequeños, donde no siempre hay médicos, pero pueden realizar los exámenes básicos. Si bien los hospitales y centros de salud públicos son, por lo general, la opción más económica para recibir atención médica, cobran cuotas de atención, y la investigación de Human Rights Watch indica que el sistema no contempla ningún mecanismo para la exención o reducción de los aranceles a personas de bajos recursos[152]. El Estado también subsidia los beneficios de seguridad social basados en aportes patronales a través del INSESO (Instituto Nacional de Seguridad Social), que dan cobertura a cerca de 60.000 personas[153]. El INSESO opera su propia red de hospitales y centros de salud y está fuera del ámbito del Ministerio de Sanidad. Los asegurados y sus hijos menores de edad reciben descuentos del 50% para acceder a los servicios del INSESO que, aparentemente, proporcionan una atención de mejor calidad que el sistema público. El INSESO se financia a través de una combinación de aportes patronales y del empleado y de fondos públicos, y sus gastos representan una cantidad significativa de los gastos corrientes en el presupuesto, aunque da cobertura a un porcentaje relativamente pequeño de la población[154]. Aunque no hay datos sobre el alcance del uso de la atención de la salud privada, el Banco Mundial observó en 2010 que “dada la falta de cobertura del sector público, existe amplia participación del sector privado”[155]. Muchos establecimientos cobran cargos que son sensiblemente mayores a los del sector público, lo que hace que estén fuera del alcance de la mayoría de los habitantes de Guinea Ecuatorial. Sin embargo, también hay clínicas financiadas por asistencia extranjera que brindan atención a un costo menor; la mayoría son gestionadas por la Iglesia católica.

Muchos de los médicos, personal de enfermería y pacientes entrevistados por Human Rights Watch dijeron que las personas para quienes la opción pública es demasiado costosa simplemente no tienen acceso a atención médica. Una profesional de enfermería del Hospital General de Malabo contó que se les niega la atención incluso a las mujeres en trabajo de parto que no pueden pagar por adelantado[156]. Recordó a una paciente que había tenido complicaciones durante el parto y requería un tratamiento que solo estaba disponible en el Hospital La Paz (un establecimiento de salud financiado con fondos públicos del que se brinda información más adelante) y murió después de no haber podido pagar la atención médica necesaria. Otro enfermero en el mismo hospital confirmó que rechazaban a pacientes todos los días porque no podían pagar, y agregó que el estado de salud de algunos pacientes empeoraba mientras esperaban el tratamiento e intentaban reunir el dinero[157]. Al expresar su exasperación ante el sistema, señaló: “Lo entendería si fuese un hospital privado, ¡pero es público!”.

Una médica que trabajaba en el Hospital General de Bata tuvo la misma experiencia: “Si las personas [en estado crítico] no tienen dinero, se mueren”, señaló[158]. Un entrevistado contó a Human Rights Watch que cuando está enfermo, por lo general, se queda en casa porque no tiene dinero para pagar[159]. Dijo que cuando puede pagar el servicio, prefiere atenderse en una clínica privada porque no cree que el Hospital General brinde atención de calidad. Pero, agregó, una consulta en la clínica cuesta 7.000 francos CFA (USD 11,25). “Si en este momento tuviera que pagar esa cantidad, moriría”, manifestó riéndose con incredulidad.

El gobierno ha hecho una inversión importante en dos hospitales modernos y equipados que se construyeron con fondos públicos, pero que cobran cuotas que los dejan fuera del alcance de la mayoría de la población del país. Estos dos hospitales, ambos llamados La Paz, son las joyas de la corona del sistema de salud del país y se encuentran en Malabo y en Bata. Casi todo su personal es extranjero[160]. Varias fuentes dijeron a Human Rights Watch que los hospitales son de propiedad privada pero que están financiados, al menos parcialmente, por el gobierno[161]. “La línea entre la atención de salud pública y privada —como en todo lo demás— es muy borrosa en Guinea Ecuatorial”, comentó a Human Rights Watch un empleado de un organismo humanitario[162]. Dos profesionales médicos en La Paz también describieron a los hospitales como privados, aunque señalaron que sus sueldos los paga el gobierno[163].

La Paz cobra cargos por servicios, incluidos los partos, que hacen que no sea accesible para la mayoría de los ciudadanos de Guinea Ecuatorial, según varias personas entrevistadas[164]. Se espera que los pacientes que llegan a la sala de emergencias en La Paz paguen 30.000 francos CFA (USD 49) antes del servicio, contó un médico que trabaja en una clínica privada en Bata a Human Rights Watch. Un miembro del equipo médico en La Paz Malabo le dijo a Human Rights Watch que el hospital no rechazaría casos urgentes, como traumatismos, incluso si no pudieran pagar por adelantado, aunque de todos modos se les facturaría la atención. Según dijeron, a los pacientes que no acuden por una emergencia y no pueden pagar por adelantado se les deniega el servicio en La Paz[165].

En algunos casos, el gobierno aparentemente subsidia el pago de los servicios en el Hospital La Paz; este sistema podría ayudar a algunos pacientes, pero no cumple el requisito de acceso equitativo conforme al derecho a la salud. Human Rights Watch no pudo determinar con qué frecuencia y en qué casos el gobierno otorga esas cartas. Varias personas entrevistadas dijeron que estaban reservadas para personas con vínculos políticos. Un miembro del personal médico en La Paz dijo que recibe a menudo a pacientes con estas cartas, pero la mayoría son funcionarios gubernamentales de alto rango o personas relacionadas con ellos. Dio un ejemplo de un ciudadano extranjero con buena posición económica que era empleado de un miembro de la familia presidencial y recibía tratamiento subsidiado.

Varias personas que no tienen vínculos políticos dijeron a Human Rights Watch que La Paz era solo para la élite. Cuando se le preguntó si había intentado solicitar tratamiento subsidiado en La Paz, un padre que gana aproximadamente USD 300 por mes y cuyos dos hijos que padecen una afección sanguínea que requiere un tratamiento costoso dijo: “Es un hospital que está aquí, pero para nosotros es como si no estuviera”, señaló. Una mujer de edad avanzada que trabaja en servicios gubernamentales desde 2005 contó que su familia pasó dos años solicitando asistencia para su nieto, que tiene parálisis cerebral y requiere tomografías que solo están disponibles en La Paz, pero que aún no ha recibido ayuda. “Depende de quién eres, de que tengas contactos en el gobierno”, dijo. Dos personas —incluido un miembro del personal de La Paz— dijeron que, de todas maneras, el gobierno había dejado de emitir o aprobar estas cartas en los últimos años debido a la crisis económica. Además, el obstáculo para acceder a La Paz en Malabo no es solo financiero. A diferencia del Hospital General, que tiene una ubicación céntrica, La Paz está ubicado en un enclave de la isla denominado Sipopo, al cual el acceso es más difícil porque está separado de la ciudad por un puesto de peaje y un retén policial. La ubicación refuerza la impresión de que el hospital fue construido para atender a la élite más que a la comunidad en general; además de algunas casas que pertenecen a miembros de la familia del presidente, en el enclave no hay espacio residencial para los ciudadanos de Guinea Ecuatorial[166].

Calidad inadecuada de la atención

A pesar de contar con recursos considerablemente mayores, el sistema de salud de Guinea Ecuatorial continúa sufriendo muchos problemas que son comunes en los países de bajos ingresos. Los médicos, el personal de enfermería, los pacientes y los profesionales extranjeros con quienes habló Human Rights Watch hicieron hincapié en el grave problema que supone la baja calidad de la atención. Los entrevistados plantearon la falta de personal idóneo, los errores de diagnóstico frecuentes, los tiempos de espera prolongados y la falta de medicamentos e insumos médicos básicos como los principales factores que deterioraban la calidad de la atención. Según la OMS, “una gran cantidad de... clínicas de salud [en áreas rurales] no son funcionales dada la falta de personal, equipos y medicamentos esenciales requeridos para brindar servicios efectivos”[167]. Los indicadores de salud absolutamente insuficientes que se mencionaron anteriormente, parecerían corroborar este dato.

Varias de las personas que entrevistamos señalaron que se rehusaban a acudir por tratamiento al Hospital General de Bata o de Malabo por temor a ser mal diagnosticadas, y preferían pagar las cuotas más elevados cobradas por las clínicas privadas, si podían hacerlo[168]. Un médico que trabaja en una clínica privada contó que, con frecuencia, atiende a pacientes que han sido mal diagnosticados en hospitales públicos. Como ejemplo, contó sobre un paciente que había sido diagnosticado con cáncer de hígado en el Hospital General, pero que resultó tener un absceso hepático: “Esa es la situación: los médicos [en el Hospital General] no saben diferenciar entre un cáncer de hígado y un absceso”, señaló el médico. Otro médico que trabaja en La Paz Malabo dijo que cuando los pacientes son trasladados desde el Hospital General en estado crítico, a menudo piensa que habrían estado mejor si no se hubieran tratado[169].

Los sueldos bajos probablemente contribuyen a que el sistema público de salud no pueda atraer a personal calificado. Diversos entrevistados dijeron que el sueldo mensual de los médicos locales es de aproximadamente 200.000 francos CFA (USD 322) y el personal de enfermería gana 120.000 francos CFA (USD 193)[170]. En su Análisis de Gasto Público sobre Guinea Ecuatorial de 2010, el Banco Mundial observó: “Los bajos salarios que reciben los trabajadores del sector público con formación médica motivan a los jóvenes de estas profesiones a emigrar a otros países”[171]. Los sueldos para el personal extranjero —y en particular el personal en el Hospital La Paz Malabo— son significativamente superiores. Un miembro del personal médico de ese establecimiento dijo que gana el doble de lo que ganaría en su país de origen, donde el sueldo mensual promedio para su campo es de casi USD 4.500[172]. Señaló que el personal de limpieza del hospital gana 150.000 francos CFA, o más que un enfermero en un hospital público.

Varios entrevistados contaron a Human Rights Watch que los tiempos de espera sumamente largos —y en ocasiones peligrosos— son comunes en el Hospital General de Malabo[173]. Un entrevistado que llevó a su hijo con fiebre tifoidea y paludismo al Hospital General de Malabo contó a Human Rights Watch que esperó cuatro horas para ser atendido[174].

Un obstetra contó a Human Rights Watch un incidente trágico que había ocurrido la mañana de nuestra entrevista, y que era representativo de las condiciones en el sistema de hospitales públicos. Una mujer embarazada, de nombre María, había llegado a su clínica privada la noche anterior, después de haber estado en trabajo de parto durante más de un día. Nunca se había hecho un control prenatal y no sabía si el embarazo estaba a término. Comenzó el trabajo de parto en su vivienda con una partera, pero tuvo complicaciones; entonces la partera envió a María al Hospital Público de Bata, la ciudad más grande de Guinea Ecuatorial. Allí, esperó todo el día sin ser atendida por un médico, según contó el obstetra. Cuando se fue, después de que el hospital había cerrado, y acudió a la clínica del médico, ya era demasiado tarde. Su bebé murió en la mañana, horas después del parto[175].

Educación

El deteriorado estado de muchas escuelas en Guinea Ecuatorial —desde edificios arrumbados y atestados de pupitres hasta instalaciones insalubres y sin agua potable— es un síntoma visible del relegamiento de este sector por el gobierno. Pero los problemas del sector son más profundos, e incluyen altas tasas de niños que nunca empezaron la escuela, la abandonaron o tuvieron que repetir varios grados; falta de acceso incluso a la educación primaria; y bajas tasas de certificación docente. Algunos indicadores de educación, como la tasa de niños que no están inscriptos en la escuela primaria, de hecho se han deteriorado desde que empezó el auge del petróleo.

Las normas internacionales de derechos humanos obligan al gobierno de Guinea Ecuatorial a proporcionar educación primaria gratuita y asegurar en forma progresiva el derecho a la educación de manera más general, lo que implica mejorar con el tiempo la disponibilidad y calidad de la educación[176]. Los datos disponibles sugieren que Guinea Ecuatorial no ha cumplido sus obligaciones mínimas a pesar de los ingentes ingresos generados por el petróleo. Entrevistas con docentes, padres, estudiantes y especialistas en educación refuerzan esa opinión y ofrecen datos que permiten comprender el costo humano de esa realidad.

Un indicio revelador de la calidad deficiente de las escuelas públicas es que es muy común que los padres intenten no usarlas. Según un informe del gobierno de 2015 presentado ante la UNESCO, más de la mitad de los estudiantes asisten a escuelas privadas[177]. El informe no explica los motivos de esto. Un padre contó a Human Rights Watch que enviaba a sus hijos a escuelas privadas, aunque no podía siquiera permitirse usar gas para hervir el agua que se bebía en la casa[178].

Falta de escolarización y repitencia

En 2012, el año más reciente sobre el cual la UNESCO tiene datos del país, el 42 % de los niños entre 7 y 12 años no asistían a la escuela primaria, y esto representa la séptima peor tasa del mundo[179]. Esta situación es más grave que en 2000, antes de que el petróleo aportara riquezas al país, cuando el 33 % de los niños en edad escolar primaria no asistían a la escuela[180]. Muchos niños nunca se inscribieron en la escuela primaria, y solo la mitad de los inscriptos la terminan. Cabe destacar que la mayor tasa de deserción ocurre después de primer grado: en 2011, el 12 % de los niños abandonó la escuela después de primer grado y nunca volvió a inscribirse, según la UNESCO[181]. Otro 24 % repitió primer grado; por lo tanto, solo aproximadamente dos tercios de la clase pasaron a segundo grado[182].

Si bien las cifras son más elevadas para los estudiantes de primer grado, persiste en todos los niveles el problema de la deserción y la cantidad de repitentes. Esto, combinado con el comienzo tardío de la educación, hace que en todos los cursos las edades varíen ampliamente. En 2015, solo el 56 % de los alumnos de escuelas primarias estaban en el grado correcto para su edad, y esto supone una reducción del 10 % respecto del año 2000[183]. “En primer grado, se pueden encontrar niños de 6 a 13 o 14 años. ¿Cómo enfrentamos esta situación?”, dijo a Human Rights Watch Ignacio, un extranjero  especialista en educación, que trabaja en el país[184]. La situación en la escuela secundaria, que comienza en séptimo grado, es aún peor, según los pocos datos disponibles, menos de un cuarto de los estudiantes secundarios está en el grado correcto para su edad[185].

Como observó Ignacio, el lamentable estado de la educación es particularmente grave si se considera que, dado el tamaño reducido de la población del país, incluso una modesta inversión supondría una gran diferencia. Por ejemplo, la cantidad total de niños que no asistían a la escuela primaria en 2012 era 45.885[186]. “Prácticamente podrías subirlos a todos en un solo autobús escolar”, bromeó. Aun así, el gobierno “nunca ha hecho una inversión importante en educación, pese a que podría hacerlo con muy poco dinero”[187].

Hacinamiento y deterioro escolar

A menudo el deteriorado estado de las escuelas supone un obstáculo al aprendizaje: 332 de 857 escuelas no tienen siquiera letrinas, según un informe del gobierno de 2015 presentado a la UNESCO, y 600 no tienen electricidad[188]. El plan de desarrollo dispone que la inversión en infraestructura educativa sea una prioridad, pero, como se analizó en la sección anterior, la mayoría de los fondos se destinan a la educación superior[189]. Según Cristian, un exdocente de escuela secundaria, tener 70 u 80 estudiantes por clase era algo común en las secundarias públicas. Otro docente, Diego, contó a Human Rights Watch que una vez tuvo 105 estudiantes en una clase[190].

Human Rights Watch visitó una escuela media que había sido renovada poco tiempo atrás y una escuela secundaria que estaba en muy malas condiciones. En la escuela secundaria, las aulas estaban atiborradas con cerca de 40 o 50 pupitres dobles, y los paneles del techo estaban completamente destruidos. No había agua corriente en los baños; los lavabos y las letrinas estaban cubiertos de telarañas, y en los pisos había excrementos. La escuela media tenía alrededor de 30 pupitres dobles por aula y agua corriente en los baños. Human Rights Watch también visitó una escuela primaria privada en Malabo. Las condiciones eran algo mejores que en la escuela secundaria pública. Las aulas tenían alrededor de 25 pupitres dobles. No había agua corriente en los baños, pero estaban limpios y había agua disponible en un pozo a la salida del baño para asearse las manos.

Capacitación deficiente y sueldos bajos para los docentes

Varios docentes entrevistados por Human Rights Watch —todos habían trabajado en escuelas públicas y privadas en algún momento— señalaron que las tasas elevadas de deserción y repitencia se debían, en parte, a los bajos sueldos de los docentes, la falta de rendición de cuentas en las escuelas y a la formación mínima que reciben los maestros o directamente la falta de capacitación.

Los docentes entrevistados por Human Rights Watch dijeron que los sueldos eran tan bajos y la capacitación tan deficiente que no tenían la motivación ni las habilidades para hacer frente a las dificultades que supone el hacinamiento en las aulas, y la ausencia de cualquier sistema de rendición de cuentas agrava el problema. “Si a un estudiante le toca un docente que no tiene capacitación, está perdido”, opinó Alphonso, docente de una escuela media pública[191].

Hernando, de 19 años, que recientemente se graduó de la escuela secundaria y pasó de una institución secundaria privada a una pública cuando su familia se mudó de Bata, contó su experiencia:

Para empezar, muchas veces los docentes no se presentaban a trabajar. Había 70 niños en mi clase, mientras que en la escuela privada había aproximadamente 30. No teníamos libros de estudio. El docente tenía el libro, lo usaba para escribir en la pizarra, y la clase lo copiaba. Si quieres corregir tu trabajo, puedes hacerlo. Si no te interesa hacerlo, no lo haces. A ellos no les importa en absoluto[192].

El bajo nivel de capacitación docente socava la calidad de la educación. Un informe del gobierno indica que el 59 % de los docentes tiene un título profesional y, según la UNESCO, el 49 % de los docentes de escuela primaria ha recibido capacitación[193]. Alphonso comentó que es uno de los 5 docentes en su escuela media que tienen certificación, de un total de 13[194].

De acuerdo con datos internacionales y según lo manifiesta un especialista en educación entrevistado por Human Rights Watch, ha habido una mejora en la capacitación docente desde 2008, cuando un estudio determinó que solo el 30 % de los maestros de escuela primaria tenían la formación requerida[195]. Pero también hay un problema de alcance y calidad de la capacitación. El mismo estudio determinó “que un alto índice [de docentes] tenía problemas de expresión escrita, ortografía y caligrafía”.

La mejora en la capacitación se debe, en gran medida, al Programa de Desarrollo Educativo de Guinea Ecuatorial (PRODEGE), que es financiado en forma conjunta por la compañía petrolera Hess y el gobierno, e implementado en su totalidad por la ONG denominada FHI 360, con sede en EE. UU. Hess y el gobierno aportaron USD 50 millones al programa (Hess paga la cantidad total y la deduce de lo que adeuda al gobierno)[196]. El programa de diez años, que comenzó a fines de 2006, ha brindado capacitación a casi 1.000 docentes de escuela primaria de un total de 3.500 durante su primera fase; su segunda fase se concentra en la educación secundaria[197].

Si bien los educadores con los que Human Rights Watch habló sobre PRODEGE en general tenían una opinión positiva del programa, algunos dijeron que les resultaba preocupante que este fuera el único programa educativo del gobierno con financiamiento suficiente, puesto que el modelo no era sostenible: el programa finaliza en 2017 y no está previsto que continúe[198].

Costos

La Ley General de Educación de Guinea Ecuatorial dispone que las escuelas públicas deben ser gratuitas, en consonancia con las obligaciones de derechos humanos asumidas por el gobierno. Sin embargo, todos los educadores y padres entrevistados por Human Rights Watch dijeron que los estudiantes deben pagar cuotas de inscripción, aunque las cifras que dieron variaban ampliamente. Según lo manifestó Clara a Human Rights Watch, una especialista en educación que trabaja en distintas partes del país, esta variación puede deberse a que el costo oficial es más bajo de lo que los funcionarios cobran en la práctica, y las cantidades que exigen pueden variar según las escuelas[199]. Si bien Human Rights Watch no pudo verificar el monto de las cuotas, varios docentes entrevistados por Human Rights Watch consideran que los pagos en las escuelas de enseñanza superior, particularmente las escuelas secundarias, contribuyen a las altas tasas de deserción[200].

IV. Autocontratación en los proyectos de infraestructura

Los exiguos recursos que invierte Guinea Ecuatorial en sus sistemas de salud y educación pueden explicarse, en parte, por el gasto extraordinariamente alto que realiza en infraestructura, y que consume casi la totalidad de sus ingresos petroleros, conforme se documenta en la Sección II de este informe. Las conclusiones de Human Rights Watch sugieren que este gasto de enormes proporciones en infraestructura ha traído aparejada corrupción, y al menos algunos de esos fondos públicos han terminado en los bolsillos de altos funcionarios gubernamentales y sus familias, que son propietarios de empresas beneficiadas con estos contratos públicos.

En los cinco años transcurridos entre 2009 y 2013, Guinea Ecuatorial gastó cerca de USD 20.000 millones en proyectos de infraestructura, lo que equivale a un promedio de USD 4.000 millones al año[201]. En cambio, el país vecino de Gabón, con una población de 1,62 millones y un PIB general similar, destinó USD 1.000 millones a infraestructura en el presupuesto de 2015[202]. Es decir, Guinea Ecuatorial gastó casi un tercio de su PIB en proyectos de infraestructura entre 2008 y 2013, una proporción tres veces superior a la media regional[203].

Las leyes de Guinea Ecuatorial que abordan los conflictos entre los intereses privados de los funcionarios y su función pública no son adecuadas, y la aplicación de las leyes vigentes sobre conflictos de intereses es, en el mejor de los casos, muy esporádica, como se explica en la Sección V de este informe. Además, el proceso de contrataciones gubernamentales es informal y poco transparente. Las leyes sobre titularidad local exigen que al menos el 35 % de todas las empresas que desarrollan actividades en el país sean propiedad de ecuatoguineanos. Aunque este tipo de leyes procuran asegurar que las empresas nacionales se beneficien con las inversiones multinacionales, en el caso de Guinea Ecuatorial parecen haber propiciado la corrupción y la autocontratación. Esta sección analiza cómo el marco legal y la gestión poco transparente de las finanzas públicas generan un campo fértil para que empresarios extranjeros se asocien con funcionaros poderosos, cuyas empresas a veces solo existen formalmente, pero que usan su influencia para asegurar la adjudicación de cuantiosos contratos gubernamentales, de los cuales se benefician económicamente. A su vez, pareciera que, a menudo, esto redunda en un incremento artificial de los precios de los contratos y en la aprobación de proyectos de escaso valor social, que están provocando que los recursos se derrochen y no lleguen al sector social —absolutamente relegado—, incluidas áreas como salud y educación.

La inversión masiva que realiza Guinea Ecuatorial en infraestructura pública ha conseguido transformar el paisaje del país para sentar las bases de una economía moderna. Antes del auge del petróleo, en el país había apenas 60 kilómetros de carreteras pavimentadas, mientras que ahora la red de caminos es de más de 2.000 kilómetros[204]. El gobierno también construyó tres nuevos aeropuertos y modernizó dos que ya había en Malabo y Bata, y amplió ocho puertos marítimos. Algunas inversiones se destinaron a salud y educación: el gobierno construyó o rehabilitó 62 escuelas primarias y 65 clínicas de salud y hospitales durante la última década[205].

Sin embargo, este logro no compensa el derroche de recursos provocado por los conflictos de intereses y la opacidad de los procesos de contratación documentados en esta sección, ni justifica el relegamiento de las áreas de salud y educación. Efectivamente, el FMI, el Banco Mundial y otros actores han concluido reiteradamente que el impacto que las inversiones en infraestructura podrían tener en mejorar los indicadores sociales y diversificar la economía se ve obstaculizado por “deficiencias profundamente arraigadas en la gestión financiera pública”[206].

En esta sección se analiza el pernicioso efecto de las autocontrataciones en el sector de infraestructura en Guinea Ecuatorial. Diversos expedientes judiciales y otros documentos oficiales registran claramente la gestión indebida y la corrupción en el sector, que afectan ingentes cantidades de dinero público, y esto contribuye de manera directa a la falta crónica de financiamiento suficiente de las áreas de salud y educación. No obstante, la autocontratación no se limita en absoluto al sector de infraestructura, y parece estar profundamente arraigada en los sistemas político y financiero de Guinea Ecuatorial. En un cable de 2009 del Departamento de Estado de EE. UU. difundido por WikiLeaks, la institución explica que los “peculiares mecanismos de gestión financiera” de Guinea Ecuatorial son una consecuencia de que el gobierno no tenía recursos suficientes para pagar salarios. Citando al titular de hacienda ecuatoguineano, que se desempeñó hasta 1993, el cable señala que el gobierno a menudo compensa a funcionarios con “transferencias en especie” como terrenos confiscados, licencias de actividad y concesiones de importación. También se esperaba que los funcionarios solamente trabajaran tres días a la semana, y dedicaran el resto del tiempo a actividades lucrativas. Cuando el país empezó a percibir utilidades provenientes del petróleo, esta combinación de actividades oficiales y privadas resultó extraordinariamente lucrativa. Según se indica en el cable:

La mayoría de los ministros siguen teniendo un segundo empleo y realizando actividades que, a menudo, combinan sus intereses públicos y privados. La costumbre por la cual se mantienen simultáneamente actividades oficiales y privadas, que se enquistó en la época de las vacas flacas, siguió vigente en el período de abundancia[207].

Investigaciones internacionales sobre corrupción

A menudo, funcionarios ecuatoguineanos han estado bajo una atenta mirada y han sido investigados por lavado de dinero y corrupción, incluso en EE. UU., España, Francia y Suiza. Los hallazgos de estas investigaciones brindan una perspectiva s valiosa del sistema financiero del gobierno y los negocios que celebran funcionarios de alto nivel.

Investigación en el Senado de Estados Unidos y causa penal en España

Una subcomisión del Senado de Estados Unidos llevó a cabo una de las primeras indagaciones en 2003, cuando investigó si un banco de Washington, DC cumplía con las leyes federales sobre lavado de dinero. Guinea Ecuatorial era el principal cliente de Riggs Bank, que, entre 1995 y 2004, administró 60 cuentas pertenecientes al gobierno, funcionarios y familiares por valor de nada menos que USD 700 millones[208]. Para efectuar retiros de una cuenta donde realizaban depósitos empresas petroleras estadounidenses que tenían presencia en Guinea Ecuatorial (principalmente ExxonMobil y Marathon) se necesitaba la firma del presidente Obiang y de su hijo, el ministro de Minas Gabriel Obiang Lima, o de su sobrino, el secretario de Estado para Tesoro y Presupuesto Melchor Esono Edjo[209]. Obiang era el único firmante en dos cuentas de inversión, que estaban asociadas con una cuenta de mercado monetario desde la cual cualquiera de estas tres personas podía autorizar extracciones. Entre 2001 y 2004, estas tres cuentas tuvieron saldos globales de hasta USD 500 millones[210].

En 2004, el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de EE. UU. llegó a la conclusión de que Riggs Bank aprobó transferencias bancarias por valor superior a USD 35 millones desde la cuenta del gobierno hacia las cuentas de dos empresas, Kalunga Co. y Apexside Trading, y el comité señaló que tenía “motivos para creer que al menos una de esas empresas receptoras es controlada total o parcialmente por el presidente de Guinea Ecuatorial”[211]. El informe identificó otras transferencias sospechosas y depósitos injustificados de grandes sumas de efectivo en las cuentas personales de funcionarios. También determinó que empresas petroleras estadounidenses efectuaron pagos a un fondo de becas estudiantiles, pero que “muchos y posiblemente todos esos estudiantes eran hijos o familiares de funcionarios de G.E.”[212]. El gobierno estadounidense aplicó una multa de USD 25 millones a Riggs Bank por “incumplir deliberadamente sus obligaciones legales de implementar un programa adecuado contra el blanqueo de capitales”[213]. Posteriormente, el banco cerró y se fusionó con PNC Financial Services.

Una investigación iniciada por una organización de derechos humanos española, Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), concluyó que al menos cinco de las trasferencias desde cuentas del gobierno en Riggs Bank hacia la cuenta de Kalunga coincidían sustancialmente con las compras de nueve inmuebles realizadas en Madrid, Gijón y Las Palmas de Gran Canaria, en las Islas Canarias, en nombre de Obiang, familiares suyos u otros de sus allegados[214]. Entre 2000 y 2003, se depositó un total de USD 26,5 millones en la cuenta de Kalunga en Banco Santander[215].

En mayo de 2008, APDHE interpuso en la justicia española una querella penal contra 11 altos funcionarios del gobierno ecuatoguineano y familiares de estos por presunto blanqueo de dinero. Como parte de la investigación, las autoridades españolas detuvieron a Vladimir y Julia Kokorev y a su hijo Igor, quienes, según sostienen, inscribieron a la sociedad Kalunga como sociedad instrumental de funcionarios gubernamentales, y abrieron sus cuentas[216]. Los funcionarios sostienen que la pareja transfirió grandes sumas de dinero desde sus cuentas hacia las de altos funcionarios del gobierno de Guinea Ecuatorial, como por ejemplo una transferencia por USD 2 millones efectuada a Fausto Abeso Fuma, yerno de Obiang y ministro de Aviación[217].

La prensa oficial respondió a estas acusaciones alegando que eran “infundadas” y que “se enmarcan en la actitud habitual, para muchos medios e instituciones occidentales, de denigrar y humillar al continente y a los dirigentes africanos”[218].

Casos de corrupción que involucran a Teodorín

Los escandalosos hábitos de consumo del hijo mayor de Obiang, Teodoro Nguema Obiang Mangue (conocido como Teodorín), lo han convertido en blanco de varias investigaciones internacionales sobre lavado de dinero. Teodorín fue nombrado vicepresidente en junio de 2016[219]. Muchos creen que probablemente sucederá a su padre como presidente.

Señalamientos de corrupción en Estados Unidos

Entre 2004 y 2010, Teodorín, que entonces ocupaba el cargo de ministro de Agricultura y Bosques y percibía un salario inferior a USD 100.000 por año, realizó compras exorbitantes por USD 110 millones en EE. UU., donde adquirió una mansión en Malibú, California, un avión Gulf Jetstream, una flota de automóviles de lujo y, en un hecho que cobró bastante trascendencia pública, compró una serie de objetos de colección de Michael Jackson por valor de USD 1 millón, incluido el guante blanco recubierto con piedras que la estrella pop usó en la gira “Bad”[220]. Estas compras pusieron en alerta a las autoridades estadounidenses contra el lavado de dinero, y en 2010 el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de EE. UU. publicó un informe en el cual expuso los motivos por los cuales creía que estos objetos habían sido comprados con dinero de origen dudoso. El año siguiente, la Iniciativa Contra la Cleptocracia (Anti-Kleptocracy Initiative) del Departamento de Justicia (Department of Justice, DOJ) presentó una demanda para confiscar algunos de estos bienes por valor de USD 70,8 millones, aduciendo que fueron comprados con ganancias obtenidas a través de corrupción en el extranjero, en violación del derecho estadounidense[221].

Las entrevistas realizadas durante el transcurso de la investigación del Departamento de Justicia permitieron ver cómo Teodorín usaba su puesto oficial para exigir “impuestos” y comisiones ilícitas por valor de millones de dólares. El Departamento de Justicia finalmente llegó a un acuerdo extrajudicial, luego de que Teodorín aceptara entregar bienes por USD 30 millones, que “serán entregados a una organización, que deberá usar los fondos en beneficio de la población de Guinea Ecuatorial”[222]. Las investigaciones de Human Rights Watch indican que el dinero todavía no ha sido distribuido.

En vez de iniciar su propia investigación ante las evidencias abrumadoras de las actividades corruptas de Teodorín, el gobierno de Guinea Ecuatorial emitió una declaración en la cual repudió el informe del Senado de EE. UU., calificándolo de “racista, xenófobo, prepotente y segregacionista”. Defendió a Teodorín afirmando que conforme al derecho ecuatoguineano los ministros de gobierno “están perfectamente autorizados a realizar negocios y mantener otros tipos de trabajos al margen de sus obligaciones Ministeriales”[223]. En la justicia, Teodorín alegó que las leyes contra la corrupción que prohíben que un “funcionario público” (u otro funcionario gubernamental) realice transacciones en beneficio propio se aplican únicamente a empleados públicos y no a altos funcionarios del gobierno[224].

Denuncias de corrupción en Francia y Suiza

Durante los mismos años en los cuales realizó estos gastos exorbitantes en Estados Unidos, Teodorín también habría gastado EUR 175 millones (USD 189 millones al cambio actual) en Francia para la compra de una vivienda de lujo en la exclusiva avenida Foch de París, una colección de 26 automóviles de lujo y 8 motocicletas, obras de afamados artistas, lujosos artículos de diseño, hoteles y vinos añejos[225]. Dos organizaciones no gubernamentales francesas, Transparency International Francia y Sherpa, iniciaron una causa penal contra Teodorín en 2008, alegando que había violado las leyes contra el lavado de dinero de Francia. El tribunal de tres jueces a cargo de la causa procesó a Teodorín en marzo de 2014, y dos años más tarde determinó que había pruebas suficientes para elevar la causa a juicio[226]. El juicio, programado inicialmente para el 2 de enero de 2017, ha sido fijado para el 19 de junio de 2017.

Si bien los documentos de la causa están bajo secreto de sumario, Human Rights Watch y los medios de comunicación pudieron acceder a información vinculada con los cargos. La decisión judicial que dispuso el procesamiento de Teodorín sostiene que entre 2004 y 2011, se transfirieron casi EUR 110 millones (USD 119 a la tasa de cambio actual) desde las arcas públicas hacia cuentas de las cuales Teodorín era titular. En particular, alega que usó las empresas forestales y de construcción de su propiedad, SOMAGUI, SOCAGE, y EDUM, para desviar dinero hacia Francia, aunque los fondos para muchos de los gastos más significativos pasaron por cinco sociedades suizas creadas para tal fin.

En respuesta a la decisión del fiscal francés de procesar a Teodorín, el 27 de mayo de 2016 el gobierno de Guinea Ecuatorial emitió una declaración en la cual expresó su “repulsa” a que el fiscal “desprecie la figura institucional de nuestro Segundo Vicepresidente” o no reconozca su inmunidad[227]. Al mes siguiente, Guinea Ecuatorial presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) alegando que Francia estaba incumpliendo su obligación de respetar la inmunidad de Teodorín[228]. La demanda también sostenía que el gobierno de Guinea Ecuatorial utilizó la mansión de la avenida Foch como misión diplomática, y por ende también le correspondía la inmunidad oficial. Aproximadamente una semana después de presentar la demanda, el presidente Obiang nombró rápidamente a su hijo como vicepresidente. El 7 de diciembre de 2016, la CIJ desestimó el señalamiento de Guinea Ecuatorial de que la fiscalía francesa había violado la inmunidad de Teodorín, y determinó que era incompetente[229]. Sin embargo, dispuso que Francia debía respetar la protección diplomática de la mansión hasta que adoptara una decisión definitiva sobre su situación[230].

Suiza inició una investigación de Teodorín por separado en octubre de 2016[231]. Incautó 11 automóviles de lujo en relación con la investigación, y las autoridades holandesas, a pedido de la justicia suiza, incautaron un yate valuado en USD 100 millones, que supuestamente pertenece a Teodorín[232].

Favorecimiento personal en contratos de infraestructura pública

Las investigaciones impulsadas por el Departamento de Justicia de EE. UU., Francia y otros países mostraron cómo funcionarios gubernamentales habrían desviado fondos públicos por millones de dólares, a menudo a través de sociedades instrumentales que no parecían realizar ninguna actividad concreta[233]. Por ejemplo, diversas fuentes entrevistadas por investigadores estadounidenses citaron la empresa constructora SOCAGE (Sociedad de Carreteras de Guinea Equatorial), de propiedad de Teodorín, como un ejemplo claro de una sociedad instrumental de propiedad de un ministro de gobierno, que tenía como único propósito apropiarse de dinero gubernamental.

En una causa distinta iniciada por un empresario sudafricano en Johannesburgo, Teodorín reconoció en 2006 que las utilidades de SOCAGE procedían de contratos públicos que, según dijo, también suponían una fuente de riquezas para otros ministros. El empresario sudafricano alegó que el gobierno ecuatoguineano le debía dinero y presentó una demanda para que se confiscaran dos viviendas que tenía Teodorín en Ciudad del Cabo. El empresario planteó que Teodorín, que entonces era ministro de Agricultura y Bosques, compró las viviendas con dinero del gobierno, y que, por ende, podían usarse para cancelar una deuda que supuestamente tenía el gobierno con él. En respuesta, Teodorín presentó una declaración jurada en la que justificaba su propiedad de las viviendas, alegando que las había comprado con fondos transferidos desde SOCAGE, e indicó que esta sociedad obtenía los fondos legalmente, aun si el dinero procedía del tesoro público:

Los ministros del Gabinete y los servidores públicos en Guinea Ecuatorial están habilitados por ley a ser titulares de sociedades que, en consorcio con otra sociedad extranjera, pueden participar en licitaciones de contratos públicos y, en caso de resultar adjudicatarias, entonces el porcentaje del costo total del contrato que obtiene la empresa dependerá de los términos negociados entre las partes. Sin embargo, cualquiera sea el supuesto, esto permite que un ministro de gobierno termine con una parte considerable del valor del contrato en su propia cuenta bancaria[234].

Si bien diversas fuentes entrevistadas por investigadores estadounidenses y franceses se enfocaron principalmente en las empresas de Teodorín como objeto de sus investigaciones, según fuentes consultadas, estas entrevistas y otros documentos indican que la autocontratación es una práctica generalizada entre funcionarios gubernamentales de alto rango, incluido el presidente. El presidente reconoció sus “intereses privados” ante funcionarios estadounidenses, según el cable emitido por el Departamento de Estado en 2009 que se conoció a través de WikiLeaks[235]. “Tengo que cuidar de mi familia, por eso
mantengo intereses privados paralelamente", manifestó. La falta de transparencia hace que resulte imposible cuantificar el valor de los contratos públicos con funcionarios y sus familiares, pero han trascendido detalles que brindan indicios en este sentido.

Tres asesores del FMI que trabajaron en Guinea Ecuatorial señalaron a investigadores estadounidenses que la práctica por la cual los funcionarios aumentaban artificialmente contratos públicos para obtener ganancias a nivel privado era generalizada. Un experto del FMI señaló:

Los líderes del país que están involucrados en la construcción de carreteras, escuelas, aeropuertos y hospitales no se preocupan por sus ciudadanos. Todas estas empresas están llevando a cabo estos proyectos bajo el control y la gestión de una compañía de propiedad del presidente de Guinea Ecuatorial. La percepción que el presidente procura transmitir es que él estaba impulsando el desarrollo de Guinea Ecuatorial como país, pero... el presidente y sus familiares están obteniendo un lucro personal porque son propietarios de todas estas empresas[236].

De manera similar, otro economista del FMI “considera que los proyectos que requieren inversiones y gastos públicos son fuentes significativas de corrupción en Guinea Ecuatorial. Estos proyectos incluyen aeropuertos, puertos, edificios y carreteras”[237]. Un tercer experto, contratado para trabajar en la política fiscal de Guinea Ecuatorial, señaló que había observado indicaciones de que “una parte sustancial de los contratos del gobierno se adjudicaban de las cuentas del tesoro público mantenidas en el Banco de los Estados de África Central [Bank of Central African States, BEAC] a sociedades de propiedad de ministros del gobierno”, y señaló que la “compañía más grande de Guinea Ecuatorial es de propiedad del presidente Obiang, y es una empresa constructora”[238]. A esa empresa se le adjudicó un contrato para una carretera de tres millas de extensión que uniría Malabo con el aeropuerto, según el experto, pero completarla llevó tres años porque “para la empresa constructora era económicamente conveniente incrementar artificialmente los precios que cobraba y prolongar las obras, pues de ese modo tanto la empresa como el funcionario de Guinea Ecuatorial ganarían más dinero y recibirían más pagos del tesoro público del país”[239].

Abayak

Es posible que el experto fiscal del FMI estuviera refiriéndose a Abayak, una empresa constructora de gran envergadura que importa materiales de construcción y desarrolla actividades en el sector inmobiliario. La investigación del Senado de Estados Unidos señaló que Abayak “es controlada por el presidente de Guinea Ecuatorial, quien además es identificado en la documentación relativa a identificación de clientes (Know-Your-Customer, KYC) de Riggs como el presidente de la compañía”[240]. Human Rights Watch obtuvo lo que parece ser el instrumento constitutivo de Abayak, que establece que la sociedad se creó el 6 de noviembre de 1998, y le otorga al presidente el 75 % de las acciones; a la primera dama, el 15 %; y a Teodorín, el 10 % restante[241]. Según el cable del Departamento de Estado, Abayak tiene la única licencia para importar cemento al país; de manera similar, describió a la empresa como “parcialmente, de propiedad del presidente y la primera dama”. Abayak también participa en otros sectores. Por ejemplo, según la investigación del Senado de Estados Unidos, “en 1998, ExxonMobil estableció una empresa de distribución de petróleo en Guinea Ecuatorial. El 85 % de esta compañía pertenece a ExxonMobil y el 15 % pertenece a Abayak S.A.”[242]. El Senado estadounidense también determinó que Abayak es propietaria de parte de una empresa de telecomunicaciones y tiene el 75 % de la propiedad de una compañía que tiene una participación en plantas de gas y metanol[243].

Según el relato personal de un importante empresario que fue propietario de varias empresas en Guinea Ecuatorial durante más de una década después del descubrimiento del petróleo, y que tenía un estrecho vínculo comercial con el presidente, Abayak también tiene una participación del 12 % en Arab Contractors, una de las compañías constructoras más grandes del país. Sofona, una compañía de propiedad de Teodorín, presuntamente tiene el 8 % de las acciones[244]. El empresario afirma que trabajaron como subcontratistas en un proyecto adjudicado a Arab Contractors para construir 3.000 unidades de viviendas sociales, por un valor total de USD 142,5 millones. Lo informado por el empresario también señala que el presidente y Teodorín tienen grandes intereses en Somagec, otra gran empresa constructora, si bien no se indica la proporción exacta de su participación.

General Works y SOCAGE

General Works fue, en un momento, una de las empresas constructoras más grandes que operaban en Guinea Ecuatorial. Se le han adjudicado decenas de proyectos públicos, que incluyen la construcción de autopistas, puentes, edificios públicos y cuarteles militares[245]. Según investigadores estadounidenses e italianos, la compañía era un medio importante a través del cual el presidente y su familia lucraban con los contratos públicos[246]. Un empresario italiano, Igor Celotti, fue director ejecutivo de General Works y accionista mayoritario hasta un mes antes de morir en un accidente aéreo, el 21 de junio de 2007. Ante la sospecha de irregularidades, la policía financiera italiana impulsó una investigación de los intereses de la familia presidencial en la empresa después de este accidente[247].

Según una declaración del investigador principal del Departamento de Justicia en la causa estadounidense, Roberto Manzanares, la policía italiana descubrió que, un mes antes de morir, Celotti había transferido el 45 % de las acciones de la empresa a su esposa y el resto a miembros de la familia presidencial, sin recibir compensación alguna. Mediante esa participación, estas personas accedían al control de la empresa[248]. La policía creía que el 45 % de los ingresos de General Works “se desviaban en forma de sobornos a [Teodorín]”. Sobre la base de un análisis de los registros financieros y bancarios de Celotti, la policía italiana concluyó que Teodorín y su padre eran titulares, en forma conjunta, de una “red de cuentas bancarias internacionales que contenían millones de dólares robados, originados en fondos gubernamentales que habían sido sustraídos del tesoro de Guinea Ecuatorial a través de contratos de obras de construcción para el gobierno obtenidos por General Work”[249]. Tres ejecutivos del sector de la construcción que trabajaban en Guinea Ecuatorial confirmaron independientemente a investigadores estadounidenses que Teodorín “usó General Works como un vehículo a través del cual se apropió indebidamente de decenas de millones de dólares del tesoro público de Guinea Ecuatorial”. Uno de ellos también manifestó que la familia del presidente “era propietaria de General Work y controlaba la empresa”[250].

Además de las ganancias que el presidente y su familia presuntamente obtuvieron a través del porcentaje de titularidad en General Works, dos exempleados de alto rango manifestaron a investigadores de EE. UU. que era una práctica habitual de la empresa aumentar artificialmente el costo del contrato y luego subcontratar una parte del trabajo a sociedades instrumentales de propiedad de Teodorín, incluida SOCAGE. Uno de ellos mostró a investigadores del Departamento de Justicia un contrato entre General Works y SOCAGE y les dijo:

Aunque las empresas del ministro Obiang, como SOCAGE, se mencionaran como presuntas subcontratistas de General Works en la ejecución de varios proyectos de construcción del gobierno, estas empresas no existían en la realidad (salvo formalmente). Estas entidades eran vehículos por medio de los cuales el ministro Obiang podía robar y recibir pagos del gobierno de Guinea Ecuatorial (a través de General Works) en virtud de algún tipo de contrato público fraudulento y con valores inflados. La obra concreta a la que se hace referencia en estos contratos, y que se suponía que debía ser ejecutada por las empresas del ministro Obiang, era en realidad llevada a cabo por cuadrillas de construcción de General Works.

La fuente presentó documentos que, según el resumen de la entrevista que realizaron los investigadores, “corroboran su versión de lo que aconteció”. La persona también mostró a los investigadores cientos de registros bancarios de talones de cheques originales emitidos por General Works a Teodorín o a su representante, como así también registros bancarios de dos de las empresas de Teodorín, SOCAGE y SOMAGUI.

El segundo exempleado de General Works describió a los investigadores prácticamente la misma situación. Las compañías de Teodorín, manifestó la fuente,

solamente existían en los papeles y no contaban con operaciones ni personal reales, no tenían capacidad para pavimentar carreteras y, por lo tanto, GW tenía que llevar a cabo los proyectos en lugar de ellas. Estos proyectos de obras proporcionaban un medio para que el ministro Obiang robara dinero del tesoro de Guinea Ecuatorial. GW ofrecía sobornos al ministro Obiang por diversos contratos, cuyo valor se había incrementado artificialmente por orden del ministro... Por ejemplo... si el costo real de un proyecto de construcción era de 2 millones de dólares, el ministro Obiang daba instrucciones a GW de que preparara y presentara una factura por el proyecto al gobierno de Guinea Ecuatorial por 10 millones de dólares, de manera que él pudiera recibir una comisión ilícita de 8 millones de dólares[251].

Human Rights Watch recibió información sobre la reciente disolución de General Works, pero no pudo confirmar este dato ni obtener información más detallada.

Eloba y ABC

El empresario italiano Roberto Berardi describió un acuerdo comercial que presuntamente tenía con Teodorín y con la primera dama de Guinea Ecuatorial, Constancia Mangue, para conseguir contratos públicos. Teodorín y Berardi eran propietarios, en forma conjunta, de una empresa constructora denominada Eloba Construcción. En 2013, la policía de Guinea Ecuatorial detuvo a Berardi por orden de Teodorín, bajo la acusación de malversación de fondos de Eloba[252]. Berardi fue declarado culpable y condenado a más de dos años de cárcel. Berardi alega que su detención fue en represalia por confrontar a Teodorín, en relación con señalamientos, plasmados en la demanda por blanqueo de capitales que planteó el Departamento de Justicia de EE. UU., de que Teodorín había usado la cuenta de Eloba para desviar casi USD 1 millón a Estados Unidos. La batalla legal llevó a Berardi a echar luz sobre lo que, según sostiene, era el funcionamiento interno de una empresa constructora con base en Guinea Ecuatorial que, en circunstancias normales, habría estado alejada de la mirada pública.

El 19 de junio de 2013, poco después de que Berardi fuera acusado de malversación de fondos, escribió una carta a su abogado y a la embajada italiana de Guinea Ecuatorial, en la cual expuso su acuerdo comercial con Teodorín. Según la carta, había fundado Eloba Construcción en 2008 en sociedad con Teodorín, quien tenía una participación del 60 % en la compañía, aun cuando no aportaba capital ni participaba de otro modo en su administración. El rol de Teodorín consistía, en cambio, en ayudar a obtener contratos públicos, de los cuales él y su madre también se beneficiarían.

Berardi, que estaba viviendo en Guinea Ecuatorial, explicó en la carta un ejemplo de cómo funcionaba el mecanismo: “Un día, recibí una llamada inesperada de las oficinas [de Teodorín] diciéndome que tenían una lista de trabajos para nuestra empresa... las obras se subcontrataban desde la empresa ABC, de propiedad de la primera dama (su madre)... por un total de 8.800 millones de francos (EUR 13,5 millones)”[253]. Según la declaración de Berardi, los subcontratos iniciales fueron para dos proyectos, los mercados Bikuy e Ikunde en Bata, pero Teodorín pronto pudo obtener muchos más para la compañía; como por ejemplo, la zona industrial de Bata, tres cuarteles militares, un matadero público y una pastera.

En una entrevista mantenida con Human Rights Watch después de ser liberado y regresar a Italia, Berardi señaló que ABC funcionaba como una sociedad instrumental y que se le adjudicaban contratos públicos por millones de dólares, que luego ejecutaba mediante subcontratos con Eloba y otras empresas por una fracción del precio original del contrato[254]. Dio un ejemplo en el que indicó que ABC recibió un pago de 30.000 millones de francos CFA (USD 50 millones) para un proyecto que luego la primera dama subcontrató a Eloba, a la cual le pagó EUR 12 millones (USD 13 millones)[255].

Berardi dijo que siguieron llegando nuevos contratos, junto con pedidos personales de la primera dama para la ejecución de otras obras públicas cuyos contratos habían sido adjudicados a ABC, pero según señaló, pocas veces le pagaban por su trabajo[256]. En su declaración escrita, Berardi afirmó que, cuando la empresa efectivamente recibía pequeños adelantos para los proyectos, Teodorín exigía la mitad de esos montos, a pesar de que Berardi no había recuperado su inversión de capital ni cobrado un sueldo como director general de Eloba[257].

Berardi fue liberado el 9 de julio de 2015. Según lo informó su familia y otras fuentes confidenciales, Berardi fue torturado y sometido a largos períodos de aislamiento durante su detención. Además, con frecuencia se le negó el acceso a atención médica y asesoramiento legal[258].

Leyes que posibilitan la corrupción

Conflicto de intereses

El presidente Obiang y otros funcionarios han defendido sus acciones señalando que, en el país, es legal que los funcionarios gubernamentales operen empresas privadas y celebren contratos con el gobierno. Tal como se señaló anteriormente, Teodorín se defendió, en los tribunales de Sudáfrica y de Estados Unidos, argumentando que las actividades de sus empresas eran legales en Guinea Ecuatorial. Su gobierno ha invocado, de manera similar, las disposiciones legales del país cuando debió responder a investigaciones internacionales sobre corrupción[259].

El deficiente sistema legal de Guinea Ecuatorial es una parte fundamental del problema[260]. A fin de evitar conflictos de intereses en la contratación pública, Transparency International, una de las principales organizaciones de la sociedad civil que trabajan contra la corrupción, recomienda que los países establezcan pautas que definan claramente los conflictos de intereses y exijan a los funcionarios involucrados en el proceso que divulguen información sobre sus participaciones privadas y sus activos, además de la prohibición de que tomen ciertas decisiones o desempeñen ciertas funciones cuando exista la posibilidad de conflictos de intereses[261]. También recomienda la importancia de la transparencia, la participación de actores involucrados y los mecanismos de revisión claros para garantizar que las pautas se implementen y apliquen de manera efectiva. No obstante, Guinea Ecuatorial parece contar solo con normas muy elementales sobre conflictos de intereses entre las obligaciones públicas de los funcionarios gubernamentales y las empresas privadas, e incluso estas parecen no aplicarse[262].

Políticas de evaluación de proyectos y contratación

Mientras que la ausencia práctica de normas sobre conflictos de intereses favorece la autocontratación, el proceso opaco e informal para evaluar proyectos, adjudicar contratos y supervisar pagos contribuye a que este fenómeno se manifieste. En su Análisis de Gasto Público, el Banco Mundial criticó la “informalidad generalizada” de la administración de las finanzas públicas de Guinea Ecuatorial, y destacó al sector de infraestructura en particular como una fuente potencial de apropiación indebida:

La falta de un marco legal para la administración de las finanzas públicas es particularmente visible en el sector de infraestructura, donde no existen normas legales para ejecutar gastos y contrataciones, ni tampoco pautas para la evaluación y selección de proyectos... La decisión de las autoridades de implementar proyectos rápidamente agrava el carácter ya laxo de los requisitos presupuestarios. No obstante, no existe una lista actualizada de proyectos de infraestructura en curso o finalizados en los últimos cinco años, y esto limita la posibilidad de identificar infraestructura recientemente construida o el costo de los proyectos en marcha... La decisión final sobre asignación de las inversiones corresponde a la Presidencia, sin que sea necesario registrar el proyecto de inversión en el presupuesto que se está ejecutando, y se elude así toda evaluación formal o sistema presupuestario existente[263].

Aun en los casos en los que existen marcos regulatorios, estos no siempre se encuentran disponibles para el público. El Banco Mundial, por ejemplo, no pudo acceder a la ley de 2003 que reglamenta las finanzas públicas del Estado para su Análisis de Gasto Público[264]. (Human Rights Watch pudo obtener una copia). Esta falta de transparencia también se pone de manifiesto en los contratos: “No se producen informes de auditoría externa y no se da publicidad a las adjudicaciones de contratos. La actual falta de transparencia reduce la rendición de cuentas en los organismos y aumenta las oportunidades de apropiación indebida”[265]. La opacidad del proceso permite que los oficiales de alto rango tengan una influencia exorbitante sobre qué proyectos se aprueban, quién gana el contrato y cuánto cobran. Según funcionarios del FMI que han trabajado en el país, el presidente decide a qué empresas se les adjudican contratos y cuánto se les paga. Un experto del FMI señaló a los investigadores del Departamento de Justicia de EE. UU. en 2011: “No existe un proceso formal de ningún tipo que determine cómo se adjudican los contratos en Guinea Ecuatorial. Depende exclusivamente de que lo haga el presidente. El presidente decide a qué empresa se le permite hacer negocios en Guinea Ecuatorial”[266].

Un problema conexo es la escasa supervisión de los pagos. La Comisión Nacional de Pagos tiene la responsabilidad de revisar y aprobar todos los pagos, pero no se reúne con regularidad, según lo señala el informe del FMI para 2015[267]. En cambio, la tarea de aprobar pagos parece recaer en el presidente: un economista del FMI dijo a investigadores de EE. UU. en 2011 que el “presidente de Guinea Ecuatorial autoriza todos los pagos de inversiones y gastos públicos”[268]. Un experto del FMI que, en la actualidad, brinda asistencia técnica al país en relación con sus cuentas nacionales confirmó recientemente a Human Rights Watch que esta situación no ha cambiado, y agregó: “La forma en que manejan el presupuesto es inadecuada. Sin reformas, no podemos acceder a mucha información”[269].

Analizado en su conjunto, este sistema opaco e informal incentiva a las empresas extranjeras a asociarse con funcionarios gubernamentales locales a fin de cumplir con el requisito legal sobre contenido local, que exige que al menos el 35 % de la titularidad de las empresas que operan en el país sea de ecuatoguineanos. Las entrevistas realizadas por el Departamento de Justicia de EE. UU. como parte de su investigación sobre lavado de dinero sugieren que la asociación de Berardi con Teodorín para obtener contratos públicos a través de ABC Construction —una empresa que es, al menos parcialmente, de propiedad de la primera dama— no constituye un caso de excepción.

Un exfuncionario de alto rango de General Works dijo a los investigadores: “Si una persona o una sociedad tenía la intención de hacer negocios en Guinea Ecuatorial, debía tener contactos o amigos en cargos claves dentro del gobierno de ese país, para conseguir que se le adjudicaran contratos”[270]. El experto en política fiscal del FMI expresó prácticamente la misma idea: “No existen procesos formales o transparentes para la adjudicación de contratos públicos; el único requisito es conocer a un funcionario del gobierno”[271]. Christopher Kernan, exdirector del programa nacional de Conservation International para Guinea Ecuatorial y Gabón, contratado por US AID, hizo declaraciones similares a los investigadores: “Era difícil tener una actividad comercial en Guinea Ecuatorial si la empresa no tenía un contacto con la familia Obiang. Por ese motivo, las empresas reclutaban a un miembro de la familia para que formara parte de la junta directiva y constituían empresas conjuntas con sociedades de propiedad de Guinea Ecuatorial”[272].

Sociedades de titularidad anónima y leyes sobre secreto bancario

Los países extranjeros que permiten que se constituyan sociedades en sus jurisdicciones sin revelar los nombres de sus propietarios contribuyen a que los funcionarios corruptos de países como Guinea Ecuatorial puedan ocultar el rastro de maniobras de lavado de dinero y autocontratación. Teodorín utilizó una sociedad anónima inscripta en California para comprar una mansión valuada en USD 35 millones en Malibú; también usó sociedades de titularidad anónima para abrir cuentas bancarias en California, lo cual le permitió ocultar su identidad y eludir los procedimientos especiales contra la corrupción para políticos que implementa EE. UU.[273]. Los fiscales del Departamento de Justicia de EE. UU. sostienen que estas sociedades eran vías para la transferencia de fondos ilícitos.

Las sociedades de titularidad anónima también pueden servir de pantalla para ocultar acuerdos viciados por conflictos de intereses. Por ejemplo, el gobierno de Guinea Ecuatorial adjudicó a una empresa denominada International Medical Services GE un contrato valuado en 45.300 millones de francos CFA (USD 75 millones) para construir un hospital en Oyala, según consta en lo que parece ser el contrato de fecha 11 de julio de 2011, al cual tuvo acceso Human Rights Watch[274]. El contrato menciona a Ovadia Yardena, un ciudadano israelí con estrechos vínculos con el presidente, como representante de la empresa, pero lo que parece ser el instrumento constitutivo de la sociedad —documento al cual Human Rights Watch también pudo acceder— no incluye ningún nombre de accionistas de la sociedad[275]. La legislación de Guinea Ecuatorial exige, al menos, el 35 % de titularidad local, y esta falta de transparencia hace que resulte muy difícil discernir si los socios locales incluyen a funcionarios del gobierno o sus familiares.

Las leyes sobre secreto bancario de países extranjeros también pueden encubrir la corrupción. La investigación que llevó a cabo el Senado estadounidense en el año 2004 determinó que Riggs Bank había transferido fondos públicos por USD 35 millones a dos compañías que los investigadores de EE. UU. creían que pertenecían al presidente, pero cuya propiedad no pudieron confirmar debido a las leyes españolas sobre secreto bancario. El informe del Senado estadounidense sobre la investigación determinó que: “Esta prohibición de revelar información... supone un grave obstáculo para las acciones contra el lavado de dinero que impulsa EE. UU.”[276].

V.Obligaciones de derechos humanos de Guinea Ecuatorial

Los derechos a la salud y la educación

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) reconoce “el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”[277]. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), un órgano especializado que interpreta el PIDESC, ha definido el derecho a la salud indicando que incluye servicios, bienes y establecimientos de salud que estén disponibles y sean accesibles, aceptables y de buena calidad[278]. Estos servicios deberían incluir un “sistema de protección de la salud que brinde a todos iguales oportunidades para disfrutar del más alto nivel posible de salud; el derecho a la prevención y el tratamiento de las enfermedades, y la lucha contra ellas; el acceso a medicamentos esenciales; la salud materna, infantil y reproductiva; el acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos”[279]. Según el Comité DESC, el derecho a la salud también se extiende a los “factores determinantes básicos de la salud”, como agua potable segura, servicios básicos de saneamiento y nutrición adecuada[280].

La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), ratificada por Guinea Ecuatorial en 1992, también protege el derecho a la salud de los niños. Conforme a la CDN, los gobiernos están obligados a adoptar medidas para reducir la mortalidad infantil; asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que sea necesaria a todos los niños, haciendo hincapié en el desarrollo de la atención primaria de salud; combatir las enfermedades y la malnutrición; y garantizar atención sanitaria prenatal y posnatal a las madres[281].

La Constitución de Guinea Ecuatorial dispone que “el Estado fomenta y promueve la atención primaria de la salud como piedra angular del desarrollo de la estrategia de dicho sector”[282], pero la legislación y los presupuestos del país no reflejan estas prioridades.

El derecho a la educación está reconocido tanto en el PIDESC como en la CDN, y ambos estipulan que la educación primaria deberá ser obligatoria y estar disponible para todos, y que la educación secundaria debería estar generalmente disponible y ser accesible para todos, y que deberían asegurarse su progresiva implantación gratuita[283]. La CDN también insta a los Estados a “adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar”.

El Comité DESC sostiene que el derecho a la educación exige que la educación esté disponible y sea accesible, de calidad aceptable y adaptable a las necesidades cambiantes de la sociedad. La disponibilidad no solo depende de que haya suficientes establecimientos, sino además de que estos cumplan ciertas condiciones según el “contexto de desarrollo”, lo cual en general exige al menos “edificios u otra protección contra los elementos, instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes calificados con salarios competitivos, materiales de enseñanza, etc.”[284]. El PIDESC también establece que se deben “mejorar continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente”[285].

La constitución de Guinea Ecuatorial se refiere a la educación como un “deber primordial del Estado” y dispone que “todo ciudadano tiene derecho a la educación primaria, que es obligatoria, gratuita y garantizada[286]. A pesar de reiterados intentos, Human Rights Watch no pudo obtener del gobierno ni de otras fuentes una copia de la ley sobre educación de Guinea Ecuatorial. La inaccesibilidad de la ley permite dudar seriamente del grado en que la norma está siendo implementada.

De manera más general, la constitución de Guinea Ecuatorial obliga expresamente al gobierno a actuar de forma acorde con el derecho internacional, y “reafirma su adhesión a los derechos y obligaciones que emanan de las Cartas de las Organizaciones y Organismos Internacionales a los que se ha adherido”[287].

Efectividad progresiva y obligaciones inmediatas

El Comité DESC ha señalado que ciertos componentes “centrales” del derecho a la educación deberían entenderse como una obligación inmediata de todos los Estados, y no como objetivos que deben alcanzarse progresivamente en el tiempo. Esto incluye, entre otras cosas, la obligación de brindar educación primaria gratuita para todos y niveles mínimos de atención de la salud primaria[288]. No obstante, en general, el derecho internacional reconoce que la capacidad de los Estados de asegurar el goce efectivo de los derechos a la salud y la educación varía y depende sustancialmente de los recursos financieros con los que cuentan los gobiernos. Teniendo esto presente, el Comité DESC ha dispuesto que, en general, los derechos a la salud y a la educación, al igual que otros, deben asegurarse progresivamente a lo largo del tiempo. Guinea Ecuatorial, al igual que otros Estados Parte, está obligada a “adoptar medidas... hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente... la plena efectividad” de los derechos a la salud y la educación[289].

Debido a que el concepto de efectividad progresiva es flexible y reconoce los distintos grados de capacidad de los Estados y la existencia de prioridades de gastos legítimas y opuestas, en general no es posible definir con precisión los recursos mínimos que tendría que destinar cada gobierno. Por los mismos motivos, en general es difícil afirmar que un Estado en particular ha incumplido de manera manifiesta su obligación de “efectivizar de manera progresiva” los derechos a la salud y a la educación u otros derechos en el tiempo. Sin embargo, Guinea Ecuatorial representa un ejemplo extremo y, en opinión de Human Rights Watch, el gobierno ha incumplido claramente su obligación de asegurar progresivamente el goce efectivo de los derechos a la salud y la educación.

Guinea Ecuatorial no ha tenido avances en indicadores clave de salud y educación, que en muchos casos siguen siendo los más deficientes a nivel mundial. La precariedad absoluta de las condiciones ha persistido, y en algunos casos incluso se ha agravado, a pesar del incremento masivo y transformador de la capacidad financiera del gobierno en las últimas décadas. La falta de avances no se debe únicamente a que no se implementan políticas, sino además a un nivel extremadamente bajo de inversión en salud y educación, en relación tanto con los vecinos de Guinea Ecuatorial en la región como con países en otras regiones del mundo que tienen niveles de ingresos comparables. Las inversiones limitadas que ha realizado el gobierno se han destinado excesivamente a la educación universitaria y al mantenimiento de hospitales selectos, que solamente atienden a un sector ínfimo de la población. El resto del presupuesto del gobierno se ha centrado, en una proporción desmedida, en proyectos de infraestructura. Muchas de esas inversiones tienen dudosa utilidad social y, concretamente, hay evidencias sustanciales de que al menos muchos proyectos de infraestructura de gran envergadura han sido vehículos para la autocontratación o la corrupción.

Prohibición de la corrupción

La corrupción no es, en sí misma, una violación de derechos humanos. Sin embargo, cuando la corrupción afecta la capacidad del Estado de asegurar progresivamente el ejercicio efectivo de derechos económicos y sociales como la salud y la educación, esto puede originar una violación de sus obligaciones conforme al PIDESC[290].

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que entró en vigor en diciembre de 2005, se adoptó como un instrumento para que los Estados pudieran ser más eficaces al prevenir e investigar actos de corrupción y lograr que los funcionarios públicos rindan cuentas por irregularidades. La convención insta a los Estados a “adoptar sistemas destinados a... prevenir conflictos de intereses, o a mantener y fortalecer dichos sistemas”[291]. En particular, los Estados deberían exigir que los funcionarios hagan declaraciones en relación con “sus actividades externas y con empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios importantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses respecto de sus atribuciones como funcionarios públicos”[292]. También se espera que los Estados adopten sistemas de contratación pública “basados en la transparencia, la competencia y criterios objetivos” como parte de un repertorio de medidas que deberían tomar para prevenir la corrupción[293]. Guinea Ecuatorial es uno de cerca de una decena de países que no son parte en el tratado[294].

La Convención de la Unión Africana para Prevenir y Combatir la Corrupción también exige que los Estados sancionen leyes para, por ejemplo, prohibir formas enumeradas de corrupción, incrementar la transparencia y establecer medidas independientes y adecuadas para garantizar la rendición de cuentas[295]. Guinea Ecuatorial ha firmado la Convención, pero no la ha ratificado.

No obstante, el país ha suscripto la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que insta a los Estados Parte a tipificar la corrupción y “adoptar medidas encaminadas a garantizar la intervención eficaz de sus autoridades con miras a prevenir, detectar y castigar la corrupción de funcionarios públicos”[296]. La Convención también insta a los Estados a “establecer un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión” para las instituciones financieras “a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de dinero”[297]. Guinea Ecuatorial también es parte de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC) y está alcanzada por su reglamento contra el lavado de dinero, que exige, entre otras cosas, que las instituciones financieras identifiquen a los beneficiarios finales de sus clientes[298].

Una ley ecuatoguineana de 2004 sobre Ética y Dignidad en el Ejercicio de la Función Pública aplica algunas restricciones acotadas a los funcionarios. Les prohíbe gestionar o brindar de otro modo servicios a empresas con una concesión o contrato público, pero únicamente si tienen un cargo con “competencia funcional directa” respecto de dicha concesión o contrato[299]. Sin embargo, no parecería prohibir la titularidad de tales empresas[300]. La ley prohíbe que los funcionarios reciban obsequios o donaciones de cualquier tipo “con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones”, y esto incluye ciertas obligaciones en materia de divulgación financiera[301]. Algunos funcionarios públicos —incluidos todos los miembros del poder ejecutivo— deben presentar una declaración patrimonial donde se indiquen todos sus activos e ingresos y los de sus cónyuges e hijos menores, a la Comisión Nacional de Ética Pública dentro de los 30 días siguientes a haber asumido el cargo[302]. Los funcionarios cuyo acceso a la función pública no sea como resultado de sufragio universal también deben presentar sus antecedentes laborales[303]. Estas declaraciones son conservadas con carácter confidencial, salvo para los fines de verificación[304]. Además de estos requisitos sobre presentación de informes, los funcionarios “que hayan tenido intervención decisoria en la planificación, desarrollo y concreción de concesiones de empresas o servicios públicos tendrán vedada su actuación en los entes o comisiones reguladoras de esas empresas o servicios”[305]. No resulta en absoluto claro si estas exigencias en materia de presentación de informes están siendo cumplidas.

Un reglamento español sobre contratos públicos del año 1968, que se aplica en forma complementaria a la legislación de Guinea Ecuatorial, prohíbe a los funcionarios gubernamentales participar en licitaciones de contratos públicos[306]. También establece que, salvo en algunos casos, los contratos públicos solamente podrán adjudicarse a través de un proceso transparente y competitivo de licitación[307]. Arriba de un cierto valor, todos los contratos deben ser evaluados por auditores y publicados en un boletín oficial[308]. No es claro si el gobierno reconoce la aplicación de esta ley, pero no parece cumplirla.

Agradecimientos

La investigación y redacción de este informe estuvieron a cargo de Sarah Saadoun, investigadora de la división de Empresas y Derechos Humanos de Human Rights Watch.

El documento fue revisdo y editado por Arvind Ganesan, director de la división de Empresas y Derechos Humanos; Leslie Lefkow, subdirectora para África; Diederik Lohman, director de la división de Salud y Derechos Humanos; Elin Martinez, investigadora de la división de Derechos del Niño; Chris Albin-Lackey, asesor legal sénior; y Babatunde Olugboji, subdirector de Programas. También Amelia Neumayer, asociada de la división de Empresas y Derechos Humanos, colaboró con aspectos de edición, producción e investigación. La pasante Michelle Stacey contribuyó a la investigación. El informe fue preparado para la publicación por Olivia Hunter; Jose Martinez; y Fitzroy Hepkins, gerente administrativo.

Human Rights Watch agradece a las personas y organizaciones que colaboraron para facilitar esta investigación, incluidas aquellas que apoyaron generosamente nuestra labor en el área de empresas y derechos humanos. Human Rights Watch desea agradecer especialmente al personal de EG Justice y a todas las personas que aceptaron ser entrevistadas para este informe.