Un voluntario de un banco de alimentos de Trussell Trust prepara paquetes de alimentos de sus almacenes de alimentos que fueron donados, artículos de tocador y otros artículos. Londres, Reino Unido.

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(Londres) – Los recortes gubernamentales en el gasto social durante la última década han provocado que decenas de miles de familias pobres en Inglaterra se queden sin alimentos suficientes para comer, una clara violación del deber del gobierno de garantizar una alimentación adecuada, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy.

El informe de 115 páginas, “Nothing Left in the Cupboards: Austerity, Welfare Cuts, and the Right to Food in the UK” (“Nada en la despensa: austeridad, recortes en el gasto social y el derecho a la alimentación en el Reino Unido”), examina cómo los grandes recortes en el gasto social motivados por la austeridad y exacerbados por la implantación del sistema de Crédito Universal y otros cambios, han provocado que muchas familias con niños en Inglaterra pasen hambre y dependan de la ayuda alimentaria de organizaciones benéficas. Muchas de estas familias son monoparentales y están encabezadas por mujeres. Human Rights Watch descubrió que el gobierno del Reino Unido no está cumpliendo con su deber en virtud de la ley de derechos humanos de garantizar el derecho a una alimentación adecuada.

“La forma en que el gobierno del Reino Unido ha gestionado su reducción en el gasto de asistencia social ha hecho que los padres se vean incapaces de alimentar a sus hijos en la quinta mayor economía del mundo”, dijo Kartik Raj, investigador de Europa Occidental de Human Rights Watch. “El gobierno del Reino Unido debería garantizar el derecho a la alimentación de todos en lugar de esperar que sean las organizaciones benéficas las que intervengan y llenen el vacío”.

Human Rights Watch se concentró en tres áreas de Inglaterra con altos niveles de precariedad en Hull, Cambridgeshire y Oxford. Human Rights Watch llevó a cabo 126 entrevistas a familias afectadas por la pobreza alimentaria, voluntarios y personal de bancos y despensas de alimentos y personal de centros comunitarios y escuelas. Como parte de su investigación, también analizó datos oficiales y estadísticas, y revisó información del gobierno del Reino Unido y las autoridades locales.

“A menudo, no me queda nada al final de la semana”, dijo una madre de 23 años de Hull con una hija de 4 años que no pudo encontrar un empleo que se ajustara al horario escolar de su hija. Por eso, recurre a una despensa comunitaria de bajo costo que redistribuye el excedente de alimentos de los supermercados. “Cuando eres madre soltera, hay muy pocos trabajos que puedes hacer que te permitan dejar a tu hijo en la escuela por la mañana, luego ir a trabajar y regresar a las 14.30 para recogerlos. Me salto comidas, para que mi hija pueda comer”.

Human Rights Watch descubrió tres factores que han agravado el incremento del hambre en Inglaterra.

En primer lugar, los gobiernos han reducido drásticamente el gasto de asistencia social en nombre de la austeridad desde 2010, lo que ha afectado de manera desproporcionada a las ayudas para familias y niños. Un análisis de Human Rights Watch de los datos del gasto público muestra que entre 2010 y 2018 la asistencia pública para niños y familias se redujo un 44 por ciento, superando con creces los recortes en muchas otras áreas del gasto gubernamental. Además, el gobierno ha limitado las prestaciones para las familias, introdujo un límite arbitrario y discriminatorio de dos hijos, y durante los últimos cuatro años ha congelado los aumentos anuales a los pagos de asistencia social a pesar de la subida de los precios de los alimentos y la inflación.

En segundo lugar, el gobierno está implementando una reforma importante al sistema de asistencia social, conocido como Crédito Universal, que ha exacerbado la crisis del hambre al retrasar el acceso a los pagos iniciales, haciendo que los beneficiarios de la asistencia social a menudo tengan que esperar semanas enteras a recibir los fondos. El programa también cuenta con un sistema punitivo que impone “sanciones”, reteniendo los pagos a los beneficiarios de las ayudas sociales que no cumplan con los estrictos requisitos para demostrar que tienen o buscan trabajo, a menudo imposibles de cumplir, especialmente para los padres solteros.

En tercer lugar, el gobierno del Reino Unido ha ignorado en gran medida y no ha tomado acciones ante la creciente evidencia de un marcado deterioro en el nivel de vida de los residentes más pobres del país, incluido el vertiginoso aumento en el uso de los bancos de alimentos y los múltiples informes de funcionarios escolares de que muchos niños llegan hambrientos a la escuela y son incapaces de concentrarse. En una reunión con siete madres jóvenes que reclamaban prestaciones sociales, cuatro dijeron que temían que si admitían pasar hambre y pedían abiertamente ayuda alimentaria podrían ser declaradas incapaces de mantener a sus hijos y perder la custodia.

El gobierno recientemente ha tomado ciertas medidas para amortiguar el golpe de algunas de sus políticas más duras. Ha eliminado el límite de dos hijos para los pagos de ayuda social para niños nacidos antes de abril de 2017, aunque sigue vigente para las familias con un tercer hijo nacido desde entonces. Pese a la demora, ha acordado comenzar a medir la inseguridad alimentaria en todo el país. También está proporcionando fondos limitados para desayunos y comidas escolares fuera del año lectivo en algunas áreas desfavorecidas.

Pero aún tiene pendiente reconocer plenamente su responsabilidad en la crisis del hambre y el impacto directo que han tenido muchas de sus políticas, y tomar medidas adecuadas para hacerle frente. En concreto, el gobierno del Reino Unido ha realizado pocos esfuerzos para abordar los significativos problemas estructurales que tiene la política de bienestar que hacen que las familias se vean incapaces de poner comida sobre la mesa, concluyó Human Rights Watch.

El fracaso del gobierno del Reino Unido en abordar adecuadamente el creciente problema del hambre que afecta a las partes más pobres de la población es el resultado de elecciones políticas concretas para reducir la escala del Estado de Bienestar, señaló Human Rights Watch. El gobierno del Reino Unido tiene un deber en virtud del derecho internacional de los derechos humanos de garantizar el derecho a una alimentación adecuada. Eso significa asegurarse de que las personas puedan permitirse comprar alimentos y proporcionar alimentos a través de programas de asistencia o una red de seguridad si las personas no pueden alimentarse adecuadamente. En su incumplimiento de este deber, el gobierno está violando los derechos de las personas en el Reino Unido que pasan hambre.

Sin embargo, los sucesivos gobiernos del Reino Unido no han tratado el derecho a la alimentación como equivalente a otros derechos humanos, en particular denegando a las personas cuyo derecho a la alimentación ha sido violado un recurso efectivo contra el gobierno. El gobierno del Reino Unido debería reconocer el derecho a la alimentación en la legislación nacional, recomendó Human Rights Watch. Debería revocar por completo el límite de dos hijos, poner fin a las demoras en el acceso a los pagos del Crédito Universal y garantizar que los pagos de las prestaciones se mantengan a la par de la inflación, incluido el aumento del costo de los alimentos. El gobierno del Reino Unido también debería desarrollar una estrategia contra el hambre, que incluya un requisito legal para medir la inseguridad alimentaria e informar al Parlamento sobre los resultados.

“Todos los dedos apuntan a que el gobierno del Reino Unidos está detrás de este incremento del hambre”, dijo Raj. “Mantenerse al margen y confiar en las organizaciones benéficas para que recojan los restos de sus perjudiciales y crueles políticas es inaceptable”. El gobierno del Reino Unido debe tomar medidas urgentes y concertadas para garantizar que sus residentes más pobres no se vean obligados a pasar hambre”.