Un pescador en la proa de un barco con una cuerda de amarre en la mano, momentos en que el buque llega al puerto de Pattani, 12 de agosto de 2016.

© 2016 Daniel Murphy for Human Rights Watch

(Brussels) – El trabajo forzado y otros abusos contra los derechos están ampliamente extendidos en las flotas pesqueras de Tailandia a pesar de los compromisos del gobierno de implementar reformas integrales, dijo Human Rights Watch en un informe publicado hoy. El informe y un documental de 15 minutos fueron presentados en una sesión informativa en el Parlamento Europeo el 23 de enero.

El informe de 134 páginas, Hidden Chains: Forced Labor and Rights Abuses in Thailand’s Fishing Industry” (“Cadenas ocultas: trabajo forzado y abusos de derechos en la industria pesquera de Tailandia”) describe cómo a pescadores migrantes de países vecinos del Sudeste Asiático a menudo se les trafica en faenas pesqueras, se les impide cambiar de empleador, no se les paga a tiempo o se les paga por debajo del salario mínimo. Los trabajadores migrantes no reciben protección de la legislación laboral tailandesa y no tienen derecho a formar un sindicato.

Aunque Tailandia recibió una advertencia de “tarjeta amarilla” de que podría enfrentar una prohibición de exportar pescados y mariscos a la Unión Europea debido a sus prácticas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDR), y Estados Unidos ha colocado a Tailandia en el Nivel 2 de su Lista de Alerta en su informe más reciente sobre la Trata de Personas (TIP, por sus siglas en inglés), Human Rights Watch descubrió deficiencias generalizadas en la aplicación de nuevas regulaciones gubernamentales y resistencia en la industria pesquera a las reformas.

“Los consumidores en Europa, EE.UU. y Japón deberían poder confiar en que los pescados y maricos provenientes de Tailandia no implicaron trabajo forzado ni el tráfico de personas”, dijo Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch. “Sin embargo, a pesar de los compromisos de alto perfil del gobierno tailandés para reformar la industria pesquera, los problemas son generalizados”.

Human Rights Watch entrevistó a 248 pescadores activos y retirados, casi todos de Birmania y Camboya, así como a funcionarios del gobierno tailandés, propietarios de barcos y capitanes, activistas de la sociedad civil, representantes de asociaciones pesqueras y personal de agencias de las Naciones Unidas. De los entrevistados, 95 eran antiguos pescadores que sobrevivieron a incidentes documentados de trata de personas, mientras que los otros 153 eran, salvo algunas excepciones, pescadores activos. La investigación se llevó a cabo en los principales puertos pesqueros de Tailandia desde 2015 hasta 2017.

Después de la exposición de los medios de comunicación sobre la trata de personas y los tratos crueles a los que se vieron sometidos pescadores de barcos tailandeses entre 2014 y 2015, la Unión Europea (UE) la puso una tarjeta amarilla a Tailandia por sus deficiencias en el marco de su programa de pesca INDNR. La UE también exigió que las flotas pesqueras tailandesas dejen de abusar de los derechos de los inmigrantes indocumentados y en ocasiones traficados como pescadores, y dijo que Tailandia debería emprender reformas para poner fin a los abusos. El programa TIP de EE.UU. ha presionado a Tailandia manteniendo al país en el Nivel 2 de su Lista de Alerta, un paso por encima del nivel más bajo.

El gobierno tailandés respondió eliminando leyes de pesca anticuadas y emitiendo una nueva ordenanza para regular la industria pesquera. El gobierno extendió la aplicación de las disposiciones clave de la legislación laboral que regulan los salarios y las condiciones de trabajo a los buques pesqueros y estableció por ley algunas disposiciones del tratado de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mediante la adopción del Reglamento Ministerial de 2014 sobre Protección Laboral en el Trabajo de Pesca en el Mar. Se exigió a los pescadores migrantes que tuvieran documentos legales y fueran contabilizados en las listas de la tripulación cuando los barcos zarpaban y regresaban a puerto, lo que ayudó a poner fin a algunos de los peores abusos, como el de los capitanes que matan a miembros de su tripulación. Tailandia también creó el sistema Port-in, Port-out (PIPO) para exigir que los barcos informen de las inspecciones cuando parten y regresan al puerto, y estableció procedimientos para la inspección de embarcaciones pesqueras en el mar.

Algunas medidas, como los sistemas de monitoreo de embarcaciones y la limitación del tiempo en el mar a 30 días, han llevado a importantes mejoras para los pescadores. Sin embargo, las iniciativas para abordar el trabajo forzado y otras medidas importantes de protección laboral y de los derechos humanos a menudo priorizan la forma sobre los resultados, tal y como pudo comprobar Human Rights Watch. El régimen de inspección laboral es en gran medida un ejercicio teatral para consumo internacional, afirmó Human Rights Watch. Por ejemplo, en el sistema PIPO, Human Rights Watch descubrió que los funcionarios hablan con los capitanes y los propietarios de embarcaciones, y que revisan documentos, pero rara vez realizan entrevistas con pescadores migrantes.

A pesar de los importantes recursos de los que dispone el Ministerio de Trabajo de Tailandia y sus departamentos, no existe una inspección efectiva o sistemática de los pescadores que trabajan a bordo de buques tailandeses. Por ejemplo, en su informe de 2015 sobre la trata de personas, Tailandia reveló que las inspecciones de 474.334 trabajadores pesqueros no identificaron ni un solo caso de trabajo forzado. Más recientemente, más de 50.000 inspecciones de pescadores no encontraron un solo ejemplo en el que se hubieran violado las leyes sobre condiciones y horas de trabajo, salarios, trato a bordo y otros puntos de la Ley de Protección Laboral de 1998, de la Regulación Ministerial de 2014 o de las regulaciones consiguientes.

Los requisitos de que los pescadores conserven sus propios documentos de identificación, reciban y firmen un contrato por escrito y se les pague mensualmente se ven frustrados por las prácticas de los empleadores, que mantienen a los pescadores en situación de servidumbre por las deudas y se aseguran de que no puedan cambiar de empleador. La ausencia de un delito independiente de trabajo forzado en el derecho penal tailandés deja una gran brecha en la aplicación de la ley y la disuasión.

“La falta de compromiso del gobierno tailandés significa que las regulaciones y los programas para evitar el trabajo forzado en la industria pesquera están fallando”, dijo Adams. “Los productores, compradores y minoristas internacionales de pescado y mariscos tailandeses tienen un papel clave para evitar que el trabajo forzado y otros abusos sigan ocurriendo”.

En algunos aspectos, la situación ha empeorado en los últimos años, según descubrió Human Rights Watch. Por ejemplo, el sistema de registro de “tarjeta rosa” del gobierno, introducido en 2014 para reducir el número de migrantes indocumentados que trabajan en Tailandia, ha vinculado el estatus legal de los pescadores a lugares y empleadores específicos, cuyo permiso es necesario para cambiar de trabajo, lo que crea un ambiente propicio para el abuso. El sistema de tarjeta rosa, así como las prácticas donde no se informa a los trabajadores migrantes ni se les proporciona copias de los contratos de empleo requeridos, se han convertido en medios por los cuales propietarios de barcos y capitanes sin escrúpulos ocultan la coacción y el engaño detrás de una apariencia de cumplimiento de la ley. De esta forma, rutinarios abusos de derechos son pasados por alto por complacientes funcionarios del gobierno, satisfechos con confiar en los registros en papel enviados por las compañías pesqueras como prueba de su cumplimiento de la ley.

La legislación laboral tailandesa hace que sea difícil para los trabajadores migrantes reivindicar sus derechos. El temor de los pescadores a represalias y abusos por parte de los capitanes de barco y los propietarios de los buques es un factor importante, pero Tailandia también restringe los derechos de los trabajadores migrantes a organizarse en sindicatos para emprender acciones colectivas. En virtud de la Ley de Relaciones Laborales de 1975, cualquier persona que no tenga la nacionalidad tailandesa tiene prohibido legalmente establecer un sindicato o actuar como líder sindical.

Las recomendaciones de Human Rights Watch al gobierno de Tailandia, la UE, EE.UU. y otros pueden encontrarse aquí.

“Nadie debería ser engañado con regulaciones que en el papel lucen bien, pero que no se ejercen  adecuadamente”, dijo Adams. “La UE y EE.UU. necesitan aumentar urgentemente la presión sobre Tailandia para proteger los derechos, la salud y la seguridad de los pescadores”.

Testimonios de pescadores

“Cuando llegué no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Me metieron en un calabozo y no fue hasta que vino el barco que me di cuenta de dónde tendría que trabajar. Me fui a presentar una solicitud para la tarjeta rosa el día 4 y el día 5 ya estaba zarpando en el barco”.

–Superviviente birmano de tráfico de personas, Bang Rin, provincia de Ranong, marzo de 2016

“Si quiero dejar de trabajar aquí necesito pedir permiso al empleador. Algunos empleadores nos permiten irnos, pero algunos dirán que primero debemos pagar las deudas. Por ejemplo, si puedo pagar 25.000 baht [US$762] a un empleador (...) puede que permita que me vaya, pero si no está satisfecho (...) tendría que pagar lo que me exigiese”.

–Thet Phyo Lin, pescador birmano, Mueang Pattani, provincia de Pattani, agosto de 2016

“Uno no se puede ir porque, si se va, no le pagan, y si uno quiere irse al final es sólo si le dejan. A menos que se marche sin su dinero y su tarjeta [rosada], tiene que obtener su permiso”.

–Bien Vorn, pescador camboyano, Mueang Rayong, provincia de Rayong, noviembre de 2016

“Mi tarjeta rosada está con mi empleador. [Él la guarda] porque algunos de nosotros huimos sin haber pagado aún nuestras deudas. Algunos empleadores piensan que perderemos [las tarjetas] o saldremos huyendo de ellos”.

–Veseth San, pescador camboyano, Mueang Rayong, provincia de Rayong, noviembre de 2016

“[Los funcionarios tailandeses] llegan quizás 10 a la vez en un vehículo: tanto hombres como mujeres. Nos hacen esperar en fila, mostrar nuestras tarjetas rosas, llaman nuestros nombres, levantamos la mano, se han ido".

-Tong Seng, pescador camboyano, Mueang Rayong, provincia de Rayong, noviembre de 2016

“No tenemos tiempo para descansar de verdad. Por ejemplo, salimos a las 6 a.m. del puerto y sacamos las redes para atrapar a los peces, y después de un rato recogemos la carga. Repetimos ese proceso hasta altas horas de la noche, dependiendo de la cantidad de peces que hayamos pescado. Así que ya es la mañana del día siguiente cuando volvemos al puerto. Sin embargo, no tenemos la oportunidad de descansar porque entonces tenemos que comenzar a descargar todo el pescado”

–Sai Tun Aung Lwin, pescador birmano, Ratsada, provincia de Phuket, marzo de 2016

“Fue una tortura. Una vez estaba tan cansado que me caí del barco, pero me sacaron del agua de vuelta a bordo".

-Zin Min Thet, superviviente birmano de trata de personas, Bang Rin, provincia de Ranong, marzo de 2016