(Río de Janeiro) – El estado de Río de Janeiro se comprometió a mejorar la seguridad pública como parte de los preparativos para los Juegos Olímpicos, pero no ha hecho lo suficiente para abordar las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por policías, que representan un obstáculo central para lograr una fuerza policial más eficaz, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy.

El informe de 109 páginas, que lleva el título “‘Los policías buenos tienen miedo’: El impacto de la violencia policial en Río de Janeiro”, documenta cómo el uso ilegal de la fuerza letal por parte de policías ha mellado las ambiciosas acciones del estado para mejorar la seguridad pública.

Agentes de la policía de Río han matado a más de 8000 personas durante la última década, incluidas al menos 645 en 2015. Si bien es muy probable que muchas de esas muertes hayan sido resultado del uso legítimo de la fuerza, muchas otras fueron ejecuciones extrajudiciales, según Human Rights Watch.

“La criminalidad violenta es un problema muy real en Río; sin embargo, ejecutar a presuntos delincuentes no es la solución”, observó Maria Laura Canineu, directora para Brasil de Human Rights Watch. “Estas ejecuciones provocan que las comunidades se vuelvan en contra de la policía y empeoran la seguridad de todos”.

Un vehículo blindado de la policía militar pasa por al lado de una persona asesinada por policías, el 7 de abril de 2016 en la favela de Jacarezinho. La policía militar mató a otras dos personas en la misma redada.

© 2016 Carlos Cout

Human Rights Watch entrevistó a más de 30 policías de Río, incluidos varios que hablaron sobre sus experiencias con el uso de la fuerza letal, y dos que admitieron haber participado de manera directa en ejecuciones. Un policía relató un operativo en el cual otro agente ejecutó a un presunto miembro de una pandilla de narcotraficantes, mientras yacía herido en el suelo. Otro se refirió a un operativo que tuvo por objeto matar a presuntos miembros de pandillas, en vez de detenerlos.

Los policías afirmaron que no estaban dispuestos a denunciar los crímenes de sus colegas, por temor a ser asesinados también ellos. “No dudarían ni un milisegundo antes de matarme a mí o a mi familia”, aseveró uno de ellos.

Human Rights Watch comprobó que los policías que participan en ejecuciones extrajudiciales procuran sistemáticamente encubrir su actuación delictiva. Es habitual que miembros de la policía amenacen a testigos, coloquen armas o drogas a sus víctimas, y retiren sus cuerpos del lugar de los hechos para trasladarlos a hospitales, alegando que intentaban “salvar” a estas personas.

Human Rights Watch encontró evidencias creíbles de 64 casos en los cuales policías habían intentado encubrir el uso ilegal de la fuerza letal. Estos casos son una manifestación de un problema mucho más amplio, conforme señalan funcionarios de justicia locales, quienes indicaron a Human Rights Watch que muchos de los “enfrentamientos armados” que la policía registró durante los últimos años fueron, en realidad, ejecuciones extrajudiciales. Y hay datos oficiales gubernamentales que validan esta conclusión.

Durante los supuestos “enfrentamientos armados” que se informaron entre 2013 y 2015, la cantidad de personas muertas por acción de policías de Río fue cinco veces superior a la de personas heridas, es decir, una proporción que implica el contrario de lo esperable. En 2015, policías de Rio mataron a 24,8 personas por cada policía que murió en servicio, lo cual representa más del doble del promedio registrado en Sudáfrica y el triple del correspondiente a Estados Unidos.

Las ejecuciones extrajudiciales por policías tienen graves consecuencias, no sólo para las víctimas y sus familias, sino también para la propia fuerza policial, concluyó Human Rights Watch. Las muertes propician ciclos de violencia que ponen en peligro la vida de todos los agentes que prestan servicio en zonas con elevados índices de delitos, desvirtúan su relación con las comunidades locales y contribuyen a los altos niveles de estrés de los agentes, que reducen su capacidad de desempeñar su trabajo adecuadamente.

Los 64 casos en los cuales Human Rights Watch encontró evidencias de encubrimiento incluyen 35 que fueron originalmente documentados en el informe de 2009 “Fuerza letal”, y 29 casos documentados desde entonces, 12 de ellos en los últimos dos años. En los 64 casos, 116 personas perdieron la vida, incluidos por lo menos 24 menores.

La policía dijo en casi todos los casos que las muertes fueron resultados de “enfrentamientos armados” contra supuestos criminales. Sin embargo, en al menos 20, los informes de las autopsia mostraron que las víctimas habían recibido disparos a quemarropa. En otros casos, las inspecciones del lugar de los hechos o las declaraciones de testigos indicaban que no se habían producido enfrentamientos.

Son muy pocos los casos en los cuales los agentes responsables de ejecuciones extrajudiciales y encubrimientos son llevados ante la justicia. Las investigaciones han sido absolutamente deficientes, concluyó Human Rights Watch. La responsabilidad corresponde, en última instancia, a la Fiscalía de Río de Janeiro, que tiene potestad legal de supervisar la labor de los investigadores policiales, así como de impulsar sus propias investigaciones, señaló Human Rights Watch.

“Al no investigar muertes perpetradas por policías, las autoridades no sólo niegan a las familias de las víctimas la posibilidad de justicia, sino que además causan un gran perjuicio a la propia fuerza policial de Río”, manifestó Canineu. “Mientras no haya rendición de cuentas, seguirá habiendo agentes que cometerán ejecuciones extrajudiciales, y con ello harán más difícil y peligroso el trabajo para todos los demás policías”.

Al postularse para las Olimpíadas, el gobierno brasileño aseguró que los juegos constituirían un “gran catalizador de mejoras a largo plazo para el aparto de seguridad” de la ciudad de Río de Janeiro. La principal iniciativa de seguridad de Río consistió en un proyecto que implicó abandonar las redadas militarizadas en barrios de bajos recursos, y establecer allí unidades de policía comunitaria, denominadas Unidades de Pacificación Policial (UPP).

La cantidad de muertes causadas por policías registradas oficialmente alcanzó un máximo de 1.300 en 2007 y se redujo a unas 400 en 2013, pero desde entonces ha ido en ascenso, llegando a 645 en 2015 y a 322 entre enero y mayo de 2016, según los últimos datos disponibles.

Las autoridades de Río recientemente adoptaron algunas medidas para mejorar el modo en que se manejan los casos de muertes provocadas por policías, como la creación de una unidad de fiscalía especializada en abuso policial. Sin embargo, se necesitan medidas adicionales para fortalecer la nueva unidad y asegurar una adecuada investigación y juzgamiento de estos casos, concluyó Human Rights Watch.

“No es razonable esperar que la policía comunitaria resulte efectiva si hay policías que ejecutan a miembros de las comunidades que deberían proteger”, destacó Canineu. “Y no se puede pretender que policías honestos tengan un buen desempeño cuando viven continuamente atemorizados, no sólo por miembros de organizaciones criminales, sino también por otros miembros de la propia policía”.