Eritreans and Sudanese stand at the perimeter of the Holot “Residency Center” in Israel’s Negev Desert, January 9, 2014. Since mid-December 2013, the Israeli authorities have unlawfully detained thousands there indefinitely in an attempt to coerce them into leaving the country. 

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(Tel Aviv, 9 de septiembre de 2014) – Las autoridades israelíes han coaccionado de manera ilegítima a casi 7.000 ciudadanos de Eritrea y Sudán para que regresen a su país de origen, donde corren riesgo de sufrir graves abusos, señaló Human Rights Watch en un comunicado difundido hoy. Algunos sudaneses que regresan a su país han sufrido torturas y detención arbitraria, y han sido acusados de traición a la patria en Sudán por haber estado en Israel, mientras que los eritreos que retornan también están expuestos a graves abusos.

El informe de 83 páginas, “‘Make Their Lives Miserable:’ Israel’s Coercion of Eritrean and Sudanese Asylum Seekers to Leave Israel” (“‘Hacerles la vida miserable’: Israel coacciona a solicitantes de asilo de Eritrea y Sudán para que abandonen el país”), documenta cómo la engorrosa normativa israelí frustra los intentos de solicitantes de asilo provenientes de Eritrea y Sudán de obtener protección conforme a las leyes de aquel país y el derecho internacional. Las autoridades israelíes han calificado a los ciudadanos eritreos y sudaneses como una “amenaza”, los han denominado “infiltrados”, les han negado el acceso a procedimientos de asilo imparciales y eficientes, y han apelado a su consiguiente situación legal indefinida como pretexto para detenerlos de manera ilegítima por tiempo indefinido o amenazar con hacerlo, forzando así a miles de ellos a abandonar el territorio de Israel.

“Aniquilar la esperanza de las personas de hallar protección, acorralándolas y afirmando luego que abandonan Israel voluntariamente es una medida a todas luces abusiva”, observó Gerry Simpson, investigador sénior sobre cuestiones de refugiados de Human Rights Watch y autor del informe. “La alternativa que enfrentan los ciudadanos eritreos y sudaneses en Israel es vivir constantemente atemorizados por la posibilidad de pasar el resto de sus días en centros de detención en el desierto, o exponerse a ser detenidos y sufrir abusos en su país de origen”.

En 2006, comenzaron a llegar a Israel personas proveniente de Eritrea y Sudán a través de la península del Sinaí en Egipto, que huían de las violaciones de derechos humanos perpetradas en forma generalizada en sus países. Para cuando Israel cerró su frontera con Egipto en diciembre de 2012, cerca de 37.000 eritreos y 14.000 sudaneses habían ingresado al país.

En los últimos ocho años, las autoridades israelíes han aplicado diversas medidas coercitivas orientadas a “hacerles la vida miserable” e “instar a los ilegales a que se vayan”, en palabras del ex ministro de interior de Israel Eli Yishai y el actual ministro de esa cartera, Gideon Sa’ar, respectivamente. Esto incluye la detención por períodos indefinidos, obstáculos al acceso al sistema de asilo israelí, el rechazo del 99,9 por ciento de los reclamos de asilo de ciudadanos eritreos y sudaneses, políticas ambiguas con respecto a la posibilidad de trabajar y acceso sumamente restringido a la atención de la salud.

Desde junio de 2012, las autoridades israelíes han detenido por períodos indefinidos a miles de eritreos y sudaneses por ingresar irregularmente al país, es decir, sin haber pasado por un cruce fronterizo oficial. Luego de que la Corte Suprema de Israel determinara en septiembre de 2013 que esta detención era ilegítima, la respuesta de las autoridades israelíes consistió en dar nuevo nombre a sus políticas sobre detención, y comenzaron a exigir a las personas originarias de Eritrea y Sudán que vivieran en el “Centro Residencial” de Holot, ubicado en el desierto Negev, una zona remota del país, y donde las condiciones se equiparan a las de un régimen de detención, a pesar del cambio de denominación.

En enero de 2014, Human Rights Watch dialogó con una de las primeras personas en ser detenidas en el establecimiento de Holot, un joven eritreo de 21 años que dijo: “La vida en Holot es igual que en [el centro de detención] Saharonim [en Israel], donde antes estuve detenido 14 meses. Muchas de las personas que están aquí tienen problemas de salud mental a causa de haber permanecido detenidas tanto tiempo. Yo también tengo miedo de empezar a tener ese tipo de problemas. He estado en prisión mucho tiempo”.

Hasta fines de agosto de 2014, poco menos de 2.000 eritreos y sudaneses –entre ellos, más de 1.000 personas que habían solicitado asilo– estaban detenidos en el establecimiento de Holot, mientras que algo menos de 1.000 se encontraban en el centro de detención Saharonim. Los otros 41.000 ciudadanos originarios de Eritrea y Sudán que están en distintas ciudades de Israel viven bajo la amenaza constante de que se les ordene presentarse en Holot.

El confinamiento de personas en Holot transgrede la prohibición del derecho internacional sobre detención arbitraria, dado que son asignadas a un lugar concreto donde no pueden desempeñar sus ocupaciones y actividades sociales habituales. Las personas detenidas permanecen allí sin un fin legítimo y de manera indefinida, por aplicación de una política sobre detención indiscriminada. Las autoridades israelíes no han justificado, de manera individual, la decisión de detener a cada persona, y no hay forma de impugnar estas determinaciones.

La única forma mediante la cual los detenidos pueden conseguir ser liberados es siendo reconocidos como refugiados. No obstante, las autoridades israelíes también han negado de manera sistemática a eritreos y sudaneses el acceso a procedimientos justos y eficientes de asilo. Hasta fines de 2012, las autoridades directamente se negaban a registrar sus solicitudes de asilo, aduciendo que no necesitaban estatus de refugiados debido a que Israel toleraba su presencia en el marco de una política de protección grupal que extiende a determinadas nacionalidades.

En febrero de 2013, Israel permitió que eritreos y sudaneses plantearan solicitudes de asilo en cantidades significativas. No obstante, hasta marzo de 2014 las autoridades solamente habían examinado poco más de 450 solicitudes de personas detenidas, mientras que abogados israelíes que atienden casos de refugiados aseveraron que no había evidencias de que las autoridades hubieran evaluado ni una sola solicitud de asilo interpuesta por ciudadanos eritreos y sudaneses en ciudades y localidades israelíes. El promedio de rechazos ha sido de casi el 100 por ciento.

El efecto combinado de estas políticas es que eritreos y sudaneses no tienen otra opción más que la perspectiva de pasar una vida detenidos en Israel o regresar a un país donde posiblemente sean perseguidos y sufran otros graves perjuicios.

Siete ciudadanos de Sudán que regresaron a ese país dijeron a Human Rights Watch que se habían ido de Israel porque temían ser detenidos allí por tiempo indefinido, y aseveraron haber sido detenidos e interrogados en Jartum, la capital de Sudán. Permanecieron allí por extensos períodos, durante los cuales uno de ellos fue torturado, otro fue recluido en régimen de aislamiento y un tercero fue acusado por el delito de traición a la patria.

La legislación sudanesa dispone que todo aquel que haya visitado Israel podrá ser penado con hasta 10 años de prisión en Sudán. Por ese motivo, los ciudadanos sudaneses en Israel cuentan con la posibilidad de plantear un reclamo de tipo sur place para pedir que se reconozca su condición sobreviniente de refugiados, que contempla el temor fundado de ser perseguidos como resultado de eventos acaecidos o actividades en las cuales el solicitante participó luego de dejar el país de origen.

Si bien el destino de los eritreos que regresan desde Israel es incierto, Human Rights Watch ha documentado evidencias de las distintas maneras en que las autoridades eritreas comenten abusos contra algunos de sus ciudadanos que vuelven desde otros países.

Debido a temores de persecución creíbles asociados con los castigos aplicados a quienes evaden el servicio militar Eritrea y otras violaciones de derechos humanos ocurridas allí, el 83 por ciento de los solicitantes de asilo eritreos en todo el mundo obtuvieron algún tipo de protección durante 2013, según datos del organismo de la ONU para los refugiados, lo cual contrasta notoriamente con el 0,1 por ciento que consiguió ese estatus en Israel.

Los ciudadanos eritreos y sudaneses que aceptan regresar de Israel a sus propios países bajo la amenaza de detención indefinida deberían ser considerados víctimas de devolución (refoulment), indicó Human Rights Watch. Conforme al derecho internacional, la devolución consiste en el regreso forzoso de un refugiado o solicitante de asilo “en modo alguno” a un lugar donde exista el riesgo de ser perseguido, o de cualquier persona a un sitio donde posiblemente sufra tortura o un trato inhumano y degradante.

“Funcionarios israelíes expresan que desean que las vidas de los ‘infiltrados’ sean tan míseras que opten por irse de Israel, y luego afirman que las personas regresan a su país por voluntad propia”, expresó Simpson. “El derecho internacional deja en claro que cuando Israel amenaza a eritreos y sudaneses con la posibilidad de detención de por vida, no están decidiendo libremente irse de Israel y exponerse a graves riesgos en su lugar de origen”.

Desde 2008, las autoridades israelíes han concedido a eritreos y sudaneses permisos de “liberación condicional”, que deben renovarse cada una cierta cantidad de meses. La falta de renovación oportuna implica la posibilidad de ser interceptados, detenidos y perder el empleo, ya que las autoridades amenazan con aplicar multas a quienes contraten a trabajadores sin la correspondiente autorización. A fines de 2013, las autoridades restringieron severamente el acceso a procedimientos de renovación de permisos, y esto condujo a una situación caótica en la cual eritreos y sudaneses intentaban desesperadamente renovarlos. Diversos líderes comunitarios indicaron que el estrés que esto provocó y la falta de recursos para la supervivencia han contribuido a que muchos sudaneses y eritreos abandonen Israel.

“Hacerles la vida miserable” examina además la política ambigua y poco clara de las autoridades israelíes en materia de permisos de trabajo, que prácticamente ha imposibilitado que numerosos eritreos y sudaneses encuentren un empleo y puedan conservarlo, y ha instaurado en muchos de ellos el temor permanente a la indigencia. Sumado a los obstáculos al acceso a la atención de la salud, esto ha profundizado la presión para abandonar Israel.

Israel debería reconocer como refugiados a todos los ciudadanos sudaneses que estén en el país, y evaluar las solicitudes de asilo de personas provenientes de Eritrea aplicando las directrices del ACNUR, observó Human Rights Watch.

Dado que evaluar de manera justa decenas de miles de solicitudes de asilo según los parámetros establecidos por el derecho internacional sobre refugiados demoraría años, las autoridades israelíes deberían también otorgar a eritreos y sudaneses un estatus seguro de protección temporaria por un período renovable de 12 meses, en función de las violaciones de derechos humanos que se cometen de manera generalizada en sus países. Dicho estatus podría cancelarse una vez que hayan mejorado las condiciones en un grado suficiente como para permitir su regreso de manera segura y digna, consideró Human Rights Watch.

“Las autoridades israelíes parecen empeñadas en gastar enormes sumas para detener de manera ilegítima a miles de personas y evaluar los pedidos de asilo con el solo propósito de rechazarlos”, manifestó Simpson. “En vez de ello, deberían cumplir sus obligaciones y proteger a estas personas, y al mismo tiempo permitirles que trabajen y vivan temporalmente en Israel”.