Women from the Murle tribe wait to receive emergency food aid in Pibor town.

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(Nairobi) – El ejército de Sudán Meridional ha matado ilegalmente y cometido otras violaciones graves contra la población civil en el contexto de una campaña de contrainsurgencia, dijo hoy Human Rights Watch. La acción militar en el estado de Jonglei ha obligado a miles de personas a huir de sus hogares, haciéndolos más vulnerables a los ataques de grupos étnicos rivales. Sudán Meridional debe asegurarse de que todos los soldados que cometieron abusos rindan cuentas y promover la justicia militar y civil para frenar otras violaciones.

El informe de 45 páginas, “‘They are Killing Us’: Abuses Against Civilians in South Sudan’s Pibor County” (“‘Nos están matando’: Abusos contra civiles en el condado de Pibor en Sudán Meridional), documenta 24 casos de homicidios ilegítimos de casi 100 miembros de la etnia Murle entre diciembre de 2012 y julio de 2013, lo que constituye una grave violación del derecho internacional humanitario y de derechos humanos. El homicidio y el ataque deliberado contra la población civil durante un conflicto armado constituyen crímenes de guerra.

El informe también describe cómo los soldados del Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLA, por sus siglas en inglés) quemaron y saquearon viviendas, abusaron física y verbalmente de civiles y destruyeron escuelas, iglesias e instalaciones de las agencias humanitarias que proveen asistencia vital.

“Los soldados deberían proteger a los civiles de la etnia Murle en el estado de Jonglei de la lucha y el conflicto étnico”, señaló Daniel Bekele, director para África de Human Rights Watch. “En cambio, el ejército ha estado matando a estas personas vulnerables y arrastrando a hombres, mujeres y niños aterrorizados a las fauces del miedo”.

Una serie de homicidios ilegítimos, incluso de mujeres, niños y personas con enfermedades mentales, ha desatado el terror generalizado entre los Murle, lo que agrava la percepción de que están en la mira como grupo étnico. Los incidentes se produjeron en el contexto de un conflicto entre el ejército de Sudán Meridional y un grupo rebelde Murle. Soldados y un cuerpo de policía “auxiliar” especialmente entrenado en el condado de Pibor del estado de Jonglei mataron ilegalmente a más de 70 civiles Murle y hasta 24 miembros de las fuerzas de seguridad Murle, en lo que constituyen graves violaciones del derecho internacional humanitario y los derechos humanos.

Las autoridades de Sudán Meridional deben mejorar urgentemente la rendición de cuentas por crímenes cometidos por los soldados, investigar los brutales conflictos étnicos en Jonglei, que continuaron en medio de la contrainsurgencia, garantizar que las fuerzas de seguridad protejan  adecuada e imparcialmente a todas las comunidades étnicas de los ataques y promover la justicia militar y civil para frenar otras violaciones, dijo Human Rights Watch.

La Misión de la ONU en Sudán Meridional (UNMISS, por sus siglas en inglés) dio refugio a decenas de civiles en sus recintos durante los ataques contra civiles perpetrados por las fuerzas de seguridad en las ciudades de Gumuruk y Pibor. Pero su falta de intervención en graves abusos cometidos a lo largo de muchos meses ha socavado la confianza de los Murle en las fuerzas de paz de la ONU, descubrió Human Rights Watch.

El ejército de Sudán Meridional ha reconocido que sus soldados fueron responsables de abusos contra los derechos humanos en el condado de Pibor y ha tomado algunas medidas para facilitar la rendición de cuentas. Sin embargo, debería hacerse más para poner fin a los abusos, proporcionar resarcimiento y asegurar que el ejército protege, en lugar de dañar, a la población Murle.

La investigación llevada a cabo por Human Rights Watch en Juba y Jonglei, en junio y julio, halló que los soldados habían atacado repetidamente a civiles a partir de diciembre de 2012, a menudo aparentemente como represalia contra civiles Murle que presuntamente apoyaban a los rebeldes. En un incidente, el 4 de diciembre, soldados ejecutaron a 13 civiles en la aldea de Lotho.

El 27 de enero de 2013, soldados abrieron fuego contra civiles e incendiaron casas en la ciudad de Pibor, tras un altercado entre ex rebeldes Murle y soldados, lo que se tradujo en la muerte de siete civiles. El 26 de mayo, soldados atacaron a civiles en la ciudad de Manyabol y ejecutaron a 12 hombres, entre ellos tres líderes, provocando que toda la población civil de Manyabol saliera huyendo.

“Nosotros no somos los que van al ataque, no somos los que se rebelan contra el gobierno, pero somos a los que están matando”, dijo una mujer desplazada a Human Rights Watch. “Sentimos que [el gobierno] quiere acabar con [la etnia] Murle”, dijo un hombre.

El conflicto entre los rebeldes y el ejército, y los abusos por parte de los soldados, han hecho que toda la población civil huyera de la mayoría de las principales ciudades del condado de Pibor. Civiles Murle temen nuevos abusos por parte del ejército y no han regresado a las ciudades, salvo para obtener la ayuda alimentaria que necesitan desesperadamente, pero continúan arriesgándose a ser atacados. El 31 de julio, soldados mataron a dos mujeres que recogían alimentos en la ciudad de Pibor, y han acosado a otras. Mientras tanto, las agencias de ayuda humanitaria han tenido dificultades para llegar a decenas de miles de personas desplazadas en zonas rurales de difícil acceso.

La lucha se reanudó en agosto de 2012 entre el ejército y los rebeldes dirigidos por un político aspirante Murle, David Yau Yau, quien provocó una rebelión en 2010 después de no ganar un escaño en las elecciones. Civiles Murle aseguraron a Human Rights Watch que un desarme abusivo de civiles por parte del ejército en 2012 en el condado de Pibor encendió la rebelión conforme los Murle, indignados por los abusos y renuentes a renunciar a sus armas, se unieron a Yau Yau.

La rebelión de Yau Yau ha desestabilizado aún más el estado de Jonglei, donde un ciclo de conflicto étnico se ha cobrado miles de vidas en los últimos tres años. Yau Yau, del que ampliamente se cree que ha recibido armas de Sudán, ha rechazado una oferta de amnistía del gobierno.

Los rebeldes de Yau Yau también pueden haber sido responsables de graves abusos contra los derechos humanos. Human Rights Watch recibió informes de que mataron al menos a cinco civiles cerca de la ciudad de Gumuruk y saquearon recintos de ayuda humanitaria. Human Rights Watch no pudo confirmar las acusaciones de que las fuerzas de Yau Yau también fueron responsables de otros abusos graves, incluyendo otros homicidios, secuestros y ataques contra la población civil en zonas densamente pobladas. Estas acusaciones también son extremadamente graves y deben ser investigadas con urgencia.

El ejército ha reconocido violaciones por parte de los soldados del gobierno, citando una falta de entrenamiento y disciplina así como un comando y control deficientes en un ejército que todavía está luchando por reestructurar y profesionalizar a ex guerrilleros después de que Sudán Meridional se separara de Sudán en 2011. El 20 de agosto de 2013, el ejército anunció que había arrestado al Brig. Gen. James Otong, el comandante que había sido estacionado en la ciudad de Pibor desde abril porque las tropas bajo su mando habían matado a civiles y cometido otras violaciones de derechos humanos. Al menos otros dos soldados han sido arrestados y juzgados por la corte marcial por la muerte de civiles.

“Estos arrestos son un buen comienzo para hacer justicia por los abusos graves”, dijo Bekele. “Las autoridades de Sudán Meridional deben cumplir mediante la investigación de otras denuncias creíbles de abusos y el fortalecimiento de la justicia militar y civil en la zona”.

La falta de fiscales militares y funcionarios de los tribunales civiles en Jonglei ha sido durante mucho tiempo un obstáculo a la justicia para las víctimas de violaciones graves. El ejército debería informar a la Asamblea Legislativa de Sudán Meridional y los medios de comunicación sobre sus progresos para poner fin a las violaciones y mejorar la justicia.

La misión de la ONU, que comenzó a patrullar más ampliamente en agosto, debería aumentar la frecuencia y la cobertura de las patrullas en la próxima estación seca, y debería estar preparada para utilizar la fuerza para proteger a los civiles bajo amenaza inminente, incluso de soldados del gobierno. La misión debería haber condenado públicamente las violaciones de los soldados mucho antes y debería aumentar urgentemente la supervisión de los derechos humanos y la información pública para ayudar a poner fin a los abusos, afirmó Human Rights Watch.

Funcionarios de la misión de la ONU indicaron a Human Rights Watch que las fuerzas de paz carecen de helicópteros y equipo militar de alta calidad para que puedan ofrecer una mejor protección. Las Naciones Unidas y los países que contribuyen con tropas a la misión deberían asegurarse de que la misión tenga el equipo necesario para hacer su trabajo.

Los abusos de los soldados han tenido lugar en un ambiente de violencia cíclica y anarquía en Jonglei. Durante los últimos tres años, el conflicto étnico ha acabado con la vida de miles de personas de los grupos étnicos de Jonglei: Dinka Bor, Lou Nuer y Murle. El gobierno ha fallado reiteradamente a la hora de investigar a los responsables de la violencia, y de proteger adecuadamente a las comunidades contra ataques y contraataques.

Las autoridades de Sudán Meridional también deberían investigar el brutal conflicto étnico en Jonglei, que continuó en medio de la contrainsurgencia, y garantizar que las fuerzas de seguridad protegen adecuada e imparcialmente a todas las comunidades étnicas de los ataques, recomendó Human Rights Watch.

El conflicto de la contrainsurgencia y los claros patrones de abuso han hecho que los civiles sean aún más vulnerables a los conflictos étnicos subyacentes. A principios de 2013, miles de miembros de la etnia Lou Nuer atacaron áreas Murle. Ese ataque masivo se dio poco después de lo que se cree que pudieran haber sido ataques Murle contra los Lou Nuer en 2012 y febrero de 2013, en los que murieron al menos 85 personas. El impacto total de la reacción de los Lou Nuer todavía no se conoce, pero los funcionarios del gobierno local calculan que más de 300 Murle fueron asesinados.

En julio, mientras el ataque de los Lou Nuer todavía estaba en curso, el portavoz del ejército dijo a Human Rights Watch que los soldados no abandonarían sus posiciones en las ciudades para proteger a los Murle desplazados. Las fuerzas de seguridad tampoco han protegido a las comunidades Lou Nuer adecuadamente. Sin embargo, algunos funcionarios del gobierno alentaron activamente a los jóvenes Lou Nuer a armarse, y Human Rights Watch escuchó denuncias plausibles, a principios de julio, de que el Ejército brindó apoyo a los combatientes Lou Nuer, incluyendo municiones. Estas son acusaciones muy serias y deberían ser investigadas, indicó Human Rights Watch.

El gobierno debería investigar y procesar a los cabecillas responsables de la movilización de los ataques étnicos. Las autoridades también deberían coordinar una investigación independiente y exhaustiva de la violencia étnica. El gobierno acordó en 2012 organizar una investigación, pero no cumplió su promesa. La investigación debería examinar las promesas de apoyo gubernamental a los combatientes étnicos y evaluar la suficiencia de los esfuerzos para proteger a las comunidades en todo el estado de Jonglei. Además, expertos internacionales deberían ayudar en su proceso, dijo Human Rights Watch.

“El gobierno tiene que cumplir con su responsabilidad de proteger a la población civil en todo Sudán Meridional”, dijo Bekele. “Debería poner fin a los abusos cometidos por sus propias fuerzas, mejorar la protección de los civiles de la violencia e instaurar la justicia ante los ataques étnicos que resultaron en tantas muertes”.