(Nueva York) – Fuerzas rebeldes ruandesas, soldados del ejército gubernamental y sus aliados, han violado al menos a 90 mujeres y niñas desde finales de enero de 2009 en las provincias inestables de Kivu del Norte y Kivu del Sur al este de la República Democrática del Congo, dijo hoy Human Rights Watch. Las fuerzas rebeldes ruandesas han estado también involucradas en las muertes de más de 180 civiles asesinados durante este periodo.
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas discutirá el 9 de abril el último informe del Secretario General de la ONU sobre las fuerzas de paz en el Congo. Human Rights Watch solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU presionar al gobierno congolés para destituir a los violadores de derechos humanos de las fuerzas armadas y poner fin a las violaciones de derechos, incluyendo ataques contra mujeres y niñas.
La milicia ruandesa hutu denominada Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) atacó e incendió docenas de pueblos y ciudades en los territorios de Masisi y Lubero (Kivu del Norte) así como en territorio Kalehe (Kivu del Sur) en semanas recientes, cometiendo numerosos y deliberados asesinatos, violaciones, y actos de saqueo. Culpando a las operaciones militares gubernamentales, el FDLR atacó civiles deliberadamente, usándolos como escudos humanos, y acusándolos de haberlos traicionado. De acuerdo a testigos y víctimas entrevistados por Human Rights Watch, las FDLR han estado involucradas en los asesinatos de por lo menos 154 civiles desde el 23 de enero.
"Las FDLR están matando y violando deliberadamente a civiles congoleses como un castigo aparente por las operaciones militares que se están llevando a cabo en su contra", dijo Anneke Van Woudenberg, investigadora principal de África en Human Rights Watch. "Tanto los combatientes que cometen estos terribles actos, como los comandantes rebeldes que los permiten, son responsables por crímenes de guerra".
Las FDLR fueron expulsadas temporalmente de sus posiciones militares en enero y febrero de 2009, tras el inicio de una operación militar conjunta en su contra por las tropas congoleñas y ruandesas el 20 de enero. Tras la retirada de las fuerzas de Ruanda el 24 de febrero, la acción militar disminuyó y las FDLR se reinstalaron en muchas de sus posiciones anteriores.
Más recientemente, al menos siete civiles murieron y otros 24 resultaron heridos durante los ataques de las FDLR en Lubero y Walikale a principios de abril. El 20 de marzo del 2009, las FDLR atacaron Buhuli, Kivu del Norte, y otros cuatro pueblos cercanos, matando al menos a cinco civiles, entre ellos dos mujeres, un anciano, una niña de 7 años de edad y un niño de 9. El 13 de febrero, las FDLR atacaron la aldea de Kipopo, matando al menos a 13 personas, que fueron quemadas a muerte en sus hogares.
A finales de febrero, las FDLR secuestraron al menos una docena de mujeres y niñas de Remeka, en el territorio de Masisi, Kivu del Norte. Dos mujeres que lograron escapar reportaron que los combatientes de las FDLR mataron brutalmente a nueve de las mujeres y niñas cuando éstas se resistieron a ser violadas. Se desconoce la suerte de las demás.
El ejército congolés también ha estado involucrado en numerosas violaciones. En marzo, soldados congoleses violaron por lo menos a 21 mujeres y niñas en los territorios del sur de Masisi y del norte de Kalehe. Muchas de las víctimas fueron violadas violentamente en grupo mientras los soldados estaban en juergas de saqueos.
El 24 de marzo, cuatro mujeres de Ziralo, Kivu del Sur, regresaban del mercado cuando fueron detenidas por un grupo de soldados del ejército en una barricada improvisada. Los soldados tomaron los sacos de alimentos que las mujeres llevaban y les dijeron que iban a examinar las vaginas de las mujeres para ver si traían algún dinero escondido. Los soldados llevaron a las mujeres a un bosque cercano y violaron en grupo a cada una de ellas durante horas. Una mujer tenía seis meses de embarazo, y fue violada tan brutalmente que perdió a su feto.
Los asesinatos cometidos recientemente por el grupo rebelde se suman a los asesinatos perpetrados por sus fuerzas el 27 de enero, cuando los combatientes de las FDLR hirieron a muerte a decenas de civiles utilizados como escudos humanos en su puesto militar en Kibua. Uno de los testigos entrevistados por Human Rights Watch en Kibua vio a un combatiente de las FDLR azotar hasta la muerte a una niña de 10 años de edad contra una pared de ladrillos.
De acuerdo con las Naciones Unidas, se estima que 250,000 personas han huido de sus hogares desde enero, sumándose a los cientos de miles de personas que huyeron durante olas de violencia anteriores.
El ejército congolés dice que se está preparando para la siguiente etapa de operaciones contra las FDLR, en esta ocasión expandiendo las operaciones a Kivu del Sur. El ejército ha agregado a más de 10,000 soldados adicionales de ex grupos rebeldes congoleses, incluyendo del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP), la Coalición de la Resistencia Patriótica Congolesa (PARECO), y otros grupos de milicia locales. Las brigadas mezcladas rápidamente de los antiguos enemigos se han enviado a las líneas del frente, sin sueldos, provisiones, y ningún entrenamiento, aumentando la probabilidad de futuras violaciones de derechos humanos.
Los graves abusos cometidos contra los civiles por parte de los soldados del gobierno ya han sido reportados. Los soldados del ejército mataron por lo menos a cinco civiles en el territorio de Lubero en marzo, mientras algunos se encontraban en juergas de saqueo. En Ziralo, un anciano fue asesinado por soldados mientras que violaban a su esposa y saqueaban su casa.
El rápido proceso de integración no ha incluido ningún mecanismo formal de inspección para impedir que aquellos con historiales graves de pasadas violaciones de derechos humanos sean promovidos e integrados al ejército congoleño.
Bosco Ntaganda, requerido bajo una orden de detención de la Corte Penal Internacional (CPI) por el crimen de guerra de enlistar a niños soldados y usarlos en combates, fue promovido a la posición de general en el ejército congolés en enero de 2009. Además de los cargos de la CPI, Ntaganda ha sido acusado de dirigir a las tropas que masacraron a 150 civiles en Kiwanja en la provincia Kivu del Norte en noviembre de 2008.
Jean-Pierre Biyoyo fue designado recientemente coronel en el ejército congolés a pesar de haber sido encontrado culpable del reclutamiento de niños soldados por un tribunal militar congolés en marzo de 2006. Él escapó posteriormente de prisión. Tanto Ntaganda como Biyoyo juegan un papel importante en las operaciones militares actuales.
El ejército congolés será apoyado por la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC), en sus operaciones militares en contra de las FDLR. MONUC señala que proteger a los civiles es una alta prioridad, pero no está claro como se podrá proteger a los civiles de futuros ataques por parte de las FDLR o los soldados del ejército congolés.
"La protección de los civiles sólo puede ser tomada en serio si violadores de derechos humanos ya conocidos son depuestos de sus cargos en el ejercito congolés", dijo Van Woudenberg. "El Consejo de Seguridad debe buscar una respuesta inmediata del gobierno congolés sobre cuándo llevará a cabo tales arrestos y sobre qué hará para prevenir más violaciones y asesinatos por parte de sus tropas antes de proporcionar cualquier apoyo a las operaciones militares".
