Los abusos de los grupos armados, el limitado acceso a la justicia y los altos niveles de pobreza, especialmente en comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, siguen siendo graves problemas de derechos humanos en Colombia.
El acuerdo de paz de 2016 entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno puso fin a un conflicto de cinco décadas y trajo una reducción inicial de la violencia. Sin embargo, la violencia adoptó nuevas formas y los grupos armados han ampliado nuevamente su presencia en zonas del país. Dos años y medio después de la llegada al poder del presidente Gustavo Petro, su estrategia de “paz total” ha logrado resultados limitados para frenar los abusos de grupos armados contra la población civil.
Colombia fue elegida miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el periodo 2025-2027.
Abusos cometidos por grupos armados
Numerosos grupos armados operan en Colombia, impulsados por economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal. Estos grupos incluyen al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que se formó en los años sesenta; varios grupos “disidentes” surgidos de la desmovilización de las FARC en el 2017; y el “Clan del Golfo”. Este último surgió de la desmovilización de grupos paramilitares a mediados de la década de los 2000 y también se conoce como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Muchos de estos grupos tienen vínculos fluidos y complejos entre sí y algunos son parte de conflictos armados no internacionales.
Los grupos armados siguen cometiendo graves abusos contra la población civil y expandiendo su presencia en todo el país. La fuerza pública y las autoridades judiciales no han protegido de forma efectiva a la población, no han garantizado un acceso suficiente a la justicia ni han logrado avances significativos en el desmantelamiento de los grupos armados. Para junio, el Clan del Golfo tenía presencia en 392 municipios; el ELN, en 232; y los grupos “disidentes” de las FARC, en 299. Estas cifras representan un aumento de aproximadamente el 55 %, el 23 % y el 30 %, respectivamente, en comparación con 2022.
La Defensoría del Pueblo informó de 159 casos de reclutamiento de niños en el primer semestre de 2024, en comparación con 184 a lo largo de todo el 2023. Muchos de los niños reclutados pertenecen a comunidades indígenas.
A más de 71.000 personas se les impidió salir de sus comunidades entre enero y julio, una situación conocida como “confinamiento”. Esto representó un aumento del 39 % en comparación con el mismo periodo de 2023. El confinamiento se debe a temores a la presencia de minas antipersona, amenazas de grupos armados y la posibilidad de ser alcanzados por el fuego cruzado.
En los departamentos occidentales y suroccidentales de Chocó, Cauca y Nariño, los enfrentamientos entre fuerzas militares y grupos armados desplazaron, entre enero y julio, a más de 34.000 personas, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA).
Abusos cometidos por miembros de la fuerza pública
Desde que el presidente Petro asumió el cargo en agosto de 2022, Colombia ha registrado un descenso de las denuncias de violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad. No obstante, la rendición de cuentas por abusos del pasado y las reformas destinadas a garantizar la no repetición de abusos siguen siendo limitadas.
En julio, la Fiscalía General de la Nación imputó a 24 integrantes del Ejército Nacional por el homicidio de once personas durante un operativo militar llevado a cabo en marzo de 2022 en el Alto Remanso, departamento de Putumayo, en el sur de Colombia. En abril, la Corte Constitucional había rechazado una petición de los abogados de la defensa para transferir el caso a la justicia penal militar, la cual históricamente no ha garantizado la justicia.
El Ministerio de Defensa reformó los protocolos sobre el uso de la fuerza y suspendió a algunos policías responsables de abusos. Sin embargo no ha implementado reformas más amplias, tales como limitar la jurisdicción de la justicia militar en investigaciones de violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad y trasladar la policía fuera del Ministerio de Defensa para garantizar la separación entre las funciones policiales y militares.
Violencia contra defensores de derechos humanos y otras personas en riesgo
Entre enero y agosto, la OACNUDH recibió 138 alegaciones de homicidios de defensores de derechos humanos y líderes sociales, en su mayoría de personas defensoras de derechos comunitarios, en comparación con 157 alegaciones registradas durante el mismo periodo de 2023. Para septiembre, se registraba un promedio de tres líderes sociales asesinados por semana, según la Fiscalía General de la Nación.
El derecho colombiano incluye un amplio conjunto de políticas, mecanismos y leyes orientados a prevenir abusos contra defensores de derechos humanos y a proteger a excombatientes de las FARC. Pero su implementación ha sido deficiente.
En diciembre 2023, en un caso presentado por organizaciones de derechos humanos, la Corte Constitucional ordenó que las autoridades tomen medidas robustas para proteger a los defensores de derechos humanos y asegurar justicia por los asesinatos. La Corte consideró que las acciones de las autoridades eran insuficientes para abordar estas violaciones “persistentes, graves y generalizadas” de derechos humanos y describió la situación como un “estado de cosas inconstitucional”.
Negociaciones de paz, desarme negociado y rendición de cuentas
El acuerdo de paz de 2016 estableció planes para reducir la pobreza rural, aumentar la participación ciudadana, desarmar y reintegrar a los excombatientes de las FARC, romper los vínculos entre el narcotráfico y la violencia política, y garantizar los derechos de las víctimas mediante medidas de justicia transicional. A pesar del respaldo del presidente Petro al acuerdo, su implementación sigue enfrentando grandes desafíos.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha logrado avances significativos en la investigación y el procesamiento de crímenes de guerra y de lesa humanidad, formulando acusaciones contra altos excomandantes de las FARC y varios oficiales del Ejército. En 2024, continuaron las investigaciones relacionadas con casos de secuestro, ejecuciones extrajudiciales y el reclutamiento y la utilización de niños y niñas, entre otros.
Los acusados que cooperan plenamente con la JEP y confiesan sus delitos están sujetos a penas de hasta ocho años de “sanciones propias”, que incluyen restricciones a la libertad, pero no penas de prisión. La JEP aún no ha condenado y sentenciado a ningún individuo ni ha aclarado cómo funcionarán en la práctica las “sanciones propias” para garantizar su conformidad con el derecho internacional.
En septiembre, comenzó el primer juicio adversarial en la JEP. Fue contra el coronel Hernán Mejía Gutiérrez por “crímenes de guerra y de lesa humanidad” relacionados con las ejecuciones extrajudiciales de 72 personas en el departamento del Cesar. En 2013, Mejía había sido condenado por la justicia penal ordinaria a 19 años de prisión por connivencia con grupos paramilitares.
Durante 2024, como parte de su política de “paz total”, el gobierno continuó negociando con el ELN, con grupos disidentes de las FARC autodenominados Estado Mayor Central (EMC) y Segunda Marquetalia, así como con otros grupos, incluido el Clan del Golfo. El gobierno anunció varios ceses al fuego con estos grupos; sin embargo, los preparativos y la supervisión de estos ceses resultaron insuficientes, y en muchos casos los grupos armados no los respetaron. Además, el gobierno manifestó su interés en negociar nuevos mecanismos de justicia transicional con estos actores armados.
Desplazamiento interno, reparaciones y restitución de tierras
OCHA informó que más de 121.000 personas fueron víctimas de desplazamientos forzados, tanto “masivos” como “individuales”, entre enero y julio. Los “desplazamientos masivos” son aquellos que afectan a 50 o más personas o a 10 o más familias.
Los gobiernos municipales y departamentales suelen no tener fondos suficientes para asistir a las personas desplazadas, y la asistencia del gobierno nacional a menudo ha sido tardía y deficiente.
Hasta agosto, aproximadamente el 16 % de las más de 9,7 millones de víctimas registradas del conflicto armado habían recibido reparaciones.
Refugiados, solicitantes de asilo y migrantes
Para septiembre, más de 2,9 millones de venezolanos vivían en Colombia. 2,5 millones habían solicitado el estatuto de protección temporal, que les otorga 10 años de estatus regular en el país y 2 millones lo habían obtenido.
En septiembre, el gobierno aprobó un decreto que permite a los representantes o custodios de niños venezolanos con Permiso por Protección Temporal (PPT) obtener un Permiso Especial de Permanencia (PEP-TUTOR).
En 2024, cientos de miles de migrantes cruzaron el Tapón del Darién desde Colombia hacia Panamá, en la mayoría de los casos con la intención de llegar a Estados Unidos. Durante su travesía de varios días a través de la selva, migrantes y solicitantes de asilo de diversas nacionalidades son con frecuencia víctimas de robos y graves abusos, incluyendo violación sexual. El gobierno carece de una estrategia clara para salvaguardar sus derechos, lo cual deja a los migrantes sin seguridad, asistencia o acceso a la justicia.
Explotación sexual y trata
En muchos casos, mujeres y niñas han sido víctimas de trata, especialmente las migrantes y refugiadas venezolanas, así como mujeres de comunidades afrocolombianas en los departamentos de Antioquia, Norte de Santander, Cundinamarca y en el Distrito Capital.
Según la Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre la trata de personas, las organizaciones delictivas y los grupos armados están “muy implicados” en estas actividades. El acceso a asistencia jurídica, alojamiento seguro, asistencia integral a largo plazo e indemnizaciones es limitado.
Muchas mujeres y niñas también sufren explotación sexual, incluso en las llamadas “casas webcam”, donde se enfrentan a condiciones de trabajo abusivas y antihigiénicas.
Orientación sexual e identidad de género
A pesar de las protecciones constitucionales basadas en la orientación sexual y la identidad de género, las personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) siguen enfrentando altos niveles de violencia y discriminación. Según cifras de la ONG Colombia Diversa publicadas en julio, 159 personas LGBT fueron asesinadas en 2023, 32 de ellas posiblemente debido a prejuicios anti-LGBT. En febrero, la Fiscalía General de la Nación creó una unidad para investigar los delitos motivados por la orientación sexual o la identidad de género de la víctima.
Derechos económicos, sociales y culturales
Los altos niveles de pobreza, especialmente en comunidades rurales, indígenas y afrodescendientes, siguen siendo una preocupación grave en materia de derechos humanos.
El acuerdo de paz de 2016 estableció los “Programas de Desarrollo Territorial” (PDET) para aumentar la presencia de las instituciones estatales en 170 municipios altamente afectados por el conflicto armado, la pobreza y las economías ilegales, incluyendo el narcotráfico. Según cifras publicadas por el gobierno en abril, en 2023, la tasa de pobreza multidimensional en estas zonas (23,7 %) casi duplicaba la tasa nacional (12,1 %). Los esfuerzos orientados a implementar los PDET han sido limitados.
Políticas sobre cambio climático y sus impactos
En septiembre, el gobierno ratificó el Acuerdo de Escazú, un acuerdo regional que refuerza la protección de los ecosistemas y sus defensores. La ratificación ocurrió después de que la Corte Constitucional dictaminara en agosto que el acuerdo, aprobado por el Congreso en 2022, se ajustaba a la Constitución colombiana.
El plan nacional que adoptó Colombia para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero resulta “muy insuficiente” para cumplir con el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 centígrados por encima de los niveles preindustriales, según indica Climate Action Tracker. En el plan, Colombia se comprometió a reducir la deforestación a 50.000 hectáreas por año para el 2030. Posteriormente, Colombia se sumó a la Declaración de Glasgow, que compromete al país a “detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación del suelo para 2030”.
En el primer trimestre de 2024, el gobierno registró un aumento del 40 % en la deforestación en comparación con el mismo periodo de 2023. Las estadísticas del gobierno registraron 79.000 hectáreas de tierra deforestadas en 2023, una reducción del 36 % respecto a 2022, convirtiéndose en la cifra más baja en décadas.
Los productores ganaderos y grupos disidentes de las FARC son los principales impulsores de la deforestación, y presionan a los residentes para talar árboles, extorsionan a campesinos, promueven los cultivos de hoja de coca para la producción cocaína y amenazan a las personas que defienden la conservación. Detener la deforestación fue un punto de discusión de las negociaciones de “paz total” con disidencias de las FARC.
Libertad de expresión
Según Reporteros sin Fronteras, Colombia sigue siendo uno de los países más peligrosos para los periodistas. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos registró el asesinato de al menos cinco periodistas, entre enero y julio.
El presidente continuó utilizando las redes sociales para estigmatizar a periodistas y medios de comunicación percibidos como críticos del gobierno. En septiembre, emitió una directiva presidencial dirigida a todos los funcionarios del poder ejecutivo para que garantizaran un entorno seguro para la libertad de expresión y los periodistas, evitando, entre otras, declaraciones estigmatizantes. Sin embargo, el presidente no cumplió con estas directrices durante el propio acto de presentación de la directiva presidencial.