Luiz Inácio Lula da Silva ganó las elecciones presidenciales en octubre, en un momento crítico para la democracia de Brasil.
Durante su mandato, el expresidente Jair Bolsonaro hostigó e insultó a magistrados del Supremo Tribunal Federal y a periodistas. Intentó socavar la confianza en el sistema electoral haciendo denuncias de fraude electoral sin aportar pruebas. La violencia política se acrecentó durante el período de campaña.
El 84 % de las 6.145 personas asesinadas por la policía en 2021 eran negras, según los últimos datos disponibles.
La deforestación y los incendios causados por la acción humana devastaron la selva amazónica. Comunidades indígenas, líderes comunitarios y otras personas que defendían la selva sufrieron amenazas y ataques.
Sistema democrático
Lula ganó las elecciones de octubre por un estrecho margen. Hasta noviembre, Bolsonaro no había reconocido expresamente la derrota, pero permitió la transición.
En el período previo a las elecciones de octubre, el entonces presidente Bolsonaro insultó e intentó intimidar a los magistrados del Supremo Tribunal Federal y repitió denuncias de fraude electoral sin pruebas. Manifestó que “al parecer” en las elecciones triunfarían quienes “tengan amigos” en el Tribunal Superior Electoral. En julio expresó ante decenas de embajadores que el sistema electoral de Brasil no era confiable. En septiembre, manifestó que si no obtenía el 60 % de los votos, se debería a que “algo anormal aconteció” en el Tribunal Electoral.
En agosto, más de un millón de brasileños, incluidos referentes del sector empresarial, exmagistrados del Supremo Tribunal Federal, políticos y artistas firmaron un manifiesto en defensa de la democracia y el Estado de derecho.
La contienda electoral estuvo marcada por la violencia política. Cuatro personas fueron asesinadas durante la campaña electoral en circunstancias que apuntan a que fueron blanco de agresión por sus opiniones políticas.
El Observatorio de Violencia Política y Electoral de la Universidad Federal de Río de Janeiro recopiló información sobre 426 casos de amenazas y violencia contra líderes políticos o contra familiares suyos entre los meses de enero y septiembre de 2022. Las candidatas mujeres, en especial mujeres negras y trans, fueron particularmente objeto de amenazas y hostigamiento en Internet, según organizaciones de la sociedad civil.
El Tribunal Superior Electoral prohibió el porte de armas en un perímetro de 100 metros de los centros de votación durante la jornada electoral y en el período inmediatamente precedente y posterior. El Supremo Tribunal Federal también dejó sin efecto temporalmente algunos artículos de decretos presidenciales que habían facilitado la compra y el porte de armas.
Corrupción
A pesar de haber basado su campaña en una plataforma anticorrupción, el gobierno de Bolsonaro enfrentó investigaciones sobre corrupción que indagaron, entre otras cosas, sobre el uso indebido de recursos públicos en el Ministerio de Educación y en la respuesta a la pandemia de Covid-19.
En 2019, el entonces presidente Bolsonaro cortó con la tradición de seleccionar al fiscal general a partir de una lista de tres candidatos elegidos por fiscales de todo el país y designó a un candidato que no integraba la lista. Transparencia Internacional señaló que el expresidente Bolsonaro debilitó los esfuerzos contra la corrupción, entre otros factores, al respaldar la creación del llamado “presupuesto secreto”, una disposición presupuestaria especial que redireccionó miles de millones de dólares a proyectos de gasto del Congreso prácticamente sin ninguna transparencia, entre otros factores.
Libertad de expresión y acceso a la información
La organización no gubernamental Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Universidad Federal de Espíritu Santo identificaron más de 2,8 millones de publicaciones en redes sociales que contenían insultos, amenazas y otros contenidos ofensivos contra periodistas y medios de comunicación durante el primer mes del período electoral, que se inició oficialmente el 16 de agosto. El estudio también mostró que distintos reporteros, en particular mujeres, se convirtieron en blanco de partidarios del presidente Bolsonaro después de que este los insultara en forma pública.
En junio un tribunal de São Paulo ordenó a Bolsonaro pagar 100.000 reales (18.760 dólares estadounidenses) en concepto de daños colectivos derivados de su hostigamiento a medios de comunicación brasileños.
El expresidente bloqueó en forma rutinaria a críticos en las cuentas de redes sociales que usaba para tratar temas de interés público, y violó así los derechos de libertad de expresión de estas personas. Según informó la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación, hasta agosto había bloqueado a 95 periodistas y 10 medios de comunicación.
Durante 2021 y 2022, un grupo de trabajo integrado por funcionarios gubernamentales, creado sin la participación del Congreso, el sistema judicial ni la sociedad civil, revisó la política nacional de derechos humanos de Brasil. Las autoridades se negaron a dar información sobre las deliberaciones.
Condiciones de detención
Hasta diciembre de 2021, había más de 679.500 personas encarceladas en Brasil, lo cual supera la capacidad del sistema penitenciario en un 45 %, según informó el Ministerio de Justicia. Otras 156.000 se encontraban en detención domiciliaria.
El número de niños, niñas y jóvenes que estaban en centros de detención juvenil —13.684 en 2021— disminuyó sustancialmente en los últimos años, según la organización Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP). Aun así, los centros en los estados de Río de Janeiro y Rio Grande do Sul continuaban teniendo índices de ocupación que superaban su capacidad, conforme datos oficiales.
En julio, un tribunal concluyó que personal de un centro de detención de São Paulo había torturado y maltratado a niños entre 2013 y 2015, y ordenó al gobierno de ese estado pagar 3 millones de reales (alrededor de USD 570.000) por daños y perjuicios a un fondo municipal para la promoción de proyectos de defensa de los derechos de la niñez en São Paulo.
Seguridad pública y conducta policial
Los homicidios disminuyeron un 5 % entre enero y junio de 2022, en comparación con el mismo período del año anterior. Según la organización Sou da Paz, en menos del 40 % de los homicidios se presentan cargos penales.
La policía mató a 6.145 personas en todo el país en 2021, lo que implica un descenso del 4 % en comparación con 2020, impulsado por la disminución en la cantidad de asesinatos en São Paulo, según informó el FBSP.
Si bien algunas muertes causadas por policías son en defensa propia, muchas otras son el resultado del uso ilegal de la fuerza. Los abusos perpetrados por policías contribuyen a agravar un círculo de violencia que pone en riesgo la seguridad pública y también la vida de policías y del resto de la población. En 2021, fueron asesinados 190 policías, el 77 % de ellos mientras estaba fuera de servicio, informó el FBSP.
La policía del estado de Río de Janeiro mató a 1.011 personas entre enero y octubre de 2022.
Aunque el Supremo Tribunal Federal prohibió las redadas policiales en barrios de bajos recursos de Río excepto en “casos absolutamente excepcionales” durante la pandemia de Covid-19, en 2021 y 2022 la policía llevó a cabo tres de los cinco operativos más letales en la historia del estado. El operativo más letal tuvo un saldo de un policía y 27 residentes muertos en el vecindario Jacarezinho de la ciudad de Río, en mayo de 2021. La fiscalía presentó cargos contra dos presuntos narcotraficantes por el asesinato del policía y cargos contra cuatro policías por manipulación de pruebas y, en algunos casos, por homicidio en relación con otras tres muertes. La fiscalía cerró todos los otros casos. La retirada de cuerpos por la policía sin análisis del lugar del tiroteo con el objeto de destruir pruebas, análisis forenses incompletos y la falta de entrevistas a testigos contribuyeron a que las investigaciones estuvieran marcadas por negligencia. La fiscalía nunca abrió una investigación de la responsabilidad del mando de la policía en esta redada letal.
Para cumplir con un fallo del Supremo Tribunal Federal, pero sin consultar a ninguna organización de la sociedad civil, el estado de Río hizo público en marzo de 2022 un plan para reducir las muertes causadas por policías. El plan carecía de plazos, presupuesto y medidas adecuadas de rendición de cuentas. El tribunal ordenó al estado redactar un nuevo plan.
En 2021, el fiscal general de Río eliminó una unidad especializada en la prevención y la investigación de abusos policiales. En cambio, el fiscal general de São Paulo creó una nueva unidad en agosto de 2022 con un mandato robusto de supervisar la conducta policial.
En el estado de Sergipe, un hombre negro con discapacidad psicosocial murió asfixiado el 25 de mayo luego de que agentes de la Policía Federal de Carreteras lo encerraran en la parte trasera de una patrulla y arrojaran dentro lo que parecía ser una bomba de gas lacrimógeno. Tres policías fueron acusados de abuso de poder, tortura y homicidio.
En agosto, el Supremo Tribunal Federal revirtió la decisión de un tribunal de apelación y confirmó la condena de 73 policías por la muerte de 111 reclusos en la prisión de Carandiru en 1991.
Abusos del período militar
El expresidente Bolsonaro y miembros de su gabinete han elogiado en reiteradas oportunidades la dictadura militar del período 1964-1985, caracterizada por torturas y asesinatos generalizados.
Una ley de amnistía de 1979 ha permitido que los responsables de estos abusos eludan la justicia. El Supremo Tribunal Federal ratificó la ley en 2010, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) determinó que violaba las obligaciones de Brasil conforme al derecho internacional.
Desde 2012, fiscales federales han presentado cargos en más de 50 casos contra exagentes de la dictadura. Los tribunales han desestimado la mayoría de los cargos invocando la ley de amnistía o la prescripción del delito. Solo en un caso, en junio de 2021, hubo una condena, pero se anuló en febrero de 2022.
Derechos de mujeres y niñas
La implementación de la ley “Maria da Penha” de 2006 contra la violencia de género continúa inadecuada. En septiembre, las autoridades informaron a Human Rights Watch de que, en un país con más de 215 millones de personas, sólo funcionaban 77 albergues para mujeres. El gobierno de Bolsonaro redujo en un 90 % el presupuesto federal destinado a combatir la violencia contra las mujeres en 2022, en comparación con 2020.
Entre enero de 2020 y mayo de 2022, los jueces recibieron casi 600.000 solicitudes de órdenes de protección, que generalmente exigen que los presuntos agresores se mantengan alejados de las mujeres que son sus víctimas, informó el Consejo Nacional de Justicia (CNJ). Los tribunales otorgaron nueve de cada diez solicitudes; el 30 % demoró más del plazo de 48 horas que establece la ley.
Las comisarías registraron más de 230.000 denuncias de violencia física contra mujeres en 2021, según informó el FBSP, y una línea de asistencia telefónica policial recibió 619.353 denuncias de violencia doméstica.
En 2021, tramitaban en la justicia más de un millón de casos de violencia doméstica y casi 6.300 casos de femicidio, definido por la legislación brasileña como el asesinato de mujeres “por el hecho de ser personas de sexo femenino”.
El aborto solamente es legal en Brasil en casos de violación, para salvar la vida de la mujer o cuando el feto presente anencefalia.
El gobierno de Bolsonaro intentó restringir el acceso al aborto. En 2020, exigió a los profesionales de la salud que denunciaran a la policía los casos de sobrevivientes de violación que pretendieran poner fin a sus embarazos.
En 2020, el Ministerio de Salud autorizó la telemedicina en el contexto de la pandemia de Covid-19, pero posteriormente aclaró que se excluía el aborto, alegando que “podía causar un daño irreversible a la mujer”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la telemedicina como opción de acceso al aborto.
La organización Artículo 19 informó en septiembre que sólo 73 hospitales de todo el país realizaban abortos legales.
Las mujeres y niñas que se someten a abortos clandestinos se exponen no sólo al riesgo de lesiones y de muerte, sino además a penas de hasta tres años de cárcel. Quienes practican abortos clandestinos enfrentan penas de hasta cuatro años de cárcel.
Según la Universidad de São Paulo y el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, en los tribunales de primera instancia y de apelaciones se tramitaron un promedio de 400 causas penales de aborto por año de 2018 a 2022. El informe mostró que las mujeres negras tienen más probabilidades de ser procesadas, lo cual suele ocurrir cuando los profesionales de la salud las denuncian, violando su derecho a la privacidad.
La legislación brasileña establece la detención domiciliaria en vez de la prisión preventiva para el caso de mujeres embarazadas, madres de personas con discapacidad y madres con hijos menores de 12 años, salvo aquellas acusadas de delitos violentos o delitos contra sus dependientes. Sin embargo, en 2021, la justicia ordenó la prisión preventiva de más de un tercio de las mujeres embarazadas en la primera audiencia posterior al arresto, según informaron el CNJ y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Derechos de las personas con discapacidad
Miles de personas adultas y niños y niñas con discapacidad están internados en instituciones, donde pueden enfrentar desatención y abusos, a veces de por vida. Brasil no cuenta con un plan integral de desinstitucionalización progresiva de personas adultas y niños y niñas con discapacidad.
En abril de 2021, el Consejo Nacional del Ministerio Público adoptó una resolución que exige que los fiscales supervisen e inspeccionen anualmente las instituciones destinadas a adultos con discapacidad y adopten acciones legales en casos de abuso.
Educación
El gobierno federal no abordó el grave impacto de la pandemia de Covid-19 en la educación, en especial para los niños y niñas negros e indígenas y de hogares de bajos recursos, lo cual derivó en importantes pérdidas en cuanto a aprendizaje. Por ejemplo, los resultados de las pruebas de matemática de quinto grado en escuelas públicas mostraron que los alumnos perdieron el equivalente a un año entero de aprendizaje, según una evaluación del gobierno.
El abandono escolar en escuelas secundarias públicas se incrementó en más del doble, de 2,3 % de los alumnos en 2020 a 5,6 % en 2021, según datos del gobierno.
Los estados de Minas Gerais y São Paulo autorizaron productos de aprendizaje en línea inseguros durante la pandemia, según una investigación de Human Rights Watch. Nueve productos vigilaban a niños y niñas en línea, fuera de los horarios escolares, y transmitían sus datos a empresas de tecnología publicitaria, lo cual les permitió rastrearlos y dirigirles contenidos por Internet. Hasta octubre, ningún estado había adoptado medidas para proteger la privacidad de los niños y niñas.
Los legisladores introdujeron más de 200 proyectos de ley a nivel local y federal desde 2014 para prohibir el “adoctrinamiento” o la “ideología de género” en las escuelas. El Supremo Tribunal Federal anuló ocho de esas leyes en 2020. Varios docentes informaron a Human Rights Watch de que tras enseñar temas relacionados con el género o la sexualidad sufrieron hostigamiento, fueron llamados a declarar a la comisaría o enfrentaron procesos administrativos.
Derechos ambientales y de los pueblos indígenas
El gobierno de Bolsonaro debilitó seriamente la aplicación de las leyes ambientales, lo que en la práctica alentó a las redes delictivas que son responsables por deforestación y que amenazan y cometen actos de violencia contra los defensores ambientales.
El gobierno adoptó políticas que facilitaron la invasión de territorios indígenas y destituyó a personal experimentado de puestos jerárquicos de la agencia federal responsable de proteger los derechos de los pueblos indígenas. Según informó la organización sin fines de lucro Consejo Indigenista Misionero, la tala y minería ilegales, la caza furtiva y la apropiación de tierras dentro de los territorios indígenas aumentaron un 180 % en 2021 con respecto a 2018, el año previo a que el expresidente Bolsonaro asumiera el cargo.
El número de multas ambientales fue 33 % inferior en el primer semestre de 2022 en comparación con el mismo período en 2018, según la organización no gubernamental Observatorio del Clima. En marzo, el director designado por Bolsonaro para la principal agencia medioambiental federal publicó una decisión que podría derivar en la cancelación de alrededor del 60 % de las multas por infracciones ambientales emitidas entre 2008 y 2019, por un importe cercano a 16.200 millones de reales (3.000 millones de dólares estadounidenses), según el portal de noticias UOL.
Los datos oficiales indican que se talaron 11.568 kilómetros cuadrados de la selva amazónica entre agosto de 2021 y julio de 2022.
Luego de extraer la madera valiosa, las organizaciones criminales suelen quemar la vegetación restante con el fin de preparar el suelo para pasto o con fines de especulación. La cantidad de focos de incendio en la Amazonía durante los primeros nueve meses de 2022 superó al total de 2021.
Al mes de noviembre, el Congreso de Brasil estaba analizando proyectos legislativos destinados a flexibilizar el otorgamiento de licencias ambientales, abrir territorios indígenas a la minería y otras actividades de alto impacto ambiental y otorgar amnistías en casos de apropiación de tierras.
Los defensores de la selva amazónica continuaron siendo blanco de amenazas y ataques. En enero, tres miembros de una familia de ambientalistas fueron asesinados en el estado de Pará; un activista por los derechos indígenas y un periodista británico fueron asesinados en el estado de Amazonas en junio, y un defensor indígena de la selva amazónica fue asesinado en el estado de Maranhão en septiembre.
Más de 60 personas fueron asesinadas en conflictos relacionados con las tierras y los recursos en la Amazonía entre enero de 2020 y comienzos de julio de 2022, según la organización Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).
Política e impactos del cambio climático
Brasil es uno de los diez mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo y contribuye así a las consecuencias de la crisis climática en los derechos humanos.
A través del Acuerdo de París de 2016, Brasil se comprometió a intensificar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en relación con su plan inicial. La actualización que presentó en abril de 2022 no cumplió con ese compromiso. Un anexo reiteró el compromiso de Brasil de erradicar la deforestación ilegal para el año 2028.
Climate Action Tracker, que ofrece un análisis científico independiente, calificó el plan de acción climática 2022 de Brasil como “insuficiente” para alcanzar el objetivo del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales.
La creciente deforestación en la Amazonía durante la presidencia de Bolsonaro aumentó las emisiones en general. De continuar esta situación, vastas extensiones de la selva podrían convertirse en sabana árida en los próximos años y liberar miles de millones de toneladas de carbono almacenado. Grandes áreas de la Amazonía ya han sido taladas y degradadas, lo cual reduce la capacidad de la selva para regenerarse, conforme un estudio dirigido por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada.
Es probable que el cambio climático haya contribuido a las lluvias intensas que generaron inundaciones y deslizamientos de tierra en los estados del noreste durante la primera mitad de 2022, conforme indicaron científicos de la iniciativa World Weather Attribution. Estos eventos provocaron el desplazamiento de cerca de 25.000 personas y 133 muertes.
Migrantes, refugiados y solicitantes de asilo
Miles de venezolanos, incluidos niños y niñas no acompañados, han cruzado la frontera hacia Brasil en los últimos años, huyendo del hambre, la falta de atención médica básica o la persecución.
Alrededor de 388.000 venezolanos vivían en Brasil al mes de octubre de 2022.
Brasil facilitó el asilo de los venezolanos al reconocer una “violación grave y generalizada de los derechos humanos” en su país. Otorgó la condición de refugiados a 51.618 venezolanos, incluidos 2.829 entre enero y agosto de 2022. Los venezolanos también pueden solicitar la residencia. Brasil otorgó asilo aproximadamente a 940 personas de otras nacionalidades entre enero y agosto.
El gobierno entregó visados humanitarios a personas afganas y ucranianas.
Actores internacionales clave
Ocho relatores de la ONU, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron consternación por la violencia política que se vivió durante el período electoral e instaron a las autoridades a garantizar elecciones pacíficas.
La CIDH y la ACNUDH manifestaron preocupación en 2022 por los ataques contra defensores ambientales y personas indígenas. En julio, el Parlamento Europeo aprobó una resolución por la cual instó a Brasil a “prevenir violaciones de derechos humanos y proteger a defensores ambientales e indígenas”.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos adoptó medidas cautelares en julio por las cuales exigió que Brasil proteja los derechos de los pueblos indígenas yanomami, ye’kwana y munduruku.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) adoptó una hoja de ruta para la adhesión de Brasil que exigía medidas gubernamentales orientadas a detener la deforestación ilegal, hacer cumplir las leyes ambientales, investigar la violencia contra los defensores de la selva y proteger los derechos de las comunidades indígenas.
Varios relatores especiales de la ONU instaron al Senado de Brasil a rechazar un proyecto de ley que favorecería la aprobación y el uso de pesticidas peligrosos. Hasta agosto el proyecto de ley todavía no se había aprobado.
En abril, más de 140 organizaciones internacionales y brasileñas firmaron conjuntamente una carta donde se instaba al gobierno a invitar a una misión de investigación del nuevo mecanismo de la ONU para promover la justicia racial y la igualdad en la aplicación de la ley. El gobierno expresó que consideraría la visita recién en 2023.
Relatores de la ONU y la CIDH denunciaron que existe violencia policial “sistémica” en Brasil. En septiembre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos elogió la intervención del Supremo Tribunal Federal de Brasil para contrarrestar los abusos policiales en Río de Janeiro.
Política exterior
El gobierno de Bolsonaro lideró los esfuerzos de un grupo de gobiernos, incluidos varios regímenes autoritarios, que procuraban restringir el acceso al aborto en todo el mundo.
La posición del gobierno con respecto a la guerra en Ucrania fue incongruente. Pocos días antes de la invasión rusa a gran escala, el entonces presidente Bolsonaro dijo en Moscú que Brasil era “solidario con Rusia”. En los meses siguientes, Brasil votó a favor de una resolución de la ONU que establecía una comisión para investigar crímenes de guerra en Ucrania, pero se abstuvo en una resolución que suspendía la membresía de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y se opuso a una declaración de la Organización Mundial del Comercio respecto del efecto devastador de la guerra sobre la capacidad de Ucrania para exportar e importar.
En octubre, Brasil se abstuvo de votar una resolución que habría permitido al Consejo de Derechos Humanos discutir los crímenes de lesa humanidad en China. Votó a favor de extender el mandato de una Misión Internacional Independiente de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.