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Polonia

Eventos de 2019 - Parte del capítulo de la UE

Manifestantes durante una protesta contra un proyecto de ley que criminalizaría la educación sexual, en Gdansk, Polonia, el 17 de octubre de 2019.

© 2019 Vadim Pacajev /Sipa via AP Images

Los ataques del gobierno contra el poder judicial del país continuaron a lo largo de 2019.

Los jueces y fiscales fueron sometidos a procedimientos disciplinarios arbitrarios por defender el Estado de derecho y denunciar reformas judiciales problemáticas, en lo que supone una flagrante interferencia con la independencia del poder judicial. La Corte Disciplinaria, establecida en septiembre de 2018, inició procedimientos contra jueces y fiscales. La Comisión Europea inició en abril acciones legales contra Polonia por sus procedimientos disciplinarios contra jueces.

En mayo, la policía arrestó a la activista de derechos humanos Elzbieta Podlesna por una foto de un ícono religioso con un halo de arcoíris bajo la acusación de “ofender los sentimientos religiosos”, y confiscó su teléfono móvil, computadora portátil y tarjetas de memoria. En el momento de redacción de este informe, la investigación seguía en curso.

En junio, la Comisionada de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, expresó su preocupación por los despidos, reemplazos y degradaciones de jueces y fiscales, y pidió a las autoridades polacas que “garanticen que los procedimientos disciplinarios no estén instrumentalizados”.

Jueces y fiscales fueron regularmente desacreditados y difamados durante el año por funcionarios del gobierno y medios de comunicación afines al gobierno.

En junio, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que una ley polaca de 2018 que redujo la edad de jubilación de los jueces de la Corte Suprema del país y que habría obligado a algunos de los jueces a retirarse, violaba el derecho de la UE. El gobierno ya había suspendido la ley en diciembre de 2018 a la espera de la decisión judicial de la UE.

En noviembre, el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó en un caso remitido por los tribunales polacos, que la nueva Sala Disciplinaria del Tribunal Supremo polaco solo puede ser competente para pronunciarse sobre los casos de jubilación de los jueces si se garantiza su independencia e imparcialidad.

Una enmienda al código penal, aprobada por el Parlamento penalizaría la “promoción” o la “aprobación” o la actividad sexual de menores, poniendo a los maestros y educadores sexuales en riesgo de encarcelamiento y limitando el derecho de los niños a recibir información y atención médica.

A las ONG que trabajan en temas relacionados con el asilo y la migración y los derechos de las mujeres y el colectivo de lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero (LGBT) a menudo se les negó la financiación pública.

Durante el año, las personas LGBT se convirtieron en el blanco de los ataques homofóbicos del gobierno y del partido gobernante. En julio, al menos 30 ciudades y provincias en Polonia se declararon “zonas libres de LGBT”, y Gazeta Polska, una revista progubernamental, distribuyó pegatinas de “zona libre de LGBT” en sus publicaciones. En julio, un tribunal de distrito de Varsovia ordenó a la revista que detuviera de inmediato la distribución de las pegatinas, a la espera del resultado del recurso judicial de un activista de derechos humanos.

El comisionado de Derechos Humanos de Polonia, Adam Bodnar, fue blanco de una campaña de desprestigio por parte de los medios de comunicación y funcionarios públicos progubernamentales por defender los derechos humanos de un sospechoso de asesinato.

A lo largo del año continuaron las devoluciones de solicitantes de asilo, la mayoría provenientes de la república rusa de Chechenia y Asia Central, a Belarús, con una aplicación inconsistente de una sentencia de la corte polaca de 2018 que ordenó el cese de la práctica.

En agosto, el Comité de las Naciones Unidas contra la Discriminación Racial hizo un llamado a Polonia para prevenir el discurso de odio en los medios y tomar medidas contra los sitios web que promueven el odio racial.

En agosto, el Comité contra la Tortura de la ONU instó a las autoridades polacas a brindar protección adecuada a las víctimas de violencia doméstica y considerar despenalizar el aborto.

 

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