Hungría

El gobierno de Hungría continuó desmantelando las instituciones democráticas y el Estado de derecho.

En noviembre, el gobierno propuso cambios a los tribunales administrativos que permitirían a las instituciones estatales apelar decisiones judiciales administrativas desfavorables ante el Tribunal Constitucional, donde la mayoría de los jueces son afines al partido gobernante. Esto podría tener un impacto en temas como corrupción, elecciones y conducta policial. Las medidas se encontraban ante el Parlamento en el momento de redactarse este informe y se espera que se adopten en diciembre.

La medida sigue a un intento fallido del gobierno por establecer un nuevo sistema de tribunales administrativos supervisado por el Ministerio de Justicia, adoptado por el Parlamento húngaro en diciembre de 2018, pero desechado en mayo de 2019 después de las críticas de la UE y la Comisión de Venecia del Consejo de Europa sobre la falta de un sistema de controles y contrapesos.

En junio, el gobierno retomó sus ataques contra la libertad académica mediante la introducción de una ley, aprobada por el Parlamento, que aumenta el control estatal sobre la Academia de Ciencias, la institución académica más grande y antigua de Hungría. La ley otorga al gobierno una mayor influencia sobre la investigación científica y su financiación.

Las autoridades húngaras continuaron limitando el número de solicitantes de asilo autorizados a entrar en los cruces fronterizos a una o dos familias solicitantes de asilo por semana, dejando varados a miles en condiciones deplorables en Serbia. Según las estimaciones del ACNUR, a principios de septiembre, había más de 300 personas detenidas en las dos zonas de tránsito, incluidos unos 170 niños. Las devoluciones a Serbia siguen siendo motivo de preocupación.

En febrero, el gobierno reanudó su política de negar alimentos a los solicitantes de asilo rechazados en las zonas de tránsito en la frontera de Hungría con Serbia. Para agosto, el Comité Helsinki Húngaro, una organización de la sociedad civil, había presentado intervenciones de emergencia en nombre de 27 solicitantes de asilo privados de alimentos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que en todos los casos ordenó al gobierno a reanudar la distribución de alimentos. El gobierno cumplió con las órdenes en todos los casos.

En julio, la Comisión Europea inició acciones legales contra Hungría por esta práctica y remitió al Tribunal de Justicia de la UE la ley de 2018 que penaliza la asistencia a solicitantes de asilo por parte de organizaciones no gubernamentales. En octubre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la decisión del gobierno en 2015 de negar el acceso de un periodista a un centro de recepción de refugiados violaba la libertad de prensa.

En marzo, Fidesz fue suspendido del Partido Popular Europeo (PPE), la principal familia política europea de centroderecha, por violar los valores del grupo sobre el Estado de derecho y los derechos fundamentales, pero se le permitió seguir siendo parte del grupo PPE en el Parlamento Europeo. En el momento de redacción de este informe, seguía abierta una investigación interna sobre este tema.

El pluralismo de los medios continuó disminuyendo, con cada vez más medios propugnando una línea progubernamental, ya fuera como resultado de la propiedad de personas cercanas al gobierno como por influencia directa del gobierno. En diciembre de 2018 se fusionaron casi 500 medios de comunicación en un conglomerado leal al gobierno, lo que supuso un serio obstáculo al pluralismo de los medios en el país. Los medios progubernamentales continuaron difamando a periodistas y medios de comunicación críticos.

El gobierno aún no ha ratificado la Convención de Estambul, y un ministro lo describió en julio como una muestra de “histeria política”. No hay estadísticas confiables sobre la violencia doméstica en el país.

Los romaníes continuaron enfrentando discriminación en los ámbitos de la vivienda, la educación y la atención de salud pública, según la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE.