El gobierno decidió limitar el alojamiento para los solicitantes de asilo recién llegados al país, argumentando que las autoridades locales estaban cubriendo satisfactoriamente la demanda, por lo que durante el año cerraron varios refugios, con el objetivo de reducir la capacidad de 31.000 a 27.000. La reducción en la capacidad de acogida por segundo año consecutivo dio lugar a preocupaciones sobre la idoneidad de la provisión para los solicitantes de asilo que acaban de llegar.
En julio, el gobierno anunció que planeaba mejorar los procedimientos para evaluar las solicitudes de asilo basadas en el temor a la persecución por motivos de identidad como lesbianas, gais, bisexuales o personas transgénero (LGBT) o conversión religiosa, al tratar los casos de manera más individualizada, ante las críticas de distintas ONG y parlamentarios.
A pesar de los resultados de un referéndum público no vinculante en marzo que rechazó una nueva ley de vigilancia aprobada el año anterior por el Parlamento, la ley entró en vigor en mayo. Grupos nacionales de defensa de los derechos siguieron manifestando sus críticas con los nuevos poderes de intercepción masiva, el nivel de supervisión de esos poderes para interceptar datos en masa y los controles sobre el intercambio de material derivado de la interceptación con las agencias de inteligencia de otros países.
En junio, el ministro de Justicia y Seguridad confirmó al Parlamento que el gobierno continuaba ejerciendo poderes para privar a los sospechosos de terrorismo en el extranjero de su ciudadanía holandesa, aunque se negó a confirmar a cuántos individuos se les había retirado la ciudadanía. El mismo mes, un tribunal holandés expresó su preocupación sobre si las limitadas garantías en el proceso son consistentes con la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
Un fallo de mayo por parte del tribunal de distrito de Limburgo determinó que la ley holandesa que exige que las personas se identifiquen como hombres o mujeres en documentos oficiales, incluidos los certificados de nacimiento, es demasiado restrictiva e instó a los legisladores a introducir una disposición legal para una opción neutral de cara al género.
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