Luego de que Sebastián Piñera asumiera en marzo de 2018 su segundo mandato presidencial no consecutivo, su gobierno adoptó medidas relevantes para los derechos de varios grupos vulnerables en Chile. El gobierno de Piñera apoyó un proyecto legislativo que otorga a las personas transgénero el derecho a cambiar su nombre y género en el registro civil, adoptó medidas para reemplazar el Servicio Nacional de Menores (SENAME), creó protecciones para miles de migrantes con estatus inmigratorio irregular y anunció un plan ambicioso para mejorar el estándar de vida de las comunidades indígenas en La Araucanía.
Pese a la aprobación en 2017 de una ley que despenaliza el aborto en algunas circunstancias, las mujeres siguen enfrentando obstáculos significativos en el acceso a esta práctica. Numerosos médicos e instituciones privadas siguen negándose a brindar abortos por motivos morales, incluso en casos en los que la práctica está legalmente permitida. El gobierno de Piñera promulgó un protocolo que habrían facilitado que los proveedores médicos y los hospitales que reciben fondos públicos se negaran a brindar servicios de aborto. Sin embargo, la Contraloría General de la República determinó la ilegalidad de tales normas.
Juicios por abusos del pasado
La justicia chilena sigue juzgando a ex policías y militares responsables de violaciones de derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet, entre 1973 y 1990.
Entre las condenas recientes más importantes se incluyen las de tres exagentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta chilena, por el homicidio de Miguel Enríquez Espinosa, líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el 5 de octubre de 1974; ocho exmilitares por el secuestro, tortura y homicidio del cantante popular Víctor Jara y del exdirector penitenciario Littré Quiroga Carvajal, durante el golpe de septiembre de 1973; y 24 exagentes de la DINA por su participación en las desapariciones forzadas de 119 colaboradores de izquierda entre 1974 y 1975, en lo que se conoció como “Operación Colombo”.
En noviembre de 2018, Juan Emilio Cheyre, funcionario de Pinochet y comandante en jefe del Ejército chileno entre 2002 y 2006, fue condenado por su rol en el homicidio de 15 personas tras el golpe de 1973. Juan Emilio Cheyre es el funcionario de mayor jerarquía que ha sido condenado por violaciones de derechos humanos cometidas durante la era Pinochet.
Chile sigue manteniendo un secreto de 50 años a los testimonios de víctimas prestados ante la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura desde noviembre de 2003 hasta mayo de 2004. Los testimonios revelaron los sitios de detención y los métodos de tortura usados por la dictadura, e identificaron a ex presos políticos y víctimas de torturas. En 2017, el gobierno de Bachelet presentó un proyecto legislativo para levantar el secreto, lo cual generó un fuerte debate entre quienes sostienen que divulgar los testimonios violaría la privacidad de las víctimas, y quienes creen que ello sería necesario para castigar plenamente a los responsables y brindar justicia a las víctimas.
En una controvertida decisión dictada en julio de 2018, la Corte Suprema otorgó la libertad condicional a siete ex policías y militares que estaban cumpliendo condenas por violaciones de derechos humanos perpetradas durante la dictadura de Pinochet. Miembros de partidos de oposición intentaron destituir a los tres magistrados de la Corte Suprema responsables de la decisión, pero la iniciativa no prosperó en el Congreso.
Derechos sexuales y reproductivos de la mujer
La prohibición absoluta del aborto concluyó, luego de 28 años, en 2017, cuando el Tribunal Constitucional ratificó una nueva ley que despenaliza el aborto en tres circunstancias: si el embarazo es producto de una violación, si la vida de la madre está en peligro o si el feto es inviable. Aunque la aprobación de la ley marcó un avance para los derechos reproductivos en Chile, sigue habiendo obstáculos significativos para acceder incluso a los abortos legales.
En su redacción actual, la ley permite que médicos e instituciones privadas se nieguen a practicar abortos por razones morales. Diversas organizaciones chilenas y el Ministerio de Salud han informado recientemente que un alto porcentaje de proveedores en el país son “objetores de conciencia” en una o más de las tres circunstancias. Casi el 50% de todos los proveedores médicos en Chile se oponen a realizar abortos luego de una violación sexual, y en algunos hospitales públicos no hay ni un sólo proveedor dispuesto a practicar un aborto en esa circunstancia.
En marzo de 2018, se perfiló una nueva amenaza al acceso de las mujeres al aborto cuando el gobierno de Piñera eliminó el requisito de que los hospitales brinden un motivo para negarse a brindar abortos. Conforme al cambio reglamentario introducido durante la gestión de Piñera, los hospitales podían sencillamente indicar al Ministerio de Salud que sus médicos no estarían dispuestos a practicar abortos. Del mismo modo, los médicos que fueran objetores de conciencia ya no tenían que inscribirse como tales anticipadamente, lo cual implicó que las clínicas y los hospitales ya no podrían asegurarse de contar siempre con un médico disponible para practicar un aborto. En mayo, el Contralor General de la República derogó las nuevas reglamentaciones, y restableció las normas anteriores que exigían que los médicos e instituciones que expresaran la objeción de conciencia lo hicieran por escrito anticipadamente.
Derechos indígenas
La justicia chilena sigue juzgando a activistas mapuches que defienden el derecho a la tierra, y aplica para ello la ley antiterrorista por actos de violencia y daños materiales durante protestas. La ley ha recibido críticas por establecer una definición excesivamente amplia de terrorismo y por no reconocer garantías suficientes de debido derecho. Tanto el gobierno de Bachelet como el de Piñera propusieron reformas para actualizar la ley y aclarar su alcance, pero los cambios todavía no habían sido aprobados cuando se redactó este documento.
En mayo de 2018, tres activistas mapuches por el derecho a la tierra fueron hallados culpables de incendio intencional conforme a lo dispuesto por la ley antiterrorista, en relación con las muertes de dos conocidos terratenientes, Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, en mayo de 2013. Dos de los tres activistas fueron condenados a prisión perpetua. Los activistas habían sido absueltos por falta de pruebas en un primer proceso que tuvo lugar en octubre de 2017, pero que más tarde fue anulado.
El gobierno de Piñera anunció un ambicioso plan para impulsar el desarrollo y promover la paz en la región de La Araucanía, de población mayoritariamente indígena. El plan propone inversiones públicas y privadas por USD 24.000 millones entre 2018 y 2026 en proyectos de desarrollo; un mayor diálogo entre las comunidades indígenas y el Estado; y una reforma constitucional que reconozca y proteja la historia, la identidad, la cultura, los idiomas, las instituciones y las tradiciones de la población indígena.
En noviembre de 2018, el activista mapuche Camilo Catrillanca, de 24 años, murió abatido por disparos de carabineros. La muerte concitó un amplio repudio. La fiscalía determinó que los carabineros habían destruido pruebas de video sobre el asesinato. Como resultado, cuatro agentes directamente implicados en el incidente fueron expulsados de la policía y dos altos mandos policiales presentaron su dimisión. Cuando se elaboró el presente, los cuatro carabineros enfrentaban procesos penales por homicidio, tentativa de homicidio y obstrucción de la justicia.
Orientación sexual e identidad de género
En septiembre de 2018, el Congreso de Chile votó a favor de permitir que las personas transgénero mayores de 14 años cambiaran legalmente de nombre y género en el registro civil, sin ningún requisito de cirugía ni cambio en la apariencia física. La promulgación de la ley, que ha estado en el Congreso desde 2013, supone un paso importante para la comunidad transgénero de Chile. Cuando se preparó el presente, el proyecto aún no había recibido la aprobación definitiva del Presidente Piñera.
El proyecto del gobierno de Bachelet para legalizar el matrimonio de personas de mismo sexo y reconocer a las parejas del mismo sexo el derecho a adoptar u otras opciones reproductivas, presentado en agosto de 2017, sigue pendiente en el Senado.
Derecho de los migrantes
En abril de 2018, el gobierno de Piñera presentó reformas a la ley de inmigración. Los cambios, que cuando se preparó este informe todavía no habían sido aprobados, introducen nuevas reglamentaciones y sistematizan el proceso de inmigración para responder a la creciente población migrante. Las leyes inmigratorias no se actualizan desde 1975.
Las reformas estuvieron acompañadas por una variedad de medidas administrativas, incluidas reformas a los permisos temporales de residencia y las visas, y el inicio de un proceso de “regularización extraordinaria”. El proceso de regularización extraordinaria permite que toda persona con estatus inmigratorio irregular que ingrese en Chile antes del 8 de abril de 2018 permanezca legalmente en el país hasta que se resuelva su estatus, siempre que no tenga antecedentes penales. Hasta junio, 140.000 migrantes, procedentes sobre todo de Haití, Venezuela y Perú, se habían anotado para el proceso de regularización.
Si bien el proceso de regularización ayuda y protege a numerosos migrantes, conforme a las nuevas normas los migrantes haitianos y venezolanos que no ingresaron en Chile antes del plazo del 8 de abril podrían enfrentar obstáculos significativos al ingreso. Los migrantes haitianos y venezolanos ahora deben obtener visas de consulados chilenos en sus respectivos países para poder entrar.
Derechos del niño
En marzo de 2018, el Presidente Piñera presentó un proyecto de ley que establece nuevos servicios de protección infantil y reintegración juvenil, y elimina el Servicio Nacional de Menores (SENAME). El SENAME estaba cuestionado desde hacía años debido a señalamientos de abusos, maltratos y muertes en sus centros en el país.
Condiciones en centros de detención
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha presentado decenas de demandas en representación de internos que están en condiciones indignas e insalubres. En 2018, la Corte de Apelaciones de Santiago se pronunció a favor del INDH en dos de esas demandas, relacionadas con Colina I y II, y estableció que es inaceptable que los presos vivan sin colchones, agua potable, ropa ni instalaciones sanitarias adecuadas. La corte ordenó que el servicio penitenciario nacional adoptara medidas para asegurar los derechos de los internos a la salud y la higiene.
En febrero de 2018, la Corte Suprema divulgó un informe que analiza 53 centros penitenciarios en Chile y documenta graves problemas de sobrepoblación. En algunas de las cárceles, la ocupación era del 140 % de su capacidad o mayor.
Actores internacionales clave
Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH), en 2018 Chile apoyó medidas de la ONU orientadas a que se abordaran violaciones de derechos humanos en Venezuela, Myanmar, Corea del Norte, Bielorrusia, Eritrea, Siria, Irán, los territorios ocupados de Palestina y Sudán del Sur.
Chile fue uno de los seis gobiernos que presentó una comunicación sin precedentes para que la Corte Penal Internacional examine la situación en Venezuela.
Chile ha apoyado resoluciones en la Organización de los Estados Americanos que condenan abusos en Venezuela y Nicaragua.
En agosto, el Comité contra la Tortura de la ONU presentó un informe en el cual insta a que Chile levante el secreto de 50 años que rige para los testimonios de víctimas, actualice la ley antiterrorista, investigue exhaustivamente todos los abusos denunciados en centros del SENAME y adopte las medidas necesarias para reducir la sobrepoblación y mejorar las condiciones penitenciarias.
En marzo, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer divulgó un informe en el cual recomienda que Chile despenalice el aborto en todas las circunstancias y aplique rigurosos requisitos de justificación para la objeción de conciencia.
En agosto de 2018, la expresidenta Michelle Bachelet fue nombrada Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.