La planificada salida del Reino Unido de la UE (Brexit) en marzo de 2019 continuó dominando la vida pública y eclipsando otras preocupaciones acuciantes en temas de derechos humanos. En noviembre, los gobiernos de la UE y el Reino Unido llegaron a un acuerdo provisional sobre un tratado para cubrir el período de transición posterior a la salida del Reino Unido de la UE en 2019. También acordaron un borrador de declaración política sobre las relaciones futuras que incluye un compromiso con los derechos humanos. Pero en el momento de redacción de este informe, no estaba claro si el tratado sería aprobado por el Parlamento del Reino Unido, dejando abierta la posibilidad de que el país se fuera en 2019 sin un acuerdo, lo que conllevaría graves riesgos para los derechos humanos, incluida la incertidumbre sobre los futuros derechos de residencia de ciudadanos de la UE que viven en el Reino Unido y de ciudadanos del Reino Unido que viven en países de la UE, después del Brexit.
Una ley de junio de 2018 para incorporar la legislación de la UE a la legislación nacional cuando el Reino Unido abandone la UE fue criticada por omitir la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, lo que abre la posibilidad a un futuro gobierno del Reino Unido de debilitar las protecciones laborales y de otros derechos derivadas de la legislación de la UE.
Hubo avances significativos con respecto a la complicidad del Reino Unido en las operaciones de tortura y detención secreta dirigidas por la CIA. En mayo, el primer ministro se disculpó sin reservas con una pareja libia por el papel del Reino Unido en su entrega a Libia en 2004. En junio, una comisión parlamentaria publicó dos informes que contenían sus hallazgos sobre las denuncias de complicidad del Reino Unido expuestos más ampliamente. El comité concluyó que las acciones que el Reino Unido tomó y toleró entre 2001 y 2010 fueron “inexcusables”. Hubo nuevos llamamientos por parte de varias ONG y algunos políticos para que se lanzara una investigación judicial completa sobre el tema. En el momento de redacción de este informe, nadie en el Reino Unido había sido acusado de ningún delito relacionado con estos abusos.
El Reino Unido continuó sin imponer un límite máximo de tiempo a la detención migratoria, y siguió deteniendo a inmigrantes y solicitantes de asilo menores de edad. Los datos publicados en noviembre muestran que el gobierno había reubicado sólo a 220 niños no acompañados de otros países de la UE, frente a su meta de 480. El Reino Unido sólo había reasentado a 417 niños refugiados como parte de un compromiso de 2016 de aceptar a 3.000 niños de zonas de conflicto en Oriente Medio y África.
El Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó que la estricta ley de aborto de Irlanda del Norte viola el derecho a la integridad personal protegido por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, aunque la corte desestimó el caso por motivos técnicos. Un proyecto de ley privado presentado en la Cámara de los Comunes en octubre exigía la despenalización del aborto en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte.
La investigación pública sobre un incendio en 2017 que destruyó un bloque de apartamentos en Londres, mató a 71 personas y dejó a cientos sin hogar, continuó su trabajo, en medio de preocupaciones sobre si las víctimas pueden participar plenamente en el proceso. En el momento de redacción de este informe, seguía en curso una investigación penal sobre el incendio.
Un borrador de ley contra el terrorismo aprobado por la cámara baja del Parlamento (la Cámara de los Comunes) contenía medidas controvertidas que podrían perjudicar los derechos humanos de las personas, incluida la penalización de la visualización de material extremista y proponer un delito de viaje a un “área designada”. En el momento de redacción de este informe, seguía pendiente ante la cámara alta no electa (la Cámara de los Lores).
En septiembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que la ausencia de salvaguardias en los poderes de vigilancia ahora caducados en virtud de la Ley de Poderes de Investigación de 2000 había violado el derecho a la privacidad en un caso presentado por más de una decena de ONG, organizaciones de privacidad y periodistas. Sin embargo, el tribunal no falló que la interceptación masiva fuera necesariamente ilegal. Los defensores de los derechos de privacidad siguieron siendo críticos con los poderes de reemplazo.
El organismo establecido en 2017 para completar las investigaciones sobre las denuncias de abuso por parte de las fuerzas británicas en Irak entre 2003 y 2008, continuó su trabajo. En el momento de redactar este informe, no había surgido ningún proceso judicial por su trabajo o el de su predecesor.
Después de una visita en noviembre, el relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema llegó a la conclusión de que los cambios en el sistema de asistencia social y las reducciones en los servicios públicos habían tenido un impacto negativo en los derechos de las personas que viven en la pobreza.
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