Cuatro décadas después de que Beijing lanzara su llamada era de “reforma y apertura”, las autoridades chinas se muestran cada vez menos tolerantes dentro de sus fronteras con las opiniones críticas y la participación política.

Pero las personas fuera de China aún no parecen darse cuenta de que sus derechos humanos también pueden verse amenazados a medida que aumenta el poder de Beijing.

En los años 90 y 2000, el objetivo de China era en gran medida inmunizarse de las críticas en los foros clave de las Naciones Unidas. Pero en los últimos años, Beijing también ha tratado de expandir su influencia e imponer sus estándares y políticas en las instituciones internacionales de derechos humanos más importantes, debilitando algunos de los únicos medios de rendición de cuentas y justicia disponibles para las personas de todo el mundo.

Si Beijing se sale con la suya, es posible que no sean sólo los 1.400 millones de personas que viven en China las que no puedan obtener justicia a través de los mecanismos de la ONU, sino que podría convertirse en un problema de todo el mundo.

En 2017 revelamos los esfuerzos de Beijing por silenciar a los expertos y al personal de derechos humanos de la ONU, con el fin de evitar que voces chinas  disidentes participasen en los exámenes de la ONU y manipular las normas y los procedimientos para garantizar revisiones más favorables, lo que debilita el escrutinio de la ONU no sólo de China sino de otros gobiernos abusivos.

2018 brindó un ejemplo perfecto de la estrategia de China. El pasado mes de marzo, presentó una resolución en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) titulada “Promoción de la cooperación mutuamente beneficiosa en la esfera de los derechos humanos”.

Suena inofensivo, ¿verdad? Sin embargo, la resolución aniquiló las ideas de rendición de cuentas por violaciones reales de los derechos humanos, sugiriendo un “diálogo” en su lugar. No especificó ninguna medida para cuando los violadores de derechos se niegan a cooperar con expertos de la ONU, toman represalias contra los defensores de los derechos o rechazan activamente los principios de derechos humanos. Incluso no reconoció ningún rol para el CDH cuando aborde violaciones graves de los derechos humanos en los momentos en los que el “diálogo” y la “cooperación” no producen resultados. La resolución fue adoptada por una mayoría angustiosamente amplia.

Si estas ideas se convierten no sólo en normas vigentes, sino también en principios operativos reales para el CDH, las víctimas de abusos estatales en todo el mundo, en países como Birmania, Sudán del Sur, Siria y Yemen, enfrentarán probabilidades casi imposibles de llevar a estos gobiernos abusivos ante la justicia. En su lugar, tendrán que quedarse al margen y esperar que sus abusos se terminen o se resuelvan mediante el “diálogo” y la “cooperación”.

Si hay espacio para el optimismo, esa posibilidad está en la creciente preocupación internacional por los aspectos del auge de China en una variedad de instituciones internacionales, incluidas las frustraciones por el desprecio de China por los dictámenes de la Organización Mundial del Comercio o la impresionante desaparición en octubre de 2018 del presidente de Interpol, Meng Hongwei. En agosto, un examen de China por parte de un organismo creado en virtud de tratados de la ONU generó una cobertura masiva en la prensa sobre los horribles abusos por parte de Beijing que afrontan los musulmanes en Xinjiang; decenas de gobiernos opinaron sobre la misma y otras violaciones, desde la pena de muerte hasta la persecución de detractores pacíficos, en otro examen de la ONU sobre China en noviembre.

La resolución de marzo de 2018 de China fue una victoria sólo para Beijing y una derrota para todos los que se toman en serio los abusos a los derechos humanos dentro y fuera de China. El desafío para los gobiernos es reforzar las instituciones globales en las que todos confiamos para proteger nuestros derechos humanos, mientras todavía puedan hacerlo.