Un incendio forestal en Santo Antonio do Matupi, al sur del estado de Amazonas, Brasil, el 27 de agosto de 2019.

© 2019 Associated Press
(São Paulo) – La deforestación en la Amazonía brasileña es provocada, mayormente, por redes delictivas que recurren a violencia e intimidación contra quienes intentan detenerlas, y el gobierno no está adoptando medidas para proteger ni a los defensores ni a la propia selva amazónica, señaló Human Rights Watch en un informe divulgado hoy. 

El informe de 169 páginas, “Rainforest Mafias: How Violence and Impunity Fuel Deforestation in Brazil's Amazon” (Mafias en la selva: Cómo la violencia y la impunidad propician la deforestación en la Amazonía brasileña) documenta cómo la tala ilegal por redes delictivas y los consecuentes incendios forestales están relacionados con los actos de violencia e intimidación cometidos contra los defensores de la selva amazónica y con fallas del Estado, que no investiga de forma adecuada ni juzga esos delitos. 

“Los brasileños que defienden la Amazonía son blanco de amenazas y ataques de redes delictivas que se dedican a la tala ilegal”, manifestó Daniel Wilkinson, director interino de Medioambiente y Derechos Humanos de Human Rights Watch. “Durante la presidencia de Bolsonaro, la situación solo empeora. El ataque a las agencias ambientales del país por parte de su gobierno está colocando a la selva y a quienes viven allí en mayor peligro”.

Las redes delictivas cuentan con capacidad logística para coordinar la extracción, el procesamiento y la comercialización a gran escala de madera, y al mismo tiempo contratan hombres armados para intimidar y, en algunos casos, asesinar a quienes intentan defender la selva, concluyó Human Rights Watch.

El 23 de septiembre de 2019, la Organización de las Naciones Unidas llevará a cabo una cumbre en la que se analizarán iniciativas a nivel global para mitigar el cambio climático. Brasil contribuyó con estas iniciativas comprometiéndose en 2016 a eliminar la deforestación ilegal en la Amazonia para 2030.

Human Rights Watch entrevistó a más de 170 personas, incluyendo 60 miembros de comunidades indígenas y otros residentes en los estados de Maranhão, Pará y Rondônia. El equipo también entrevistó a decenas de funcionarios gubernamentales en Brasilia y en toda la región amazónica, incluidos muchos que ofrecieron una visión desde dentro del estado sobre cómo las políticas del presidente Jair Bolsonaro menoscaban los esfuerzos para hacer cumplir la ley. 

Durante su primer año como presidente, Bolsonaro ha limitado la aplicación de las leyes ambientales, debilitado a las agencias ambientales federales, y criticado duramente a las organizaciones y personas que trabajan para preservar la selva.

En la última década, más de 300 personas fueron asesinadas en el contexto de conflictos por el uso de las tierras y de los recursos naturales en la Amazonía, muchas de ellas por personas que se dedicaban a la tala ilegal, según cifras reunidas por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), una organización sin fines de lucro citada por el Ministerio Público federal.

Human Rights Watch examinó 28 asesinatos, la mayoría ocurridos desde 2015 —además de cuatro intentos de asesinato y más de 40 casos de amenazas de muerte—, en los cuales existen pruebas convincentes de que los responsables se dedicaban a la deforestación ilegal y consideraban que sus víctimas constituían un obstáculo para sus actividades delictivas. Algunas víctimas eran funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes ambientales. La mayoría eran miembros de comunidades indígenas u otras personas que vivían en la selva y que habían denunciado la tala ilegal ante las autoridades. 

En el asentamiento Terra NossaResidentes del asentamiento indicaron que los cuatro hombres murieron a manos de un grupo armado al servicio de una red delictiva de terratenientes que, según un informe interno del gobierno, se dedicaba a la tala ilegal.

Son pocas las veces en que los responsables de la violencia son llevados ante la justicia. De los más de 300 asesinatos registrados por la CPT, apenas 14 llegaron a juicio. De los 28 asesinatos documentados por Human Rights Watch, solo dos llegaron a juicio. Y de los más de 40 casos de amenazas que examinamos, ninguno llegó a juicio. 

Esta falta de rendición de cuentas se debe, en gran medida, a que la policía no investiga debidamente los hechos. La policía local, que reconoció esos problemas, los justificó aseverando que los asesinatos se producen en lugares remotos. Sin embargo, Human Rights Watch documentó omisiones muy graves en investigaciones de asesinatos que se habían cometido en pequeñas ciudades, no lejos de dependencias policiales, incluidos casos en los que no se realizaron autopsias. 

Los resultados no son mejores en las investigaciones relacionadas con amenazas de muerte. En algunos lugares la policía se negó a recibir y registrar las denuncias de amenazas. En por lo menos 19 de los 28 asesinatos examinados, las víctimas o sus comunidades habían recibido amenazas antes de sufrir los ataques. Si las autoridades las hubieran investigado, estas muertes tal vez podrían haberse evitado.

Desde hace tiempo las comunidades indígenas y otros residentes locales tienen un papel importante en las iniciativas brasileñas orientadas a reducir la deforestación, al poner en conocimiento de las autoridades actividades de tala ilegal que, de otra manera, podrían pasar desapercibidas. La disminución del control en el cumplimiento de las leyes ambientales incentiva la tala ilegal. Esto hace que los residentes locales se sienten más presionados a asumir un papel más activo en la defensa de la selva, y de esta manera, se arriesgan a sufrir represalias. 

Desde 2004, Brasil cuenta con un programa para proteger a defensores ambientales y de derechos humanos, pero los funcionarios gubernamentales entrevistados coincidieron en que la protección que brinda el programa es muy limitada.

Durante los primeros ocho meses de gobierno de Bolsonaro, la deforestación casi se duplicó en comparación con el mismo período de 2018, según datos oficiales preliminares. En agosto de 2019, los incendios forestales relacionados con la deforestación se extendieron por la región amazónica a un ritmo que no se había visto desde 2010.

En el ecosistema húmedo característico de la cuenca amazónica, esos incendios no se producen de forma natural, sino que son provocados por personas para completar el proceso de deforestación en zonas donde ya se han talado los árboles que tienen mayor valor económico. El fuego se extiende a través de pequeños claros en la selva y de caminos abiertos por los madereros, que resecan la vegetación y facilitan su propagación.

Al ser la selva más grande del mundo, la Amazonía es fundamental para mitigar el cambio climático por su capacidad de absorber y almacenar dióxido de carbono. Cuando la selva se tala o se quema, no solo deja de cumplir esta función, sino que libera a la atmósfera el dióxido de carbono previamente almacenado.

“El impacto de los ataques a los defensores de la selva en Brasil va mucho más allá de la Amazonía”, dijo Wilkinson. “Hasta que el país no responda a la violencia y la ilegalidad que facilitan la extracción ilegal de madera, la destrucción de la selva más grande del mundo continuará sin ningún control”.

Entre los casos examinados en el informe están los siguientes:

  • En 2018, Gilson Temponi, presidente de una asociación de productores agropecuarios de Placas, estado de Pará, denunció ante la fiscalía actividades de tala ilegal y amenazas de muerte proferidas por madereros. Falleció en diciembre de ese año, cuando dos hombres armados se presentaron en la puerta de su vivienda y le dispararon.
  • Eusebio Ka’apor —líder del pueblo indígena ka’apor, que ayudó a organizar patrullas forestales para impedir el ingreso de madereros al territorio indígena Alto Turiaçu, en el estado de Maranhão— fue asesinado en 2015. Poco después de su muerte, seis de los siete miembros del Consejo de Gobierno de los ka’apor, que coordina las patrullas, recibieron amenazas de muerte de madereros.
  • Osvalinda Pereira y su esposo, Daniel Pereira, ambos pequeños agricultores, han recibido amenazas de muerte durante casi una década desde que comenzaron a denunciar que una red delictiva realiza actividades de tala ilegal en el estado de Pará. En 2018, alguien cavó en la parte de atrás de su casa dos tumbas simuladas sobre las que colocaron sendas cruces de madera.
  • Dilma Ferreira Silva, activista ambiental del estado de Pará, y otras cinco personas fueron asesinadas en 2019 por órdenes —según la policía— de un terrateniente que realizaba tala ilegal y que temía que Silva y las otras víctimas denunciaran sus actividades ilegales.