Miembros armados de la étnica Arakanese deja un pueblo en llamas, mientras un soldado los observa y se mantiene al margen del ataque. Estado de Arakan, Birmania, junio de 2012.

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(Bangkok, 22 de abril de 2013) – Las autoridades de Birmania y miembros de grupos arakaneses han cometido delitos de lesa humanidad como parte de una campaña de limpieza étnica contra musulmanes rohingyas en el estado de Arakán desde junio de 2012, señaló Human Rights Watch en un nuevo informe divulgado hoy.

El informe de 153 páginas, “‘All You Can Do is Pray’: Crimes Against Humanity and Ethnic Cleansing of Rohingya Muslims in Burma’s Arakan State” (‘Solo queda rezar’: Delitos de lesa humanidad y limpieza étnica de musulmanes rohingyas en el estado de Arakán en Birmania), documenta el papel del gobierno de Birmania y las autoridades locales en el desplazamiento forzado de más de 125.000 musulmanes rohingyas y otros musulmanes, y describe la crisis humanitaria que se vive en la actualidad. Funcionarios, líderes comunitarios birmanos y monjes budistas, organizaron y alentaron a miembros de la etnia arakanesa, con el respaldo de fuerzas de seguridad del estado, para que llevaran a cabo ataques coordinados sobre vecindarios y aldeas musulmanas en octubre de 2012, con el objeto de aterrorizar a la población y obligarla a trasladarse a otros sitios. A las decenas de miles de desplazados les ha negado el acceso a la ayuda humanitaria, y estas personas no han podido regresar a sus hogares.

“El gobierno de Birmania participó en una campaña de limpieza étnica contra la comunidad rohingya que todavía continúa en la actualidad, al negarles asistencia y restringir su circulación”, señaló Phil Robertson, subdirector para Asia de Human Rights Watch. “El gobierno debe detener inmediatamente los abusos y juzgar a los implicados; de lo contrario, será responsable de nuevos hechos de violencia contra minorías étnicas y religiosas en el país”.

Human Rights Watch informó que después de los hechos de violencia sectaria que tuvieron lugar entre arakaneses y rohingyas en junio de 2012, las autoridades del gobierno destruyeron mezquitas, realizaron detenciones masivas violentas y bloquearon la ayuda a musulmanes desplazados. El 23 de octubre, tras meses de reuniones y declaraciones públicas que promovían la limpieza étnica, turbas de arakaneses atacaron comunidades musulmanas en nueve poblaciones, arrasaron aldeas y mataron a residentes, mientras las fuerzas de seguridad se mantenían al margen o directamente ayudaban a los agresores. Algunas de las personas fallecidas fueron enterradas en fosas comunes, lo cual hace aun más difícil que los responsables de esos actos rindan cuentas.

Human Rights Watch viajó al estado de Arakán después de la escalada de violencia y abusos de junio y octubre. Allí visitó los sitios de los ataques y todos los principales campamentos de desplazados, así como también sitios de desplazamiento no oficiales. El informe se elaboró a partir de más de 100 entrevistas con musulmanes rohingyas, no rohingyas y con arakaneses que sufrieron o presenciaron abusos, así como también con algunas de las personas que organizaron y perpetraron los actos de violencia.

Todas las fuerzas de seguridad del estado que operan en el estado de Arakán están implicadas en los hechos por no haber impedido que se cometan atrocidades o directamente por haber participado en ellas, incluso la policía local, la policía antidisturbios Lon Thein, la fuerza interinstitucional de control fronterizo denominada Nasaka, y el ejército y la marina. Un soldado dijo a un musulmán que rogaba que les brindaran protección mientras su aldea era incendiada: “Lo único que pueden hacer para salvar sus vidas es rezar”.

Rohingyas desplazados relataron a Human Rights Watch que, en octubre, miembros de las fuerzas de seguridad se mantuvieron al margen o se unieron a los grupos de hombres arakaneses armados con machetes, espadas, armas caseras y bombas Molotov que avanzaban sobre sus aldeas y las atacaban. En algunos casos, los ataques se produjeron en forma simultánea en poblaciones que se encuentran a distancia considerable unas de otras.

Imágenes satelitales obtenidas por Human Rights Watch de 5 de las 13 poblaciones donde se produjeron actos de violencia desde junio muestran 27 zonas de destrucción claramente identificables. En estas se observa la destrucción de 4.862 estructuras que cubrían 348 acres de propiedades residenciales que, en su mayoría, pertenecían a musulmanes.

En el incidente con mayor cantidad de víctimas fatales, ocurrido el 23 de octubre, al menos 70 rohingyas fueron asesinados en una masacre que duró todo un día, en la aldea Yan Thei del distrito Mrauk-U. Pese a que se había emitido una advertencia previa en relación con este ataque, sólo una pequeña cantidad de policías antidisturbios, policías locales y soldados del ejército se encontraban de guardia para brindar seguridad. Incluso estas fuerzas de seguridad colaboraron con los asesinatos quitando a los rohingyas los palos y otras armas rudimentarias que llevaban para defenderse. Entre las víctimas se cuentan 28 niños que fueron asesinados a machetazos, 13 de ellos menores de 5 años. “Al principio, los soldados nos dijeron: ‘No hagan nada, nosotros los vamos a proteger, los vamos a salvar’; entonces, confiamos en ellos”, relató a Human Rights Watch un sobreviviente de 25 años. “Pero luego, no cumplieron su promesa. Para los arakaneses fue fácil golpearnos y asesinarnos. Ya que las fuerzas de seguridad no nos protegieron contra ellos”.

“En octubre, las fuerzas de seguridad miraban hacia otro lado mientras turbas de arakaneses atacaban los asentamientos de musulmanes, o bien se sumaban a la matanza y las quemas”, afirmó Robertson. “Seis meses más tarde, el gobierno sigue culpando a la ‘violencia en la comunidad’ por las muertes y los destrozos cuando, en realidad, el gobierno sabía lo que estaba ocurriendo y pudo haber actuado para impedirlo”.

Según señaló Human Rights Watch, los ataques de octubre se llevaron a cabo con un importante grado de organización previa y apoyo a nivel local. Entre los grupos que organizaron acciones contra los rohingyas, dos de los más influyentes fueron la orden local de monjes budistas (los sangha) y el Partido de Desarrollo de Nacionalidades Rakhine (Rakhine Nationalities Development Party, RNDP), fundado en 2010 por nacionalistas arakaneses, que ejerce amplio poder en el ámbito local. Entre junio y octubre, estos y otros grupos confeccionaron numerosos panfletos contra los rohingyas y realizaron declaraciones públicas que negaban, de manera explícita o tácita, la existencia de la etnia rohingya: los señalaban como una amenaza y exigían que fueran expulsados del país, apelando en ocasiones al concepto de “limpieza étnica”. A menudo, las declaraciones eran publicadas en el marco de reuniones organizadas y con pleno conocimiento de autoridades locales, estatales y nacionales, que no plantearon ninguna objeción. Autoridades locales, políticos y monjes también actuaron —con frecuencia, a través de declaraciones públicas y por la fuerza— para que se negara a los musulmanes su derecho a la libre circulación, oportunidades de subsistencia y el acceso a mercados y a la ayuda humanitaria. Presuntamente, el objetivo habría sido forzarlos a abandonar sus hogares e irse de la zona.

“Funcionarios locales y líderes de la comunidad participaron en un esfuerzo organizado para demonizar y aislar a la población musulmana como preludio a sanguinarios ataques perpetrados por turbas”, explicó Robertson. “Incluso, desde la matanza, el gobierno central no ha adoptado ninguna medida para castigar a los responsables ni revertir la limpieza étnica de los musulmanes que fueron desplazados por la fuerza”.

Human Rights Watch reveló evidencias sobre la existencia de cuatro fosas comunes en el estado de Arakán: tres de ellas están directamente relacionadas con los episodios de violencia de junio, y la cuarta con los hechos violentos que tuvieron lugar en octubre. Miembros de las fuerzas de seguridad intervinieron activamente para obstaculizar la posibilidad de rendición de cuentas y justicia al cavar fosas comunes que permitieran destruir pruebas de los delitos, señaló Human Rights Watch.

Por ejemplo, el 13 de junio, un camión del gobierno arrojó 18 cuerpos desnudos y semidesnudos cerca de un campamento rohingya para personas desplazadas en las afueras de Sittwe, la capital del estado. Algunas de las víctimas habían sido atadas de pies y manos con cuerdas o precintos de plástico antes de ser ejecutadas. Al dejar los cuerpos cerca de un campamento de rohingyas desplazados, los soldados estaban advirtiendo —como parte de una política de limpieza técnica— a los rohingyas que debían irse en forma definitiva.

“Tiraron los cuerpos aquí”, relató un hombre rohingya que vio cuando eran arrojados. “Tres cuerpos tenían heridas de bala. Algunos tenían quemaduras, otros tenían heridas cortantes. Uno tenía una herida de bala en la frente, otro en el pecho”.

El estado de Arakán enfrenta una grave crisis humanitaria a raíz de las sistemáticas restricciones aplicadas por el gobierno birmano a la ayuda humanitaria destinada a rohingyas desplazados.

Más de 125.000 musulmanes rohingyas y no rohingyas, y un grupo más reducido de arakaneses, han estado en campamentos para personas desplazadas en el estado de Arakán desde junio. Si bien el gobierno del presidente Thein Sein recibe visitas de importantes diplomáticos a los sitios de desplazamiento, también obstaculiza la entrega de ayuda humanitaria en la práctica. Muchos de los musulmanes desplazados han estado viviendo hacinados en campamentos donde las condiciones habitacionales son deficientes y carecen de alimentos, agua, servicios sanitarios, escuelas y atención médica. En algunas áreas, las fuerzas de seguridad brindan protección a los musulmanes desplazados, pero en la mayoría de los casos se comportan como guardias carcelarios y les impiden acceder a mercados, medios de subsistencia y asistencia humanitaria, que muchos necesitan imperiosamente.

Human Rights Watch destacó que decenas de miles de rohingyas corren riesgo de contraer distintas enfermedades mortales transmitidas a través del agua si no son trasladados a zonas más altas antes de mayo, cuando comienza la estación lluviosa.

“El problema con la entrega de ayuda en el estado de Arakán no es una falla en la coordinación, sino que el gobierno no ha asumido una posición de liderazgo para permitir que los musulmanes desplazados accedan a la asistencia y tengan libertad de circulación”, afirmó Robertson. “Estamos a pocas semanas de una crisis humanitaria absolutamente previsible y evitable, que se desatará cuando llueva, se inunden los campamentos y comiencen a propagarse las enfermedades transmitidas a través del agua”.

Los rohingyas desplazados no han sido consultados acerca de su derecho a regresar a sus localidades y aldeas originales, lo cual refuerza el temor de que se pretenda segregar a esta población a largo plazo, señaló Human Rights Watch.

Sin ayuda ni protección, y enfrentándose a violencia y abusos, decenas de miles de rohingyas han huido del país por vía marítima desde junio, con la esperanza de llegar a Bangladesh, Malasia o Tailandia. Y muchos miles más parecen estar dispuestos a hacer lo mismo; de hecho, cientos de personas ya han perdido la vida en alta mar.

Conforme al derecho internacional, los crímenes de lesa humanidad son delitos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático perpetrado por un gobierno u organización contra una población civil. Entre los delitos de lesa humanidad cometidos contra los rohingyas desde el mes de junio se cuentan asesinatos, deportaciones, traslados forzados de la población y persecuciones.

La “limpieza étnica”, si bien no es formalmente un término legal, ha sido definida como una política deliberada, por parte de un grupo étnico o religioso, destinada a eliminar de determinadas zonas geográficas, por medios violentos e infundiendo el terror, a la población civil de otro grupo étnico o religioso.

La Ley de Ciudadanía de 1982, que niega la ciudadanía birmana a los rohingyas por motivos étnicos de cariz discriminatorio, resulta clave para la persecución de este pueblo, expresó Human Rights Watch. La ley no considera que los rohingyas sean una de las ocho “razas nacionales” reconocidas, lo cual les otorgaría el derecho a la plena ciudadanía. Por lo tanto, deben aportar “pruebas concluyentes” de que sus ancestros se asentaron en Birmania antes de la independencia, declarada en 1948. Se trata de un requisito complejo, cuando no imposible, para la mayoría de las familias rohingyas.

El gobierno y la sociedad birmana consideran abiertamente que los rohingyas son inmigrantes ilegales del territorio que actualmente corresponde a Bangladesh, y que no son una “raza nacional” diferenciada de Birmania. De este modo, les niegan la posibilidad de obtener la plena ciudadanía. En declaraciones oficiales emitidas por el estado, se hace referencia a ellos como “bengalíes”, “los llamados rohingya” o se utiliza el término despectivo “kalar”.

Human Rights Watch instó al gobierno birmano a modificar en forma urgente la Ley de Ciudadanía de 1982 a fin de eliminar las disposiciones discriminatorias y garantizar que los niños rohingyas gocen del derecho a obtener una nacionalidad cuando, de no ser así, serían considerados apátridas.

“Birmania debería aceptar que una comisión internacional independiente se ocupe de investigar delitos de lesa humanidad cometidos en el estado de Arakán, ubicar a las víctimas y ofrecerles una reparación”, afirmó Robertson. “Los donantes de Birmania deben tomar conciencia de la gravedad de la situación de los rohingyas, y exigir que el gobierno ponga fin inmediatamente a los abusos, promueva el regreso seguro de los musulmanes desplazados y garantice la rendición de cuentas para terminar con el círculo de violencia en el estado de Arakán, que ya ha cobrado numerosas víctimas fatales”.