En 2014, el primer año completo en que Hassan Rouhani ocupó la presidencia, no se vio ninguna mejora significativa en materia de derechos humanos. Los elementos represivos dentro de las fuerzas de seguridad e inteligencia y el poder judicial conservaron amplios poderes y continuaron siendo los principales perpetradores de los abusos contra los derechos. Las ejecuciones, especialmente por delitos relacionados con las drogas, continuaron a un ritmo elevado. Las fuerzas de seguridad e inteligencia arrestaron a periodistas, blogueros y activistas de medios sociales, y los tribunales revolucionarios los condenaron a penas severas.
Pena de muerte
Según medios de comunicación iraníes, hasta octubre de 2014, las autoridades habían ejecutado al menos a 200 presos, pero fuentes de la oposición aseguran que llevaron a cabo sin anunciar otras 400 ejecuciones. Algunas ejecuciones fueron públicas.
Según la legislación iraní, muchos delitos pueden ser castigados con la muerte, incluso algunos que no implican violencia, como “insultar al Profeta”, la apostasía, las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, el adulterio y los delitos relacionados con drogas. La mayoría de los prisioneros que fueron ejecutados en 2014 eran delincuentes que habían sido condenados por delitos de drogas tras juicios injustos en tribunales revolucionarios. El 24 de noviembre, el Tribunal Supremo confirmó una sentencia de un tribunal penal que condenaba a muerte a Soheil Arabi por los mensajes que publicó en Facebook y que fueron interpretados como “insultos al Profeta”.
Según fuentes no oficiales, al menos ocho presos ejecutados podrían haber sido delincuentes menores de 18 años en el momento en que cometieron los delitos de asesinato o violación por los que fueron condenados a la pena de muerte. Según informes, decenas de menores siguen condenados a muerte y en riesgo de ser ejecutados. La legislación iraní contempla la pena de muerte para las personas que hayan alcanzado la edad oficial de la pubertad: nueve años para las niñas, 15 para los niños.
En 2014 las autoridades ejecutaron al menos a nueve personas que los tribunales revolucionarios habían condenado por moharebeh (“enemistad contra Dios”) por sus presuntos vínculos con grupos armados de la oposición. En enero las autoridades ejecutaron a dos activistas árabes-iraníes, Hadi Rashedi y Hashem Shaabaninejad, por moharebeh, según grupos de defensa de los derechos humanos. El 31 de mayo las autoridades ejecutaron a Gholamreza Khosravi Savadjani, condenado por sus presuntos vínculos con el grupo prohibido de la oposición Mojahedin-e Khalq. Decenas de personas sentenciadas por cargos relacionados con el terrorismo, entre ellas muchos kurdos y baluchis iraníes, fueron condenados a muerte en juicios plagados de violaciones del debido proceso. El 12 de junio las autoridades informaron a los familiares de Ali Chabishat y Seyed Khaled Mousavi, árabes-iraníes de Ahvaz en Juzestán, que los habían ejecutado y enterrado en secreto, a pesar de los llamamientos de las Naciones Unidas.
El poder judicial continuó permitiendo la ejecución de presos condenados por moharebeh a pesar de los cambios en el código penal que requieren que se revisen y anulen las condenas a muerte en ausencia de evidencia de que el presunto autor recurrió al uso de las armas.
Libertad de expresión e información
Los cuerpos de seguridad continuaron tomando medidas drásticas contra la libertad de expresión y la disidencia. Según Reporteros sin Fronteras, Irán detuvo en octubre al menos a 48 periodistas, blogueros y activistas de medios sociales.
En mayo de 2014 la policía arrestó a cuatro hombres y tres mujeres jóvenes después de que un video en el que aparecían bailando al ritmo de la popular canción “Happy” se volviera viral en YouTube. Las autoridades los pusieron en libertad para ser juzgados por cargos como participar en “relaciones ilícitas”. En mayo un tribunal revolucionario de Teherán condenó a ocho usuarios de Facebook a un total de 127 años de cárcel por la presunta publicación de mensajes sobre funcionarios del gobierno y “santidades religiosas” que fueron considerados insultantes, entre otros delitos.
Las fuerzas de seguridad detuvieron el 28 de mayo a Saba Azarpeik, periodista de las publicaciones Etemad y Tejarat-e Farda, y la mantuvieron en régimen de incomunicación durante casi tres meses. A continuación, la pusieron en libertad bajo fianza. Según informes, será juzgada por cargos imprecisos de “propaganda contra el Estado” y “difusión de información falsa”. El 19 de junio un funcionario judicial anunció que 11 personas declaradas culpables de “diseñar páginas y sitios web y crear contenidos para medios hostiles al régimen” habían recibido penas de prisión de hasta 11 años. Parece ser que eran personas relacionadas con Narenji, un popular sitio web, que habían sido detenidas por los Guardias Revolucionarios el 3 de diciembre de 2013.
El 22 de julio, agentes no identificados detuvieron al corresponsal del periódico estadounidense Washington Post, Jason Rezaian; a su esposa Yeganeh Salehi, también periodista, y otras dos personas no identificadas: una fotoperiodista y su cónyuge. En el momento de redactarse este informe, Rezaian seguía detenido sin cargos y sin haber tenido acceso a un abogado. Las autoridades liberaron a Salehi y a los otros dos.
El 7 de agosto de 2014, un tribunal de apelaciones confirmó la condena por homicidio de un agente de la policía acusado por su implicación en el caso de la muerte bajo custodia del bloguero Sattar Beheshti el 6 de noviembre de 2012. El tribunal impuso una pena de tres años de cárcel, más dos años de exilio interno y 74 latigazos.
Funcionarios judiciales también cerraron al menos cuatro periódicos presuntamente por violación de las restricciones de contenido. Ordenaron el cierre de Aseman en febrero y la detención de su jefe de redacción por un artículo que describía las leyes islámicas qesas de retribución como “inhumanas”. Las autoridades permitieron que algunos periódicos continuaran publicando después de las prohibiciones, pero siguieron bloqueando sitios web e interfiriendo las emisiones extranjeras vía satélite.
Libertad de reunión y asociación
Decenas de personas detenidas por su afiliación a partidos prohibidos de la oposición, sindicatos y grupos de estudiantes siguen en la cárcel. Los sindicatos independientes y no autorizados siguieron siendo blancos del poder judicial. El 1 de mayo la policía atacó y arrestó al menos a 25 trabajadores que protestaban por los bajos salarios y las pobres condiciones laborales delante del Ministerio del Trabajo y de una terminal de autobuses de Teherán. La policía llevó a los trabajadores a la prisión Evin, antes de liberarlos. Varios enfrentan cargos relacionados con reunión ilícita.
El ministro interino de Ciencias de Rouhani, Reza Faraji Dana, responsable de la mayoría de las universidades de Irán, dirigió esfuerzos para restituir a los profesores y estudiantes expulsados entre 2005 y 2012 por sus actividades pacíficas. Sin embargo, decenas seguían sin poder continuar sus estudios o docencia. En agosto, el Parlamento votó a favor de destituir al ministro y se negaron a confirmar varias otras nominaciones de Rouhani para el puesto.
Prisioneros políticos y defensores de los derechos humanos
Las autoridades continuaron encarcelando a decenas de activistas y defensores de los derechos humanos, tales como los abogados Mohammad Seifzadeh y Abdolfattah Soltani, a causa de sus actividades pacíficas o profesionales. En septiembre, un tribunal revocó una orden que prohibía que Nasrin Sotoudeh ejerciera la abogacía durante 10 años después de su salida de la cárcel en 2013. Pero el 18 de octubre el comité disciplinario del Colegio de Abogados de Irán le dijo a Sotoudeh que había revocado su licencia de abogado durante 3 años debido a su condena en 2011 por un tribunal revolucionario, por cargos imprecisos de seguridad nacional. El 9 de noviembre, funcionarios de seguridad convocaron a Narges Mohammadi, una defensora de los derechos, para ser interrogada después de dar un discurso en el que criticó las políticas del gobierno.
En 2014, las destacadas figuras de la oposición Mir Hossein Mousavi, Zahra Rahnavard y Mehdi Karroubi, recluidos sin cargos ni juicio desde febrero de 2011, permanecieron bajo arresto domiciliario. Los presos, especialmente aquellos condenados por motivos políticos, sufrieron abusos regulares por parte de los guardias y les fue denegado el tratamiento médico necesario. En abril, un grupo de guardias golpeó severamente a varias decenas de presos políticos en el Pabellón 350 de la prisión Evin y obligaron a cerca de 30 de ellos, a pasar entre dos filas de guardias, que daban puñetazos, patadas y golpes con porras. Según los familiares de las víctimas, algunos sufrieron lesiones graves. A continuación, los funcionarios sometieron al menos a 31 presos a régimen de aislamiento prolongado y trato degradante.
Derechos de la mujer
En 2014 las autoridades anunciaron o implementaron políticas discriminatorias, incluyendo la restricción del empleo de las mujeres en las cafeterías, algunos restaurantes y otros espacios públicos, y la limitación del acceso a la planificación familiar como parte de las medidas oficiales para impulsar el crecimiento de la población iraní.
El 30 de junio, las autoridades arrestaron a Ghoncheh Ghavami, una joven de 25 años de doble nacionalidad iraní-británica, y a otras personas por haber participado en una protesta pacífica en contra de una orden oficial que prohibía que las mujeres asistieran a los partidos de voleibol de los hombres en el Estadio Azadi de Teherán. Ghavami, que primero estuvo detenida en la prisión Evin, donde las autoridades le negaron el acceso a un abogado, fue luego juzgada y condenada por el delito de “propaganda contra el Estado” en un juicio a puerta cerrada. En septiembre, las autoridades anunciaron que Shahla Sherkat, editora de una nueva revista femenina, debía comparecer ante el Tribunal de Prensa por promover ideas no islámicas.
Las mujeres iraníes son discriminadas en muchos aspectos de sus vidas, incluyendo cuestiones de estatus personal relacionadas con el matrimonio, el divorcio, la herencia y la custodia de los hijos. Independientemente de su edad, una mujer no puede casarse sin la aprobación de su tutor masculino, y las mujeres, en general, no pueden transmitir su nacionalidad iraní a un cónyuge extranjero o a sus hijos. El matrimonio infantil, aunque ya no es la norma, sigue vigente, ya que la ley permite que las niñas se casen a los 13 años y los niños a los 15 años, y a edades más tempranas si un juez da su autorización.
Trato de las minorías
El gobierno niega la libertad religiosa a los Baha’is, la mayor minoría religiosa no musulmana de Irán, y los discrimina. Hasta mayo de 2014 había al menos 136 Baha’ís encarcelados en prisiones iraníes. Las autoridades estatales también profanaron cementerios de los Baha’is, incluido uno en Shiraz, que comenzaron a excavar en abril. Los cristianos conversos del Islam, los protestantes de habla persa y las congregaciones evangélicas, así como los miembros del movimiento de la iglesia en casa, siguieron siendo blanco de las fuerzas de seguridad e inteligencia. Muchos afrontan cargos como “actuar contra la seguridad nacional” y difundir “propaganda contra el Estado”.
Las autoridades restringen la participación política y el empleo en el sector público de las minorías musulmanas no chiíes, incluidos los sunitas, que representan el 10 por ciento de la población. También impiden que los sunitas construyan sus propias mezquitas en Teherán y celebren oraciones del Eid independientes. La persecución por parte del gobierno contra los miembros de las órdenes místicas sufíes, especialmente contra los miembros de la orden Nematollahi Gonabadi, no cesó. En marzo la policía golpeó y detuvo a varios manifestantes que se reunieron delante de un edificio judicial en Teherán para pedir la liberación de varios detenidos sufíes.
El gobierno restringió las actividades culturales y políticas entre las minorías azeríes, kurdas, árabes y baluchis del país. Los refugiados afganos y los trabajadores migrantes, que según cálculos oscilan entre los 2,5 y los 3 millones, siguieron sufriendo graves abusos.
Principales actores internacionales
El gobierno continuó bloqueando el acceso a Irán del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Irán, Ahmed Shaheed, y otros órganos de derechos de la ONU, pero anunció en noviembre que permitiría la visita de dos expertos de la ONU en 2015. El Relator Especial y otros funcionarios de la ONU criticaron el “alza en las ejecuciones” en Irán e instó al gobierno a imponer una moratoria.