En noviembre, los hondureños acudieron a las urnas para elegir un nuevo presidente y a los 128 diputados del Congreso.
Persisten desafíos urgentes en materia de derechos humanos incluyendo la impunidad frente a actos de corrupción, ataques contra defensores de derechos humanos, violencia contra las mujeres, pobreza generalizada y falta de independencia judicial.
Elecciones libres y justas
El proceso electoral de 2025 en Honduras estuvo marcado por acusaciones de fraude por parte de varios actores políticos, presiones políticas sobre las autoridades electorales y retrasos significativos en la organización de las elecciones y el recuento de votos. Las medidas de control para evitar la financiación ilícita de las campañas electorales fueron insuficientes. Al menos 13 personas murieron a causa de violencia política en el período previo a las elecciones, según el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, intervino en el proceso electoral al respaldar públicamente a un candidato presidencial y amenazar con retirar la ayuda financiera de Estados Unidos a Honduras si dicho candidato no resultaba electo.
La Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea desplegaron misiones de observación electoral; ambas informaron que la jornada electoral se desarrolló de forma pacífica. Sin embargo, retrasos en la publicación de los resultados preliminares minaron la confianza en el proceso. La presidenta Xiomara Castro afirmó que las elecciones estaban “viciadas de nulidad” y que su partido no reconocería los resultados preliminares, en parte debido a la intervención del presidente Donald Trump en el proceso. La OEA instó a los actores políticos a abstenerse de alterar el orden público mientras avanzaba el conteo de votos, advirtiendo que ello constituiría un “un claro intento de obstaculizar el curso de las últimas fases del proceso electoral”. Al momento de redacción de este informe, las autoridades electorales aún no habían declarado a los ganadores, generando incertidumbre y preocupación por posibles tensiones postelectorales.
Corrupción y Estado de derecho
La corrupción, la impunidad y la interferencia política en el sistema judicial socavan el Estado de derecho.
En 2022, el gobierno de la presidenta Castro y la Secretaría de las Naciones Unidas firmaron un memorándum para crear una comisión internacional contra la impunidad y la corrupción. Un grupo de expertos de la ONU indicó que se requieren reformas legales para garantizar que la comisión pueda funcionar de manera eficaz. El Congreso aprobó algunas de estas reformas; sin embargo, al momento de redacción de este informe aún no había modificado varias leyes que limitan la rendición de cuentas. Estas normas prohíben sancionar a diputados por acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones y otorgan amnistía a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya que fueron investigados, procesados o condenados por “actos propios del ejercicio de su función pública” tras el golpe de Estado de 2009 contra Zelaya.
Honduras ocupó el puesto 154 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 elaborado por Transparencia Internacional.
En 2024, Carlos Zelaya, cuñado de Castro y diputado, renunció tras admitir haberse reunido con narcotraficantes en 2013. El medio Insight Crime publicó un video en el que supuestamente se veía a Zelaya negociando con narcotraficantes contribuciones a la campaña presidencial de Castro en 2013. Su hijo, José Zelaya, entonces ministro de Defensa, también renunció.
En 2022, el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) fue extraditado a Estados Unidos por cargos de narcotráfico y armas. Fue sentenciado a 45 años de prisión en 2024. En diciembre, el presidente Trump indultó a Hernández.
Derechos económicos, sociales y culturales
Las altas tasas de pobreza y el acceso limitado a los servicios públicos menoscaban el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Según datos oficiales, en 2025, el 60,1 % de los hogares vivía por debajo de la línea de la pobreza, una baja en comparación con el 62,9 % de 2024.
Según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, uno de cada cuatro niños menores de cinco años sufre desnutrición crónica. Muchas comunidades carecen de acceso adecuado a educación, servicios de salud, vivienda y agua potable.
El grupo estadounidense Honduras Próspera Inc. presentó una demanda contra Honduras a través del mecanismo de solución de controversias entre inversionistas y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés) en la que reclamaba hasta US$10.800 millones en daños y perjuicios (equivalentes a aproximadamente el 60 % del presupuesto de Honduras para 2026), tras la derogación, en 2022, de una ley que creaba zonas económicas especiales con amplios poderes de autogobierno. En octubre, Próspera informó de una estimación actualizada de los daños y perjuicios de $1.600 millones. Numerosos críticos del ISDS han señalado que este caso, y el elevado monto reclamado, ilustran cómo este tipo de demandas puede castigar o disuadir la adopción de regulaciones de interés público.
Derecho a la tierra y ataques contra defensores de los derechos humanos
Honduras no protege adecuadamente los derechos colectivos sobre la tierra de las comunidades indígenas y afrodescendientes, lo que las expone al desplazamiento forzado. Las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente se enfrentan a amenazas y ataques persistentes.
Global Witness documentó cinco asesinatos y una desaparición de defensores de la tierra y el medio ambiente en 2024, entre ellos tres miembros de comunidades campesinas del Bajo Aguán. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) informó de nueve asesinatos adicionales de campesinos o sus familiares en el Aguán entre enero y mediados de julio.
Según la OACNUDH, el pueblo afro indígena garífuna sufre discriminación y violaciones de sus derechos sobre la tierra. Honduras no ha cumplido plenamente con tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitidas a favor de esa comunidad. La Corte conoció un cuarto caso en mayo; al momento de redacción de este informe, la decisión seguía pendiente.
En 2024 y 2025, la Corte Suprema de Justicia de Honduras confirmó las sentencias de ocho personas por el asesinato de ambientalista Berta Cáceres en 2016. Sin embargo, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), una ONG fundada por Cáceres, sostiene que no todas las personas responsables han rendido cuentas ante la justicia. En febrero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos creó un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para investigar la muerte de Cáceres.
Las autoridades imputaron a tres personas por el asesinato del defensor del medioambiente Juan López, ocurrido en 2024; el caso seguía pendiente al momento de redacción de este informe.
El mecanismo nacional de protección de Honduras creado en 2015 para proteger a defensores de derechos humanos, periodistas y profesionales del sistema de justicia sigue siendo ineficaz, en parte debido a la falta de recursos y de personal.
Derechos de las mujeres y las niñas
Las mujeres y niñas enfrentan altos niveles de violencia y obstáculos para acceder a la justicia y a atención médica. Según el centro de estudios MundoSur, la tasa de feminicidios en Honduras fue de 4,75 por cada 100.000 mujeres y niñas en 2024, una reducción significativa respecto de 2023, cuando se registró una tasa de 7,73. Pese a ello, Honduras continúa registrando una de las tasas más altas de América Latina.
Honduras prohíbe el aborto en todas las circunstancias, incluso cuando la vida de la persona embarazada está en peligro.
Según el grupo de derechos humanos Centro de Derechos de Mujeres, la fiscalía general recibió 3.350 denuncias de violencia sexual contra mujeres y niñas en 2024, lo que representa un aumento del 27 % respecto de 2023. El 62 % de los casos correspondió a delitos cometidos contra niñas.
Orientación sexual e identidad de género
Las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) continúan enfrentando altos niveles de violencia y discriminación. Honduras ha incumplido con medidas clave ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2021, como la creación de un procedimiento legal de reconocimiento de género para las personas transgénero. Honduras no permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y carece de una legislación integral contra la discriminación LGBT.
Seguridad pública
La elevada tasa de homicidios en Honduras ha disminuido en los últimos años. La policía estimó que la tasa de homicidios en 2025 sería de 15,30 por cada 100.000 habitantes, un descenso significativo respecto de la tasa de 26,07 registrada en 2024.
El estado de excepción, adoptado en 2022 para luchar contra la extorsión y otros delitos, sigue vigente. La OACNUDH informó de esta medida ha dado lugar a detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y otros abusos. Hasta abril, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, un organismo gubernamental independiente, había registrado más de 800 denuncias contra las fuerzas de seguridad por abusos cometidos durante el estado de excepción.