El gobierno continúa reprimiendo y castigando prácticamente cualquier forma de disenso y crítica pública, mientras los cubanos siguen padeciendo una crisis económica severa que afecta sus derechos, incluyendo el acceso a salud y alimentación.
Cientos de críticos del gobierno y manifestantes, incluyendo muchos de los que participaron en protestas masivas en julio de 2021, permanecen detenidos arbitrariamente. En 2024, el país vivió oleadas de protestas, que fueron desencadenadas por los apagones, la escasez y el deterioro de las condiciones de vida. Los cubanos siguen abandonando el país en grandes números.
Estados Unidos mantiene en vigor su política de aislamiento hacia Cuba, incluyendo el embargo y la designación del país como Estado patrocinador del terrorismo.
Detención y acusaciones arbitrarias
Al igual que en años anteriores, las autoridades detuvieron arbitrariamente, acosaron e intimidaron a críticos, activistas independientes y opositores políticos, entre otros. A muchos se les mantuvo incomunicados en diversos momentos. Algunos fueron sometidos a malos tratos y, en algunos casos, a tortura.
Tras las protestas de marzo como consecuencia de los cortes de electricidad y la escasez de alimentos, organizaciones de derechos humanos documentaron la detención de al menos 20 personas. En junio, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria (GTDA) determinó que la detención de 17 personas tras las protestas de julio de 2021, las más grandes desde la revolución cubana, fue arbitraria. Más de 650 manifestantes, incluyendo más de 40 mujeres, se encuentran entre rejas, según documentaron organizaciones de derechos humanos.
En reiteradas ocasiones, la fiscalía acusó penalmente a manifestantes por acciones que constituyen ejercicios legítimos de la libertad de expresión y de asociación como criticar al gobierno en redes sociales o protestar pacíficamente.
Migración
Entre enero y agosto de 2024, la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos aprehendió a más de 97.000 cubanos. Esta cifra podría incluir múltiples aprehensiones a las mismas personas. Muchos viajaron hacia el norte de camino a Estados Unidos a través de Nicaragua, que eximió a los cubanos de visado en 2021.
Según cifras oficiales, la población cubana se redujo un 10 % entre diciembre de 2021 y diciembre de 2023, debido sobre todo a la migración.
En agosto, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley que permitiría al gobierno despojar a los cubanos en el extranjero de su nacionalidad en caso de “realizar actos contrarios a los altos intereses políticos, económicos y sociales de la República de Cuba”. Al momento de redacción de este informe, la ley no había sido promulgada.
Derechos económicos, sociales y culturales
La crisis económica en Cuba afectó gravemente la posibilidad de las personas de ejercer sus derechos económicos, sociales y culturales. Los cubanos padecieron apagones, que en algunas zonas se prolongaron durante 20 horas diarias, y una escasez aguda de alimentos, medicinas y otros productos de primera necesidad.
En octubre, los cubanos sufrieron un apagón de escala nacional que afectó a 10 de los 11 millones de habitantes de Cuba. Algunas regiones estuvieron sin electricidad hasta 70 horas.
En febrero, Cuba solicitó asistencia por primera vez al Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas. El país solicitó leche en polvo para niños menores de siete años. En abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relator Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Medioambientales “expresa[ron] preocupación ante el agravamiento reciente de la inseguridad alimentaria en Cuba y de las interrupciones prolongadas del suministro eléctrico”.
Presos políticos
Para agosto, Cuba mantenía encarceladas a más de 1.000 personas, incluyendo 30 menores de 18 años, que cumplían con la definición de presos políticos, según Prisoners Defenders, una organización no gubernamental con sede en Madrid.
Los cubanos que critican al gobierno corren el grave riesgo de ser procesados penalmente y de que no se les garantice el debido proceso, incluyendo el derecho a juicios justos y públicos por parte de un tribunal competente, independiente e imparcial. En la práctica, los tribunales están subordinados al poder ejecutivo.
Los artistas Maykel Castillo Pérez y Manuel Otero Alcántara continúan detenidos. Castillo Pérez, coautor de la canción crítica del gobierno cubano “Patria y Vida”, fue detenido en mayo de 2021 y ha estado en prisión desde entonces. Otero Alcántara fue detenido tras anunciar en un vídeo que se uniría a las protestas de julio de 2021.
José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, el principal partido de oposición, permanecía detenido para finales del año. Un tribunal de Santiago de Cuba lo condenó a cuatro años y medio de “restricciones a las libertades” por una supuesta “agresión” en 2020. El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria estableció que su detención fue arbitraria. En 2021, policías detuvieron a Ferrer cuando se dirigía a una manifestación. Posteriormente, un tribunal determinó que Ferrer había incumplido las “restricciones a las libertades” y lo envió a la prisión de Mar Verde. Sus familiares aseguran que Ferrer ha permanecido incomunicado durante largos periodos y que sufre problemas de salud. En una resolución adoptada en septiembre, el Parlamento Europeo pidió la liberación inmediata de Ferrer y de otras personas detenidas arbitrariamente.
La organización de derechos humanos Justicia 11J documentó que las familias de los presos políticos han sufrido acoso por parte del Estado. En varias ocasiones, agentes de seguridad han llamado o visitando sus domicilios para hostigarlos y disuadirlos de denunciar abusos.
Condiciones en centros de detención
Las prisiones del país en general están hacinadas. En la práctica, no existe un mecanismo a través del cual los detenidos puedan presentar denuncias de abusos.
El gobierno sigue negando a las organizaciones de derechos humanos cubanos e internacionales el acceso a las prisiones. Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos y periodistas denuncian escasez de alimentos, acceso inadecuado a la atención en salud y brotes de tuberculosis en las prisiones.
Libertad de expresión
El gobierno controla prácticamente todos los medios de comunicación en Cuba, restringe el acceso a información proveniente del extranjero y habitualmente censura a críticos y periodistas independientes.
El mayor acceso a Internet ha permitido a los activistas comunicarse, reportar abusos y organizar protestas. Algunos periodistas y blogueros publican artículos de noticias y vídeos en redes sociales como X y Facebook, y en el sitio web 14yMedio, entre otros. Las autoridades suelen bloquear el acceso a páginas web de noticias dentro de Cuba e imponen repetidamente restricciones individuales, y a veces generalizadas, al acceso al servicio de Internet móvil a los críticos del gobierno.
En abril, un tribunal de Camagüey condenó a Mayelín Rodríguez Prado a 15 años de cárcel por transmitir en Facebook imágenes de protestas en Nuevitas. El tribunal determinó que las transmisiones de Rodríguez Prado eran “propaganda enemiga”.
Actores internacionales
Las autoridades siguen utilizando el embargo estadounidense como excusa para cometer abusos y como forma de lograr el apoyo de gobierno extranjeros, que, de lo contrario, podrían estar dispuestos a condenar las prácticas represivas de Cuba.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no eliminó la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo realizada por el entonces presidente Donald Trump. Según expertos de Naciones Unidas, esta designación ha socavado aún más la capacidad de las autoridades cubanas para proveer servicios sociales en el país.