Desde el inicio de la “guerra” contra el crimen organizado en 2006, los índices de delincuencia violenta han sufrido un aumento drástico en México, y alcanzaron niveles históricos durante el gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, que asumió en diciembre de 2018. Si bien las autoridades a menudo atribuyen esta violencia a carteles delictivos, la mayoría de los delitos no se investigan y nunca se identifica ni se enjuicia a los responsables.
Desde 2007, los sucesivos presidentes han movilizado a las fuerzas militares dentro del país para combatir el crimen organizado y llevar a cabo tareas de seguridad pública. Soldados, policías y agentes del Ministerio Público han cometido graves violaciones de derechos humanos en forma generalizada, que incluyen torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, con impunidad casi absoluta. Las iniciativas orientadas a reformar a la policía y las fiscalías han sido ineficaces. El Congreso, controlado por el partido de López Obrador, disolvió la Policía Federal en 2019. Transfirió formalmente las funciones policiales a la Secretaría de la Defensa en 2022.
Miles de personas siguen desapareciendo cada año. Más de 105,000 se consideraban desaparecidas al mes de septiembre. La mayoría desaparecieron después de 2006.
México es uno de los países más peligrosos del mundo para periodistas y defensores de derechos humanos.
El presidente López Obrador ha colaborado con el gobierno de EE. UU. en la implementación de políticas abusivas con el fin de prevenir que los migrantes viajen a través de México para llegar a Estados Unidos.
Violencia e impunidad
Los niveles de delitos violentos han alcanzado picos históricos durante la presidencia de López Obrador. En 2021, se registró una tasa de 28 homicidios cada 100,000 personas.
Cerca del 90 % de los delitos nunca se denuncian, una tercera parte de los delitos denunciados nunca se investigan y menos del 16 % de las investigaciones se “resuelven” (en la justicia, por mediación o con alguna forma de resarcimiento), lo cual implica que las autoridades resolvieron poco más del 1 % de todos los delitos cometidos en 2021, según el organismo oficial de estadísticas.
Sistema de justicia penal
Policías, fiscales y soldados utilizan habitualmente la tortura para obtener confesiones y cometen otros abusos contra personas señaladas por delitos. El sistema de justicia habitualmente no asegura las garantías de debido proceso.
Los jueces están obligados por ley a dictar la prisión preventiva de las personas procesadas por una amplia variedad de delitos, sin evaluar las circunstancias del caso, lo cual viola estándares internacionales de derechos humanos. Cerca del 85 % de quienes fueron enviados a prisión en 2020 no habían sido condenados por ningún delito, según un análisis de datos oficiales que realizó la organización de derechos humanos Intersecta. En 2019, el Congreso, controlado por el partido de López Obrador, amplió la lista de delitos que requieren de prisión preventiva obligatoria.
Las cárceles son insalubres y sobrepobladas. Los agentes del Ministerio Público siguen empleando el mecanismo de arraigo, una figura legal que les permite obtener autorización judicial para detener a cualquier persona por hasta 40 días sin presentar cargos por ningún delito, lo cual viola estándares internacionales de derechos humanos.
Tortura
Es habitual que policías, fiscales y soldados usen la tortura para obtener información y confesiones. En la encuesta más reciente a personas encarceladas que realizó el organismo oficial de estadísticas en julio de 2021, casi la mitad de los encuestados señalaron que, tras ser detenidos, policías o soldados los habían sometido a abusos físicos. Entre quienes habían confesado algún delito, el 38 % manifestó haberlo hecho sólo porque las autoridades los habían golpeado o amenazado.
El uso de pruebas obtenidas mediante tortura en los procesos penales se encuentra prohibido. Sin embargo, muchos acusados enfrentan obstáculos y demoras para demostrar que fueron torturados, lo cual limita la eficacia de la prohibición. Una ley adoptada en 2017 exige que el fiscal general de la república establezca un registro para el seguimiento de las denuncias de tortura. En diciembre de 2022, la fiscalía puso el registro en línea y comenzó a publicar datos preliminares.
Abusos militares
Desde hace décadas se moviliza a soldados y marinos para tareas de seguridad pública y para combatir la criminalidad organizada, lo cual ha dado lugar a violaciones generalizadas de derechos humanos. Desde 2007 y hasta septiembre de 2022, el Ejército mató a 5,335 civiles, según datos gubernamentales. Desde 2018, el número de denuncias presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el Ejército y la Guardia Nacional ha registrado un aumento constante. En 2021, la Comisión recibió 940 denuncias de ese tipo, la mayor cifra en ocho años.
El presidente López Obrador ha ampliado sustancialmente el presupuesto, la autonomía y las responsabilidades de las Fuerzas Armadas, y les ha asignado cientos de tareas que en el pasado fueron realizadas por autoridades civiles, como la seguridad pública, el cumplimiento de las normas aduaneras, el control de la migración irregular, la implementación de programas sociales y la administración de proyectos de obras públicas. Los militares pueden detener legalmente a civiles, tomar el control de la escena de un crimen y preservar evidencias. Cuando las fuerzas militares han realizado estas tareas en el pasado, se cometieron violaciones de derechos humanos.
En octubre, una investigación hecha por organizaciones de derechos humanos y periodistas reveló que las fuerzas militares habían adquirido el software de espionaje Pegasus en 2019 y lo habían usado para espiar de forma ilegal a defensores de derechos humanos, periodistas y políticos de partidos de la oposición, pese a las aseveraciones del presidente López Obrador de que el gobierno ya no realizaba espionaje de civiles.
Los abusos de militares contra civiles supuestamente deben juzgarse en tribunales penales del fuero civil, no del militar, pero los responsables casi nunca son llevados ante la justicia. En 2022, el Congreso modificó la ley para que los soldados estén sujetos al fuero militar en lugar del fuero civil, aun cuando realizan actividades de seguridad pública civil.
Mensajes obtenidos por periodistas como parte de los Guacamaya Leaks indican que altos funcionarios militares obstruyeron la investigación de abusos posiblemente cometidos por soldados y que el secretario de la Defensa habría presionado a autoridades civiles a desistir de una investigación sobre un oficial del Ejército implicado en el caso Ayotzinapa.
Hasta diciembre, había seis casos ante la Suprema Corte de Justicia, presentados por organizaciones de derechos humanos y partidos de oposición, en los que se impugnaba como inconstitucional la intervención de militares en tareas de seguridad pública civil.
Desapariciones
Al menos 105,000 personas están registradas como desaparecidas en México, según estadísticas oficiales. Las autoridades creen que el número real sería mayor. Casi 90,000 han desaparecido desde el comienzo de la “guerra” contra el crimen organizado en 2006. Miles de personas siguen desapareciendo cada año. Más de 36,000 personas desaparecieron desde que López Obrador asumió la presidencia.
Las autoridades creen que muchas de las personas desaparecidas han sido enterradas en fosas comunes por funcionarios estatales o locales después de que los servicios forenses las declararan como “no identificadas” o “no reclamadas”. Entre 2006 y 2020, al menos 50,000 cuerpos pasaron por la custodia de servicios médicos forenses estatales y locales sin ser debidamente identificados, según surge de solicitudes de información realizadas por activistas. Es posible que otras personas hayan sido asesinadas y enterradas en fosas ocultas por policías, militares y grupos delictivos. Entre 2006 y 2021, las autoridades habrían encontrado al menos 4,000 de esas fosas en el país.
Cuando las familias denuncian desapariciones, las fiscalías y policías rara vez investigan lo ocurrido. Las familias de las personas desaparecidas han conformado más de 130 “colectivos de búsqueda” para investigar desapariciones, lo cual a menudo incluye excavar en fosas comunes.
En 2019, una respetada defensora de derechos humanos fue nombrada titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), una entidad gubernamental. Desde entonces, la CNB ha dado pasos para actualizar el registro oficial de personas desaparecidas solicitando información a funcionarios locales y estatales y ha creado una plataforma en línea para informar desapariciones en forma anónima y mostrar estadísticas en tiempo real sobre personas desaparecidas, sin revelar datos personales. También ha empezado a crear una serie de Centros de Identificación Humana para exhumar cuerpos de las fosas comunes e intentar identificarlas usando los datos del registro.
En abril, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada presentó el informe sobre su visita a México, que fue su primera visita a un país. El comité criticó a los funcionarios mexicanos por su “actitud pasiva” ante las desapariciones, y expresó su preocupación por la “impunidad casi absoluta” por estos delitos. Al momento en que se publicó el informe, solamente había 36 sentencias por desaparición forzada.
Ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos
Periodistas y defensores de derechos humanos —especialmente aquellos que critican a funcionarios públicos o exponen el trabajo de carteles delictivos— han sido víctimas de agresiones, persecución y vigilancia por parte de autoridades gubernamentales y de grupos delictivos.
México es uno de los países más peligrosos del mundo para los periodistas. Desde enero hasta septiembre de 2022, 15 periodistas fueron asesinados. En la primera mitad de 2022, Artículo 19 registró 331 amenazas, ataques u otras formas de agresión contra periodistas. Muchos periodistas recurren a la autocensura.
Es habitual que las autoridades no investiguen adecuadamente los delitos contra periodistas. Desde su creación en 2010 hasta septiembre de 2022, la fiscalía especial federal para la atención de delitos contra periodistas había iniciado 1,552 investigaciones y obtenido 32 sentencias condenatorias, incluyendo siete por homicidio. La gran mayoría de las sentencias se obtuvieron después del nombramiento, en 2017, del fiscal especial actual.
México es también uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de derechos humanos. En los primeros seis meses de 2022, 12 defensores de derechos humanos fueron asesinados, según indica la organización de derechos humanos Comité Cerezo. Al igual que en el caso de los periodistas, los hechos de violencia contra defensores de derechos humanos casi nunca se investigan adecuadamente ni se judicializan.
En 2012, el gobierno federal estableció el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que asigna escoltas, autos blindados y dispositivos de pánico, y ayuda a los beneficiarios a reubicarse temporalmente en respuesta a amenazas graves. El mecanismo carece de personal y de fondos suficientes, y tiene dificultades para coordinar con funcionarios estatales y locales, lo cual hace que, en algunas situaciones, no pueda cumplir con las necesidades de protección. Ocho periodistas y dos defensores de derechos humanos han sido asesinados bajo la protección del programa, siete de ellos desde que López Obrador asumió la presidencia.
Derechos de mujeres y niñas
En 2022, varios estados legalizaron el aborto. Al mes de noviembre, eran once los estados que permitían el aborto por cualquier motivo hasta al menos las 12 semanas de gestación. Todos los estados permiten el aborto en casos de violación sexual. Pese a la legalización, muchas personas siguen enfrentando numerosos obstáculos al intentar acceder al aborto.
La Suprema Corte resolvió, en 2021, que la criminalización de manera absoluta del aborto es inconstitucional, y que las personas no deberían enfrentar consecuencias penales por someterse a este procedimiento; que los gobiernos estatales no tienen la autoridad para legislar que la vida comienza en el momento de la concepción y que el derecho del personal médico a presentar objeciones de conciencia ante la posibilidad de practicar un aborto se encuentra sujeta a límites.
En 2021, el gobierno informó que se habían producido aproximadamente 3,700 asesinatos de mujeres. De este total, la cuarta parte se consideraban femicidios, es decir, asesinatos perpetrados contra mujeres por su género. Según indican organizaciones de derechos de la mujer, es probable que no se informen todos los casos de femicidios.
México ratificó oficialmente el Convenio sobre la Violencia y el Acoso (C190) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en julio de 2022. El tratado obliga a México a brindar protecciones amplias para asegurar un mundo libre de violencia y acoso, incluyendo la violencia de género y el acoso sexual.
Migrantes y solicitantes de asilo
Las personas que migran a través de México habitualmente son víctimas de delitos cometidos por los carteles delictivos, los criminales comunes y, a veces, policías y funcionarios de migración. Los delitos contra migrantes rara vez se denuncian, investigan o castigan.
El presidente López Obrador ha intensificado los esfuerzos para evitar que los migrantes logren cruzar el territorio de México para llegar a Estados Unidos. Ha movilizado a casi 30,000 soldados con propósitos de control migratorio.
Soldados y agentes migratorios operan puntos de revisión y control migratorio en todo el país. A menudo, el blanco de estas revisiones son personas negras, morenas o indígenas. En mayo, la Suprema Corte determinó que estos controles eran inconstitucionales, y señaló que afectan de manera desproporcionada a las personas de las comunidades indígena y afrodescendiente.
México detuvo a más de 307,000 migrantes en 2021, la cifra más alta desde que hay registro. Los centros de detención migratoria están sobrepoblados y en condiciones insalubres. El personal de esos centros suele presionar a los migrantes para que acepten el “retorno asistido” a sus países y desalentarlos de la posibilidad de solicitar refugio, aun cuando manifiestan que su vida podría correr peligro si son obligados a regresar a sus países.
El gobierno de López Obrador ha impuesto nuevos y más estrictos requisitos de ingreso para viajeros de Venezuela, Ecuador, Brasil y Colombia. Según reportes de medios de comunicación, Estados Unidos había ejercido presión sobre el gobierno mexicano a fin de que estableciera requisitos más estrictos para el ingreso para evitar que migrantes llegaran a Estados Unidos a través de México. Desde que México impuso el requisito de visa para el ingreso de ciudadanos venezolanos, la cantidad de personas que hicieron el riesgoso viaje a través del Tapón del Darién, entre Colombia y Panamá, ha aumentado vertiginosamente.
El sistema de asilo de México se encuentra gravemente desbordado. Desde 2013, la cantidad de solicitudes nuevas prácticamente se ha duplicado cada año, pero el financiamiento no ha seguido el mismo ritmo. El organismo para los refugiados de México depende, en gran medida, del financiamiento y de otras modalidades de apoyo que brinda la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). México recibió más de 130,000 solicitudes de asilo en 2021, un número récord que representa la tercera cifra récord más alta del mundo en 2021, según el ACNUR; pero procesó solamente 40,000, incluyendo muchas de años anteriores. Desde enero hasta septiembre de 2022, recibió más de 86,000 solicitudes.
Orientación sexual e identidad de género
Varios estados votaron para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2022. Al mes de noviembre, se encontraba permitido en los 32 estados. En cinco estados (Nuevo León, Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua y Guanajuato), los gobernadores han decidido que los funcionarios deben celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo aunque la legislatura del estado no ha reformado el código civil para reconocer la práctica.
En 20 estados se han promulgado leyes que establecen un procedimiento que permite que las personas trans cambien sus nombres y marcadores de género en sus certificados de nacimiento mediante un simple trámite administrativo. En 2019, la Suprema Corte de México dictó un fallo histórico en el cual estableció pautas claras sobre reconocimiento legal del género, y sostuvo que debe ser un proceso administrativo que “cumpl[a] con los estándares de privacidad, simplicidad, agilidad y protección adecuada de la identidad de género” establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En marzo, el tribunal amplió el derecho al reconocimiento legal del género, que pasó a incluir a niños y niñas.
Derechos de las personas con discapacidad
Durante el gobierno de López Obrador sigue habiendo graves deficiencias en la protección de los derechos de las personas con discapacidad; por ejemplo, en materia de acceso a la justicia, legitimación para comparecer en tribunales, capacidad jurídica, protección contra la violencia doméstica y consentimiento informado en decisiones de salud. En 2019, Human Rights Watch documentó casos de particulares y de hospitales administrados por el Estado que encadenaban a personas con discapacidad. Las mujeres con discapacidad se ven afectadas por violencia de manera desproporcionada.
En muchos estados, las personas con discapacidad no tienen otra alternativa más que depender de sus familias para recibir asistencia o vivir en instituciones, lo cual es incompatible con su derecho a vivir de forma independiente y ser incluidas en la comunidad conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
En octubre de 2021, tras una recomendación del Comité CDPD, el gobierno pidió disculpas públicas a un hombre con discapacidades intelectuales y psicosociales que había sido encarcelado durante cuatro años luego de que un juez lo declaró incompetente para enfrentar un juicio.
En 2021, la Suprema Corte determinó que la interdicción es inconstitucional, pero las legislaturas a nivel federal y estatal aún necesitan legislar para garantizar la capacidad jurídica y la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan tomar decisiones apoyadas.
En mayo, el Congreso aprobó reformas a la Ley General de Salud para prohibir los tratamientos psiquiátricos forzados y cualquier método de contención involuntaria, física o química, incluyendo el encadenamiento. La reforma establece la obligatoriedad de brindar servicios comunitarios y la conversión de los hospitales psiquiátricos a hospitales generales.
Políticas sobre cambio climático y sus impactos
Como uno de los 15 mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo, México está contribuyendo a una crisis climática que afecta cada vez más los derechos humanos en todo el mundo. En 2021, un juez anuló el plan de acción climática del gobierno de López Obrador debido a que no había aumentado las metas de reducción de emisiones, lo cual constituía una violación del derecho mexicano. En noviembre de 2022, el gobierno anunció su intención de presentar un plan nuevo más ambicioso.
El gobierno de López Obrador intentó reformar la Constitución para favorecer la distribución de energía de plantas eléctricas estatales que usan combustibles fósiles sobre proveedores de energías renovables, pero el Congreso rechazó su propuesta en abril. En paralelo, ha impulsado una política de inversión en combustibles fósiles: ha adquirido una refinería de petróleo en Estados Unidos y ha acelerado la construcción de otra en Dos Bocas, Tabasco. En 2022, más del 70 % del presupuesto federal para el rubro “efectos de la mitigación y adaptación al cambio climático” se asignó a la infraestructura de transporte del gas fósil.
Actores internacionales clave y política exterior
La política exterior de México con respecto a los derechos humanos durante el gobierno de López Obrador se ha basado en el principio de “no intervención”. En junio de 2021, México cuestionó a otros países de la región que habían condenado el encarcelamiento de críticos y candidatos opositores en Nicaragua, alegando que constituía una injerencia en los asuntos internos de Nicaragua.
En junio de 2020, México fue elegido miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el período de 2021-2022. México destacó que una de sus prioridades en el Consejo sería la protección de los niños y las niñas. En mayo de 2021 respaldó la Declaración sobre Escuelas Seguras.
En octubre de 2020, México fue reelecto para integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. México no apoyó la decisión de analizar un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Xinjiang, China, ni una resolución para renovar la Misión Independiente de Determinación de los Hechos que investiga posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En 2020, México se designó a sí mismo como uno de los 23 “países precursores” del Pacto Mundial para la Migración S