Skip to main content

Chile

Eventos de 2022

Una mujer vota durante el referendo por nueva Constitución chilena en un puesto de votación. Santiago de Chile, Chile, 4 de septiembre de 2022.

© 2022 REUTERS/Pablo Sanhueza

Gabriel Boric ganó las elecciones presidenciales de diciembre de 2021 y, a pesar de una campaña muy polarizada, su oponente reconoció rápidamente los resultados.

En 2020, una mayoría abrumadora de chilenos apoyó crear una convención constitucional encargada de redactar una nueva Constitución, pero en septiembre de 2022 rechazó el texto elaborado por la convención. A octubre, los partidos políticos mantenían negociaciones para iniciar un nuevo proceso constituyente.

Tanto las elecciones presidenciales como el proceso constituyente se llevaron a cabo observando los principios democráticos, algo a destacar en un hemisferio donde, en los últimos años, abundaron ejemplos de líderes políticos que intentaron socavar la democracia.

Las autoridades han dado los primeros pasos para reformar a la policía nacional, pero aún deben implementar cambios fundamentales en el sistema disciplinario y en los protocolos.

Chile enfrenta desafíos considerables en materia de derechos humanos de migrantes, refugiados, mujeres, niños y niñas, personas indígenas y personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT).

En política exterior el gobierno de Boric ha defendido de una manera coherente los derechos humanos sin importar la ideología del gobierno involucrado en los abusos.

Proceso constituyente

En octubre de 2019, se desataron en todo Chile protestas multitudinarias por las deficiencias en la prestación de servicios públicos, el aumento en el precio del transporte público y la desigualdad económica. La policía recurrió a un uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y transeúntes. Como “salida institucional” de la crisis los partidos políticos acordaron consultar a la ciudadanía acerca de un proceso constituyente.

En 2020, una mayoría abrumadora de chilenos votó para establecer una convención que redactara una nueva Constitución. En mayo de 2021, fueron electos los representantes para la convención con un diseño institucional único, el cual aseguró la paridad de género y reservó casi el 10 % de los escaños a los pueblos indígenas. 

En julio de 2022, la convención presentó el texto para la nueva Constitución, que contemplaba la protección de numerosos derechos. También incluía cambios importantes en el sistema judicial y en las facultades presidenciales, así como la reestructuración del poder legislativo.

El 4 de septiembre, casi el 62 % de los votantes rechazó adoptar el nuevo texto constitucional. Esa noche, el presidente Boric llamó al Congreso y a la sociedad civil a acordar un nuevo proceso constituyente. Hasta octubre, los partidos políticos mantenían negociaciones para iniciar un nuevo proceso constituyente.

Reforma policial

Desde 2019, se presentaron cientos de denuncias por uso excesivo de la fuerza contra manifestantes y malos tratos a detenidos que motivaron reclamos para que se lleve a cabo una reforma policial, sin lograr cambios estructurales hasta el momento.

La policía nacional de Chile, conocida como Carabineros, actualizó varios protocolos relacionados con el orden público, incluido el uso de escopetas antidisturbios. Sin embargo, persisten deficiencias que dejan un amplio margen para abusos.

Aún no se reformaron las leyes que otorgan a Carabineros amplias facultades de detención, las cuales ejercen con muy escasa supervisión. Estudios basados en datos oficiales indican que Carabineros ha usado estas facultades de manera discriminatoria durante años, particularmente contra migrantes, mujeres y personas que viven en la pobreza.

Una reforma legal que entró en vigor en febrero de 2022 incluyó algunas medidas de transparencia y supervisión por parte de autoridades civiles, pero no modificó el régimen disciplinario de Carabineros, el cual no garantiza investigaciones independientes e imparciales.

En agosto, el gobierno de Boric estableció una comisión para la reforma policial—integrada por miembros del gabinete, subsecretarios y Carabineros—y una unidad consultiva para la reforma compuesta por legisladores, gobernadores, alcaldes, organizaciones no gubernamentales y expertos. El objetivo es promover la eficiencia, la transparencia y la probidad, incorporar un enfoque de género y de derechos humanos a la actuación policial y la subordinación de la policía a la autoridad civil.

Hasta julio de 2021, Carabineros había iniciado 1.433 investigaciones administrativas por participación “en hechos de violencia”, que resultaron en 158 sanciones disciplinarias, incluyendo el despido de 22 policías.

Para abril de 2022, la Fiscalía había informado de tan solo 16 condenas de 8.581 investigaciones sobre presuntos abusos policiales cometidos entre octubre de 2019 y marzo de 2020.

Derechos de migrantes y solicitantes de asilo

Chile acoge a cerca de 1,4 millones de migrantes, especialmente venezolanos, peruanos y haitianos.

Entre 2010 y 2021, las autoridades informaron del reconocimiento de la condición de refugiado a tan solo 701 personas, de un total de casi 22.000 solicitantes, y el rechazo de cerca de 7.000. Las políticas migratorias desde 2019 han hecho que sea cada vez más difícil para muchas personas obtener visados o refugio. Una serie de fallos de la Corte Suprema y de tribunales de apelaciones en 2021 pusieron de manifiesto violaciones del debido proceso en cientos de expulsiones y ordenaron su cese.

Una ley de migración que entró en vigencia en febrero de 2022 estableció que el ingreso ilegal al país no constituye un delito. Aun así, la ley permite la expulsión inmediata de migrantes que cruzan la frontera o intentan cruzarla, lo que genera preocupaciones sobre el respeto al debido proceso.

Las expulsiones colectivas de personas que ya vivían en Chile, llevadas a cabo durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera (2018-2022), cesaron durante el gobierno de Boric. El Servicio Nacional de Migraciones señaló que continúa expulsando a personas “que hayan cometido delitos y tengan antecedentes penales”.

En febrero, el entonces presidente Piñera declaró el estado de emergencia en cuatro provincias del norte del país con el objetivo de controlar la inmigración irregular, posicionando soldados cerca de la frontera con Bolivia y Perú. A pedido del presidente Boric, el Congreso aprobó una prórroga del estado de emergencia, pero Boric dejó que expirara en abril, al mismo tiempo que mantuvo una fuerte presencia militar en la frontera.

En marzo, el presidente Boric instó a que se implemente un plan regional para responder a la migración venezolana y propuso un sistema de cuotas.

Entre enero y julio, siete migrantes murieron mientras cruzaban el altiplano en la frontera entre Bolivia y Chile.

Las protestas en contra de la migración y los ataques xenófobos continuaron durante el 2022, lo cual obligó a algunos migrantes a salir de Chile.

Derechos de mujeres y niñas

La prohibición absoluta del aborto, que regía desde hacía 28 años en Chile, concluyó en 2017 cuando el Tribunal Constitucional ratificó una ley que despenaliza el aborto si el embarazo es producto de una violación, si la vida de la persona embarazada está en peligro o si el feto es inviable. Hasta el 5 de septiembre, las estadísticas oficiales indicaban que se habían practicado abortos legales a 320 personas en 2022.

Los centros de salud imponen obstáculos innecesarios, que incluyen interpretaciones restrictivas y discrecionales de las excepciones a la prohibición del aborto. Alrededor del 50 % de los obstetras del sistema de salud pública se registraron como objetores de conciencia y se rehúsan a realizar abortos en casos de violación sexual. Las clínicas y los hospitales privados también pueden registrarse como objetores de conciencia.

El texto rechazado de la nueva Constitución establecía el deber del Estado de garantizar el acceso al aborto. Una encuesta realizada por Ipsos en 2021 mostró que más del 70 % de los chilenos apoyaba legalizar el aborto en algunas o en todas las circunstancias.

La ONG Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres informó de 35 víctimas de femicidios entre enero y principios de septiembre de 2022, frente a las 29 registradas por el gobierno. Desde 2020, la ley ya no exige que exista una relación entre el agresor y la víctima para que un homicidio se considere femicidio.

Una de las primeras iniciativas del presidente Boric fue conformar un gabinete con paridad de género.

Derechos indígenas

El conflicto de larga data entre el gobierno y algunos activistas mapuches continúa. Varios activistas señalaron a Human Rights Watch que, hasta el momento, ningún gobierno, incluso el de Boric, ha abordado adecuadamente los reclamos básicos relativos a derechos sobre la tierra, representación política y seguridad.

El estado de emergencia declarado en 2021 por el expresidente Piñera en cuatro provincias del sur concluyó en marzo de 2022. El presidente Boric declaró el estado de emergencia en mayo, en las mismas provincias, alegando un aumento de la violencia y los cortes de ruta. A octubre, el estado de emergencia continuaba.

Orientación sexual e identidad de género

En marzo entró en vigencia una ley que reconoce el derecho de las parejas del mismo sexo al matrimonio civil, a la adopción conjunta y a acceder a las técnicas de reproducción asistida, entre otros derechos. Datos obtenidos por la organización chilena Fundación Iguales indican que 170 parejas del mismo sexo contrajeron matrimonio durante el primer mes de vigencia de la ley. Hasta septiembre, el Registro Civil había inscrito a 395 hijos de parejas del mismo sexo.  Fundación Iguales refirió problemas en la implementación de la ley, especialmente en el registro de hijos de parejas del mismo sexo, así como demora excesiva en la entrega de los certificados de nacimiento y matrimonio.

Derechos de niños y niñas

Tras las denuncias de explotación sexual y violaciones de derechos humanos ocurridos en residencias para niños y niñas separados de sus familias, el Servicio Nacional de Menores (SENAME) implementó una serie de reformas estructurales. En 2021, el nuevo Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia se hizo cargo de los programas de protección infantil del SENAME. La aprobación, en septiembre de 2022, de una ley por el cual se crea un Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil —orientado a reintegrar en la sociedad a niños y niñas en conflicto con la ley— permitirá el cierre del SENAME una vez que el presidente la promulgue. El proyecto también requiere que Chile cree un sistema especializado de justicia para menores, con fiscales, jueces y defensores especializados.

Human Rights Watch detectó que Aprendo en Línea, un producto de aprendizaje por internet que utilizó el Ministerio de Educación durante la pandemia de Covid-19, utilizaba una técnica invasiva que recogía información y transmitía datos personales de los niños a una compañía de tecnología publicitaria. Hasta septiembre, el Ministerio de Educación no había puesto fin a la violación de la privacidad de niños y niñas.

Derechos de las personas con discapacidad

Las leyes de Chile privan a muchas personas con discapacidad de su capacidad legal, incluso estableciendo su curaduría plena, y usan lenguaje peyorativo. En agosto, miembros de la Cámara de Diputados presentaron un proyecto de ley para reemplazar los términos “loco o demente” en el Código Penal por “persona con discapacidad psicosocial”, pero no aborda las restricciones a la capacidad legal.

El texto rechazado de la nueva Constitución incluía disposiciones destinadas a proteger los derechos de las personas con discapacidad, incluido el goce de la capacidad legal.

Condiciones en centros de detención y prisión preventiva

La población carcelaria aumentó más del 10 % en un año, superando las 43.000 personas en agosto de 2022, aproximadamente un 3 % más de la capacidad que tienen las cárceles. 

Al mes de agosto, el 37 % de los detenidos se encontraba a la espera de juicio. El Código Penal de Chile permite un uso amplio de la prisión preventiva y no establece un plazo máximo.

Hasta abril de 2021, la Fiscalía había identificado 570 bandas criminales que operaban dentro de las cárceles, y consideró que esto constituía una amenaza para los demás detenidos. La Fiscalía prometió, en septiembre de 2022, que trabajaría con el gobierno y gendarmería para responder a la criminalidad dentro de las cárceles chilenas.

Juicios por abusos del pasado

La justicia chilena sigue juzgando a expolicías y militares responsables de violaciones de derechos humanos perpetradas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

En junio, el exmilitar Miguel Krassnoff y dos expolicías fueron condenados por el homicidio de un profesor en 1975. Se trató de la octogésima condena contra Krassnoff, quien participó en la toma del palacio presidencial durante el golpe de Estado contra el entonces presidente Salvador Allende, y elevó su condena a 900 años de prisión por crímenes de lesa humanidad.

Actores internacionales clave

El presidente Boric ha criticado de forma coherente las violaciones de derechos humanos en otros países —entre ellos, El Salvador, Venezuela, Nicaragua y Cuba— independientemente de la ideología política del gobierno responsable de los abusos. Calificó como “inaceptable” el encarcelamiento de candidatos opositores en las elecciones de 2021 en Nicaragua.

Chile firmó la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección, por medio de la cual se comprometió a fortalecer y ampliar las vías para una migración legal segura y para el refugio.

En junio, Chile ratificó el Acuerdo de Escazú, un tratado internacional que protege a ambientalistas y garantiza derechos relacionados con el medioambiente.

En octubre, Chile y otros cinco países de América Latina impulsaron la renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU. 

Ese mismo mes, Chile fue electo como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el período 2023-2025.