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Bolivia

Eventos de 2022

“Ni una vida menos”, se lee en la pancarta de una mujer indígena que marcha durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La Paz, Bolivia, 8 de marzo de 2022.

© 2022 Radoslaw Czajkowski/picture-alliance/dpa/AP

El sistema de justicia de Bolivia sufrió los efectos de la interferencia política durante los gobiernos del expresidente Evo Morales (enero de 2006 a noviembre de 2019) y de la expresidenta interina Jeanine Áñez (noviembre de 2019 a noviembre de 2020). El presidente Luis Arce, que asumió el cargo en noviembre de 2020, no ha impulsado una reforma de la justicia.

El gobierno de Arce apoya acusaciones infundadas y desproporcionadas de terrorismo y genocidio contra la expresidenta Áñez. En junio de 2022, la justicia la condenó a 10 años de prisión por los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, definidos de forma muy amplia en Bolivia. Las autoridades no le permitieron a Áñez asistir a su juicio en persona.

Nadie ha sido juzgado por los 37 asesinatos ocurridos en el contexto de las protestas por las elecciones de 2019, incluidas 20 personas que murieron en dos masacres cuando, según lo señalaron testigos, fuerzas de seguridad abrieron fuego contra manifestantes.

Las mujeres y las niñas siguen estando expuestas a un alto riesgo de violencia. Persiste la situación de sobrepoblación carcelaria y de uso excesivo de la prisión preventiva. Los pueblos indígenas enfrentan obstáculos para ejercer su derecho, conforme al derecho internacional, a la consulta previa, libre e informada respecto de medidas que puedan afectarlos.

Independencia judicial y debido proceso

Los gobiernos de Morales y de Áñez promovieron la presentación de cargos contra opositores que, aparentemente, tenían motivaciones políticas.

Tras ganar las elecciones presidenciales en octubre de 2020, el presidente Arce señaló que el sistema de justicia debía ser independiente de la política, pero su gobierno ha fracasado en adoptar medidas concretas para reformarlo.

En un informe de mayo de 2022, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados afirmó que la injerencia externa en el sistema judicial de Bolivia es un problema persistente y de larga data. Al mes de febrero, casi el 50 % de los jueces y el 70 % de los fiscales permanecían como “transitorios”, según el informe. Los funcionarios que carecen de estabilidad en el cargo pueden ser vulnerables a represalias, incluido el despido arbitrario, si toman decisiones que no agradan a quienes están en el poder.

En marzo de 2021, la policía detuvo a la expresidenta Áñez y a dos de sus exministros en relación con acusaciones de terrorismo y otros delitos. El fiscal general luego acusó a Áñez por genocidio en relación con dos masacres que se produjeron durante su gobierno interino. Human Rights Watch examinó los documentos de la acusación y concluyó que los cargos de terrorismo y genocidio eran infundados y manifiestamente desproporcionados. La definición de estos delitos en el derecho boliviano es excesivamente amplia. En octubre de 2022, los dos exministros continuaban en prisión preventiva.

En junio de 2022, en una causa separada, un tribunal condenó a Áñez a diez años de prisión por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes —delitos que también están definidos de forma muy amplia en la legislación boliviana— por sus acciones al asumir como presidenta interina en noviembre de 2019. No se permitió que Áñez asistiera en persona a su propio juicio, dado que los jueces argumentaron que no podían garantizar su salud ni su seguridad en el tribunal, lo que impidió que Áñez y sus abogados mantuvieran consultas durante las audiencias.

En abril, Marco Aramayo murió en su séptimo año de detención en medio de graves denuncias de atención médica inadecuada y malos tratos. En 2015, tras convertirse en director del fondo estatal de desarrollo indígena, denunció diversas tramas de corrupción en las cuales estaban presuntamente implicados importantes partidarios del gobierno de Morales. En vez de investigar adecuadamente esas acusaciones, los fiscales lo detuvieron y lo acusaron de corrupción, según el Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia de Estado (ITEI), una organización no gubernamental boliviana. 

En respuesta a las críticas de Human Rights Watch y otros, la policía manifestó en junio que dejaría de mostrar a personas detenidas ante la prensa, una práctica que puede vulnerar la presunción de inocencia. Sin embargo, el ministro de Gobierno siguió publicando fotos de personas detenidas en las redes sociales.

Violencia y abusos relacionados con las protestas

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado en virtud de un acuerdo del gobierno con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitió un informe en agosto de 2021 en el cual documentó la muerte de 37 personas en el contexto de las protestas por las controvertidas elecciones de octubre de 2019.

El informe documentó actos de violencia “instigados” por el gobierno de Morales, que incluyen lesiones, privación de la libertad y torturas a manifestantes contrarios a Morales. Indicó que la policía no había protegido a las personas de la violencia cometida tanto por partidarios como por detractores de Morales, y que en algunos lugares incluso había alentado y colaborado con grupos violentos contrarios a Morales que actuaban como fuerzas “parapoliciales”.

El informe también concluyó que, durante el gobierno de Áñez, las fuerzas de seguridad mataron a 20 partidarios de Morales e hirieron a más de 170 personas en las masacres de Sacaba, una ciudad en Cochabamba, y de Senkata, un barrio de El Alto. El informe presentó pruebas contundentes de otros abusos en todo el país, incluyendo detenciones ilegales, violencia sexual y torturas “sistemáticas” por policías en El Alto, de población mayormente indígena.

El GIEI destacó graves falencias en las investigaciones de esos abusos e instó a la fiscalía a reabrir casos que había cerrado sin una debida investigación. A octubre de 2022 nadie había sido juzgado en relación con los delitos, y el Congreso y el gobierno se encontraban debatiendo un proyecto de ley y medidas para ofrecer reparación a las víctimas.

En marzo, el gobierno firmó un acuerdo con la CIDH para la creación de un mecanismo internacional que diera seguimiento a la implementación de las recomendaciones del GIEI, pero no estableció un mecanismo similar a nivel nacional, una medida que también había recomendado el GIEI en su informe.

Libertad de expresión y acceso a la información

La Asociación Nacional de la Prensa, que representa a los principales medios impresos del país, informó sobre varios casos de violencia contra periodistas por parte de policías o manifestantes en 2022.

En agosto, la fiscalía anunció una investigación contra dos periodistas, un presentador y otras personas que trabajaron para un canal de televisión estatal durante el gobierno de Áñez, por presuntamente pagar al expresentador una remuneración superior a la permitida. Las acusaciones incluían delitos con una pena máxima de diez años de prisión. El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz consideró la investigación como un intento del gobierno de Arce, en colaboración con la fiscalía, de intimidar al periodismo boliviano.

Bolivia no cuenta con una ley que regule la asignación de pauta publicitaria por parte del Estado. De enero a agosto, el 80 % de los contratos publicitarios estatales con la prensa escrita se había asignado a apenas dos periódicos afines al gobierno, según informaron varios medios.

En Bolivia tampoco hay una ley que implemente el derecho de acceso a la información reconocido en su Constitución. En mayo de 2022, el gobierno de Arce afirmó que las asociaciones de periodistas –y no el gobierno– debían redactar un proyecto de ley de acceso a la información.

Juicios por abusos del pasado

Las autoridades bolivianas han hecho esfuerzos insuficientes para asegurar la rendición de cuentas de aquellos funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos durante gobiernos autoritarios entre 1964 y 1982. Solamente unos pocos han sido juzgados. En general, las Fuerzas Armadas se han negado a compartir información.

Tras acampar frente el Ministerio de Justicia durante más de una década, varias asociaciones de víctimas firmaron en agosto un acuerdo con el gobierno a través del cual el gobierno de Arce se comprometió a pagar indemnizaciones por diversos abusos del período autoritario a víctimas o a sus familiares.

Condiciones de detención

Los centros de detención de Bolivia albergan a dos veces y media más detenidos de los que permite su capacidad. La población carcelaria creció un 12 % entre noviembre de 2021 y marzo de 2022, ascendiendo a 20.864 personas, según datos oficiales obtenidos por Fundación Construir, una organización no gubernamental boliviana.

El sistema de justicia de Bolivia sigue haciendo un uso excesivo de la prisión preventiva. A marzo de 2022, el 71 % de las mujeres y el 65 % de los hombres detenidos estaban a la espera de un juicio, indicó Fundación Construir.

Derechos indígenas

La Constitución de 2009 contempla amplias garantías para los derechos de los pueblos indígenas, incluida la titulación colectiva de tierras, la educación intercultural, la preservación de sistemas de justicia indígenas y la consulta libre, previa e informada con respecto a proyectos que les afecten. Sin embargo, los pueblos indígenas se enfrentan a obstáculos en el ejercicio de esos derechos.

La organización no gubernamental Centro de Documentación e Información de Bolivia (CEDIB) y el relator especial de las Naciones Unidas sobre sustancias tóxicas y derechos humanos alertaron sobre el uso creciente e ilegal de mercurio en la minería, que daña la salud de las comunidades indígenas.

Derechos de mujeres y niñas

Las mujeres y niñas siguen estando expuestas a un alto riesgo de violencia, a pesar de una ley de 2013 que contempla medidas integrales para prevenir y castigar la violencia de género. En esa ley se tipificó el delito de “feminicidio”, que define como el homicidio de una mujer en determinados contextos, incluido el de violencia doméstica.

La fiscalía informó que se habían producido 108 feminicidios en 2021 y 69 entre enero y septiembre de 2022.

Un estudio publicado en la revista The Lancet en febrero de 2022 estimó, con datos de 2000 a 2018, que el 42 % de las niñas y mujeres bolivianas de entre 15 y 49 años ha sufrido violencia por parte de su pareja o expareja, el porcentaje más alto de América Latina y el Caribe.

La legislación boliviana prevé el aborto legal cuando el embarazo sea resultado de una violación o cuando sea necesario para proteger la vida o la salud de la persona embarazada. Sin embargo, las mujeres y niñas que intentan obtener abortos legales en dichas circunstancias frecuentemente sufren estigma, maltratos y revictimización.

Orientación sexual e identidad de género

En diciembre de 2020, el Servicio de Registro Cívico de Bolivia acató una orden judicial e inscribió la relación de una pareja gay como “unión libre”, la primera unión de personas del mismo sexo en Bolivia. En mayo de 2022, tras un año de retraso, el registro también inscribió la relación de una pareja lesbiana.

El caso iniciado por la primera pareja gay se encuentra en trámite ante el Tribunal Constitucional, que se espera que determine si todas las parejas del mismo sexo pueden formar “uniones libres”.

Actores internacionales clave

Durante 2022 Bolivia se opuso, de forma sistemática, al monitoreo de la situación de derechos humanos en ciertos países y no protegió los derechos de víctimas en foros internacionales. En la Asamblea General de las Naciones Unidas y en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Bolivia se abstuvo o votó en contra de múltiples resoluciones que condenaban las violaciones de derechos cometidas por Rusia en Ucrania y votó en contra de renovar el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y de permitir un debate sobre la situación de derechos humanos en la Región Autónoma Uigur de Xinjiang en China. En la Organización de los Estados Americanos, se abstuvo en una resolución que instaba al gobierno de Nicaragua a liberar a los presos políticos y a que cesara la persecución de la prensa.

En marzo, el Comité de Derechos Humanos de la ONU exhortó a Bolivia a garantizar la independencia e imparcialidad de jueces y fiscales, a permitir la unión libre de parejas del mismo sexo y a proteger a periodistas de amenazas y violencia.

En julio, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó su preocupación por los elevados niveles de violencia de género en Bolivia y pidió al gobierno que garantizara investigaciones exhaustivas. Asimismo, instó a Bolivia a eliminar las barreras al aborto legal y a despena