En 2022, Haití continuó sumido en una crisis política, humanitaria y de seguridad de larga data que ha dejado inoperativas a todas las ramas del gobierno, exacerbando la abrumadora impunidad por las violaciones de derechos humanos.
Las pandillas intensificaron su control sobre áreas estratégicas, aumentando la violencia, incluso sobre la principal terminal de combustible de Puerto Príncipe, impidiendo su distribución. La falta de acceso a combustible ha afectado severamente al comercio, escuelas y hospitales y generó escasez de productos y servicios básicos, como agua y telecomunicaciones.
Más del 42 % de la población de Haití necesita asistencia humanitaria y hasta el 40 % del país experimenta una situación de inseguridad alimentaria grave, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
A pesar de estas terribles condiciones, Estados Unidos y otros países repatriaron a casi 41.000 personas haitianas por vía aérea y marítima entre enero de 2021 y septiembre de 2022, y la República Dominicana expulsó a casi 59.000 personas a Haití por vía terrestre entre febrero y octubre de 2022, incluidas personas nacidas en la República Dominicana, pero consideradas haitianas por las autoridades dominicanas, de acuerdo con los datos disponibles.
Desde fines de agosto, miles de haitianos salieron a las calles a manifestarse en todo el país contra el gobierno y en protesta por el incremento de la violencia de pandillas, el hambre generalizado, la falta de servicios públicos básicos, la inflación galopante y el aumento del precio del combustible derivado de la eliminación de los subsidios que dispuso el primer ministro Ariel Henry.
Un brote de cólera había causado al menos 223 muertes al 27 de noviembre.
Crisis constitucional
Desde el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, el primer ministro Henry ha liderado el gobierno sin mandato constitucional, dado que no recibió aprobación parlamentaria.
El Parlamento dejó de funcionar en enero de 2020, cuando el expresidente Moïse se rehusó a organizar elecciones legislativas. El primer ministro Henry gobierna por decreto.
En agosto de 2021, un grupo de líderes intersectoriales conocido como la Comisión para una Solución Haitiana a la Crisis, junto con cientos de grupos de la sociedad civil y partidos políticos, actualmente conocido como el Grupo Montana, produjeron y firmaron el “Acuerdo de Montana”, que estableció un proceso hacia el establecimiento de un nuevo gobierno de transición que organizaría elecciones libres y justas.
El 31 de enero de 2022, el Grupo de Montana eligió a Fritz Jean, exdirector del banco central de Haití, como presidente interino. Ni la comunidad internacional ni el gobierno de Henry lo reconocieron.
En julio, Henry declaró que celebraría elecciones generales, pero no designó a los miembros del Consejo Electoral Provisional, el organismo encargado de organizar las elecciones, que actualmente no se encuentra funcionando. Las negociaciones para establecer un gobierno de transición continuaban a octubre.
Sistema de justicia disfuncional
El sistema de justicia de Haití escasamente funcionó. Solo 3 de los 12 magistrados de la Corte Suprema de Justicia continuaron trabajando, lo que significa que la Corte carece de quorum para conocer casos y emitir fallos. Sin un presidente electo y un Senado en funciones, la designación de nuevos magistrados quedó paralizada.
En el primer semestre de 2022, el Consejo de Ministros, integrado por los miembros del gabinete, designó a 113 jueces de instancias inferiores, incrementando la capacidad del sistema judicial. Sin embargo, en junio, una pandilla tomó el control del Palacio de Justicia de Puerto Príncipe, el principal complejo judicial del país. La pandilla habría robado o destruido evidencias que podrían ser imposibles de recuperar, dado que los tribunales haitianos no cuentan con copias digitales de los expedientes.
A octubre, cuatro personas permanencen detenidas por más de un año, sin cargos formales, en relación con el asesinato en agosto de 2020 de Monferrier Dorval, presidente del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe. Hasta octubre, no se había designado a ningún juez en su caso tras la renuncia del juez anterior en febrero.
Solo 200 juicios penales se llevaron a cabo entre octubre de 2021 y septiembre de 2022, según reportó la organización no gubernamental Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH). La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) informó que, en algunas jurisdicciones, durante tres años los tribunales no habían celebrado audiencias en casos penales.
Hasta septiembre, las prisiones de Haití albergaban a un número de detenidos casi tres veces mayor a aquel para el cual fueron construidas. Muchos de los más de 11.700 detenidos, el 84 % de los cuales están a la espera de un juicio, viven en condiciones inhumanas. La Defensoría del Pueblo, organismos de la ONU y organizaciones de derechos humanos de Haití han reportado casos de tortura por parte de guardias penitenciarios, violaciones sexuales perpetradas por otros detenidos y muertes relacionadas con desnutrición.
La entrada en vigor de los nuevos Código Penal y Código de Procedimiento Penal, que prevén alternativas a la prisión preventiva, se pospuso de junio de 2022 a junio de 2024 para permitir que una comisión gubernamental organice su implementación.
A principios de noviembre, el primer ministro Henry designó a un nuevo presidente de la Corte Suprema de Haití.
Investigación del magnicidio del presidente Moïse
El presidente Moïse fue asesinado el 7 de julio de 2021. Según informó la RNDDH, en respuesta, las fuerzas de seguridad mataron a 3 personas y detuvieron a otras 47 en Haití, incluidos exmilitares colombianos. Al mes de octubre, un detenido había fallecido, cuatro habían sido liberados y 42 permanecían detenidos. Ninguno de ellos ha sido acusado.
Cuatro funcionarios judiciales que llevaron a cabo la investigación inicial en el caso de Moïse dijeron haber sido amenazados. Posteriormente, tres jueces de instrucción renunciaron a su cargo, alegando motivos personales relacionados con problemas de seguridad. Uno de ellos enfrentaba una acusación de corrupción. Un cuarto juez renunció en abril y denunció no haber tenido acceso al expediente del caso. En mayo, se designó un quinto juez a cargo de la investigación.
En septiembre de 2021, el fiscal general Bedford Claude solicitó a un juez que aprobara los cargos contra el primer ministro Henry, argumentando que este último había tenido contacto telefónico, horas después del magnicidio, con uno de los principales sospechosos. El primer ministro Henry negó la acusación y despidió a Claude. A octubre de 2022, todavía no se había emitido una decisión en respuesta a la solicitud de Claude de que se acusara formalmente al primer ministro Henry.
Los presuntos implicados de nacionalidad colombiana continuaron denunciando, en 2022, que no se les había concedido ninguna audiencia, que no contaban con asistencia legal y que sus condiciones de detención eran inhumanas. Algunos afirmaron haber sido torturados por policías.
La investigación impulsada en Estados Unidos en relación con el caso tuvo algunos avances. Un narcotraficante condenado y exinformante de la Agencia Antinarcóticos (Drug Enforcement Administration, DEA), un exmilitar colombiano y un exsenador haitiano fueron imputados a principios de 2022 por varios delitos, entre los que se incluye el de conspiración de homicidio.
Violencia de pandillas
La violencia escaló, principalmente en el área metropolitana de Puerto Príncipe, ya que las 92 bandas que operan allí continuaron luchando por el territorio, informó la ONG Fondasyon Je Klere (FJKL). Varios funcionarios manifestaron a Human Rights Watch que las pandillas tenían vínculos con políticos y policías.
La Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH) reportó 1.349 homicidios entre enero y agosto de 2022 y 877 secuestros en todo el país.
El Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití (IJDH), la RNDDH y la FJKL han documentado 20 masacres ocurridas en Puerto Príncipe desde 2018, con un saldo de al menos 1.000 víctimas. No hay imputados en relación con estas muertes.
Las pandillas habrían utilizado la violencia sexual para aterrorizar y controlar vecindarios. Entre enero y marzo de 2022, la BINUH registró un promedio de 98 víctimas de violencia sexual por mes en las áreas de Puerto Príncipe controladas por pandillas. Es muy probable que la cifra real sea mucho mayor, ya que la violencia sexual permanece crónicamente subregistrada.
Según informó la BINUH, hasta octubre de 2022, la grave ola de violencia había desplazado a 96.000 personas del área metropolitana de Puerto Príncipe.
Defensores de derechos humanos y periodistas
Organizaciones de la sociedad civil documentaron varios incidentes de ataques, amenazas e intimidación contra defensores de derechos humanos, periodistas y jueces entre enero y octubre de 2022.
En enero, pandillas asesinaron a dos periodistas que investigaban el homicidio de un inspector de policía. Un tercer periodista sobrevivió al ataque, pero huyó de Haití tras recibir amenazas de muerte. En febrero, un periodista murió a causa de disparos mientras cubría una manifestación. En septiembre, dos periodistas fueron asesinados por pandillas mientras reportaban sobre la violencia de estos grupos. No ha habido avances en las investigaciones de estos asesinatos ni en los de otros dos periodistas en junio de 2021.
La RNDDH informó que una personalidad política influyente y otras personas, incluyendo el líder de una pandilla, mantuvieron reuniones en marzo para planificar el asesinato de su director. La organización informó que el plan fue revelado por una persona que estuvo presente en una de las reuniones.
En 2019, Charlot Jeudy, presidente de la organización Kouraj, que promueve los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT), fue hallado muerto en su vivienda. No se han informado avances en la investigación de este hecho.
Abusos cometidos por las fuerzas de seguridad
La policía recurrió al uso excesivo de la fuerza en respuesta a las manifestaciones contra el gobierno. Un periodista murió y dos resultaron heridos luego de que la policía presuntamente abriera fuego con municiones reales contra manifestantes en el mes de febrero. La RNDDH informó que varios manifestantes sufrieron heridas, al parecer como resultado de que la policía usara indebidamente gases lacrimógenos.
La oficina de asuntos internos de la policía se encontraba investigando 50 casos de presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas por policías entre enero y octubre, según informó la BINUH.
Derecho a salud, agua y alimentos
Más de la mitad de los haitianos sufren inseguridad alimentaria crónica, y el 22 % de los niños y niñas presentan desnutrición crónica.
En junio de 2022, los precios de los alimentos fueron un 23 % mayores en comparación con junio de 2021, exacerbando la situación de hambre en Haití. Las dramáticas inundaciones y la erosión del suelo derivadas de la deforestación y la degradación de las cuencas hídricas también perjudicaron la producción agrícola en algunas áreas.
El terremoto de 2021 afectó a 800.000 personas. La inseguridad y la insuficiencia de fondos paralizaron la entrega de ayudas a las áreas afectadas por el devastador terremoto de 2021. La cantidad de personas que necesitan asistencia humanitaria, como alojamiento y acceso a salud, educación y otros servicios esenciales, aumentó de 4,4 millones en 2021 a 4,9 millones en 2022.
Más de una tercera parte de la población carece de acceso al agua limpia y las dos terceras partes cuentan con servicios sanitarios limitados o inexistentes. Hasta octubre, sólo el 1 % de la población había recibido el esquema de vacunación completo contra el Covid-19.
El primer caso de cólera se confirmó a comienzos de octubre, y el brote se ha extendido con rapidez. El Ministerio de Salud de Haití informó más de 11.800 casos sospechosos —casi la mitad en niños y niñas menores de 14 años— y al menos 223 muertes al 27 de noviembre. Según advirtieron organismos de la ONU, la cifra real posiblemente sea muy superior debido a que no se informan todos los casos.
Derecho a la educación
Casi la mitad de las personas haitianas de 15 años de edad o mayores son analfabetas. La calidad de la educación pública en general es deficiente, y el 85 % de las escuelas son privadas y cobran tarifas que excluyen a la mayoría de los niños de familias de bajos ingresos.
El terremoto de 2021 destruyó o provocó graves daños a 1.250 escuelas. La inseguridad y la insuficiencia de fondos impidieron que la mayoría se reconstruyeran. Según estimaciones de UNICEF, más de 250.000 niños y niñas no tienen acceso a instalaciones educativas adecuadas.
Es probable que la violencia de pandillas y el brote de cólera alejen de las aulas a más de 2,4 millones de niños y niñas, según advirtió UNICEF.
Derechos de mujeres y niñas
La violencia de género es un fenómeno común que se exacerbó por el terremoto de 2021 y la escalada de violencia de las pandillas.
En 2020, el Comité de Ética de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) suspendió de por vida al presidente de la Federación Haitiana de Fútbol (FHF), Yves Jean-Bart, luego de hallar pruebas sobre abuso sexual sistemático contra jugadoras de fútbol. Posteriormente, la FIFA suspendió de por vida a otro funcionario de la FHF, y suspendió a otros cuatro, en relación con los abusos, pero no destituyó a otros funcionarios que también estaban involucrados. En julio de 2022, Evans Lescouflair, exministro de Deportes, fue arrestado en Puerto Rico y enviado a Haití en relación con causas por abuso sexual infantil presentadas por supervivientes.
El nuevo Código Penal, cuya entrada en vigor está prevista para 2024, incluye al acoso sexual y la violencia basada en género como delitos punibles.
En Haití existe una prohibición absoluta del aborto. El nuevo código lo despenalizará en todas las circunstancias hasta la duodécima semana de embarazo, y en cualquier momento en casos de violación o de incesto, o cuando se encuentre en peligro la salud mental o física de la persona embarazada.
Derechos de las personas con discapacidad
Si bien Haití ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, su marco legislativo no se ha armonizado en consecuencia con ello e incluye disposiciones ofensivas y discriminatorias. Las personas con discapacidad experimentan discriminación para acceder a salud, educación y justicia, y una significativa estigmatización que las expone a mayor riesgo de violencia.
El Código Penal que todavía no está en vigor prohíbe la violencia o la incitación a la violencia contra las personas con discapacidad.
Orientación sexual e identidad de género
Las personas LGBT están particularmente expuestas a la violencia. Actualmente, el derecho haitiano no protege a las personas LGBT. El Código Penal que aún no está vigente brinda ciertas protecciones basadas en la orientación sexual, por ejemplo, al imponer penas más severas a delitos motivados por la orientación sexual real o percibida de la víctima.
Migración
Entre enero y septiembre de 2022, varios países de la región enviaron a más de 21.000 personas de regreso a Haití por vía aérea o marítima, en comparación con 10.152 personas durante el mismo período de 2021, según informó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). De las personas repatriadas en 2022, el 69 % fueron retornadas por Estados Unidos, que utilizó de manera indebida una política de salud conocida como Título 42. Entre las personas recientemente retornadas se encuentran más de 4.000 niños y niñas, cientos de los cuales nacieron de padres haitianos en Chile y Brasil.
La República Dominicana expulsó a casi 59.000 personas a Haití por vía terrestre entre febrero y octubre de 2022, incluidas personas nacidas en la República Dominicana, pero consideradas haitianas por las autoridades dominicanas, según indica el Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados (GARR).
La Guardia Costera de EE. UU. interceptó a 7.137 haitianos en el mar entre octubre de 2021 y septiembre de 2022; de lejos, la cifra más alta en cinco años.
La mayoría de las personas retornadas por Estados Unidos se habían establecido en América del Sur años atrás, luego de escapar de la situación económica y de seguridad de por sí difícil en Haití. Algunas sufrieron discriminación y violencia en su trayecto hacia el norte, además de falta de acceso a atención de la salud y alimentos y productos de higiene adecuados en centros de detención estadounidenses. Algunas de las personas retornadas señalaron que deseaban solicitar asilo en Estados Unidos, pero que no tuvieron oportunidad de hacerlo.
Hasta octubre, no se había implementado ningún programa de reintegración para ayudar a las personas retornadas en Haití ni mecanismos de supervisión de derechos humanos a fin de determinar si alguna de ellas fue perseguida o sufrió algún otro tipo de daño tras su retorno.
Actores internacionales clave
El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas prorrogó el mandato de la BINUH hasta el 15 de julio de 2023.
Luego del terremoto de 2021, la ONU pidió fondos para ayuda inmediata de emergencia por USD 187 millones para el área afectada y recibió alrededor del 40 % a través de donantes. La ONU solicitó USD 373 millones para la respuesta humanitaria en todo el país en 2022. Hasta junio, había recaudado menos del 30 %.
En octubre, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó sanciones contra líderes de pandillas involucrados en hechos de violencia, que incluyeron el congelamiento de activos, restricciones de viaje y embargos de armas. En noviembre, Estados Unidos y Canadá sancionaron al presidente del Senado de Haití y a un exsenador haitiano acusados de participar en actividades de narcotráfico.