Los avances en las investigaciones judiciales sobre graves violaciones de derechos humanos cometidas durante los 20 años del conflicto armado, que concluyó en 2000, siguen siendo lentos y limitados. Persisten graves cuestiones como la violencia contra las mujeres, los abusos cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad y las amenazas a la libertad de expresión.
El expresidente Alberto Fujimori fue encarcelado nuevamente en enero de 2019, luego de que la Corte Suprema de Justicia anulara el “indulto humanitario” que había permitido su liberación en diciembre de 2017. En 2009, Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por delitos vinculados con asesinatos, desapariciones forzadas y secuestros.
Desde 2018, Perú ha estado sumido en una sucesión de escándalos de corrupción que afectan a todos los exmandatarios vivos que ocuparon la presidencia desde 2001, así como a miembros del poder judicial y del Consejo Nacional de la Magistratura.
En respuesta a la crisis, desde julio de 2018 el Presidente Martín Vizcarra ha impulsado una serie de reformas en materia política, de justicia y de lucha contra la corrupción. A través de un referéndum llevado a cabo en diciembre de 2018 se estableció un límite de un único mandato para los legisladores, nuevas normas sobre financiamiento de partidos políticos y cambios en el Consejo Nacional de la Magistratura. También se aprobaron otras reformas, incluidas sobre paridad de género en las elecciones legislativas.
Juicios por abusos del pasado
Los esfuerzos por juzgar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado han tenido resultados mixtos.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú ha estimado que casi 70.000 personas murieron o fueron víctimas de desapariciones forzadas durante el conflicto armado que se desarrolló en el país entre 1980 y 2000. Muchas de ellas sufrieron atrocidades a manos de Sendero Luminoso y otros grupos insurgentes, y algunas fueron víctimas de violaciones de derechos humanos perpetradas por agentes estatales.
Las autoridades han avanzado lentamente en el juzgamiento de abusos cometidos por las fuerzas de seguridad durante el conflicto armado. Hasta septiembre de 2019, la justicia había emitido pronunciamientos en 86 casos sobre abusos perpetrados durante el conflicto armado, incluidas 44 condenas, según indicaron organizaciones de derechos humanos peruanas.
En diciembre de 2017, el entonces Presidente Pedro Pablo Kuczynski concedió al expresidente Fujimori un “indulto humanitario” por supuesta enfermedad. Sin embargo, en octubre de 2018 un juez de la Corte Suprema de Justicia anuló el indulto. Fujimori regresó a prisión en enero de 2019. En febrero, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema confirmó la decisión.
En noviembre de 2018, Fujimori fue acusado por su presunta participación en la esterilización forzada de mujeres, mayormente de comunidades indígenas de bajos recursos, ocurrida durante su presidencia. La causa seguía en trámite a la fecha de redacción de este informe. Hasta la fecha del presente, se habían incluido en un registro gubernamental más de 5.000 víctimas de esterilizaciones forzadas practicadas entre 1995 y 2001.
También hasta la fecha del presente, el expresidente Ollanta Humala seguía siendo investigado por su presunto rol en atrocidades y encubrimiento de gravísimas violaciones de derechos humanos perpetradas en la base militar Madre Mía, en la región de Alto Huallaga, durante el conflicto armado en Perú.
Los tribunales han logrado avances muy limitados con respecto a abusos ocurridos durante los gobiernos de Fernando Belaúnde (1980-1985) y Alan García (1985-1990), que incluyen ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y torturas. En octubre de 2018, la Sala Penal Nacional absolvió al general Daniel Urresti por el homicidio del periodista Hugo Bustíos en 1988. Sin embargo, en abril de 2019, la Corte Suprema anuló la decisión y dispuso que se realizara un nuevo juicio, al considerar que la sala no había evaluado adecuadamente las pruebas. En agosto de 2019, se procesó a 13 soldados en relación con la violación sexual de nueve mujeres entre 1984 y 1995 en los distritos de Manta y Vilca.
En 2018, el Presidente Vizcarra aprobó un decreto para establecer un banco de datos genéticos que facilite a la búsqueda de personas desaparecidas.
Abusos policiales
Miembros de las fuerzas de seguridad han recurrido a un uso excesivo de la fuerza al responder a protestas, algunas de ellas violentas, relacionadas con minería y otros proyectos de desarrollo a gran escala, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo y organizaciones locales de derechos humanos. Según la Defensoría del Pueblo, 57 civiles han muerto en el contexto de manifestaciones desde 2013. Este tipo de muertes se han reducido sustancialmente desde 2016.
En 2015, el entonces Presidente Humala dictó el Decreto 1186, que limitó el uso de la fuerza por la policía. Sin embargo, la Ley 30151, promulgada en 2014, prevé la inimputabilidad de los policías que causen muertes “en el cumplimiento de su deber”. La ley podría impedir que se exija que los policías rindan cuentas ante la justicia cuando hayan ejercido la fuerza de manera ilegítima.
En julio de 2019, una comisión del Congreso aprobó un proyecto de ley de “Protección policial” que podría acentuar gravemente el riesgo de abuso policial. El proyecto, que estaba en trámite cuando se elaboró este informe, eliminaría el requisito, estipulado en el Decreto 1186, de que los policías usen la fuerza de forma proporcional al riesgo para la vida y la integridad física. También prohibiría que los jueces dicten la prisión preventiva contra policías.
Libertad de expresión
Persisten en Perú las amenazas a la libertad de expresión, y algunos periodistas enfrentan procesos penales a causa de su trabajo.
A fines de 2018, el arzobispo del departamento norteño de Piura querelló por difamación a los periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas luego de que publicaran una serie de artículos sobre abuso sexual por parte de miembros de la sociedad católica Sodalicio de Vida Cristiana. En abril de 2019, se impuso a Salinas una pena de un año de cárcel en suspenso, 120 días de servicio comunitario y una multa de cerca de USD 24.000. En agosto de 2019, el arzobispo había desistido de las querellas contra Salinas y Ugaz, las causas se archivaron y se revocó la condena a Salinas. Sin embargo, para entonces, un exadministrador de una empresa inmobiliaria que se menciona en los artículos periodísticos había presentado una nueva querella contra Ugaz en relación con las mismas publicaciones.
Derechos de mujeres y niñas
La violencia de género es un problema extendido en Perú. El Ministerio de la Mujer informó que 149 mujeres fueron víctimas de “feminicidios” (que en Perú se define como el asesinato de una mujer en determinados contextos, incluidos los de violencia doméstica) durante 2018, y que entre enero y julio de 2019 las víctimas fueron 99. En julio de 2019, un tribunal de Lima condenó a Adriano Pozo a 11 años de cárcel por el feminicidio en grado de tentativa contra la activista Arlette Contreras, pero lo declaró inocente del delito de tentativa de violación sexual. El caso había provocado movilizaciones multitudinarias contra la violencia de género durante 2015.
Las mujeres y niñas del Perú solamente pueden acceder a abortos en casos de riesgo para su salud o su vida. En julio de 2019, un tribunal de Lima desestimó una demanda interpuesta en 2014 por una ONG para que se derogue un protocolo que establece qué constituye riesgo para la salud o la vida, a fin de permitir que tal decisión recaiga en los médicos intervinientes.
En 2019, un juez de Lima dejó sin efecto una sentencia dictada en 2009 por el Tribunal Constitucional que había prohibido la distribución gratuita de anticonceptivos orales de emergencia en el país.
En agosto, el Presidente Vizcarra promulgó una ley que establece la paridad de género en las elecciones legislativas. La ley exige que el 40 % de los candidatos legislativos sean de sexo femenino para el año 2021, el 45 % para 2026 y el 50 % para 2031.
Orientación sexual e identidad de género
En el Perú no se permite que parejas del mismo sexo contraigan matrimonio o celebren uniones civiles. En agosto, un juez ordenó al registro civil reconocer el matrimonio de una pareja peruana del mismo sexo que había contraído matrimonio en Estados Unidos. Se encontraba pendiente una apelación al cierre de este informe.
En noviembre de 2018 y enero de 2019, varios legisladores presentaron proyectos de ley que procuran eliminar la supuesta “ideología de género” en las políticas públicas. Los proyectos excluirían el uso del concepto de género (pues quienes los impulsan sostienen que se encuentra ideologizado) de las leyes domésticas, incluida la educación sexual en las escuelas.
Defensores de derechos humanos y líderes comunitarios
Defensores de derechos humanos y activistas ambientales, así como otros líderes comunitarios, han sido asesinados y amenazados en los últimos años en Perú.
En enero de 2019, el líder indígena y ambientalista Wilbelder Vegas Torres fue asesinado en un distrito del departamento norteño de Piura. Diversos pobladores indicaron a periodistas que Vegas había recibido amenazas por oponerse a actividades de minería ilegal en tierras comunales de San Sebastián de Suyo.
En abril, las autoridades hallaron el cuerpo quemado del ambientalista británico Paul McAuley en Belén, un distrito del departamento de Loreto, en la Amazonía peruana.
También en abril, el Ministerio de Justicia aprobó un protocolo que establece medidas para proteger a defensores de derechos humanos en riesgo y a sus familiares.
Refugiados, solicitantes de asilo y migrantes
Más de 280.000 ciudadanos venezolanos buscan actualmente obtener asilo en el Perú; esto representa el mayor número de solicitantes de asilo venezolanos registrados en cualquier país.
Más de 800.000 venezolanos viven en Perú. En enero de 2018, el presidente Kuczynski autorizó un permiso de residencia temporal de un año a quienes hubieran llegado antes del 31 de diciembre de 2018 y lo solicitaran antes del 30 de junio de 2019. Pero en agosto de 2018, el gobierno restringió el permiso a quienes hubieran llegado antes del 31 de octubre de 2018 y lo hubieran pedido antes del 31 de diciembre de 2018. Quienes tienen el permiso —más de 486.000 personas cuando se preparó este informe— pueden trabajar, matricular a sus hijos en la escuela y acceder a atención de la salud.
En octubre de 2018, un juez anuló el requisito de contar con pasaporte para entrar al país, que se había establecido en agosto. En la práctica, ese requisito habría impedido el ingreso a numerosos exiliados venezolanos, dado que es sumamente difícil obtener pasaportes en Venezuela. No obstante, en junio de 2019, el gobierno aprobó una resolución que exige que todos los migrantes venezolanos soliciten una visa humanitaria en un consulado peruano antes de entrar al país. A la fecha de preparación del presente, se encontraba en trámite un recurso interpuesto contra la resolución por una coalición de organizaciones no gubernamentales.
Actores internacionales clave
En julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Organización de los Estados Americanos manifestaron su consternación por los reiterados derramamientos de petróleo en la Amazonía peruana que, según señalaron, atentaba contra los derechos de las poblaciones indígenas.
En 2017, Perú convocó a un encuentro durante el cual los cancilleres de otras 12 naciones firmaron la Declaración de Lima, un documento que condena la interrupción del orden democrático y la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela. Esta coalición de gobiernos —denominada desde entonces “Grupo de Lima”— ha encabezado esfuerzos para responder a las crisis de derechos humanos en Venezuela.
En septiembre de 2018, Perú y otros cinco países remitieron la situación de Venezuela a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. En enero de 2019, Perú reconoció a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, como presidente interino de Venezuela.
Como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Perú ha apoyado resoluciones que alertaron sobre violaciones de derechos humanos en países como Filipinas, Siria, Myanmar, Irán y Venezuela.