En Argentina existen problemas de derechos humanos históricos, incluidos abusos policiales, condiciones de detención deficientes y violencia contra las mujeres. Persisten graves problemas, tales como restricciones al aborto y dificultades en el acceso a servicios de salud reproductiva. Continúa impune el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) ocurrido en Buenos Aires en 1994 y siguen existiendo demoras en la designación de jueces permanentes.
Argentina continúa logrando avances significativos en la protección de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero (LGBT) y en el juzgamiento de abusos cometidos durante la última dictadura militar (1976-1983), si bien hubo demoras en algunas de las causas.
Alberto Fernández fue elegido presidente de Argentina en octubre y asumió en diciembre.
Juicios por abusos del pasado
A comienzos de la década de 2000, la Corte Suprema de Justicia y la justicia federal anularon las leyes de amnistía y los indultos que protegían a exfuncionarios implicados en delitos cometidos durante la dictadura. Hasta marzo de 2019, según el Ministerio Público Fiscal, había 3.161 personas imputadas, 901 condenadas y 142 absueltas en estas causas. De un total de 611 casos sobre presuntos crímenes de lesa humanidad, los jueces se habían expedido en 221.
Hasta septiembre de 2019, se había identificado a 130 personas apropiadas ilegalmente de sus padres durante la infancia en la dictadura; muchas se reencontraron con sus familias.
Debido a la gran cantidad de víctimas, presuntos implicados y causas, los jueces y fiscales enfrentan el desafío de llevar ante la justicia a los responsables y, al mismo tiempo, respetar sus garantías de debido proceso. El derecho argentino habilita a los jueces a permitir que los mayores de 70 cumplan la pena en arresto domiciliario. El Ministerio Público Fiscal informó en marzo que 650 personas con prisión preventiva o condenadas cumplían prisión domiciliaria.
Condiciones en centros de detención y abusos por miembros de las fuerzas de seguridad
Un informe emitido en 2018 por las Naciones Unidas concluyó que el hacinamiento en cárceles y prisiones es tan grave que algunas personas con prisión preventiva se encuentran detenidas en comisarías. En algunos casos, guardias penitenciarios han trasladado a detenidos “desobedientes” a celdas de aislamiento sin observar los procedimientos disciplinarios preestablecidos. Miembros de las fuerzas de seguridad han detenido a niños y los han sometido a abusos.
La Procuración Penitenciaria de la Nación, un organismo encargado de supervisar las cárceles federales y tutelar los derechos de los detenidos, informó que hubo 558 presuntos casos de tortura o maltrato en cárceles federales durante 2018 y 232 casos entre enero y junio de 2019.
Según estadísticas oficiales, más de la mitad de los 14.400 detenidos en cárceles federales no han sido condenados por un delito, sino que están a la espera de un juicio.
Las fuerzas de seguridad recurren en ocasiones a un uso excesivo de la fuerza. En diciembre de 2018, el Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó una resolución que concede excesiva discrecionalidad a los agentes federales en el uso de armas de fuego.
Libertad de expresión
En junio, un tribunal federal en Buenos Aires citó a declarar al periodista de investigación Daniel Santoro, del periódico Clarín, por su supuesta participación en un mecanismo para extorsionar a personas amenazándolas con la posibilidad de una cobertura periodística negativa. La justicia había pedido y conseguido acceso a “detalles de todas las llamadas entrantes y salientes” en el teléfono de Santoro entre enero de 2016 y abril de 2019, una medida que atenta contra su derecho a proteger las fuentes. En septiembre, un juez dispuso la destrucción del documento que contenía los registros de llamadas telefónicas de Santoro debido a que violaban su privacidad, según informó Clarín. La causa seguía en trámite a la fecha de redacción de este informe.
En abril de 2017, el gobierno argentino se comprometió a reformar el Código Penal para limitar la definición de “sedición”; sin embargo, al momento de preparación de este informe todavía no había presentado una nueva propuesta de definición.
Al asumir, el expresidente Mauricio Macri dictó un decreto de necesidad y urgencia para regular los medios de comunicación y crear un organismo que implementaría las nuevas normas. Al finalizar su mandato, el organismo dependía del poder ejecutivo, lo cual compromete su capacidad para actuar de manera independiente de los intereses del gobierno. En 2016, el gobierno indicó que estaba redactando una ley de comunicaciones que, según anunció, respetaría la libertad de expresión. No obstante, hasta noviembre de 2019, el Congreso no había adoptado una ley de medios y el organismo había emitido pronunciamientos de reglamentación de los medios.
A través de una ley de 2016 se creó una agencia nacional para garantizar el acceso a información oficial. La agencia también tiene a su cargo la protección de los datos personales. Hasta julio, se habían presentado 6.785 pedidos de información por parte de particulares. Las autoridades contestaron la mayoría de las solicitudes en el término de un mes. Sin embargo, hasta noviembre hubo 524 apelaciones de ciudadanos ante la agencia, en la mayoría de los casos después de que las autoridades no respondieron a las solicitudes originales.
En algunas provincias y municipios no hay leyes sobre acceso a la información, lo cual se traduce en una menor transparencia en esos niveles de gobierno.
Independencia judicial
En marzo, el gobierno pidió al Consejo de la Magistratura que investigara al juez Alejo Ramos Padilla, y sostuvo que “hizo de su investigación una cuestión política y mediática” y violó sus “deberes de imparcialidad y reserva”. El juez había declarado ante una comisión legislativa sobre una investigación por señalamientos de que supuestos agentes de inteligencia habían realizado operaciones ilegales. Gran parte de la información citada por el juez ya se había difundido en línea a través del sitio web oficial del poder judicial.
Debido al retardo en la designación de jueces permanentes por el Consejo de la Magistratura se han realizado nombramientos provisorios de jueces que no gozan de la garantía de inamovilidad en sus cargos. En una sentencia de 2015, la Corte Suprema dictaminó que esta situación atenta contra la independencia judicial. En octubre, había 460 puestos judiciales vacantes.
Impunidad por el atentado a la AMIA
A 24 años del hecho, aún no hay condenados por el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires ocurrido en 1994, presuntamente atribuible a actores iraníes, en el cual perdieron la vida 85 personas y más de 300 resultaron heridas. En marzo de 2018, un tribunal de apelaciones ratificó una decisión que dispone la prisión preventiva de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por su supuesta participación en una conspiración con funcionarios iraníes para frustrar la investigación del atentado. Dicha orden no se ha hecho efectiva debido a que gozaba de inmunidad parlamentaria como senadora, y actualmente ocupa el cargo de vicepresidenta de Argentina.
El fiscal Alberto Nisman, a cargo de investigar el atentado, fue hallado muerto en su vivienda en enero de 2015 con una única herida de bala en la cabeza y una pistola a su lado, cuyo calibre coincidía con el orificio de bala. En junio de 2018, un tribunal de apelación determinó que la muerte de Nisman habría sido un homicidio.
En febrero, un tribunal absolvió al expresidente Carlos Menem por presunto entorpecimiento de la investigación inicial del atentado, pero condenó a un exjefe de inteligencia y a un juez por encubrimiento. En septiembre de 2019, se encontraba en trámite una apelación de la absolución.
Derechos indígenas
Los pueblos indígenas de Argentina en general enfrentan obstáculos en el acceso a justicia, tierras, educación, atención de la salud y servicios básicos. Argentina todavía no implementa leyes vigentes que garantizan el derecho de los pueblos indígenas—también consagrado en el derecho internacional— al consentimiento libre, previo e informado ante decisiones gubernamentales que podrían afectar sus derechos.
En noviembre de 2017, el Congreso aprobó una ley que extiende el plazo para realizar un relevamiento de territorios indígenas hasta 2021. El relevamiento se encuentra en curso, aunque avanza lentamente.
Derechos de mujeres y niñas
En Argentina el aborto es ilegal, salvo en casos de violación o cuando la vida o la salud de la mujer se encuentra en riesgo. Pero aun en esos casos, a veces mujeres adultas, y niñas son investigadas penalmente si solicitan abortos, o encuentran dificultades para acceder a servicios de salud reproductiva, incluidas la anticoncepción y la esterilización voluntaria.
En mayo, una coalición de legisladores, activistas y organizaciones congregadas bajo el nombre de “Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito” presentó al Congreso un proyecto legislativo para despenalizar en forma total el aborto durante las primeras 14 semanas de embarazo, y para que, después de ese período, se permita a las mujeres y niñas interrumpir embarazos si son producto de una violación, si la vida o la salud de la mujer se encuentra en riesgo o si el feto presenta condiciones severas incompatibles con la vida extrauterina. El Congreso había aprobado un proyecto legislativo similar en 2018, que fue rechazado en el Senado.
A pesar de una ley de 2009 que dispone medidas exhaustivas para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres, persisten casos de asesinatos de mujeres que quedan impunes. En 2018, el Registro Nacional de Femicidios, administrado por la Corte Suprema, reportó 278 femicidios (asesinatos de mujeres debido a su género), pero apenas 7 condenas.
Orientación sexual e identidad de género
En 2010, Argentina se convirtió en el primer país de América Latina en legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. La Ley de Matrimonio Civil extiende esta posibilidad a parejas del mismo sexo y les concede las mismas garantías legales del matrimonio reconocidas a las parejas heterosexuales. Desde 2010, más de 20.000 parejas del mismo sexo han contraído matrimonio en todo el país.
Actores internacionales clave y política exterior
En abril, Argentina firmó junto a Brasil, Colombia y Paraguay una declaración propuesta por Chile que instó a los órganos del sistema interamericano de derechos humanos a tomar en consideración las “realidades políticas, económicas y sociales” de cada país en sus decisiones, lo cual podría socavar la labor de estos órganos.
En marzo, luego de una visita al país, el Grupo de Trabajo de Expertos de la ONU sobre los Afrodescendientes expresó su preocupación por la “invisibilidad” de los afroargentinos y la “discriminación estructural” que sufren. El grupo de trabajo informó que había recibido información sobre casos de detención arbitraria y abusos contra vendedores ambulantes afrodescendientes.
Durante la gestión de Macri, Argentina fue miembro activo del Grupo de Lima, una coalición de gobiernos que da seguimiento y denuncia la precaria situación de los derechos humanos en Venezuela y ha instado a que se liberen los presos políticos. En junio, Argentina prohibió el ingreso al país de más de 400 funcionarios venezolanos implicados en violaciones de derechos humanos y corrupción. Desde 2014, el número de ciudadanos venezolanos que busca residir en Argentina se incrementa de manera constante, y en noviembre ascendía a más de 170.000 personas.
Durante la campaña presidencial de 2019, Fernández expresó una postura menos firme con respecto a Venezuela, y sugirió que Argentina se retiraría del Grupo de Lima.